Atraco a ley armada

Supongamos que un atracador nos sale al paso y nos encañona con su pistola. “La bolsa o la vida”. El atracador está un poco nervioso, sólo le vemos los ojos porque lleva un pañuelo puesto, a la antigua usanza, pero se le ve que quiere acabar pronto. Como somos unos imprudentes, en vez de obedecer, nos ponemos a pensar. “¿Por qué tengo que obedecerle? Porque lleva una pistola, y la pistola es poder, vale; pero ¿tiene derecho a robarme?, ¿estoy yo en la obligación de darle mi dinero? Claramente no, pues, “si hay que obedecer por fuerza, no hay que obedecer por deber”, de modo que en cuanto desaparezca la fuerza, desaparece la obligación de obedecer. De esa manera tan  ilustrativa pretendía Rousseau explicar a sus lectores que la fuerza no implica derecho, y que sólo se está obligado a obedecer a los poderes legítimos, esto es, delegados y consentidos. Así, por más que nos amenacen con una pistola, no estamos obligados a obedecer, pero, si un policía nacional uniformado nos pide amablemente el carnet de identidad sí lo estamos, porque reconocemos en él a la fuerza pública, legítima, porque forma parte del gobierno que ha sido elegido por todos los ciudadanos.

Bien, ahora, sigamos imaginando, quitémosle el pañuelo al ladrón, vistámosle con un traje elegante, y, por último, le quitamos también la pistola pero en su lugar ponemos una ley. Sigue siendo un ladrón, sigue siendo un atraco, pero el problema es que ahora la fuerza está camuflada por el poder coactivo de una ley que, en principio, nos obliga a vaciarnos los bolsillos. No es difícil imaginar a estas alturas por dónde va la argumentación, pero es necesario probar que esto es justo lo que está pasando desde septiembre de 2011. El gobierno, el anterior, este, los que vengan, han dejado de ser legítimos porque han usurpado la Soberanía Nacional, han traicionando el Pacto Social con la reforma del artículo 135 de la Constitución y, armados con la ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en abril de 2012, están perpetrando el mayor y más impune atraco al pueblo español de toda nuestra democracia. Aunque sus efectos los estamos viendo ahora. Cataluña no puede afrontar el pago de más de 400 millones de euros a escuelas, hospitales y centros asistenciales concertados porque el dinero disponible ha ido a pagar la deuda de los bancos, que es prioritaria; y Andalucía advierte que de seguir reduciendo el gasto público como se le exige por ley tendrá que cerrar 19 hospitales, o 2.000 colegios, o despedir a 60 mil empleados públicos. Pero, vayamos por partes.

Una Constitución no es otra cosa que la formulación explícita del Pacto Social. Porque ningún gobierno existe antes de ese pacto. Como afirma Thomas Paine, “la Constitución de un país no es el acto de su gobierno, sino del pueblo que constituye un gobierno”. Los gobiernos surgen siempre a partir del pueblo, al menos en democracia, en las dictaduras el gobierno se impone sobre el pueblo. Por eso tenemos que distinguir siempre entre poder constituyente y poder constituido. El pueblo encomienda la elaboración de una Constitución a una asamblea constituyente. Una vez formalizada, el pueblo la ratifica, o no, en referéndum, porque sólo bajo las condiciones por él aprobadas consiente en delegar su soberanía a un gobierno. La Constitución es así la expresión de la voluntad del pueblo. A continuación, la asamblea constituyente se disuelve para elegir ya al gobierno, o al partido que ha de formarlo; este es de desde ahora el poder constituido. Este es el procedimiento por el que se aprobó la Constitución del 78 y se eligió el primer gobierno de la democracia. En principio, el poder constituido, el gobierno, no tiene derecho a modificar unilateralmente las condiciones del contrato por las que fue elegido, a no ser, que la propia Constitución establezca los criterios para su modificación, como es nuestro caso. Amparándose en el Título X de la Constitución el PSOE emprendió la reforma del artículo 135 que fue aprobada en septiembre de 2011 sólo con sus votos y con los del PP, al margen del resto de partidos y despreciando al pueblo español. El apartado 1 del artículo reformado consagra el principio de “estabilidad presupuestaria” (déficit 0 a partir de 2020) para todas las administraciones públicas, y el apartado 3 dice que “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Está claro. Se antepone el pago de la deuda a los bancos antes que invertir o mejorar los servicios públicos. El gobierno cogió lápiz y papel, y la Banca dictó el texto. No obstante, el artículo 167.3 establece la posibilidad de someter cualquier reforma de la Constitución a referéndum siempre que lo proponga una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras. No pudo hacerse. La mayoría aplastante de PP-PSOE lo impedía. Y el artículo 168 obliga a la consulta popular siempre que se reforme total o parcialmente los artículos que afectan a los derechos fundamentales y a las libertades políticas. Aquí se encuentran, por ejemplo, el derecho a la igualdad de oportunidades (art. 23.2), y el derecho a la educación (art. 27). ¿Los recortes buscando el despiadado déficit 0 no están afectando a los derechos constitucionales de los españoles? Es cierto que no se ha modificado ni una sola letra de estos artículos. Pero también es cierto que la práctica los ha dejado en papel mojado. En cualquier caso, ¿hubiera aceptado el pueblo español introducir en la Constitución la prevalencia de los bancos sobre las personas?, ¿habría alguien tan estúpido como para encomendar a los futuros gobiernos el deber de desmantelar el Estado del Bienestar para entregar el dinero así ahorrado a los bancos? Si la respuesta, como es previsible, es no, está claro que desde esta reforma se ha usurpado la soberanía nacional, se ha roto el pacto social y se ha traicionado la voluntad popular para instaurar un gobierno sobre el pueblo y contra el pueblo.

Ya tenemos al ladrón. Ahora sólo hay que armarlo. La Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en el Congreso en abril de 2012 es el instrumento por el que se institucionaliza el expolio al pueblo español. La ley desarrolla y amplia el artículo 135 de la Constitución. Bástenos, entonces, un breve repaso por los puntos más importantes. El art.3.2 especifica que “se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural”. Es decir, el Estado entendido como negocio que sólo debe obtener beneficio, y las personas, debemos contribuir a este beneficio recortando nuestros derechos y las prestaciones que recibimos. El art.7.2 dice que “la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público”, dicho claramente, recortes, ajustes y privatizaciones para ahorrar, que es lo que importa. Y el Estado se entiende como intermediario para que los bancos hagan negocio porque, como establece el art.12.5, “los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto [vía impuestos] se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública”. El art.14, como ya establecía la Constitución, deja claro que “el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto". En los artículos, 11, 13, y en la Disposición Transitoria Primera, se establece como meta del déficit estructural el 0,4% del PIB nacional a conseguir en 2020, para lo cual hay que reducirlo a un ritmo aproximado del 0,8 al año, con revisiones parciales para ajustar objetivos en 2015 y 2018.

Es un auténtico atraco. Pero, además, la ley es un atentado a nuestra inteligencia, porque es de una hipocresía insultante. En el preámbulo que pretende justificar la ley se dice: “La estabilidad presupuestaria, consagrada constitucionalmente, es base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española, para garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria. La salvaguardia de la estabilidad presupuestaria es un instrumento indispensable para lograr este objetivo, tanto para garantizar la financiación adecuada del sector público y los servicios públicos de calidad sobre los que descansa el sistema de bienestar, como para ofrecer seguridad a los inversores respecto a la capacidad de la economía española para crecer y atender nuestros compromisos”. Pero, si hay que seguir recortando de aquí al 2020, y luego no hay que gastar un euro más de lo que se ingresa, y si todo lo que se ingresa de más es para los bancos, y si cuando hay ingresos hay que pagar primero las deudas, ¿cuándo se va a recuperar el Estado del Bienestar?, ¿cuándo vamos a tener, de nuevo, servicios públicos de calidad? ¿Cuándo vamos a tener con esta ley un futuro más próspero, justo y solidario? Nunca, mientras exista. Porque más bien consigue lo contrario. Robarnos el futuro, y hacer una sociedad más injusta e insolidaria. Los últimos desplantes de algunas comunidades al contable Montoro en el último Consejo de Política Fiscal, y los problemas de Cataluña y las advertencias de Andalucía son sólo una muestra de esa toma de conciencia del horizonte que nos espera. Los verdaderos objetivos de la ley son crear oportunidades a los emprendedores, al sector privado reduciendo el sector público; y ofrecer seguridad a los inversores, diciéndoles que, por ley, este gobierno, cualquiera, se va a ocupar antes de sus ganancias que sus ciudadanos.

En las manifestaciones suele gritarse una consigna: “Manos arriba. Esto es un atraco”. No sé si los manifestantes saben hasta qué punto están en lo cierto. Pero, eso es lo que diría el atracador. No debemos adoptar su punto de vista, sino el verdadero, el nuestro, el de los atracados, y pensar, como en el caso planteado por Rousseau: ¿Tenemos que obedecer, tiene derecho el gobierno a perpetrar este atraco? ¿Es legítimo el gobierno que ha roto el pacto social y se ha apropiado de la voluntad del pueblo alterando a su gusto nuestra Constitución y aprobado un ley a la medida del negocio bancario? ¿Tenemos la obligación de obedecer a un gobierno que actúa en realidad de intermediario del negocio de la especulación financiera? Así, quizá, cuando tengamos clara la respuesta, sepamos qué hacer. La fuerza, dice el divino Rousseau, hizo los primeros esclavos, su cobardía los ha perpetuado.

Déficit de lo Público

Sí, otra vez, a vueltas con el déficit. Quiero contestar desde aquí a algunas objeciones que se han hecho a la entrada anterior (Déficit 0. Cero Estado) en otros foros. Como decía Rousseau, “no conozco el arte de ser claro para los que no prestan atención”, pero voy a intentarlo de nuevo. Empecemos por lo que debería ser obvio para todo el mundo: la economía no es una ciencia exacta. Tenemos ejemplos muy cercanos y dolorosos que muestran cómo a menudo yerra en sus cálculos, en sus previsiones y en sus recetas. Otra afirmación obvia: la economía, como todas las ciencias humanas, no está exenta de sesgo ideológico. Pero se nos presenta como una ciencia hermética, repleta de arcanos y dogmas matemáticos supuestamente objetivos sólo al alcance de unos pocos entendidos. Los demás, nos dicen, tenemos que callarnos y aceptar sus sentencias como si fuesen oráculos sagrados.

Pero la economía está siempre al servicio de unos principios, de unas ideas. Y se puede hacer una política económica de izquierdas, como se puede hacer de derechas. La economía de izquierdas es la que cree en lo Público, y es la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades y corregir las desigualdades sociales o, por lo menos, articular mecanismos de protección para los más desfavorecidos. Y es la única que garantiza los derechos de los ciudadanos con servicios públicos. Mi derecho a la salud debe estar cubierto por los servicios sanitarios. Sin servicios públicos no hay derechos que valgan y podríamos tirar nuestra Constitución a la basura. La economía de derechas es individualista, sólo cree en la iniciativa privada y en el negocio. Y para ella todo es negociable. Y que nadie se asuste ni se escandalice. El liberalismo económico ya nació derechón. Sólo ha vuelto a sus orígenes. Adam Smith, el padre de la criatura, escribió en 1776 lo siguiente: “Cada individuo en particular pone todo su cuidado en poner el medio más oportuno de emplear el capital de que puede disponer. Lo que se propone es su propio interés, no el de la sociedad en común […] sólo piensa en su propia ganancia, pero en este y en otros muchos casos es conducido como por una mano invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención”. ¿No es esto mismo lo que se va a introducir en los textos escolares de la nueva Educación Cívica, valorar “el papel de la iniciativa económica privada en la generación de riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”? Parece evidente que ahora la economía, en manos de la derecha, está virando hacia sus orígenes y está restringiendo drásticamente el papel del Estado, como también defendía el susodicho Smith, dejándolo todo a esa mano invisible, que es como dejar que los negociantes campen a sus anchas, sin ningún tipo de restricción. En este capitalismo sobrevive el más rico, el más fuerte, el más listo, el más emprendedor; el resto, que se joda. Puro darwinismo social. Por eso, la economía de la Derecha que no cree en lo Público, sólo ve abusos en los ciudadanos de a pie que pretenden ejercer sus derechos. Abusa el enfermo de la sanidad, el parado de las ayudas, el trabajador de la paciencia del empresario por ponerse enfermo, el dependiente de sus necesidades y hasta el niño que saca malas notas abusa del sistema educativo. Tanto abuso le sale al Estado muy caro…

El sacrosanto dogma del déficit 0, como objetivo de un Estado, es también, y perdónenme, economía de Derechas. Y se está utilizando la crisis como coartada para reducir el sector público atribuyéndole la responsabilidad de la misma. Y la mayoría de la gente, por ignorancia, ha creído a estos gurús de la economía y han vinculado crisis con gasto público, convirtiendo a los funcionarios en los nuevos parias de la sociedad, en el nuevo chivo expiatorio contra los que hay que dirigir todos los dardos de la frustración y la envidia. Pero el déficit actual no es la causa de la crisis, sino la consecuencia. Y no hace falta oírselo decir a Krugman o a otros economistas, basta con tener algo de memoria, algo también de criterio propio, y echar un vistazo a los datos. A la altura de 2007 España y otros países de la U.E. tenían  superávit o déficits muy bajos, cercanos al 1% salvo Francia, que cerró con un saldo negativo de 2,7%. Pero a partir de 2008 los déficits en toda Europa se disparan. Los Estados acudieron a salvar a sus sistemas financieros y a intentar paliar los efectos sobre la economía real, que en España se vieron agravados con el pinchazo de la dichosa burbuja inmobiliaria, con fallidos planes de inversión pública. ¿Ya se nos ha olvidado el Plan E? De esta manera España pasó de tener un superávit de 1,9 en 2007 a tener un déficit del 4,5% en 2008 y de un 11,2 % en 2009. En este mismo año Francia alcanza el 7,5%, Bélgica el 5,8% e Islandia el 10%. A partir del 2009 los déficits empiezan a bajar…pero…¿cómo? ¿Acaso han devuelto los bancos rescatados el dinero a los Estados? ¿Han recuperado los Estados este dinero de alguna manera? No. Salvo Islandia, que decidió hacerse cargo únicamente de los depósitos de las cuentas corrientes, y no de las deudas financieras de sus bancos, el resto de países está recortando el déficit metiendo la tijera en el Sector Público, recortando servicios sociales al mismo tiempo que siguen asumiendo las deudas de los bancos y tapando sus agujeros.

Y estos son datos. Ahora vayamos a los principios. ¿Qué significa un déficit 0 en un Estado? Cuando un país cierra sus cuentas anuales con superávit o con un déficit 0 como si fuera un encefalograma plano, eso sólo puede significar, o, mejor, debería significar que ha conseguido cubrir y satisfacer las necesidades de su población con un Estado del Bienestar tan completo y acabado que ya no es necesario invertir nada más. También hay que deducir que se recaudan muchos impuestos y que éstos ya se han gastado donde se debía. ¿Qué otra cosa, si no, debe significar un déficit 0, crónico, estable, en un país? España camina hacia el déficit 0. ¿Ya tenemos ese Estado del Bienestar? ¿Ya no hay nada que mejorar? Debe ser que no me he enterado, y ya no hay listas de espera en los hospitales públicos, ni quirófanos cerrados, que hay camas para todos los enfermos, que la Ley de Dependencia se aplica con normalidad en toda España y no hay ningún dependiente del grado que sea sin su ayuda; y que ningún niño está con los abuelos en contra de su voluntad (de los abuelos, digo) porque tiene plaza en una Escuela Infantil Pública. Además he debido entender mal las últimas noticias, porque, teniendo un Estado del Bienestar tan completo y acabado, seguro que podemos ofrecer cobertura sanitaria a todos los que vienen a este país, ya sea para tomar el sol o para trabajar y consumir.

A principios de este mes nos decía el ministro Montoro que las Comunidades Autónomas habían  conseguido el déficit 0 en el primer trimestre del año gracias a las transferencias del Estado. Esas cuentas se iban a mandar a Bruselas, para mandar un claro mensaje a los que de verdad nos gobiernan: “Las reformas comienzan a tener  resultado” (El País, 2 de junio). Con esos anticipos ocho comunidades tienen superávit, y el resto tiene déficits muy bajos, o, directamente, 0. Valencia es una de ellas. Le han sobrado 3 millones de euros. ¿En qué los invertirá? En algo útil para los valencianos, supongo. Si no, no sé a qué resultados nos referimos. También suponemos que con un déficit 0 se ha hecho una buena gestión en Valencia de los dineros públicos y que no se han confundido las prioridades. Echemos un rápido vistazo a esos resultados del déficit 0 en Valencia. Ahora mismo, sobre la Empresa Municipal de Transportes pende un ERE que amenaza con despedir a 208 empleados si no aceptan una rebaja de salario del 10%. En Sanidad se van a recortar 1.057 millones de euros todos los años y se van a transferir al sector privado algunas coberturas e intervenciones, como las operaciones de cataratas. Se han recortado 600 millones de euros en investigación contra el cáncer, hay 30.000 dependientes que aunque tienen reconocido el grado de dependencia aún no reciben ningún tipo de ayuda. Los recortes en Educación y el aumento de alumnos por clase van a dejar en la calle a 8.000 profesores interinos. Según la Plataforma por la Enseñanza Pública de Valencia hay 17 distritos de la capital que necesitan 30 centros escolares, y hay unos 18.000 alumnos que aún tienen que dar clase en barracones prefabricados. Pero esto no es suficiente para Juan Eloy Durá, presidente de la patronal de la construcción de Valencia que en abril de este año decía que había que seguir recortando en Sanidad, Educación y otros servicios sociales porque representaban el 80% del gasto público, y, claro, había que cumplir con el objetivo del déficit. Pero este señor tan entendido no se ha acordado de la Fórmula 1 y de lo que le sigue costando cada año, ni del aeropuerto peatonal de Castellón, ni de…dejémoslo. Creo que la cosa está ya clara para los que quieren oír y entender.

La economía de derechas quiere que el Estado deje de prestar servicios para dejar áreas de negocio a la iniciativa privada. Y la crisis actual es la ocasión perfecta para conseguir lo que siempre han querido. La educación en Madrid es el ejemplo más claro de esto. Siendo una de las Comunidades más ricas de España es la que menos invierte en Educación en relación a su PIB. En 2002 invertía un 1,87%, mientras que en Extremadura se superaba el 5%, en Castilla La-Mancha el 4% y en Andalucía el 3%. En 2009 Andalucía ya se esforzaba un 5,5%, Castilla La-Mancha un 5, 62, Extremadura un 6%, y…¿Madrid?; un 2,8%. ¿Por qué tan poco? Voy a dejar que lo explique Lucía Figar, Consejera de Educación de Madrid. El contexto, una conferencia pronunciada en agosto de 2010 en el encuentro anual del grupo ultra católico Comunión y Liberación. Dice la Consejera: “Hemos elegido mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos, ampliar la oferta de plazas en las estructuras de este tipo dentro de la Comunidad de Madrid. […] hemos ofrecido estos lugares gratuitamente a organizaciones religiosas, cooperativas y otras estructuras para que crearan centros sostenidos con fondos públicos pero con gestión privada. Esto indica que en los últimos 6 años hemos abierto 79 centros nuevos de este tipo en la Comunidad de Madrid y hoy en día la proporción entre escuela pública, concertada y privada es esta: la escuela pública representa el 52% en nuestra región, la Comunidad de Madrid, la escuela concertada el 33% y la escuela al 100% completamente privada cerca del 15%”.

Esta es la gran paradoja de nuestros días: están al cuidado de los Servicios Públicos quienes menos creen en ellos. Gusta el PP de utilizar la metáfora del enfermo para convencernos de que debemos tragarnos su medicina sin rechistar. Es una medicina fuerte, amarga, dicen, pero si sobrevivimos, mejoraremos. Si la medicina no nos mata, nos curaremos. A mí esto me trae a la memoria uno de los Caprichos de Goya en el que aparece un asno tomando el pulso a un enfermo. Goya, con todo su sarcasmo, se pregunta al pie de la lámina, ¿De qué mal morirá? Pues eso.   

Revolución (e indignación) en democracia. Conclusión

Por todo lo expuesto hasta ahora, parece evidente que en democracia es muy difícil, yo diría que imposible, que estalle una revolución. Porque los mecanismos de prevención establecidos por el propio sistema funcionan, pues una inmensa mayoría de ciudadanos engañada por las apariencias de la democracia considera la revolución innecesaria. Incluso con un deterioro constante de sus condiciones de vida es muy difícil que en un corto periodo de tiempo recupere un nivel de conciencia y de iniciativa suficientes como para levantarse contra un gobierno que cree fue elegido democráticamente. Nos hemos creído demócratas, y como tales hemos aceptado con resignación la decisión de la mayoría. Toca aguantar y esperar a las próximas elecciones para contribuir con nuestro voto a un cambio de rumbo en la situación política. Mientras tanto, siempre podemos ejercer nuestro derecho a la protesta acudiendo a las manifestaciones, creyendo igualmente que en democracia es el único medio legítimo para dar rienda suelta a nuestro enfado contra el gobierno. Además, el ciudadano, el pueblo, necesita creer en la democracia, porque cree que su propia situación socioeconómica está tan vinculada a ella que cualquier movimiento de masas que la haga temblar repercutirá inevitablemente en su modo de vida. La clase media es conservadora, quiere conservar lo que tiene, lo que ha conseguido, y para ello necesita creer en la democracia.

El bipartidismo que se consolida por todas partes es una consecuencia clara de esa necesidad. El voto de esta masa sin definición ideológica bascula sin problemas de un lado a otro según le empujen el último titular, el último desengaño o el último escándalo. Hasta el momento los tres mecanismos de prevención han funcionado, y seguirán funcionando siempre que el capitalismo cuide la máscara de la democracia y cuide a la clase media que le sirve de sostén.

Pero otros muchos ciudadanos han visto con esta crisis lo que realmente se oculta detrás de la máscara y han gritado y pedido una Democracia real ya. A estos ciudadanos el propio sistema los ha llamado antisistema, equiparándolos despectivamente a delincuentes comunes y asociándolos a la violencia de estos últimos. Y muchos otros ciudadanos han caído en la trampa del lenguaje, como cayeron en el pozo de la verborrea económica para aceptar sin rechistar el recorte de sus derechos.

Pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir diciendo donde y cuando se pueda que la revolución, o, mejor, la cada vez más deseable y necesaria insurrección ciudadana es precisamente para defender la democracia, para exigir bastante más democracia y bastante menos corrupción y egoísmo en el sistema. 

Mecanismo 3 (y último): Clase media (o la inconciencia de clase)

La existencia de una amplia clase media es el tercero y último de los mecanismos de defesa de la democracia, que, como decíamos, lo es a su vez del capitalismo. La creación de esta clase media ha ido gestándose desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se hizo más que evidente la necesidad de la intervención del Estado para corregir los desvaríos del sistema, que habían provocado dos grandes crisis y dos guerras mundiales. Sin entretenernos mucho en este asunto, puede decirse sin más que la consolidación de esta Clase Media es un éxito tanto del capitalismo como de la socialdemocracia, pues durante la segunda mitad del siglo XX la política obligó a la economía a dejar fluir hacia abajo, hacia el pueblo, una pequeña parte de la riqueza que generaba. Claro que el fantasma del fascismo superado, y del bolchevismo soviético contemporáneo actuaba siempre de amenaza latente de hacia dónde podrían ir los acontecimientos si el capitalismo no se aliaba con la democracia. Esta riqueza, como si de una limosna se tratara, se fue concretando en derechos sociales y laborales, en la construcción de una red asistencial y de servicios públicos, y en unos salarios que permitían a los trabajadores vivir con una cierta dignidad y comodidad. Como aseguraba Maquiavelo, “nadie hace el bien sino por obligación”, y al capitalismo se le obligó a ser algo más humanitario, y así la socialdemocracia parecía triunfar.

El Estado, ese monstruo que marxistas y anarquistas querían hace poco exterminar, de pronto parecía convertirse en una institución que por fin se preocupaba por el bien común, sustituyendo la dominación y la explotación que le había caracterizado, por la mediación y la redistribución de la riqueza que generaba el sistema. La ampliación de esta base social de apoyo a la democracia y al capitalismo, que ahora parecía no ser tan malo, se convirtió en lo que hemos llamado colchón social, porque ha conseguido amortiguar las diferencias de clase, no las ha suprimido, porque ricos y pobres sigue habiendo, pero en unos niveles que la clase media puede soportar. Esta amplia clase media ha roto la bipolaridad social sobre la que se basaba el discurso marxista, pues ha ocultado o difuminado, cuanto menos, los antagonismos entre los otrora llamados explotadores y explotados.

La socialdemocracia sustituyó la lucha de clases por la lucha del mérito y el talento entre los miembros de una misma clase, entre los propios trabajadores. Es la llamada meritocracia, otro de los grandes logros del sistema. Pues la clase media se había llegado a convencer de que el sistema permitía el éxito personal con independencia de la renta o la extracción social, sólo había que formarse y trabajar duro para conseguirlo. En esto consistía la igualdad de oportunidades. Si un individuo fracasaba, pensábamos, la culpa es sólo suya, no del sistema. Como consecuencia, se ha eliminado la verdadera conciencia de clase y se ha sustituido la lucha colectiva por un individualismo egoísta y corporativo que anula la conciencia social. Ni qué decir tiene que esa igualdad de oportunidades es más hipotética que real. La extracción social sí importa, importa la familia y los estímulos que pueda ofrecer o las necesidades que pueda tener. Como la igualdad de oportunidades se establece en los inicios del proceso formativo del individuo, dejaba ya bastante en entredicho la realidad de la meritocracia el hecho de que en el sistema capitalista admitamos sin cuestionarlo la existencia de dos modelos educativos, uno público y otro privado, pero ahora, con los brutales recortes que está sufriendo la Educación Pública, la pretendida igualdad de oportunidades se ha revelado simplemente falsa.

Esta clase media y el engaño de la meritocracia han desarmado ideológicamente a los partidos de izquierda porque, diría Marx, ha dejado de pensar y de comportarse como “clase”, ha dejado de ser “clase” en sentido estricto, porque no tiene conciencia, no sabe el lugar que ocupa en el sistema capitalista. Y por eso vota a derecha o a izquierda sin demasiado criterio ni juicio crítico, según le va a cada individuo personalmente. Por eso decía Engels que el sufragio universal es el índice que mide la madurez de la clase obrera. Y así, hasta los partidos mayoritarios que se llaman de izquierda basculan hacia su derecha llevando a cabo políticas “centradas” en buscar el voto de esta masa inconsciente. Engañada, o inmadura, tanto da, es capaz de votar a los partidos de derechas sin caer en la cuenta de que están haciendo inclinar la balanza hacia el capitalismo inhumano y egoísta que tantos problemas provocó en el pasado.

En esta crisis, los recortes en derechos sociales y en servicios públicos están golpeando especialmente a la clase media. Desempleo, disminución de salarios, desamparo laboral, subida de impuestos, desmantelamiento de los servicios públicos, etc., han despertado la alarma en el pueblo de media Europa, que se está movilizando y saliendo a la calle, ejerciendo su derecho a la protesta, en contra y a despecho de nuestro gobierno que hubiera querido la aceptación callada y sumisa de cada uno de los golpes. Pero es una política económica suicida, permitir el hundimiento de la clase media va en contra del capitalismo mismo y de la democracia que lo protegía. Despierta lo que el búlgaro Tzvetan Todorov llama enemigos íntimos de la democracia, porque emergen de su seno y de sus propios errores. El populismo, que puede manifestarse tanto bajo la forma de nuevos fascismos como de nuevos comunismos, es uno de ellos. Y está pasando. Los más de seis millones de franceses que votaron ultraderecha, y los 21 diputados que han obtenido los neonazis en Grecia son síntomas nada despreciables. Y el último aviso, que parece que ha calado en el ánimo de los políticos, que han empezado ya a hablar de la necesidad de estimular el crecimiento. A buenas horas mangas verdes (¿azules?) que diríamos aquí. Sin embargo no se trata tanto de los errores de la democracia como de los del capitalismo. Éste se ha sentido tan seguro, ha controlado tanto a la política, tanto la ha sometido, que ha pensado que podía prescindir de la democracia. Lenin pensaba que la extinción del Estado capitalista implicaba la extinción de la democracia porque se haría innecesaria. Esto me produce una seria duda que formulo con congoja, porque, está claro que el capitalismo se parapeta detrás de la democracia, que la necesita, pero, ¿necesita la democracia al capitalismo? 

Mecanismo 2: Derecho de huelga y manifestación

La verdad no existe. La verdad es una convención social. Se llega a ella por puro acuerdo, mediante la conversación y el diálogo. Sólo cuando dos posturas contrapuestas alcanzan un cierto grado de conciliación puede decirse que se está más cerca de la verdad. Y sólo bajo una irracional soberbia puede alguien pensar que su verdad es la verdad, y que, no sólo no necesita de los demás para encontrarla, sino que se arroga el derecho de imponérsela. Cuando esto lo hace el Estado, el Gobierno, se llama Totalitarismo, Dictadura, pues impone sus dictados a los que sólo considera súbditos, palabra que designa a los que simplemente deben obedecer y callar. Y esta es la deriva que está tomando este gobierno, que no parece creer en las virtudes democráticas de la libertad de expresión y opinión, porque quizá simplemente no cree en la democracia más que en la medida en que ésta se le somete en silencio. Antes de la Huelga General del 29 de marzo afirmaban que “había que revisar” este derecho. La reforma del Código Penal, endureciendo las penas contra los manifestantes y convocantes, demonizando de paso a los sindicatos, y el control de la Televisión Pública que están a punto de cometer sólo puede interpretarse como un intento de erradicar la disidencia y la discrepancia, y de controlar la información que llega al ciudadano para engañarnos con su verdad, imponiéndola con la fuerza pública de la ley.

Pero es contraproducente. Va en contra de la estabilidad misma del sistema democrático-capitalista restringir el derecho a la manifestación pública de la discrepancia con los poderes públicos, precisamente porque mantiene al pueblo por los cauces legales de protesta, haciendo innecesaria cualquier otra forma de expresión fuera de esos cauces, lo que sería mucho más peligroso por espontánea y descontrolada. Los derechos de opinión, expresión, asociación, huelga y manifestación están regulados por el Sistema. Forman parte del derecho al pataleo que el sistema regala al pueblo para dar salida a sus frustraciones y desengaños. El sistema nos dice, cuándo, cómo, de qué manera, por qué calles y en qué plazas podemos manifestarnos. Y en las huelgas nos impone unos “servicios mínimos” para no hacerle demasiado daño. Y el pueblo usa ese regalo respetando las condiciones con las se le dio, y se siente satisfecho después de haberlo hecho, vuelve a casa y al trabajo con la conciencia tranquila pues ha hecho lo que debía, lo que, pensaba, es lo menos que en democracia puede hacerse.

Y funciona. Claro que funciona, y más en las democracias que en ningún otro sistema, porque si la protesta es multitudinaria, masiva y prolongada, obligará a los gobernantes a agarrarse a los sillones en los que se creían cómodamente instalados corrigiendo los desvíos que el pueblo denuncia. Es evidente que ningún gobierno reconocerá un cambio de rumbo en sus políticas ni en sus formas debido a las manifestaciones en la calle, y es inútil e ingenuo pedirles ese reconocimiento. Las huelgas y manifestaciones son siempre una inversión de futuro, incluso a corto plazo, porque en la perspectiva vital de los políticos no caben más de cuatro años, y siempre temen ser desalojados por las urnas.

Sólo un ejemplo. Sarkozy, defensor a ultranza de la política de ajustes, quiso atraerse a los votantes de izquierda en Francia reconvirtiéndose en el defensor de las políticas de crecimiento. Pero no dio resultado, y después de perder en la primera vuelta en las elecciones quiere atraerse el voto de la ultraderecha y dice sentirse orgulloso de ser llamado fascista por un comunista.  ¿Qué teme Sarkozy? 

Mecanismo 1: Elecciones periódicas o marxismo actualizado

A Santos

Se ha hablado aquí con frecuencia del Pacto Social. Y ya hemos dicho que ha sido roto, robado, usurpado, y que en realidad la democracia que creíamos tener está vacía, o, simplemente, es falsa. Y así, para demostrar de qué manera la democracia se “defiende” de una posible revolución no nos sirven ya los teóricos del Pacto Social. Y no sólo porque estén demasiado atrás en el tiempo, que también, sino porque ahora lo importante no es la democracia, sino el Estado, y a sus teóricos hemos de acudir para ponerle el apellido correcto a esta maquinaria, que más se asemeja al monstruo de Hobbes, al Leviatán que todo lo devora, que a ese inocente organismo de conciliación social como ingenuamente creía que era la socialdemocracia desde sus inicios, y posiblemente todavía lo cree. Sí, parece mentira, a estas alturas del siglo XXI, pero tenemos que acudir al socialismo científico, al marxismo, a las palabras del mismo Marx, a Engels y a Lenin, pues son de una actualidad asombrosa. Bastará con una pequeña actualización de algunos términos ya en desuso, pero habrá que rescatar otros que creíamos trasnochados, y cuyo empleo parecía fuera de lugar, hasta hoy: Explotación, Capital, Capitalismo, Lucha de clases, Estado capitalista.

Empecemos enunciando la tesis principal: Si las elecciones periódicas son un mecanismo de defensa de la democracia, la democracia misma es un mecanismo de defensa del sistema capitalista.

La experiencia histórica obligó a Marx a corregir sus vaticinios sobre el Estado, pues confirmó su esencia, como institución al servicio del Capital, pero se equivocó en su evolución. Porque el Estado no se destruye, sólo se transforma, se adapta y se mejora. Y el Estado capitalista-democrático es la forma más avanzada y más completa de su evolución. Marx escribe, a propósito de la revolución francesa de 1848, que “todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina [el Estado], en vez de destrozarla. Los partidos que luchaban alternativamente por la dominación consideraban la toma de posesión de este inmenso edificio del Estado como el botín principal del vencedor”. Porque botín es lo que ofrece el sistema capitalista a sus colaboradores. ¿A que suena actual?

En 1884 Engels aseguraba que la República democrática es la forma más elevada de Estado porque no reconoce oficialmente diferencias de fortuna —ya hablaremos de la hipotética meritocracia y su pretendida igualdad de oportunidades— y porque en ella el dinero ejerce su poder indirectamente, pero de un modo más seguro. Bien por corrupción directa de los funcionarios del Estado, es decir, gobernantes; o bien “bajo la forma de alianza entre el gobierno y la Bolsa. Esta alianza se realiza con tanta mayor facilidad, cuanto mayor crecen las deudas del Estado”. ¿Escalofriante, verdad? Sigamos un momento con Engels. Afirma que la clase poseedora impera sobre la oprimida de un modo directo por medio del sufragio universal, al haberla convencido de que es a lo máximo a que puede aspirar, en el único sistema político posible. Y sentencia: “El sufragio universal es, de esta suerte, el índice de madurez de la clase obrera”, pues de ella se esperaría que eligiese a sus propios representantes y no a los del Capital. Sin comentarios. O casi. ¿Cuántas veces hemos dicho después de una convocatoria electoral aquello de que “tenemos lo que nos merecemos”?

Termino con Lenin. También él reconoce a la república democrática como la mejor envoltura política del capitalismo, y escribe en 1917 lo siguiente: “El Capital, al dominar esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta su poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar ese poder”. Lenin está dispuesto a admitir que la democracia capitalista es la mejor forma de Estado para los trabajadores, pero, dice, no debemos olvidar “que la esclavitud asalariada es el destino reservado al pueblo incluso bajo la república burguesa más democrática”.

¿Qué error ha cometido el sistema capitalista en esta crisis? Además de su excesiva avaricia (si este concepto redundante existiera), alzar su rostro por encima de la democracia. Muchos habremos confirmado lo que ya sabíamos. ¿Y el resto del pueblo, lo habrá visto?, ¿y si lo ha visto, se acordará en las próximas elecciones? Cuatro años dan para mucho. El Capital puede volver a agazaparse por detrás de la democracia para restaurar el sistema. El pueblo, se frotará los ojos dudando de lo que ha visto. Nada, un mal sueño.

Democracia traicionada.

En estos días en los que todo se tambalea, se empieza a cuestionar también el modelo de democracia tal y como lo conocemos, afirmando, entre otras cosas, que ese modelo basado en el Estado-Nación surgido y exportado por la Revolución francesa ya no nos sirve, que ha quedado obsoleto en nuestro mundo global y globalizado, y donde ese Estado-Nación ha quedado absorbido y devorado por los entes supranacionales que rigen el mundo actual. Se habla así de una postdemocracia y se reclama para ella una nueva filosofía, unas nuevas reglas. No creo que haga falta una nueva filosofía, porque no creo que la democracia tradicional haya quedado obsoleta o inservible. Es mucho más sencillo que todo eso. Simplemente ha sido traicionada. Hemos sido, los ciudadanos, traicionados, engañados. Porque se ha mantenido un simulacro de democracia nacional mientras era groseramente violada en el ámbito supra-nacional. Decía Rousseau que no hay sometimiento tan perfecto como el que conserva la apariencia de libertad porque se cautiva la voluntad misma. Cautivados, engañados hemos estado los españoles, los europeos todos, por la Europa de los mercaderes que creíamos la de los ciudadanos hasta que con la crisis económica se han quitado la máscara sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Gobiernan directamente en Italia y en Grecia, e indirectamente en el resto de Europa, seguros de que tenemos la voluntad cautiva por tantos años de pantomima democrática. Pero nuestra democracia está tan vacía, que si pudiéramos asomarnos a ella sólo oiríamos el eco de nuestro propio grito de terror y angustia, como el de quien vuelve confiado a su hogar y sólo encuentra al abrir la puerta los muros desnudos.

No hace falta una nueva filosofía. No hacen falta conceptos nuevos para que estos monstruos supranacionales sigan justificando el fraude y el atraco. Sólo hace falta que nos devuelvan lo que nos han robado. Y exigir su cuidado y su custodia al Estado-Nación y al Estado-Pluri- o Multi-, o Supra-nacional, o como sea que quieran llamarlo. Porque los principios de la democracia no dependen de la mayor o menos extensión de un territorio, ni de si son muchos o pocos los países que quieran compartirla perteneciendo al mismo club. La pervivencia y el respeto hacia esos principios está en los políticos que hipotéticamente representan al pueblo que los ha elegido. Pero, si estos no lo hacen, la defensa vuelve a las manos del pueblo. La defensa de la democracia debe volver a las manos del pueblo. Esto, en la filosofía de la democracia tradicional se llama reserva de autoridad o principio de resistencia. Aunque son dos conceptos distintos, viajan siempre juntos, porque el primero podría llevar inevitablemente al segundo. El filósofo alemán Johann B. Erhard escribió al final del siglo XVIII lo siguiente: No es fácil que el pueblo se rebele sin tener razón, pues, como pueblo, no se puede rebelar si antes no están todos de acuerdo, y este común acuerdo sólo es posible mediante una clara comprensión de la necesidad de la revolución […]. Se puede afirmar del gobierno que él fue el culpable de toda revolución, puesto que no se adaptó a la emancipación o no respetó los derechos humanos en el nivel que le correspondía al pueblo. Habrá que estar muy atentos a lo que ocurre en Grecia. Pero no nos pongamos dramáticos. No estoy llamando a la revolución. No deseo que el gobierno me acuse de cometer un delito, aunque si culmina la reforma del Código Penal que propugna seguro que lo hará, aunque me cabe la duda de si lo hará por escribirlo o por pensarlo, sí, como se hacía también en el siglo XVIII. 

Declaración de intenciones.

Como todo el mundo sabe Utopía es el nombre que dio Tomás Moro a su isla fantástica y perfecta. Y utopía es el nombre que damos a una idea bella, pero inalcanzable; legítima, quizás, deseable en todo caso, pero irrealizable porque no encaja con las reglas de este mundo. La utopía pertenece al más allá, al mundo de las ideas, o, más bien, a un mundo idealizado.

Lo malo es que no somos nada sin ideas. No somos nada sin aspiraciones. No somos nada sin sueños. Un gusano no sueña. A buen seguro que una gallina no tiene pesadillas. Quizás los monos sueñen. Pero no lo sabemos porque no son capaces de decirnos con qué sueñan, si les gusta o no la vida que llevan. Por eso, los que yo conozco, viven entre rejas. Pero el ser humano sueña, y habla, y grita, y a veces es capaz de arriesgar su vida y dejarse matar por esas ideas. El propio Tomás Moro perdió la cabeza por defender las suyas. Antes o después, los hombres mueren. Moriremos. Las ideas no. Algunas ideas pueden ser tan antiguas como el ser humano mismo. Cobran vida cuando se expresan, arraigan y se adhieren a la conciencia como la carne a los huesos y pasan de generación en generación sobreviviendo a cualquier adversidad, porque con cada golpe que se da a la carne más fuerte se hace la idea.

Hemos llegado al siglo XXI, llevamos algo más de una década y ya tenemos los huesos doloridos y la carne magullada por los golpes que nos han dado y los que habrán de venir. Siendo esto malo, no es peor que el ataque que están sufriendo las ideas, ahogadas en el miedo y en el fatalismo, que parece que no haya ya nadie que, no sólo tenga la valentía de defenderlas, sino siquiera la osadía de expresarlas.

Sé que no soy ni espero ser el único paladín que coja la espada para defender la hoy denostada dignidad del ser humano, pero yo quiero que en esta peculiar contienda me acompañen los que ya murieron por ella. Políticos y filósofos que en épocas no demasiado lejanas no consideraban una utopía hacer que el mundo girase alrededor del Hombre, y que pensaban que podía construirse una sociedad ajustada a sus necesidades, y un Estado al servicio de sus ciudadanos. Sólo espero que el enfado y la indignación por las injusticias que en estos días se descargan contra los más indefensos supere a la falta de constancia que normalmente me acompaña, y pueda afrontar la empresa con cierta regularidad.

Este año de 2012 se ha hablado mucho de la Constitución de Cádiz, la primera constitución de nuestra historia. Daba vergüenza e indignación escuchar a nuestros políticos y gobernantes manipularla para silenciarla o para decir aquello que nunca dijo. Por eso no estará de más que inauguremos este blog reproduciendo aquí el artículo 13. Dice así: El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Nada más, y nada menos. ¡Qué fácil!, ¡qué simple! ¿Acaso es mentira?, ¿Acaso es utopía? No lo creo. No debemos creerlo. No debemos caer en ese fatalismo vital que nos imponen los que mal nos gobiernan asustándonos con quitarnos lo que nos queda. Nos han arrebatado la condición de ciudadanos, nos han convertido en meros clientes, desamparados y desprotegidos ante un voraz sistema capitalista que con su consentimiento exige nuestro sacrificio, y si no accedemos a ello nos amenazan con la vuelta a la esclavitud. ¿Para eso elegimos los “ciudadanos” a un gobierno que nos represente?, ¿para eso sirve el Estado?, ¿al servicio de quién o de qué está? Está claro que la soberanía nacional ha sido violada, que el pacto social se ha roto, y es necesario volver a recordar las nociones y conceptos básicos sobre los que se levantó la democracia para volver a exigirlos. Hizo falta una revolución para conquistarla, quizá haga falta otra para que no nos la quiten.