Atraco a ley armada

Supongamos que un atracador nos sale al paso y nos encañona con su pistola. “La bolsa o la vida”. El atracador está un poco nervioso, sólo le vemos los ojos porque lleva un pañuelo puesto, a la antigua usanza, pero se le ve que quiere acabar pronto. Como somos unos imprudentes, en vez de obedecer, nos ponemos a pensar. “¿Por qué tengo que obedecerle? Porque lleva una pistola, y la pistola es poder, vale; pero ¿tiene derecho a robarme?, ¿estoy yo en la obligación de darle mi dinero? Claramente no, pues, “si hay que obedecer por fuerza, no hay que obedecer por deber”, de modo que en cuanto desaparezca la fuerza, desaparece la obligación de obedecer. De esa manera tan  ilustrativa pretendía Rousseau explicar a sus lectores que la fuerza no implica derecho, y que sólo se está obligado a obedecer a los poderes legítimos, esto es, delegados y consentidos. Así, por más que nos amenacen con una pistola, no estamos obligados a obedecer, pero, si un policía nacional uniformado nos pide amablemente el carnet de identidad sí lo estamos, porque reconocemos en él a la fuerza pública, legítima, porque forma parte del gobierno que ha sido elegido por todos los ciudadanos.

Bien, ahora, sigamos imaginando, quitémosle el pañuelo al ladrón, vistámosle con un traje elegante, y, por último, le quitamos también la pistola pero en su lugar ponemos una ley. Sigue siendo un ladrón, sigue siendo un atraco, pero el problema es que ahora la fuerza está camuflada por el poder coactivo de una ley que, en principio, nos obliga a vaciarnos los bolsillos. No es difícil imaginar a estas alturas por dónde va la argumentación, pero es necesario probar que esto es justo lo que está pasando desde septiembre de 2011. El gobierno, el anterior, este, los que vengan, han dejado de ser legítimos porque han usurpado la Soberanía Nacional, han traicionando el Pacto Social con la reforma del artículo 135 de la Constitución y, armados con la ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en abril de 2012, están perpetrando el mayor y más impune atraco al pueblo español de toda nuestra democracia. Aunque sus efectos los estamos viendo ahora. Cataluña no puede afrontar el pago de más de 400 millones de euros a escuelas, hospitales y centros asistenciales concertados porque el dinero disponible ha ido a pagar la deuda de los bancos, que es prioritaria; y Andalucía advierte que de seguir reduciendo el gasto público como se le exige por ley tendrá que cerrar 19 hospitales, o 2.000 colegios, o despedir a 60 mil empleados públicos. Pero, vayamos por partes.

Una Constitución no es otra cosa que la formulación explícita del Pacto Social. Porque ningún gobierno existe antes de ese pacto. Como afirma Thomas Paine, “la Constitución de un país no es el acto de su gobierno, sino del pueblo que constituye un gobierno”. Los gobiernos surgen siempre a partir del pueblo, al menos en democracia, en las dictaduras el gobierno se impone sobre el pueblo. Por eso tenemos que distinguir siempre entre poder constituyente y poder constituido. El pueblo encomienda la elaboración de una Constitución a una asamblea constituyente. Una vez formalizada, el pueblo la ratifica, o no, en referéndum, porque sólo bajo las condiciones por él aprobadas consiente en delegar su soberanía a un gobierno. La Constitución es así la expresión de la voluntad del pueblo. A continuación, la asamblea constituyente se disuelve para elegir ya al gobierno, o al partido que ha de formarlo; este es de desde ahora el poder constituido. Este es el procedimiento por el que se aprobó la Constitución del 78 y se eligió el primer gobierno de la democracia. En principio, el poder constituido, el gobierno, no tiene derecho a modificar unilateralmente las condiciones del contrato por las que fue elegido, a no ser, que la propia Constitución establezca los criterios para su modificación, como es nuestro caso. Amparándose en el Título X de la Constitución el PSOE emprendió la reforma del artículo 135 que fue aprobada en septiembre de 2011 sólo con sus votos y con los del PP, al margen del resto de partidos y despreciando al pueblo español. El apartado 1 del artículo reformado consagra el principio de “estabilidad presupuestaria” (déficit 0 a partir de 2020) para todas las administraciones públicas, y el apartado 3 dice que “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Está claro. Se antepone el pago de la deuda a los bancos antes que invertir o mejorar los servicios públicos. El gobierno cogió lápiz y papel, y la Banca dictó el texto. No obstante, el artículo 167.3 establece la posibilidad de someter cualquier reforma de la Constitución a referéndum siempre que lo proponga una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras. No pudo hacerse. La mayoría aplastante de PP-PSOE lo impedía. Y el artículo 168 obliga a la consulta popular siempre que se reforme total o parcialmente los artículos que afectan a los derechos fundamentales y a las libertades políticas. Aquí se encuentran, por ejemplo, el derecho a la igualdad de oportunidades (art. 23.2), y el derecho a la educación (art. 27). ¿Los recortes buscando el despiadado déficit 0 no están afectando a los derechos constitucionales de los españoles? Es cierto que no se ha modificado ni una sola letra de estos artículos. Pero también es cierto que la práctica los ha dejado en papel mojado. En cualquier caso, ¿hubiera aceptado el pueblo español introducir en la Constitución la prevalencia de los bancos sobre las personas?, ¿habría alguien tan estúpido como para encomendar a los futuros gobiernos el deber de desmantelar el Estado del Bienestar para entregar el dinero así ahorrado a los bancos? Si la respuesta, como es previsible, es no, está claro que desde esta reforma se ha usurpado la soberanía nacional, se ha roto el pacto social y se ha traicionado la voluntad popular para instaurar un gobierno sobre el pueblo y contra el pueblo.

Ya tenemos al ladrón. Ahora sólo hay que armarlo. La Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en el Congreso en abril de 2012 es el instrumento por el que se institucionaliza el expolio al pueblo español. La ley desarrolla y amplia el artículo 135 de la Constitución. Bástenos, entonces, un breve repaso por los puntos más importantes. El art.3.2 especifica que “se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural”. Es decir, el Estado entendido como negocio que sólo debe obtener beneficio, y las personas, debemos contribuir a este beneficio recortando nuestros derechos y las prestaciones que recibimos. El art.7.2 dice que “la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público”, dicho claramente, recortes, ajustes y privatizaciones para ahorrar, que es lo que importa. Y el Estado se entiende como intermediario para que los bancos hagan negocio porque, como establece el art.12.5, “los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto [vía impuestos] se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública”. El art.14, como ya establecía la Constitución, deja claro que “el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto". En los artículos, 11, 13, y en la Disposición Transitoria Primera, se establece como meta del déficit estructural el 0,4% del PIB nacional a conseguir en 2020, para lo cual hay que reducirlo a un ritmo aproximado del 0,8 al año, con revisiones parciales para ajustar objetivos en 2015 y 2018.

Es un auténtico atraco. Pero, además, la ley es un atentado a nuestra inteligencia, porque es de una hipocresía insultante. En el preámbulo que pretende justificar la ley se dice: “La estabilidad presupuestaria, consagrada constitucionalmente, es base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española, para garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria. La salvaguardia de la estabilidad presupuestaria es un instrumento indispensable para lograr este objetivo, tanto para garantizar la financiación adecuada del sector público y los servicios públicos de calidad sobre los que descansa el sistema de bienestar, como para ofrecer seguridad a los inversores respecto a la capacidad de la economía española para crecer y atender nuestros compromisos”. Pero, si hay que seguir recortando de aquí al 2020, y luego no hay que gastar un euro más de lo que se ingresa, y si todo lo que se ingresa de más es para los bancos, y si cuando hay ingresos hay que pagar primero las deudas, ¿cuándo se va a recuperar el Estado del Bienestar?, ¿cuándo vamos a tener, de nuevo, servicios públicos de calidad? ¿Cuándo vamos a tener con esta ley un futuro más próspero, justo y solidario? Nunca, mientras exista. Porque más bien consigue lo contrario. Robarnos el futuro, y hacer una sociedad más injusta e insolidaria. Los últimos desplantes de algunas comunidades al contable Montoro en el último Consejo de Política Fiscal, y los problemas de Cataluña y las advertencias de Andalucía son sólo una muestra de esa toma de conciencia del horizonte que nos espera. Los verdaderos objetivos de la ley son crear oportunidades a los emprendedores, al sector privado reduciendo el sector público; y ofrecer seguridad a los inversores, diciéndoles que, por ley, este gobierno, cualquiera, se va a ocupar antes de sus ganancias que sus ciudadanos.

En las manifestaciones suele gritarse una consigna: “Manos arriba. Esto es un atraco”. No sé si los manifestantes saben hasta qué punto están en lo cierto. Pero, eso es lo que diría el atracador. No debemos adoptar su punto de vista, sino el verdadero, el nuestro, el de los atracados, y pensar, como en el caso planteado por Rousseau: ¿Tenemos que obedecer, tiene derecho el gobierno a perpetrar este atraco? ¿Es legítimo el gobierno que ha roto el pacto social y se ha apropiado de la voluntad del pueblo alterando a su gusto nuestra Constitución y aprobado un ley a la medida del negocio bancario? ¿Tenemos la obligación de obedecer a un gobierno que actúa en realidad de intermediario del negocio de la especulación financiera? Así, quizá, cuando tengamos clara la respuesta, sepamos qué hacer. La fuerza, dice el divino Rousseau, hizo los primeros esclavos, su cobardía los ha perpetuado.

Déficit de lo Público

Sí, otra vez, a vueltas con el déficit. Quiero contestar desde aquí a algunas objeciones que se han hecho a la entrada anterior (Déficit 0. Cero Estado) en otros foros. Como decía Rousseau, “no conozco el arte de ser claro para los que no prestan atención”, pero voy a intentarlo de nuevo. Empecemos por lo que debería ser obvio para todo el mundo: la economía no es una ciencia exacta. Tenemos ejemplos muy cercanos y dolorosos que muestran cómo a menudo yerra en sus cálculos, en sus previsiones y en sus recetas. Otra afirmación obvia: la economía, como todas las ciencias humanas, no está exenta de sesgo ideológico. Pero se nos presenta como una ciencia hermética, repleta de arcanos y dogmas matemáticos supuestamente objetivos sólo al alcance de unos pocos entendidos. Los demás, nos dicen, tenemos que callarnos y aceptar sus sentencias como si fuesen oráculos sagrados.

Pero la economía está siempre al servicio de unos principios, de unas ideas. Y se puede hacer una política económica de izquierdas, como se puede hacer de derechas. La economía de izquierdas es la que cree en lo Público, y es la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades y corregir las desigualdades sociales o, por lo menos, articular mecanismos de protección para los más desfavorecidos. Y es la única que garantiza los derechos de los ciudadanos con servicios públicos. Mi derecho a la salud debe estar cubierto por los servicios sanitarios. Sin servicios públicos no hay derechos que valgan y podríamos tirar nuestra Constitución a la basura. La economía de derechas es individualista, sólo cree en la iniciativa privada y en el negocio. Y para ella todo es negociable. Y que nadie se asuste ni se escandalice. El liberalismo económico ya nació derechón. Sólo ha vuelto a sus orígenes. Adam Smith, el padre de la criatura, escribió en 1776 lo siguiente: “Cada individuo en particular pone todo su cuidado en poner el medio más oportuno de emplear el capital de que puede disponer. Lo que se propone es su propio interés, no el de la sociedad en común […] sólo piensa en su propia ganancia, pero en este y en otros muchos casos es conducido como por una mano invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención”. ¿No es esto mismo lo que se va a introducir en los textos escolares de la nueva Educación Cívica, valorar “el papel de la iniciativa económica privada en la generación de riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”? Parece evidente que ahora la economía, en manos de la derecha, está virando hacia sus orígenes y está restringiendo drásticamente el papel del Estado, como también defendía el susodicho Smith, dejándolo todo a esa mano invisible, que es como dejar que los negociantes campen a sus anchas, sin ningún tipo de restricción. En este capitalismo sobrevive el más rico, el más fuerte, el más listo, el más emprendedor; el resto, que se joda. Puro darwinismo social. Por eso, la economía de la Derecha que no cree en lo Público, sólo ve abusos en los ciudadanos de a pie que pretenden ejercer sus derechos. Abusa el enfermo de la sanidad, el parado de las ayudas, el trabajador de la paciencia del empresario por ponerse enfermo, el dependiente de sus necesidades y hasta el niño que saca malas notas abusa del sistema educativo. Tanto abuso le sale al Estado muy caro…

El sacrosanto dogma del déficit 0, como objetivo de un Estado, es también, y perdónenme, economía de Derechas. Y se está utilizando la crisis como coartada para reducir el sector público atribuyéndole la responsabilidad de la misma. Y la mayoría de la gente, por ignorancia, ha creído a estos gurús de la economía y han vinculado crisis con gasto público, convirtiendo a los funcionarios en los nuevos parias de la sociedad, en el nuevo chivo expiatorio contra los que hay que dirigir todos los dardos de la frustración y la envidia. Pero el déficit actual no es la causa de la crisis, sino la consecuencia. Y no hace falta oírselo decir a Krugman o a otros economistas, basta con tener algo de memoria, algo también de criterio propio, y echar un vistazo a los datos. A la altura de 2007 España y otros países de la U.E. tenían  superávit o déficits muy bajos, cercanos al 1% salvo Francia, que cerró con un saldo negativo de 2,7%. Pero a partir de 2008 los déficits en toda Europa se disparan. Los Estados acudieron a salvar a sus sistemas financieros y a intentar paliar los efectos sobre la economía real, que en España se vieron agravados con el pinchazo de la dichosa burbuja inmobiliaria, con fallidos planes de inversión pública. ¿Ya se nos ha olvidado el Plan E? De esta manera España pasó de tener un superávit de 1,9 en 2007 a tener un déficit del 4,5% en 2008 y de un 11,2 % en 2009. En este mismo año Francia alcanza el 7,5%, Bélgica el 5,8% e Islandia el 10%. A partir del 2009 los déficits empiezan a bajar…pero…¿cómo? ¿Acaso han devuelto los bancos rescatados el dinero a los Estados? ¿Han recuperado los Estados este dinero de alguna manera? No. Salvo Islandia, que decidió hacerse cargo únicamente de los depósitos de las cuentas corrientes, y no de las deudas financieras de sus bancos, el resto de países está recortando el déficit metiendo la tijera en el Sector Público, recortando servicios sociales al mismo tiempo que siguen asumiendo las deudas de los bancos y tapando sus agujeros.

Y estos son datos. Ahora vayamos a los principios. ¿Qué significa un déficit 0 en un Estado? Cuando un país cierra sus cuentas anuales con superávit o con un déficit 0 como si fuera un encefalograma plano, eso sólo puede significar, o, mejor, debería significar que ha conseguido cubrir y satisfacer las necesidades de su población con un Estado del Bienestar tan completo y acabado que ya no es necesario invertir nada más. También hay que deducir que se recaudan muchos impuestos y que éstos ya se han gastado donde se debía. ¿Qué otra cosa, si no, debe significar un déficit 0, crónico, estable, en un país? España camina hacia el déficit 0. ¿Ya tenemos ese Estado del Bienestar? ¿Ya no hay nada que mejorar? Debe ser que no me he enterado, y ya no hay listas de espera en los hospitales públicos, ni quirófanos cerrados, que hay camas para todos los enfermos, que la Ley de Dependencia se aplica con normalidad en toda España y no hay ningún dependiente del grado que sea sin su ayuda; y que ningún niño está con los abuelos en contra de su voluntad (de los abuelos, digo) porque tiene plaza en una Escuela Infantil Pública. Además he debido entender mal las últimas noticias, porque, teniendo un Estado del Bienestar tan completo y acabado, seguro que podemos ofrecer cobertura sanitaria a todos los que vienen a este país, ya sea para tomar el sol o para trabajar y consumir.

A principios de este mes nos decía el ministro Montoro que las Comunidades Autónomas habían  conseguido el déficit 0 en el primer trimestre del año gracias a las transferencias del Estado. Esas cuentas se iban a mandar a Bruselas, para mandar un claro mensaje a los que de verdad nos gobiernan: “Las reformas comienzan a tener  resultado” (El País, 2 de junio). Con esos anticipos ocho comunidades tienen superávit, y el resto tiene déficits muy bajos, o, directamente, 0. Valencia es una de ellas. Le han sobrado 3 millones de euros. ¿En qué los invertirá? En algo útil para los valencianos, supongo. Si no, no sé a qué resultados nos referimos. También suponemos que con un déficit 0 se ha hecho una buena gestión en Valencia de los dineros públicos y que no se han confundido las prioridades. Echemos un rápido vistazo a esos resultados del déficit 0 en Valencia. Ahora mismo, sobre la Empresa Municipal de Transportes pende un ERE que amenaza con despedir a 208 empleados si no aceptan una rebaja de salario del 10%. En Sanidad se van a recortar 1.057 millones de euros todos los años y se van a transferir al sector privado algunas coberturas e intervenciones, como las operaciones de cataratas. Se han recortado 600 millones de euros en investigación contra el cáncer, hay 30.000 dependientes que aunque tienen reconocido el grado de dependencia aún no reciben ningún tipo de ayuda. Los recortes en Educación y el aumento de alumnos por clase van a dejar en la calle a 8.000 profesores interinos. Según la Plataforma por la Enseñanza Pública de Valencia hay 17 distritos de la capital que necesitan 30 centros escolares, y hay unos 18.000 alumnos que aún tienen que dar clase en barracones prefabricados. Pero esto no es suficiente para Juan Eloy Durá, presidente de la patronal de la construcción de Valencia que en abril de este año decía que había que seguir recortando en Sanidad, Educación y otros servicios sociales porque representaban el 80% del gasto público, y, claro, había que cumplir con el objetivo del déficit. Pero este señor tan entendido no se ha acordado de la Fórmula 1 y de lo que le sigue costando cada año, ni del aeropuerto peatonal de Castellón, ni de…dejémoslo. Creo que la cosa está ya clara para los que quieren oír y entender.

La economía de derechas quiere que el Estado deje de prestar servicios para dejar áreas de negocio a la iniciativa privada. Y la crisis actual es la ocasión perfecta para conseguir lo que siempre han querido. La educación en Madrid es el ejemplo más claro de esto. Siendo una de las Comunidades más ricas de España es la que menos invierte en Educación en relación a su PIB. En 2002 invertía un 1,87%, mientras que en Extremadura se superaba el 5%, en Castilla La-Mancha el 4% y en Andalucía el 3%. En 2009 Andalucía ya se esforzaba un 5,5%, Castilla La-Mancha un 5, 62, Extremadura un 6%, y…¿Madrid?; un 2,8%. ¿Por qué tan poco? Voy a dejar que lo explique Lucía Figar, Consejera de Educación de Madrid. El contexto, una conferencia pronunciada en agosto de 2010 en el encuentro anual del grupo ultra católico Comunión y Liberación. Dice la Consejera: “Hemos elegido mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos, ampliar la oferta de plazas en las estructuras de este tipo dentro de la Comunidad de Madrid. […] hemos ofrecido estos lugares gratuitamente a organizaciones religiosas, cooperativas y otras estructuras para que crearan centros sostenidos con fondos públicos pero con gestión privada. Esto indica que en los últimos 6 años hemos abierto 79 centros nuevos de este tipo en la Comunidad de Madrid y hoy en día la proporción entre escuela pública, concertada y privada es esta: la escuela pública representa el 52% en nuestra región, la Comunidad de Madrid, la escuela concertada el 33% y la escuela al 100% completamente privada cerca del 15%”.

Esta es la gran paradoja de nuestros días: están al cuidado de los Servicios Públicos quienes menos creen en ellos. Gusta el PP de utilizar la metáfora del enfermo para convencernos de que debemos tragarnos su medicina sin rechistar. Es una medicina fuerte, amarga, dicen, pero si sobrevivimos, mejoraremos. Si la medicina no nos mata, nos curaremos. A mí esto me trae a la memoria uno de los Caprichos de Goya en el que aparece un asno tomando el pulso a un enfermo. Goya, con todo su sarcasmo, se pregunta al pie de la lámina, ¿De qué mal morirá? Pues eso.   

Déficit 0. Cero Estado

A cambio de retrasar un año la reducción del déficit hasta el 3% Europa nos exige más sacrificios y más recortes, que se sumarán a los que ya se han hecho y se seguirán haciendo, pues durante esta legislatura el gasto público seguirá descendido hasta situarse en el 37,7 del PIB en 2015, niveles sólo equivalentes a la España de los años ochenta, con lo que habríamos retrocedido en bienestar social unos 30 años. Además, según el ministro de Economía, en 2016 España habrá alcanzado el objetivo tan ansiado por la ortodoxia neoliberal del déficit 0. Bravo. ¿Cuánto nos costará el déficit 0? No digo a España, sino a los españoles, ¿cuánto nos costará?

No conozco ninguna unidad económica, grande o pequeña, que equilibre sus cuentas hasta llegar al déficit 0. Imaginemos nuestras economías domésticas. Para empezar, si no nos hubiéramos endeudado ya casi de por vida estaríamos en la calle porque no podríamos haber adquirido nuestras viviendas. Es evidente que nuestro nivel de endeudamiento es soportable porque hemos tenido en cuenta los ingresos y el tiempo que necesitamos para devolver las deudas adquiridas.  Pero si se nos exigiese devolver todo lo que debemos en dos o tres años es evidente que no podríamos, ni aunque recortásemos nuestros gastos de luz, gas, teléfono, calefacción, y otras muchas cosas, lo único que conseguiríamos realmente es recortar el bienestar de los que vivimos bajo el mismo techo.

En un Estado el déficit 0 es un absurdo desde el punto de vista económico. Porque un Estado debe procurar el bienestar de sus ciudadanos y para ello tiene que promover, crear, mantener y mejorar las infraestructuras y servicios básicos que su población necesita. Y es completamente razonable hacer repercutir sobre la generación presente y las futuras el coste de estos servicios a través de los impuestos y la deuda adquirida que habrían de pagar, de la misma manera que también se beneficiarían del nivel de bienestar social alcanzado por el Estado con estas inversiones. Como denuncia el premio Nobel Paul Krugman, la obsesión por recortar el gasto público sólo conduce a agravar la depresión y a contraer el consumo y la producción. Los ingresos del Estado también caen con lo que se agudiza el problema que se quería evitar, pues las deudas del Estado y las dificultades para pagarla aumentarán en la misma proporción.

Pero, además, el déficit 0 es una barbaridad desde el punto de vista político. Porque un Estado no es una empresa, no es un negocio y no debe ahorrar dinero a costa del bienestar de sus ciudadanos. Pretender esto es confundir dramáticamente los medios con los fines. Casi da pudor tener que decir estas cosas, así que dejaré que lo haga una voz más autorizada: El dinero sólo es importante por lo que nos puede proporcionar. Lo escribió Keynes en 1923. El dinero no es, no debería ser un fin en sí mismo. El dinero debería ser el medio para adquirir bienes, materiales y servicios, que hagan más fácil y cómoda la vida de las personas. Pero esta Europa de mierda, digo de mercaderes, no conociendo el valor de nada, ha puesto precio a todo, y para ella lo que menos vale son las personas. Y exige la entrega inmediata de su dinero. El problema, por tanto, no es el déficit, sino la exigencia de rebajarlo en tiempo y cantidad de manera inflexible y suicida para los Estados, que han accedido a saquear a sus propios ciudadanos y a desmantelarse a sí mismos para poder saldar las deudas.

Reducir el gasto público es reducir el propio Estado. Reducir servicios sociales y despedir a funcionarios es vender el Estado y hacer negocio con las necesidades de las personas. ¿Pero qué coño es un funcionario, sino un trabajador del Sector Público, un ciudadano que trabaja para el bienestar de otros ciudadanos? Un funcionario es un trabajador al servicio del Bien Común. ¡Basta ya de estereotipos estúpidos sobre los funcionarios! Si estamos en un andén esperando el metro ¿cuánto queremos esperar, 5 minutos, 10, 1 hora? Si estamos en la sala de espera de un Centro de Salud, ¿cuánto queremos esperar para ser atendidos?

Accedamos. Hagámoslo. Despidamos a todos los funcionarios, sin excepción. Váyanse a la puta calle todos los conductores del metro, los del autobús y los trenes. Todos los médicos, enfermeros, celadores, cerremos todos los hospitales; despidamos a los carteros, a los bomberos, a la policía, a los barrenderos y a los que recogen las basuras, a los asistentes sociales, a los abogados de oficio, a los jueces, a los funcionarios de prisiones, a los maestros y maestras de todos los niveles educativos, cerremos todas las escuelas y universidades públicas; no gastemos un puto euro en carreteras, ni en ferrocarriles, ni en mantenimiento de infraestructuras de ningún tipo. Y no nos olvidemos de despedir a todos los políticos, diputados, senadores, ministros, y hasta el presidente del gobierno, porque, ¿no son todos ellos también funcionarios? ¿No ahorraríamos un montón de dinero al Estado, al país? Pero, ¿qué país? ¿Acaso ha quedado algo de él? Nada, sólo un solar vacío y listo ya para privatizar. Habríamos pasado de ser ciudadanos con derechos a clientes con obligación de pagar hasta por el aire que respiramos.

Sólo le veo una cosa buena. ¡Ya no tendríamos que seguir pagando impuestos! ¿O sí? A pesar de haber desmantelado todos los servicios, de haber vendido el Estado, ¿seguirían los mercaderes obligándonos a pagar impuestos? ¿Para qué? ¿Para saldar las deudas contraídas entre los bancos, cubrir sus pérdidas y pagar las jubilaciones millonarias de los banqueros?