Capital humano

El concepto mismo, “capital humano”, ya produce bastante inquietud. Admite de entrada que el ser humano ha de servir para algo, y que su valor dependerá de aquello que podamos obtener de él. El ser humano es una inversión, una más dentro del sistema, y su rentabilidad vendrá igualmente determinada por el binomio coste-beneficio. De modo que, desprovisto así de valor propio o intrínseco, el ser humano ha pasado a convertirse en un medio, en una pieza más del sistema y no precisamente la más importante. Ahora se parece más a la “herramienta animada” de la que hablaba Aristóteles refiriéndose a los esclavos, o a las “herramientas parlantes” de Varrón. Y el Sistema Educativo es quien, naturalmente, se encarga de fabricar estas herramientas. Durante un tiempo llegamos incluso a pensar que la Educación era un derecho, un medio para borrar las diferencias de clase y uno de los pilares de la democracia que debía garantizar la igualdad de oportunidades a todo el mundo. Pero no es así. Como en tantas otras cosas, la crisis debería abrirnos bien los ojos, porque la educación no forma parte de la Democracia sino del Capitalismo, y está al servicio de éste y no de aquélla.

Fig.1: La producción del Sistema Educativo

Que la educación está al servicio del mercado no debería sorprender a nadie. Todos admitimos que el Sistema Educativo debe proporcionar una formación adecuada para que las personas puedan integrarse en el mercado laboral con cierto grado de éxito en función de la formación recibida. Lo que no sabíamos, al menos no con tanta claridad como ahora, es que esa fue siempre su única función. Es difícil encontrar esto formulado de manera tan explícita y tan clara como en el Informe El valor económico del capital humano en España (Ivie-Bancaja, 2002): “Consideramos el sistema educativo como un sector económico cuya finalidad es combinar diferentes inputs para que los estudiantes adquieran capital humano (…). Los individuos adquieren capital humano para utilizarlos con fines productivos, y así aumentar el valor presente de sus rentas futuras” (fig.1). Desde este punto de vista, el sistema invierte y, por tanto, controla y diseña el Sistema Educativo ajustándolo a sus necesidades porque presupone una relación directa entre la formación de capital humano y su propio mantenimiento y desarrollo. De los muchos ejemplos que se podrían poner para ilustrar esto nos quedamos con dos: Uno, el Anteproyecto de Ley de Reforma Educativa, la Ley Wert que, en su versión de septiembre de 2012, arrancaba así: La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”. Este texto ha quedado bastante suavizado en la versión definitiva de mayo de 2013 y ha sido relegado a la segunda página. El segundo ejemplo lo encontramos en la nueva asignatura optativa diseñada para Bachillerato en Castilla-La Mancha, Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (DOCM, 26 de julio de 2012). Además de fomentar actitudes emprendedoras al alumnado, la nueva materia se propone como objetivos, entre otros, explicar y transmitir con rigor el papel del empresario, y su función decisiva en la creación de riqueza y generación de puestos de trabajo, dentro de un sistema de mercado, y fortalecer los vínculos entre el mundo de la empresa y el sistema educativo.

Fig.2: Camino a las competencias.
Los jóvenes y las competencias, UNESCO, 2012

Como una buena parte de la educación la financia el Estado, el Estado quiere resultados. Pero no resultados individuales que no le sirven para nada, del tipo, por ejemplo, haber aprendido griego como para leer la Ilíada en esa lengua aún escondida en la nuestra; o haber aprendido a degustar la pincelada de Caravaggio o a emocionarse con los acordes de Mozart; no, eso no vale, eso es puro entretenimiento. Quizá le valga al individuo pero no a la sociedad, y la sociedad quiere saber cuánto de lo invertido en nosotros puede recuperar. Es lo que llama “tasa de retorno”, lo que nos convierte en “capital humano” y nos hace útiles y utilizables, o, mejor, empleables. Eso es lo que quiere saber el sistema y quiere saberlo desde que somos pequeñitos, quiere saber exactamente qué somos capaces de hacer y qué no, y para ello ha elaborado una metafísica capitalista disfrazada de pedagogía que se llama “evaluación por competencias”. Además, ahora una prueba le dirá al Estado al final de cada etapa educativa si la inversión ha sido rentable o ha perdido el tiempo con nosotros, qué tipo de herramienta somos y en función de todo esto nos dará un papel que determinará cuál es nuestra posición dentro del sistema. El lenguaje de la pedagogía lo disfraza a su manera, pero el  informe antes citado del Ivie-Bancaja no se anda por las ramas: Bajo el concepto de capital humano se recogen aspectos relativos a los individuos, como la educación recibida, la experiencia laboral y la capacidad mental y física. La dificultad de cuantificar tales aspectos resulta evidente: habría que valorar no sólo el conjunto de los conocimientos adquiridos por cada individuo y su capacidad para aplicarlos, sino la capacidad para adquirir y aplicar en el futuro nuevos conocimientos. Todo ello debe ser computado, puesto que constituye el conjunto de recursos incorporados a los individuos, recursos que condicionan la capacidad productiva presente y futura de los seres humanos. Por si no estuviera suficientemente claro, el informe del Consejo Económico y Social, Sistema educativo y capital humano (2009), lo sentencia: Tales competencias, entendidas como el conjunto de capacidades, habilidades y actitudes, complementarias a las de carácter técnico, que contribuyen al mejor desempeño del puesto de trabajo, están adquiriendo una importancia creciente como factor de empleabilidad. La literatura especializada distingue ya tres tipos de competencias y nos señala el recorrido educativo necesario para adquirirlas: Básicas (necesarias para conseguir un trabajo que nos permita subsistir, o para continuar nuestra formación), transferibles (capacidad de resolver problemas,.. mostrar dotes de mando y evidenciar capacidades empresariales), y técnicas y profesionales (fig.2).

Así que, según la teoría del capital humano, cuanto mayor es el capital humano de un individuo, mayor es su empleabilidad, su participación en el mercado de trabajo, su movilidad funcional y geográfica y, por tanto, su productividad (El rendimiento del capital humano en España, Ivie-Bancaja, 2007). Pero aquí surge un problema: ¿cuál es el capital humano de un licenciado o un graduado en relación al de un bachiller o alguien que tenga sólo estudios primarios? Y, dado que el empresario cuando contrata a un trabajador lo que hace es comprar su capital humano a cambio de un salario, ¿a cuánto se paga el capital humano de un licenciado, o de alguien que sólo haya concluido la Secundaria? La solución, evidentemente, la tiene el mercado. El mercado decide qué parte del capital humano disponible será utilizado con fines productivos y fija su coste, de manera que, rizando el rizo, y suponiendo una relación directa y proporcional entre formación y salario, se asegura que el capital humano correspondiente a cada tipo de educación se reflejará en los salarios percibidos. Ni más ni menos. Eso sí, el mercado tiene muy claro que el capital humano de un universitario especializado en la filosofía moral del siglo XVI, o en ciertos tipos de análisis teóricos, no será el mismo que el de los especializados en materias más productivas. Por eso se critica con insistencia en este tipo de estudios los excesos permanentes de oferta en algunas titulaciones de humanidades, lo que indicaría una clara inadecuación de las universidades, a las necesidades del mercado. Según el estudio Universidad, universitarios y productividad en España (BBVA, 2012), un graduado en el área de ciencias tiene una probabilidad de ser activo 6,8 puntos porcentuales mayor que un graduado en Humanidades. La diferencia crece hasta 7,2 puntos en el caso de las Ciencias Jurídicas o Sociales, 5,5 puntos para las Ingenierías y otros estudios técnicos y 17,5 puntos para Ciencias de la Salud.  

Aquí es donde empezamos a intuir que la teoría del capital humano no funciona como debería. Incluso considerando a los institutos de Secundaria y a las Universidades como fábricas de mano de obra, de “capital humano”, en donde la cualificación, la utilidad y el precio final del producto dependen del escalón y el itinerario escogido por cada individuo, su cumplimiento exigiría la perfecta adecuación de la oferta con su demanda, es decir, que se fabrica la mano de obra que se necesita y para lo que se necesita, y ni uno más. Pero no es así. De las dos variables en juego, educación y mercado, como es la educación quien está al servicio del mercado y no al revés, se responsabiliza del desajuste a la educación, y es por ello objeto de interminables reformas, considerándolo siempre un modelo fracasado. Pero si examinamos las dos variables para el caso español, resulta difícil acusar a la educación y no a la economía del fracaso.

Fig.3: Evolución de la formación de la
población adulta en España 1997-2007

En 1964 sólo el 10% de la población en edad de trabajar (más de 16 años) tenía estudios medios o superiores. En el año 2000 este último grupo ya supone el 55% de la población. En el año 2007 el 29% de la población adulta (entre 25 y 64 años) tenía estudios universitarios. El 22% tenía estudios de bachillerato o de grado medio y el restante 49% estudios de Primaria o Secundaria (fig.3). A pesar de esto, las tasas de acceso a la Universidad (porcentaje de alumnos del total de cada año en edad de comenzar estudios universitarios) han ido bajando desde el año 2002, debido fundamentalmente a la fase expansiva de la economía en España basada en la construcción, lo que hacía más atractivo a los jóvenes el acceso temprano al mercado laboral. Desde 2008 y a causa de la crisis, las tasas de acceso han vuelto a subir, incluso por encima de los valores previos a la crisis, del orden del 52% (Panorama de la educación en España, OCDE, 2012).

Fig.4: Coste anual por trabajador
según el nivel de Formación

España es además el país donde menos diferencias salariales hay entre los distintos niveles educativos (fig.4) La diferencia entre un graduado universitario y una persona que tenga sólo estudios secundarios es del 47%, cuando en otros países es mucho más amplia, así, en Estados Unidos es del 110% y en Reino Unido del 89%. Un par de datos más. España es también el país con un mayor porcentaje de contratación temporal, más del 30%, el doble que la media de la UE-27, y este tipo de contrato afecta al 55% de los jóvenes entre 16 y 30 años. De manera que es también España el país con el mayor índice de sobrecualificación de Europa (fig.5). El nivel de la población empleada ocupando empleos por debajo de su formación en 2007 estaba en el 25%. La crisis elevó la cifra hasta el 40% en 2010.

Fig.5: Nivel de sobrecualificación en la OCDE

¿Fracaso del Sistema Educativo o de la economía? ¿Sobrecualificación o subempleo? Tenemos que pensar de otra manera. Hay que abandonar la teoría del capital humano para dar una explicación al caso español, pues nuestra economía, basada tradicionalmente en el sector servicios, especialmente en las actividades relacionadas con el turismo al que la etapa del ladrillo no es ajena, nunca demandó mano de obra cualificada, al menos no en las cantidades en las que ésta salía de las facultades. La existencia permanente de este fenómeno de la sobrecualificación, si seguimos utilizando el lenguaje que más interesa al sistema, prueba que la realidad está más cerca del credencialismo que del capital humano, en todas partes, pero con más claridad en España. Según esta teoría, la educación no aumenta la productividad de los individuos, sólo proporciona una señal a los empresarios sobre las posibilidades de su productividad. A falta de indicios externos que el empresario pudiera evaluar por sí mismo acerca de las posibilidades de un trabajador, acepta el título educativo como un indicio objetivo que le proporciona el sistema para distinguir a unos trabajadores de otros. De hecho, el empresario confía más en la experiencia que en la formación recibida por su empleado, por eso el primer empleo que el mercado le ofrece no tiene nada que ver con su formación, con lo que el fenómeno de la sobrecualificación se dará siempre, disminuirá en épocas de expansión económica y aumentará en épocas de crisis, pero nunca desaparecerá. Sólo con el tiempo, y previa evaluación directa del empresario, el trabajador podrá ir promocionando y alcanzando puestos y retribuciones salariales cercanas a su formación, que, a su vez, se ajustarán a la oferta de mano de obra de los individuos que compitan en el mercado laboral con sus mismas credenciales. El Sistema Educativo no es más que un mecanismo “objetivo y abierto” de selección de personal laboral puesto al servicio del mercado.

Dicho así, parece demasiado radical, pero de nuevo hay que fijarse en las políticas educativas y económicas puestas en marcha por el gobierno para comprobar de qué manera todo cobra sentido, y cómo se está llevando el proceso de ajuste entre la educación y las demandas reales del mercado laboral. Para empezar, nuestra economía sigue apostando por el turismo y el ladrillo, según se deduce de la Ley de Costas aprobada en 2012 mientras que el presupuesto en Investigación y Desarrollo sigue recortándose. Por eso al mercado la educación le ha parecido siempre un sistema demasiado caro, pues los beneficios sociales que espera obtener de la inversión realizada por cada individuo son menores a sus costes. Y de ahí la resistencia a aumentar los recursos en educación y la insistencia en negar una relación directa y sistemática entre recursos económicos y calidad de la educación. Y pretende convencernos que tanto o más importante que los recursos son la motivación y el esfuerzo de los profesores y los alumnos. Valor obrero donde los haya, y del engaño propio de la meritocracia, esta “cultura del esfuerzo”. Y por ahí van las políticas del ministro Wert, en disminuir los recursos destinados a la educación y exigir más esfuerzo a los que menos tienen. Se pretende con ello mantener un hipotético derecho a la educación pero impidiéndolo en la práctica a las clases más desfavorecidas, poniendo barreras económicas difíciles de superar en época de crisis. La primera barrera se encuentra ya en el examen de acceso a la Universidad, cuyo coste puede superar los 200 euros en algunas Comunidades. En la Rioja, donde cuesta 243 euros, el número de estudiantes que se presentó a las pruebas de este año ha bajado un 3,5%. Se han endurecido los requisitos para acceder y mantener las becas, y las tasas universitarias han subido considerablemente. En Madrid, Castilla y León, Canarias, Valencia, Castilla-La Mancha y Cataluña han subido entre un 20% y un 60%. La Jaume I de Valencia, en donde las tasas han subido un 33%, el número de matrículas ha bajado un 8,6%. En Madrid, la Comunidad más cara para estudiar, en las carreras de humanidades (las que “sobran”) la subida ha sido del 92%, mientras que para las de ciencias la subida es del 50%. Aunque las Universidades admiten los pagos fraccionados, los rectores calculaban que entre 20.000 y 30.000 estudiantes en toda España podían ser expulsados de la universidad…Pero el señor Ministro de Educación dijo en septiembre, y sin pestañear, que sólo eran 10.000 los estudiantes que podían quedar fuera del Sistema Educativo por no poder pagar las tasas ni tener derecho a una beca.

Otra vez, la crisis es la oportunidad perfecta para poner a cada uno en su sitio, pues lo que se pretende es devolver a las clases populares al lugar que ocupaban en el capitalismo del siglo XIX, y del que, al parecer, nunca debieron salir. 

¡Ojo al dato!

Las matemáticas no mienten, pero sirven para hacerlo. No digo que el dato en sí mismo sea mentira, sino que puede resultar engañoso. Especialmente cuando se da en cifras absolutas, y cuando no se compara con otros datos similares de otras zonas que podrían ofrecer una referencia sobre las verdaderas dimensiones, en términos de escala, del dato suministrado. En estos casos siempre hay que preguntarse por las intenciones que se tienen cuando se suministran los datos de esta manera. Un solo ejemplo servirá para ilustrar lo que digo. Cada año se publican los datos de la Ayuda al Desarrollo, y es muy normal que la prensa destaque a Estados Unidos como el país que más dinero destina. En el año 2010 su aportación al desarrollo fue de 30.154 millones de dólares. Una gran cifra, si pensamos en la aportación de España, 5.917 millones; o de Noruega, 4.582 millones. Pero la cosa cambia si relacionamos estos datos con el PIB de cada país. Así, resulta que Estados Unidos destina un 0,21% de su riqueza nacional como ayuda al desarrollo, España un 0,43% y Noruega un 1,16%. Seguro que nuestra opinión sobre el esfuerzo y la solidaridad de EE.UU. ha cambiado algo.

 Bueno, pues algo de esta manipulación estamos sufriendo en esta crisis con los datos que un día sí y otro también leemos en la prensa española sobre el déficit, la deuda y el pago de los intereses de esta deuda. Estas noticias se dedican a analizar datos, pero rara vez explican las causas de estos incrementos, y nunca realizan comparativas con otros países de la Unión Europea. Sin duda, lo que se pretende es crear alarma y propiciar un ambiente comprensivo hacia los recortes en el sector público, cuando no directamente culparlo de la crisis. Es una manera más sutil, pero mucho más peligrosa por la supuesta objetividad de los números, de repetirnos esa cantinela de que “no podemos permitirnos el Estado del Bienestar que teníamos”, y que hemos vivido “por encima de nuestras posibilidades”. Pero todo esto es falso, y pretendo demostrarlo. Pretendo demostrar: 1. que no teníamos un Estado del Bienestar de lujo, como pretenden ahora que creamos, 2. que la deuda y el déficit actual en el sector público no son consecuencia de un despilfarro irresponsable que haya provocado la crisis, sino todo lo contrario, que el déficit es la consecuencia y no la causa de la crisis; y 3. que esa deuda sigue creciendo por los efectos mismos de la crisis en un fenómeno de retroalimentación y especialmente por las consecuencias de una unión monetaria mal construida y peor defendida.

Antes de nada habrá que pedir perdón por la lluvia de datos que se avecina, pero de eso se trata en esta entrada, combatir unos datos engañosos y alarmistas, con otros puestos en relación con los demás países de la Unión Europea, para, así, poder ofrecer un panorama más sosegado y más realista.

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1. Empecemos por valorar el Estado del Bienestar que tenía España antes de la crisis del año 2007. Incluiremos los tres pilares básicos: Educación, Sanidad y Protección Social. Para valorar el gasto en Educación acudimos al Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación (Sistema Estatal de Indicadores de la Educación). Pues bien, el gasto en relación al PIB ha estado siempre por debajo del 4,5%, cuando la media europea en inversión en Educación entre el año 2002 y el 2007 estaba en el 4,96%. En esos años España pasó del 4,25 al 4,35%. Ocupábamos el puesto número 20 de la tabla, sólo por delante de Italia, Rumanía, la República Checa, Bulgaria, Eslovaquia y Luxemburgo. A pesar de esto, en 2007 el gasto por alumno en relación al PIB por habitante es 1 punto superior a la media europea; si en España era del 25,9%, la media europea era del 24,9. En el año 2007, España tenía un gasto medio por alumno de 6.773 euros, mientras que la media de los países de la UE estaba en los 6.251. Aunque, para ser justos con el sector público, hay que decir que en este último dato están incluidos los gastos del Estado en instituciones públicas y privadas, y que desde hace años el estado viene aportando el 58% de los gastos corrientes de la enseñanza privada concertada no universitaria, según revelan las últimas encuestas del INE. 

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En Sanidad, según los últimos datos que ofrece Eurostat correspondientes al año 2004, el gasto público sanitario en España se situaba por debajo de la media de los quince países que integran la UE-15, tanto en términos de porcentaje respecto al PIB como en términos de gasto por habitante. Si se analiza el gasto sanitario público en relación al PIB, España ocupaba la posición número 14 en la lista, al presentar un valor de 6,0% frente a una media de la UE-15 del 7,5%. Sólo Luxemburgo (por tener un PIB muy alto) se sitúa por debajo de España con el 5,5%. El resto de países, incluso los que presentan un nivel de desarrollo económico inferior a España se sitúan por encima: Grecia un 6,7%, o Portugal un 7,1%. Los países en los que la sanidad tiene un mayor peso económico son Francia, con el 8,8 % de su PIB, Países Bajos (8,1 %) y Suecia (8,0 %). En cuanto al gasto por habitante, España se situaba en el puesto número 13, con 1.329 euros, sólo por delante de Grecia y Portugal. La media europea era de 1.975 euros. Por último, el Sistema de Protección Social es analizado en el Informe Económico de la Oficina del Presidente del año 2008. En este capítulo se incluye todo lo relacionado con enfermedad, invalidez, vejez y supervivencia, familia, hijos, desempleo y vivienda. Bien, el gasto en protección social medio por habitante en España alcanzó los 4.700 euros en 2005, cuando el gasto promedio por habitante de la U.E. era de más de 7.100 euros, por lo que el nivel de gasto en España se situaba un 34% por debajo de la media. La Ley de dependencia aprobada a finales de 2006 supuso un intento de acortar distancias con Europa. Entre 2006 y 2008 se le asignaron unos 2.400 millones de euros y se aumentaron el resto de partidas, pero aún así, en 2008 el diferencial negativo en relación a Europa se redujo 12 puntos, hasta el 21%. Las mismas diferencias se aprecian si se analiza el gasto en relación al PIB. El porcentaje del PIB dedicado a gasto social en España se encuentra entre los más bajos de los países europeos, sistemáticamente por debajo de la media de la UE-15. En 2004 España dedicaba aproximadamente el 21,2% de su PIB a políticas sociales, más de tres puntos porcentuales menos que la media de la UE-15. En 2007 dicho diferencial volvía a situarse en torno a los dos puntos porcentuales.

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Como vemos, nuestro Estado del Bienestar anterior a la crisis se encontraba por debajo de la media en comparación con el resto de Europa, y, aunque se hicieron esfuerzos por ponernos a la altura del resto de países aumentando los gastos en los tres aspectos, aún debíamos recorrer algo más de distancia para alcanzar la media europea. Pero la crisis y los recortes han truncado el esfuerzo realizado, y no sólo eso, sino que se pretende ahora hacernos creer que era más de lo que nos merecíamos, que nos salía muy caro, y que hay que reducir el déficit público desmantelándolo todo. Pero el déficit público no lo han provocado estos gastos, sino la propia crisis. Veámoslo.

2. El déficit público anual en España puede decirse que era positivo desde el 2004, pues se cerró el año con sólo un 0,1% negativo. Desde entonces, se cerró siempre con superávit: 1,3 en 2005; 2,4 en 2006 y 1,9 en 2007. Como hemos visto, parecía buen momento para invertir en nuestro modesto Estado del Bienestar y así se hizo. Y entonces explotó la burbuja inmobiliaria en EE.UU., afectando a todo el sistema financiero que la había alimentado, pues un buen número de Fondos de Inversión y Bancos que se habían arriesgado a financiar hipotecas a prestatarios de dudosa solvencia (subprime) quedaron ellos mismos en riesgo de impago por su elevado endeudamiento. La desconfianza entre las entidades paralizó el sistema de préstamos interbancarios y la globalización hizo el resto. El resultado fue una falta de liquidez en todo el sistema que afectó a la economía real, con la reducción de los préstamos a empresas y familias….y hasta hoy. Ni Europa ni España se han visto ajenas a los efectos de la crisis. Cajas de Ahorros y bancos demasiado expuestos, demasiado endeudados, sin liquidez y en peligro de quiebra. Y el gobierno acudió a salvarlos. El Informe Económico de la Oficina del Presidente del año 2009 da cuenta de las políticas que se articularon para encarar la crisis desde noviembre de 2008, y en el Informe del 2010 se especifica la cuantía dedicada en cada una de esas políticas. Resumo: Creación del Fondo de Inversión Local y el Fondo de Dinamización de la Economía y el Empleo con una dotación de 11.000 millones de euros; creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, para dar liquidez al sistema y así colaborar en la concesión de créditos al sector privado residente, a este fin se destinaron 19.300 millones de euros; creación del Plan de Avales del Estado para respaldar la emisión de deuda bancaria. Entre 2009 y 2010 el total de emisiones avaladas alcanzó los 60.900 millones de euros. Medidas extraordinarias de acceso al crédito a través del ICO, hasta el 2010 había ya “movilizado 61.200 millones de euros entre líneas de mediación y operaciones directas”. Y, por último, emisiones de deuda pública para poder financiar todas estas políticas de apoyo al sector financiero y a la economía. La Memoria del año 2008 del Tesoro Público confirma que la emisión de deuda aumentó 48.000 millones de euros con respecto al anuncio de emisión realizado en diciembre de 2007, pasando de 61.400 a 113.100 millones de euros, con lo que la deuda en circulación en ese año subió hasta los 358 mil millones de euros, 51.600 más con respecto al año anterior. Y no ha dejado de aumentar desde entonces, en julio de este año 2012 la deuda en circulación ya era de 605.952 millones de euros. Como resultado de todo esto, el saldo presupuestario que era casi 2 puntos positivos en 2007 cayó 13 puntos hasta situarse en el 2009 en el 11,2% negativo. Y la caída del PIB, 3,7% en 2009, como consecuencia de la crisis y de los recortes (más paro, más gasto en protección social, menos consumo, menos ingresos) aumentó la ratio con respecto a la deuda 17 puntos, del 36% en 2007, al 53% en 2009. Y, repetimos la cantinela, no ha dejado de aumentar desde entonces; 61% en 2010, 68,5% en 2011, posiblemente se cerrará 2012 por encima del 85%, y según los últimos datos, las nuevas ayudas a la banca lo alzarán en 2013 hasta el 90,5%. 

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Así que, parece claro, el déficit público y la deuda no son la causa, sino todo lo contrario, son la consecuencia de la crisis, pero aún así la política neoliberal quiere hacernos creer lo contrario y nos impone los ajustes y los recortes en el sector público como castigo por esta supuesta culpabilidad e irresponsabilidad, sin conseguir otra cosa que agravarlo todo aún más. Joseph Stiglitz lo sostiene en su último libro: “El error más grave que ha cometido Europa, instigada por Alemania, es que ha achacado los problemas de los países periféricos como Irlanda o España, a un gasto irresponsable (…) tanto España como Irlanda tenían superávits y un reducido nivel de endeudamiento”. Hasta George Soros, presidente de Soros Fund Management, reconoce que los problemas que sufre ahora España son consecuencia de la crisis: “España, que había manejado sus finanzas muy bien y había emergido como un ejemplo de prudencia presupuestaria, se embarcó en políticas contracíclicas para estimular la economía que dispararon su deuda. Luego se produjo la revelación griega, y los mercados se dieron cuenta de que había un riesgo real de quiebra dentro del euro, y la prima de riesgo volvió a hacer su aparición”. Y así nos vimos envueltos en el círculo vicioso de la desconfianza que exige recortes, y en los recortes que provocan desconfianza en la capacidad de pago, la prima de riesgo subiendo y aumentando la deuda….

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Sin embargo ni el problema de la deuda en España ni su coste parece tan grave si se pone en relación con los otros países de la Unión. Como ya hemos dicho la deuda pública en España en relación al PIB empezó a subir sólo a partir de la crisis de 2008. En este año era tan sólo del 40,2%, y en 2009 ya subió hasta el 53,9%, y ha continuado subiendo hasta alcanzar los valores actuales. Al comienzo de la crisis, otros países tenían deudas mucho más abultadas que la nuestra. Por ejemplo, sin contar a los rescatados o en crisis; Francia en 2008 tenía ya un 68,2 % en relación al PIB, y cerró 2011 con un 85,8%; Bélgica, 89,3% en 2008, 98% en 2011; Alemania, 66,7% en 2008, 81,2% en 2011. También tienen una deuda más alta que la de España el Reino Unido, Austria e Islandia. En 2011 la media de la deuda de la eurozona estaba en el 87%. Luego, ni con las previsiones del gobierno llegaremos a la media este año, y sólo la superaremos el próximo. Para evaluar el coste de esta deuda hay que tener en cuenta otras variables que no suelen inundar los titulares de los diarios, pero que sí se valoran en los documentos oficiales. Son el vencimiento medio y el interés medio de cada uno de los tipos de deuda. El vencimiento medio de la deuda española es de 6,2 años, y el interés medio del 4,7%. Como, según el Tesoro, desde el comienzo de la crisis para captar financiación se emite más deuda a corto plazo, Letras, con vencimientos entre 3 y 18 meses, el interés medio baja hasta el 3,55%. El pago de intereses por la deuda hasta el 2011 suponía el 2,2% del PIB nacional, 4 décimas por debajo de la media de la Unión. A Francia y Alemania le suponen el 2,6%, al Reino Unido el 2,7% y a Italia el 4,6%. En este sentido España se ha visto beneficiada por la entrada en el euro, porque el interés medio de la deuda pública en los primeros años 90 rondaba el 10%. A pesar de esto España es uno de los países en donde la deuda está creciendo más rápidamente, junto con Grecia, Irlanda y Portugal.

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Es evidente que España está perdiendo solvencia, y ello se debe a los efectos de la propia crisis y a los recortes, en lo que los expertos llaman trampa deflacionaria. Ante la ausencia de inversión privada por la escasez de liquidez, el único medio de estimular la economía es admitiendo un nivel de déficit presupuestario. Pero Alemania está imponiendo la austeridad como castigo por ese supuesto despilfarro, y los “mercados” quieren recuperar su dinero, salga de donde salga, y ante la impasividad del BCE, sólo prestan a cambio de elevar el tipo de interés. Resultado, toda la economía se contrae. Baja la producción y el PIB, sube el paro y suben los gastos del Estado en subsidios y protección al desempleo. Así ha sido durante los primeros años de la crisis, pero ahora el gobierno quiere recortar incluso por aquí. Esta partida aumentó en los presupuestos de 2009 unos 4.000 millones con respecto a lo presupuestado en 2008, ascendiendo hasta los 19.600 millones. Y en 2010 subió a 30.975 millones de euros. A partir de aquí la dotación ha ido bajando a pesar de que el paro ha ido subiendo: 28.800 euros en 2012, y 26.969 lo presupuestado para 2013. La crisis también ha contraído el consumo con lo que se recauda menos, hay más gastos y menos dinero para afrontarlos, por lo que todos los indicadores económicos se disparan, justificando así nuevos recortes.

3. La otra causa de la escalada de insolvencia de la economía española en la actualidad tampoco tiene nada que ver con esa supuesta irresponsabilidad fiscal o con la cantinela de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, no, la causa está en el euro, en la moneda única, que, en la práctica ha resultado ser una trampa mayor, en realidad, la causa de la crisis que está sufriendo España y toda Europa en este momento. Porque ha resultado que tenemos una moneda común, pero no única. El euro tenía, tiene, varios defectos, unos ya advertidos desde su creación, y otros que sólo han salido a la luz con la crisis. En primer lugar una moneda única requiere de un banco central para aportar liquidez, pero también de una tesorería que pueda emitir deuda pública y pueda garantizar las obligaciones crediticias de cada estado. Pero nuestro Banco de España, como los de todos los países de la zona euro, ha delegado la política monetaria en el BCE (fabricación de dinero, tipo de interés y tipo de cambio frente a otras divisas), aunque nuestro Tesoro ha seguido funcionando como un tesoro a nivel nacional, emitiendo deuda avalada por el propio Estado y por su banco, cuando en realidad no controla la emisión de moneda de la deuda que avala. Como el BCE se niega a asumir las funciones propias de una tesorería al rechazar la emisión de eurobonos, los estados se ven obligados a financiarse en el mercado secundario, vendiendo deuda a los bancos y a otros fondos de inversión. En la práctica es como si cada estado se hubiese endeudado en una moneda extranjera con la obligación de pagar en esa misma moneda pero sin poder fabricarla. Al principio, toda la deuda soberana europea se trató como inversión segura y bajaron los tipos de interés. En nuestro caso, el interés medio de las letras pasó del 12,8% en 1992 al 3,16 en 2006; el de los bonos bajó del 13 al 3,15%, y el de las obligaciones bajó del 11,4 al 5% en ese mismo año. Sólo con la revelación del fraude de las cuentas griegas los inversores en deuda soberana se dieron cuenta de la posibilidad real de entrar en suspensión de pagos dentro del euro, y empezaron a pedir primas de riesgo para cubrirse de posibles impagos. Pero como estos productos financieros se negocian libremente en el mercado y pueden ser adquiridos y vendidos incluso por quienes no tienen deuda soberana, los mercados pueden forzar la quiebra de los países endeudados mediante operaciones bajistas, vendiendo sus bonos, porque obtienen más beneficio con la quiebra que con la recuperación. En palabras de George Soros, “es como comprar un seguro de vida sobre la vida de otra persona y tener licencia para matarla”.

Otro inconveniente del euro es la ausencia de una unión fiscal. Algo que, evidentemente, hubiera requerido de una unión política previa, pues se hubiera cedido a las instituciones europeas la capacidad de imponer unas tasas tributarias comunes en toda la zona de la unión monetaria para luego redistribuir lo recaudado según las necesidades de cada zona. Pero en este aspecto cada país ha actuado también separadamente, y por separado se les ha exigido también que cada uno resuelva sus problemas de insolvencia como pueda. Pero la desunión fiscal ha tenido otros efectos. Las empresas han huido de aquellos países donde los impuestos eran más altos para instalarse en los que había menor presión fiscal, y como sus productos pueden moverse libremente por la Unión, se ha provocado una competencia a la baja por reducir impuestos al capital para atraer la inversión, y se ha presionado también sobre los sueldos y las condiciones laborales empeorando unos y otros.

Por último, la adopción del euro ha eliminado dos de los mecanismos más importantes para realizar ajustes en casos de crisis sin sustituirlos por nada. Porque los países de la zona euro ya no pueden de forma unilateral modificar el tipo de interés de la moneda, o el tipo de cambio frente a otras divisas para depreciarla, y así, por ejemplo, hacer más competitivos los costes laborales y compensar con un aumento de las exportaciones la caída del consumo interno. De modo que el único ajuste posible es la llamada devaluación interna. Como no se puede depreciar la moneda un 30% de su valor frente a otras monedas, o entre unos países y otros de la zona euro, la única forma de hacer el ajuste es provocar la caída de la economía real en ese 30%.

De esta forma, países que no han adoptado el euro y que por tanto no corren riesgo de suspensión de pagos porque se han endeudado en su propia moneda no están sufriendo los ataques de los mercados y pueden asumir déficits o deudas más elevadas que la nuestra, es el caso de Islandia o el Reino Unido. Y allí donde existe una verdadera unión política, monetaria y fiscal, ninguna región con problemas queda abandonada a su suerte, como ocurre en Estados Unidos (Krugman pone el ejemplo de Nevada, con una crisis económica similar al de Irlanda, provocada también por una burbuja inmobiliaria, pero cuyos gastos sociales son asumidos en su mayor parte por el gobierno federal). Por otro lado, a pesar de la hipotética libertad de movimientos de la mano de obra que podría aliviar las cifras del paro en las regiones con problemas, en Europa, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, las diferencias culturales y lingüísticas dificultan en la práctica los movimientos de mano de obra en el seno de la Unión, con lo que los países con problemas soportarán durante mucho tiempo elevadas tasas de desempleo. Lamentablemente, como reconoce Omar Issing, uno de los arquitectos del euro, poner en marcha la moneda única sin haber concluido la unión política en Europa fue poner el carro delante del caballo. Y parece que ese carro es de Alemania, porque se está beneficiando de todo esto. Los inversores casi pagan por comprar sus bonos, con lo que se financia gratis, el dinero del gran capital huye y se refugia en sus bancos, y está recibiendo mano de obra especializada de países como el nuestro sin haberse gastado un euro en su formación.

Después de 5 años de crisis la situación está empeorando tanto en España como en el resto de los países rescatados a los que se les está imponiendo austeros programas de recorte del gasto público. Ya se dan por perdidos unos 21.000 millones de euros entregados a la banca desde 2008, y empieza a reconocerse que estas ayudas y las que vengan repercuten negativamente en las cifras del déficit y en la deuda pública. Los medios de comunicación americanos nos retratan como un país que se empobrece a marchas forzadas y, literalmente, nos pillan hurgando en la basura. También advierten que la política de austeridad y recortes no hacen más que hundirnos más en la miseria. Y aún así, no nos desviamos un ápice del camino que ya han recorrido Grecia, Irlanda, Portugal e Italia. Todo, para recuperar la senda del crecimiento, nos dicen. Y nos oponemos porque pensamos que esas políticas no han dado resultado alguno, que están equivocadas porque no se percibe el crecimiento por ninguna parte. Pero somos nosotros lo que estamos equivocados. Las políticas neoliberales hubieran fracasado si se hubieran propuesto salir de la crisis. Pero están triunfando plenamente, porque su objetivo no era sacarnos de la crisis, sino aprovecharla para desmantelar el escaso y modesto Estado del Bienestar que teníamos, y están triunfando porque han logrado convencer a una mayoría de ciudadanos, a base de consignas fáciles y cifras alarmistas y descontextualizadas, que hemos derrochado lo que no teníamos y ahora debemos penar por ello. Debemos oponernos porque todo es mentira, estamos sufriendo lo que Krugman llama el Gran Engaño, en el que están comprometidos los gobiernos, las propias instituciones europeas y los medios de comunicación. Sólo queda saber si saldremos del engaño y de qué manera saldremos de él. Es lo mismo que especular por la cantidad mínima necesaria de clase media para el sostenimiento del sistema, porque será la clase media quien decida, a medida que se empobrece y ve desaparecer sus derechos, cuánto puede aguantar y cuánto consiente en perder. De momento, los datos asustan, el pueblo aguanta, el engaño perdura.

Muros de tela

Sí, estamos en crisis. Y la crisis se ha llevado por delante nuestro dinero y nuestros derechos. Y quizá algo más. Tendremos que valorar qué más se ha llevado, en qué proporción, y cuánto estamos dispuestos a pelear para detener esa sangría, de la misma manera que lo estamos para detener el robo de nuestros ahorros y de nuestros derechos. Porque las crisis como esta son capaces de sacar de nosotros lo mejor y lo peor, y en estos últimos meses se ha resucitado una polémica que parecía resuelta y olvidada. La INMIGRACIÓN, así, con mayúsculas, asunto polémico donde los haya por la utilización partidaria e interesada del fenómeno, usado con frecuencia para despertar fantasmas de todo tipo (económicos, culturales, identitarios, etc.), al mismo tiempo que se señala a un potencial adversario con el que supuestamente hemos de luchar para salvaguardar nuestro propio bienestar. Sin embargo para tener una opinión ecuánime y justa sobre este asunto hay que imaginarse un escenario económico favorable, olvidar la crisis actual y retroceder unos cuantos años, exactamente hasta el año 2000. El futuro era, en aquellos años, tan incierto como ahora, pero se sabía que los problemas a los que el mundo se enfrentaba no tenían nada que ver con guerras, ni con armas de destrucción masiva ni nada relacionado con la política. Tampoco la economía parecía en aquellos años que fuera a traer los problemas que ahora padecemos. En el año 2000 los problemas del futuro eran demográficos. El mundo que conocíamos se iría al garete por los grandes desequilibrios demográficos inherentes a los distintos grados de desarrollo económico del planeta. En realidad, como veremos, esa bomba de relojería sigue activa, pero con un tic-tac tan lento que no le interesa a los políticos abordarlo con decisión. Lo que sigue, son las cifras del horror, de ese tic-tac lento, pero seguro hacia el desastre.

En marzo de 2000, Joseph Chamie, director de la División de Población de la ONU, presentó un informe titulado Migraciones de sustitución: una solución para países con población en declive. Basándose en los datos demográficos de esos años, el informe hacía una extrapolación de los mismos para el 2050, y concluía que el Viejo Continente sería para entonces mucho más viejo. A mitad de camino, en 2025, Europa perdería 35 millones de habitantes, y España, al final del periodo, en 2050, habría perdido más de 9 millones. Todo ello como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y del descenso del índice de fertilidad. España sería el país más viejo del mundo, sustituyendo a Japón, con una media de edad de 54,3 años, 16 más que la media mundial. El número de hijos por mujer fértil en el año 2000 en España era el más bajo del mundo, sólo un 1,07, cuando la tasa de renovación generacional está en 2,1. Con estas perspectivas, el modelo económico y social de Europa en general y de España en particular resultaba insostenible. Así, si la proporción activo/inactivo (jubilado) en el año 2000 era de 4 a 1, en el 2050 sería de 2 a 1, y en España aún más baja, de 1,4 activos por 1 inactivo.

Joseph Grinblat, jefe de estudios de Mortandad e Inmigración de la División de Población, y uno de los redactores del informe, aseguraba que los gobiernos debían tomarse en serio estos datos y adoptar medidas impopulares si querían conservar la fuerza de trabajo, como retrasar la edad de jubilación, disminuir las pensiones y aumentar las cotizaciones sociales. Claro que, cabía otra posibilidad, importar mano de obra de otros países. Para España el informe recomendaba 12 millones de inmigrantes, unos 240 mil al año. Pero, “asimilar tal cantidad de inmigrantes es políticamente arriesgado y socialmente inaceptable”, según Grinblat, por eso, cuestiones como el racismo o la identidad nacional debían abordarse con estas nuevas perspectivas. Interesante. La inmigración se presentaba entonces como la solución a nuestro problema, y el racismo como el verdadero problema, surgido como reacción y oposición a la llegada de extranjeros.

Han pasado doce años desde la publicación de aquel informe. ¿Ha cambiado algo? Básicamente, no. A pesar de los márgenes de error que toda previsión comporta, el informe de la ONU tampoco había tenido en cuenta los efectos de los flujos migratorios, sujetos a variables coyunturales difíciles de concretar en magnitudes estables y constantes. Y esto es precisamente lo que ha pretendido hacer el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Proyección de la Población de España a Largo Plazo, 2009-2049, publicado en enero de 2010. Es interesante señalar que la simulación habla de “población residente” en España, no de población “española” y que se ha elaborado en base a un flujo inmigratorio anual constante de 400.000 personas desde 2019. Mucho tienen que cambiar las cosas para que la sociedad española acepte a casi medio millón de inmigrantes al año, aún así, los resultados son tan alarmantes como el informe de la ONU del 2000. El grupo de edad de los 64 años se duplica y pasa a representar el 32% del total. La esperanza de vida aumenta en 6,5 años para los hombres y 5,8 para las mujeres, quedando en 84,3 y 89,9 respectivamente. La tasa de dependencia (menor de 16 y mayores de 64) subiría del 47,8 actual al 89,6%, de manera que por cada 10 personas que “residen” en España en edad de trabajar habría 9 personas inactivas. El crecimiento natural de la población se haría negativo desde 2020, de manera que hasta el final de la previsión la población sólo habría aumentado en 2,1 millones. Todo esto a pesar de que el informe prevé un incremento progresivo de la tasa de fecundidad, hasta 1,71, gracias a la inmigración, puesto que aporta mujeres en edad reproductiva que tienen los hijos a una edad más temprana que las españolas.

Para el conjunto de Europa las tendencias también se mantienen. En la actualidad la tasa de fecundidad de los 27 países se mantiene por debajo de la tasa de renovación generacional, y 14 la tienen por debajo de 1,5 hijos por mujer. Uno de cada cinco nacimientos de la Unión es de madre extranjera. Y el número de personas mayores de 60 años crece a un ritmo de 2 millones al año. La tasa de dependencia aumenta progresivamente, siendo en la actualidad del 26%. Así, en 2008, por cada ciudadano europeo mayor de 65 años había 4 en edad de trabajar, pero según las previsiones de la Comisión Europea, en 2060 la proporción será de 2 trabajadores por 1 jubilado. Márgenes de error aparte, estas son las cifras del tic-tac de nuestra bomba demográfica.

Ahora hay que echar un vistazo a eso que hemos llamado “fenómeno” de la inmigración. Los movimientos migratorios han existido siempre, y seguirán existiendo siempre que haya desequilibrios y desigualdades entre unas regiones y otras. Cuando se toma conciencia de esta desigualdad, y siempre que haya esperanza de encontrar mejores condiciones de vida, las personas viajarán en su busca, esperando también retrasar su propio tic-tac, pues la suerte o la mala suerte de nacer en unas zonas y no en otras puede suponer una esperanza de vida de hasta 20 y 30 años menos. Los países desarrollados no pueden detener la inmigración, no pueden evitarla ni resolverla. Sería tanto como decir que van a acabar con el hambre y la miseria en el mundo, o que se acabarán las guerras. No, los países desarrollados sólo pueden intentar encauzar la inmigración, controlarla y aprovecharla. Y eso pretenden, con poco éxito, las leyes de extranjería de Europa y de España. Estas leyes intentan resolver al menos tres problemas. Qué barreras, físicas y administrativas, imponer en sus fronteras para controlar y cuantificar la llegada de inmigrantes, qué derechos conceder a los extranjeros mientras se les sigue considerando como tales, y de qué manera promover la integración de los inmigrantes y la convivencia con los nativos evitando el rechazo y la xenofobia, porque, no debemos olvidarlo, este es el verdadero problema, el que de verdad habría que resolver. Hay que decir también que la imposibilidad real para hallar una solución al primer problema complica enormemente el segundo. Porque es la propia ley quien decide a quien admite y a quien no, es decir, a quien da papeles y a quien no se los da, aunque el inmigrante esté ya residiendo dentro de sus fronteras. La fábrica que produce “inmigrantes regularizados” es la misma que produce “inmigrantes irregulares”.

En España está en vigor la Ley de Extranjería aprobada en el año 2000 y modificada en el 2003 y en el 2009. La ley, para controlar el flujo de inmigrantes, estableció el sistema de cupos o contingentes, que fijaría el gobierno cada año después de oír las demandas de empleo de los empresarios, hasta una máximo de 30 mil al año, entre contratos para empleos temporales y empleos estables. La cantidad está muy por debajo de las recomendaciones de la ONU, y mucho más lejos aún de las proyecciones de INE para compensar el envejecimiento y la pérdida de población en España. El sistema de contingentes no sólo se mostró incapaz de controlar la llegada de inmigrantes sino que agravaba enormemente el problema de la “irregularidad”, primero, porque no se ajustaba a las demandas reales de la economía española de esos años de burbuja y fiebre constructora, y, segundo, porque los empresarios no utilizaban el sistema de los contingentes que les obligaba a contratar en los países de origen, y siempre para aquellas actividades para las que no existiera demanda en el mercado laboral español, es decir, que hubiera españoles en paro para las ocupaciones demandadas por los empresarios. Pero la realidad, como siempre, ha hecho añicos las formalidades de la ley. Si vamos al inicio del periodo, en el año 2000 España tenía un 9,56% de paro, pero ese mismo año quedaron vacantes 100 mil puestos de trabajo en los sectores en los que había más de 200 mil personas en paro (construcción, servicios y agricultura). Es evidente que los españoles rechazaban esos puestos de trabajo porque tenían, teníamos, quizá hay que seguir hablando en pasado, expectativas de empleo más altas que los inmigrantes. Pero es que la tendencia ha continuado desde entonces. Entre 2002 y 2008 sólo se formalizaron por la vía del contingente 96.604 contratos de trabajo estable a extranjeros. Y ha servido para cubrir lo que se llama “nichos laborales”, sectores de actividad que, pese a la tasa de desempleo existente, no son cubiertos en su totalidad por trabajadores españoles: construcción, hostelería, servicios domésticos y trabajos de temporada. Es evidente que la diferencia hasta cubrir la demanda real se ha realizado con contratos “irregulares” a inmigrantes “irregulares” que ya estaban en suelo español. Esta evidencia ha obligado a los distintos gobiernos, desde 1986 hasta 2005, a promover campañas de regularización basadas en el arraigo y la residencia, aflorando así gran parte de esa inmigración que las autoridades se negaban a reconocer. De manera que hoy, en 2012, hay 5.711.040 extranjeros según los registros del padrón, de los cuales, 3.270.198, el 57,3% del total, son extracomunitarios.

En cuanto a la concesión de derechos a los inmigrantes, las leyes han sido bastantes restrictivas, reacias a concederlos, y han hecho falta al menos tres sentencias del Tribunal Constitucional (en 1984, 1987 y 2007) para adaptarlas a la Constitución Española, a las directrices de la Unión Europea, y sobre todo a los convenios internacionales sobre Derechos Humanos. Aquí el problema es delimitar aquellos derechos que son esenciales para el mantenimiento de la dignidad humana de aquellos que no lo son. Así el TC hizo una partición tripartita de los derechos constitucionales distinguiendo los derechos de cualquier persona con independencia de su situación administrativa, de aquellos que requieren la plena regularización, y de aquéllos que sólo pueden disfrutar los españoles o nacionalizados. Las modificaciones se han introducido en la ley actualmente en vigor, aprobada en diciembre de 2009 y modificada a su vez por el decreto de abril de 2011. La sola enumeración de los derechos reconocidos a las personas sólo por serlo debería bastar para espantar muchos fantasmas, y disipar dudas y recelos. Porque no corresponde a ningún gobierno en particular decidir qué es o no es persona. Porque la condición de “ser humano” no depende de que tenga o deje de tener un papel. Y no corresponde a los Estados otorgar derechos, pues es un acto tan arrogante como quitarlos. A los gobiernos sólo les corresponde reconocerlos y protegerlos, y mucho más en aquellos Estados que viven en democracia y se muestran orgullosos de su Estado de Derecho. Así, según la ley actual, los derechos esenciales para salvaguardar la dignidad de las personas son la vida, la integridad física y moral, la intimidad personal y familiar, la libertad de conciencia, culto y religión, la asistencia sanitaria básica para todas las personas y plena para los inscritos en el padrón, la educación en todos los niveles (hasta los 16, un deber, desde los 16, un derecho), la libertad de circulación, de reunión, manifestación, huelga y asociación.

Así ha sido hasta ahora. Desde el 1 de septiembre entrará en vigor la reforma de la sanidad aprobada en abril de este año en el que se anula el artículo 12 de la Ley de Extranjería referido a la asistencia sanitaria a los extranjeros, dejando fuera del sistema a los inmigrantes irregulares. Su número varía según las fuentes. El País lo estima en 150 mil personas cruzando los datos del padrón y los de la Seguridad Social; El Mundo, los cruza con el balance oficial de permisos de residencia y da una cifra muy superior, de más de medio millón de personas. Pero, ante las protestas, el gobierno ha rectificado y ahora dice que recibirán asistencia sanitaria si pagan por ella: 710 euros al año los menores de 65 años, y 1.864 euros a partir de esa edad. Es incongruente e inmoral. Resulta que para el gobierno los inmigrantes irregulares no existen como personas, no tanto como para reconocerles sus derechos, pero sí para vendérselos. Me faltan los calificativos.

En cualquier caso, aprovechando el contexto de la crisis, como ya ha ocurrido en otras materias, el nuevo reglamento supone una vuelta atrás en materia de derechos y libertades, y vuelve a destapar la caja de Pandora de la inmigración que tan “buenos resultados” ha dado siempre desde posiciones políticas conservadoras. Lo que está pasando es, como suele decirse, de libro, y sorprende que una buena parte de la sociedad española haya caído en la trampa. Nos quieren convencer de que no hay dinero, de que los servicios públicos son insostenibles, por lo que tienen que quitárnoslos poco a poco y hacernos pagar por lo que ya pagamos con los impuestos, y ahora, para distraer nuestra atención y orientar nuestra posible rabia y frustración nos señalan un objetivo, el inmigrante, antes, en los años de bonanza un colaborador, y ahora, en los años de crisis, un potencial competidor. El gobierno ha lanzado al pueblo un solo hueso para alimentar el enfrentamiento mientras oculta la carne. Y el pueblo se ha lanzado a defenderlo rugiendo y mordiendo. Porque también a los españoles la reforma de la sanidad nos ha arrebatado la condición de ciudadanos y nos la han cambiado por la de asegurados y clientes. Pobres contra pobres. Unos pobres acusando a otros de su propia desgracia, porque la crisis nos ha afectado a todos por igual. Y así el inmigrante, que siempre ha trabajado en aquello que el español desechaba, ahora sobra,  y “no sabemos qué hacer con él”. Quizá por eso el nuevo reglamento de extranjería aprobado por el gobierno apuesta por “fomentar y garantizar la movilidad y el retorno voluntario de los inmigrantes”. Pero hay quien no quiere esperar al retorno voluntario y defiende la expulsión directa para los inmigrantes en paro. Este indicador de xenofobia ha crecido hasta situarse en el 43% en 2010 frente al 30% de 2009, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración

Parece que la crisis sí se nos está llevando algo más que dinero y derechos. Se está llevando los propios, y la capacidad de reconocer los ajenos. Además debe haberse llevado la capacidad de razonar y de mirar la realidad con sentido crítico. Pero incluso aunque así fuera, ¿qué pasa con nuestra memoria, no sólo de lo pasado, sino del futuro, porque España vuelve a ser un país de emigrantes? ¿Qué ha pasado con los sentimientos de compasión y solidaridad? Lo normal, cuando se ha sufrido o se teme sufrir, es compadecerse de los que sufren. “Porque no ignoro las desgracias, sé socorrer a los miserables”, escribía Virgilio en la Eneida. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. El Hombre es el mismo en todas partes, y, como afirmaba Rousseau, el pueblo es el que compone el género humano, y lo que no es pueblo es tan poca cosa que apenas merece la pena tenerlo en cuenta. Por eso hay que defender siempre los Derechos Humanos, incluso en épocas de crisis con más fuerza que en las épocas de bonanza. Porque la declaración de derechos es por reciprocidad una declaración de deberes, “pues cualquiera que sea mi derecho como hombre es también el derecho de otro, y yo paso a tener el deber de garantizar además del de poseer” (Thomas Paine). Por eso estoy firmemente convencido de que defendiendo la dignidad de los inmigrantes estoy defendiendo al mismo tiempo la mía.

Cucarachas

Ya es oficial. La metamorfosis se ha completado. A lo largo de la mañana del 11 de julio de 2012 los españoles nos convertimos en cucarachas. No hemos sido los primeros pero quizá seamos los últimos en sufrir esta plaga que ha contagiado antes a otros países. De todas formas, algunos ya notábamos algo extraño cuando la gente nos señalaba con gesto de hastío y gritaba a nuestro paso: “¡Funcionario!” Notábamos su asco, su desprecio, sin llegar a comprender del todo las razones de tanto odio, hasta ahora. Hasta que la transformación se ha completado y se ha generalizado a nuestro alrededor. Pero, como al infeliz Gregor Samsa, de la novela de Kafka, aún no acabamos de creer que esto nos pueda pasar a nosotros. Muchos aún incluso niegan la metamorfosis y siguen haciendo su vida como si nada hubiera ocurrido. Van a trabajar, salen a pasear, o van de vacaciones sin advertir su nauseabunda naturaleza. Pero somos cucarachas. Yo, al menos, no tengo la menor duda. Después de ese fatídico 11 de julio llegó el 12 y el 13, viernes, y el Parlamento sancionó oficialmente nuestra transformación. Esta vez en absoluto silencio.

Una semana más tarde, el miércoles 18, el contable Montoro dijo varias veces, apretando los dientes, que “no había dinero en las arcas públicas”, que “no hay dinero para pagar los servicios públicos”. Las cucarachas escuchamos aterradas la confesión del contable, como si ya empezásemos a sentir el peso de su zapato sobre nuestros cuerpos, crujientes y quebradizos. El viernes 20 el zapato del contable empezó a bajar sobre nosotras, aumentando la presión. Dijo que los gastos del Estado aumentarán considerablemente por el incremento de los intereses de la deuda, y que por tanto “habrá menos dinero disponible para pagar los servicios públicos”. Como somos cucarachas no podemos entender que el gobierno anteponga el pago de la deuda al bienestar de la población, pero, no se nos debe olvidar justamente eso: somos cucarachas, y las cucarachas dan asco, ¿a quién le importan? Es más, como la plaga no ha alcanzado a todos, los que aún tienen manos aplauden nuestra transformación y piden que el aplastamiento se haga cuanto antes: Rescate, recapitalización, saneamiento de la banca, activos tóxicos, banco malo, déficit público….la suela del zapato es grande y negra, incomprensible para una cucaracha. Es como un laberinto kafkiano donde gobierna la sinrazón. Nada tiene lógica ni sentido, al menos para una cucaracha. Aún así, nos asomamos al laberinto. Del total de la deuda del Estado español, sólo el 16% es deuda pública. Un 62% es deuda de bancos y empresas, y el restante 21% es deuda privada, de las familias, fundamentalmente deuda hipotecaria. Tomando la deuda pública aparte, ese 16 % supone en la actualidad algo más del 70% del PIB. Sin embargo la media de la UE es del 80%, y hay países que la superan sin estar en crisis. Así, Francia un 82%, Alemania un 83% y Bélgica un 93%. Por otro lado, del total de acreedores de la deuda pública española, el 55% está en manos de bancos españoles. Los principales son el BBVA (más de 60.000 mil millones de euros), el  Banco Santander (casi 50.000 millones), La Caixa (casi 20.000 mil) y Bankia (algo más de 28.000 mil millones). Luego hay una larga lista de bancos, unos 15, que tienen cantidades menores, entre los 8 y los 2 mil millones de euros).

Como se ve, es la perversión total. El rescate de 100.000 millones es para los bancos, pero con el respaldo y el aval del propio Estado pues se hace vía FROB (Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria). Si el préstamo no se devuelve, el Estado debe intervenir nacionalizando la entidad y asumiendo su deuda como ya ha ocurrido con Bankia. Y, si el sector financiero agota todo el crédito puesto a su disposición, la deuda debe asumirla el FROB y pasará a contabilizar como deuda pública. Es decir, que el BCE presta al 1% a los bancos para hacer negocio con los Estados en las subastas de deuda comprando al 7%, pero en el rescate español, como no se fía, presta al 3% al Estado vía FROB para que los bancos puedan comprar deuda española al 7%. O sea, el mismo Estado da dinero a los bancos para que éstos puedan comprarle deuda más cara de manera que tendrá que “devolver” hasta el doble de lo que le dio para sanearla. ¡Y por esto no hay dinero para los servicios públicos! Porque hay que pagar antes las deudas a los bancos, a los que el mismo Estado dio dinero para salvarlos para que compraran deuda pública…

Soy una cucaracha, y me he perdido en el laberinto. Aunque España se ha llenado de cucarachas, la metamorfosis no nos ha afectado por ser españoles, sino por ser pobres, mediocres, trabajadores. La vicecontable Soraya, representante de los pocos españoles que se han salvado de la horrible transformación, quiere que pensemos como cucarachas. Ha dicho, para consolarnos, que ya quisieran ellos “tener recursos para hacer muchas cosas, y tomar medidas agradables de contar y transmitir, pero este no es el país en el que vivimos”. Ha dicho que es “imposible cumplir el déficit, bajar los impuestos y no reducir los gastos”. Seremos cucarachas, pero tenemos que ser cucarachas responsables y comprensivas porque estamos en una “situación de necesidad nacional” y es el “momento para pensar en el país, en España”. Yo, como soy una cucaracha, no se me ocurre replicarle que, si es por España, por qué no le pide esa responsabilidad a los bancos españoles que tienen más de la mitad de las deudas, esos mismos españoles que exigen su dinero a costa del bienestar presente y futuro del resto de los españoles. Por qué no pide o impone un aplazamiento del pago de esa deuda que se hace a costa del desmantelamiento de los servicios públicos. Pero, ¡qué cosas se nos ocurren! ¡Cuánta demagogia tenemos las cucarachas!

Lo peor de todo, lo asombroso, es que hay muchas cucarachas que aún no saben que lo son, que están perdidas en el laberinto kafkiano, perdidas en el inextricable lenguaje de la suela del zapato sin terminar de ver el zapato mismo. Van a trabajar, salen a pasear y hacen su vida con normalidad. Deberían mirarse bien en el espejo y advertir pronto lo que son, lo que somos, antes de que sea demasiado tarde para todos, antes de que nuestros cuerpos, crujientes y quebradizos, acaben aplastados sin remedio contra el suelo.

Fosa común

España ya es una fosa común. Los bancos provocaron el agujero pero el gobierno empuja a los ciudadanos al hoyo para taparlo. Y los diputados populares aplauden cada empujón. Subida del IVA, aplausos. Reducción de la prestación a los parados, ovación. Eliminación de la paga de navidad a los funcionarios, aplausos. Disminución de la ayuda a la Dependencia, más aplausos. Al final del discurso, todos los parlamentarios populares se han asomado a la fosa para seguir aplaudiendo. Uno de ellos, hasta ha gritado llevado por el entusiasmo: "¡Que se jodan!". En la fosa están todos los funcionarios, los parados, los dependientes, los enfermos, los estudiantes, los mineros. Populares. Para salvar España se sacrifica a los españoles. España es ya una fosa común. Estamos todos, menos los bancos. ¿Qué hacen para resolver la crisis que ellos han provocado? Nada. Siguen echando familias enteras a la calle, a la fosa común, y el gobierno que debería protegerlos, como a todos los demás, por víctimas, por desamparados, por ciudadanos; el gobierno que debería echarles una mano, le echa tierra encima con una pala a la que llama reformas estructurales. Populares. Aún siguen aplaudiendo. Han pedido esfuerzos adicionales a los que estamos en la fosa. ¿Que más se le puede pedir a un moribundo? ¿Qué haga el favor de morirse? Los populares siguen aplaudiendo, contentos con la fosa.

Quijotadas y Sanchandeces

“Aprovechemos, Sancho, este viaje para hablar un poco de las cosas que pasan en el mundo…” “Sí, porque hablando se entiende la gente”. “Y se aprende, Sancho, y se aprende. De la opinión y visión del mundo de un gran adversario se puede aprender mucho. Basta con ser un poco humilde y admitir que el otro puede tener razón…” “Porque dos personas no discuten si uno no quiere” “Error, Sancho, gran error, porque con la discusión se obliga uno a discurrir sobre lo propio y lo ajeno, a pulir argumentos, desmontar los contrarios, salvar obstáculos, ponerlos…Ah, Sancho, ¡cómo lo echo de menos!” “¿Para qué me tiene a mí vuesa merced? Póngame usted a prueba, verá como no tengo la cabeza tan hueca como parece.” “Mi querido Sancho, casi siempre las cosas son lo que parecen, pero podemos probar, no digo que no. No pocas veces la mayor dificultad estriba en intentar meter un gran razonamiento en una cabeza pequeña”.”Como habrá visto bien vuesa merced, no es precisamente muy pequeña…¡y digo más, cuántos veces habré oído a mi Teresina llamarme cacho cabezón!” “Ya. Sí que va a ser un gran reto, sí”. “¿Y de qué podemos hablar?” “Uy, Sancho, mira a tu alrededor. Algo verás, subido en tu Rucio, aunque menos que yo, a buen seguro, que desde mi Rocinante tengo una visión de más amplios horizontes que los tuyos. Veremos, si yo desde aquí puedo hacerte bajar del burro”. “Si quiere me bajo ya”. “¡Ay, Dios…! Mira, mejor lo hacemos al revés. Como tú desde ahí abajo ves mal y entiendes peor, me preguntas a mí, pues respuestas no me faltarán, que para algo han de servir los encuadernados”. “Vale. Economía. ¿Qué es ello?”. “¿Ello? Ello es lo que yo te diga”. “¿Y?” “¿Cómo, ya dudas?” “No” “Ya vamos bien. Sancho, ¿qué te parecen las instituciones?" "¿Eso qué es, son como los molinos?". "Lo mismito. ¿Te ofrecen seguridad los molinos, tranquilidad, protección tal vez?". "No lo sé, don Alonso, ¿Para dónde van las tijeras?" "Giran hacia la derecha cortando a su izquierda". "¿Entonces para dónde voy?". “Bueno, parece que aún de economía sabes poco…” ”¡Ah, ya caigo, ¿se refiere usted a lo de izquierda y derecha?” “Casi, aunque la gente anda con eso muy confundida. Me refiero a Arriba y Abajo. ¿Tú sabes, Sancho, dónde estás? Pero, piensa con la cabeza y no con la panza, ¿o era al revés?  Bueno. Veamos un caso práctico. A ver, Sancho, si tienes dos caminos igual de buenos, pero en uno te hacen pagar y en otro no, ¿cuál escogerías?" "Vaya tontería, el de no pagar". "Pero como yo lo que quiero es que la gente vaya por el de pago, ¿qué podríamos hacer?" "¿Llenar de piedras y de agujeros el otro?" "¡Ahí le has dao!" "¿Pero eso no es hacer trampa?" "No, son reformas, reformas estructurales". "Entonces, ¿obligamos a la gente a pagar por su seguridad?". "Claro. ¿No te has dado cuenta de que ese es el mejor negocio de todos? Piensa, Sancho, ¿cuánto vale tu vida? ¿No estarías dispuesto a pagar lo que fuera por ella, en caminos, en medicinas, incluso en tu educación, para ser alguien en el futuro?” "¿Pero...y si no tengo posibles?". "Entonces tu vida, Sancho, no vale nada". “¡Diantre!... "¿Qué es eso de la educación?" "Buena pregunta y ardua respuesta. Veamos, como la infancia y la adolescencia es la edad en la que más errores se cometen debido a la inmadurez intrínseca de los susodichos, yo diría que la labor del maestro es ayudarles a madurar y a superar y enmendar sus errores". "¿Entonces, hay que darles oportunidades o quitárselas"? "Si preguntas eso Sancho, es que no sabes nada de educación y mejor hablamos de otra cosa".

"Don Alonso, ¿somos patriotas?" “Hasta la médula, Sancho, hasta la médula. ¿Por qué lo preguntas?" "Es que como veo tanto trapo bicolor, siento un poco de envidia". "No tengas apuro Sancho, que, aunque es un símbolo que adorna mucho, hoy los gobernadores viven allende los Pirineos. Más apropiado sería, creo yo, no tanto vestirnos con aquestos colores, como encadenarnos con aquellas estrellas". "¿Para qué sirven los símbolos?" "En estos tiempos, para tener algo en qué pensar y mucho de qué distraer".  “Lo digo porque no sé cómo me han de caer los forasteros que acá viven”. “Ciertamente, no corren buenos tiempos para los forasteros…” “¿Pero,… son personas?” “No me líes, que ya te veo venir. Pues depende, Sancho, depende. Eso de ser persona o no serlo, y todo aquello que en siéndolo o no siéndolo puede sustanciarse es algo que nosotros damos o quitamos". "¿Y de qué depende?". "¿No lo ves? Del uso, Sancho, del uso que le demos al forastero, aunque siempre es útil. Unas veces para trabajar y cobrar poco, pongo por caso, y otras para explicarte por qué tú no trabajas ni tienes qué llevarte a la boca”. “No parece muy justo”. “¡Ah, Sancho, tienes un sentido muy primitivo de la justicia! ¡Tienes que adaptarte a los tiempos! Hoy hay que hablar de lo que conviene o no”. “No le capto”. “Mira, Sancho, el forastero piensa, habla, cree...incluso cree, que, como tú y como yo, tiene derecho a utilizar este camino, esa posada o aquel hospicio ". "¡Será iluso!" "No. Ahí te equivocas, infiel, lo que pasa es que muchos de ellos son infieles!". “¿Infieles? ¿Pero no se acabó ya la Reconquista?” “Parece que no. El caso es que no conviene que hablen, o, mejor aún, que tú hables con ellos”. “¿Por qué?” “Porque eres débil de mollera y podrían convencerte de que no son lo que parecen, o lo que conviene que creas tú qué parecen”. “Mmmm…ya. ¿Y a nuestra Santa Madre Iglesia, qué le parece todo esto?” “¿La Iglesia? Tiempos extraños son estos, mi buen amigo Sancho, yo diría que las iglesias y las mezquitas se llevan mejor que nunca. Está la Iglesia empeñada en otras cruzadas, en otros, cómo lo diría, mmm… nefandos menesteres”. “¿Nefandos menesteres?” “Sí, déjalo, no te conviene saber más, llevas demasiado tiempo subido a tu Rucio y no lo entenderías”.

“Don Alonso, tenemos que hacer una paradita, que requiero aliviar el vientre” “A eso se le llama sanear tus balances para sacar fuera los activos tóxicos”. “No, si yo sólo quiero cagar, que si no luego no me entra nada”. “¡Y eso, es el círculo vicioso de nuestra economía!” “¡Ja, mire vuesa merced qué grande es mi círculo vicioso!” “Sancho, eres un friki”.