Capital humano

El concepto mismo, “capital humano”, ya produce bastante inquietud. Admite de entrada que el ser humano ha de servir para algo, y que su valor dependerá de aquello que podamos obtener de él. El ser humano es una inversión, una más dentro del sistema, y su rentabilidad vendrá igualmente determinada por el binomio coste-beneficio. De modo que, desprovisto así de valor propio o intrínseco, el ser humano ha pasado a convertirse en un medio, en una pieza más del sistema y no precisamente la más importante. Ahora se parece más a la “herramienta animada” de la que hablaba Aristóteles refiriéndose a los esclavos, o a las “herramientas parlantes” de Varrón. Y el Sistema Educativo es quien, naturalmente, se encarga de fabricar estas herramientas. Durante un tiempo llegamos incluso a pensar que la Educación era un derecho, un medio para borrar las diferencias de clase y uno de los pilares de la democracia que debía garantizar la igualdad de oportunidades a todo el mundo. Pero no es así. Como en tantas otras cosas, la crisis debería abrirnos bien los ojos, porque la educación no forma parte de la Democracia sino del Capitalismo, y está al servicio de éste y no de aquélla.

Fig.1: La producción del Sistema Educativo

Que la educación está al servicio del mercado no debería sorprender a nadie. Todos admitimos que el Sistema Educativo debe proporcionar una formación adecuada para que las personas puedan integrarse en el mercado laboral con cierto grado de éxito en función de la formación recibida. Lo que no sabíamos, al menos no con tanta claridad como ahora, es que esa fue siempre su única función. Es difícil encontrar esto formulado de manera tan explícita y tan clara como en el Informe El valor económico del capital humano en España (Ivie-Bancaja, 2002): “Consideramos el sistema educativo como un sector económico cuya finalidad es combinar diferentes inputs para que los estudiantes adquieran capital humano (…). Los individuos adquieren capital humano para utilizarlos con fines productivos, y así aumentar el valor presente de sus rentas futuras” (fig.1). Desde este punto de vista, el sistema invierte y, por tanto, controla y diseña el Sistema Educativo ajustándolo a sus necesidades porque presupone una relación directa entre la formación de capital humano y su propio mantenimiento y desarrollo. De los muchos ejemplos que se podrían poner para ilustrar esto nos quedamos con dos: Uno, el Anteproyecto de Ley de Reforma Educativa, la Ley Wert que, en su versión de septiembre de 2012, arrancaba así: La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”. Este texto ha quedado bastante suavizado en la versión definitiva de mayo de 2013 y ha sido relegado a la segunda página. El segundo ejemplo lo encontramos en la nueva asignatura optativa diseñada para Bachillerato en Castilla-La Mancha, Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (DOCM, 26 de julio de 2012). Además de fomentar actitudes emprendedoras al alumnado, la nueva materia se propone como objetivos, entre otros, explicar y transmitir con rigor el papel del empresario, y su función decisiva en la creación de riqueza y generación de puestos de trabajo, dentro de un sistema de mercado, y fortalecer los vínculos entre el mundo de la empresa y el sistema educativo.

Fig.2: Camino a las competencias.
Los jóvenes y las competencias, UNESCO, 2012

Como una buena parte de la educación la financia el Estado, el Estado quiere resultados. Pero no resultados individuales que no le sirven para nada, del tipo, por ejemplo, haber aprendido griego como para leer la Ilíada en esa lengua aún escondida en la nuestra; o haber aprendido a degustar la pincelada de Caravaggio o a emocionarse con los acordes de Mozart; no, eso no vale, eso es puro entretenimiento. Quizá le valga al individuo pero no a la sociedad, y la sociedad quiere saber cuánto de lo invertido en nosotros puede recuperar. Es lo que llama “tasa de retorno”, lo que nos convierte en “capital humano” y nos hace útiles y utilizables, o, mejor, empleables. Eso es lo que quiere saber el sistema y quiere saberlo desde que somos pequeñitos, quiere saber exactamente qué somos capaces de hacer y qué no, y para ello ha elaborado una metafísica capitalista disfrazada de pedagogía que se llama “evaluación por competencias”. Además, ahora una prueba le dirá al Estado al final de cada etapa educativa si la inversión ha sido rentable o ha perdido el tiempo con nosotros, qué tipo de herramienta somos y en función de todo esto nos dará un papel que determinará cuál es nuestra posición dentro del sistema. El lenguaje de la pedagogía lo disfraza a su manera, pero el  informe antes citado del Ivie-Bancaja no se anda por las ramas: Bajo el concepto de capital humano se recogen aspectos relativos a los individuos, como la educación recibida, la experiencia laboral y la capacidad mental y física. La dificultad de cuantificar tales aspectos resulta evidente: habría que valorar no sólo el conjunto de los conocimientos adquiridos por cada individuo y su capacidad para aplicarlos, sino la capacidad para adquirir y aplicar en el futuro nuevos conocimientos. Todo ello debe ser computado, puesto que constituye el conjunto de recursos incorporados a los individuos, recursos que condicionan la capacidad productiva presente y futura de los seres humanos. Por si no estuviera suficientemente claro, el informe del Consejo Económico y Social, Sistema educativo y capital humano (2009), lo sentencia: Tales competencias, entendidas como el conjunto de capacidades, habilidades y actitudes, complementarias a las de carácter técnico, que contribuyen al mejor desempeño del puesto de trabajo, están adquiriendo una importancia creciente como factor de empleabilidad. La literatura especializada distingue ya tres tipos de competencias y nos señala el recorrido educativo necesario para adquirirlas: Básicas (necesarias para conseguir un trabajo que nos permita subsistir, o para continuar nuestra formación), transferibles (capacidad de resolver problemas,.. mostrar dotes de mando y evidenciar capacidades empresariales), y técnicas y profesionales (fig.2).

Así que, según la teoría del capital humano, cuanto mayor es el capital humano de un individuo, mayor es su empleabilidad, su participación en el mercado de trabajo, su movilidad funcional y geográfica y, por tanto, su productividad (El rendimiento del capital humano en España, Ivie-Bancaja, 2007). Pero aquí surge un problema: ¿cuál es el capital humano de un licenciado o un graduado en relación al de un bachiller o alguien que tenga sólo estudios primarios? Y, dado que el empresario cuando contrata a un trabajador lo que hace es comprar su capital humano a cambio de un salario, ¿a cuánto se paga el capital humano de un licenciado, o de alguien que sólo haya concluido la Secundaria? La solución, evidentemente, la tiene el mercado. El mercado decide qué parte del capital humano disponible será utilizado con fines productivos y fija su coste, de manera que, rizando el rizo, y suponiendo una relación directa y proporcional entre formación y salario, se asegura que el capital humano correspondiente a cada tipo de educación se reflejará en los salarios percibidos. Ni más ni menos. Eso sí, el mercado tiene muy claro que el capital humano de un universitario especializado en la filosofía moral del siglo XVI, o en ciertos tipos de análisis teóricos, no será el mismo que el de los especializados en materias más productivas. Por eso se critica con insistencia en este tipo de estudios los excesos permanentes de oferta en algunas titulaciones de humanidades, lo que indicaría una clara inadecuación de las universidades, a las necesidades del mercado. Según el estudio Universidad, universitarios y productividad en España (BBVA, 2012), un graduado en el área de ciencias tiene una probabilidad de ser activo 6,8 puntos porcentuales mayor que un graduado en Humanidades. La diferencia crece hasta 7,2 puntos en el caso de las Ciencias Jurídicas o Sociales, 5,5 puntos para las Ingenierías y otros estudios técnicos y 17,5 puntos para Ciencias de la Salud.  

Aquí es donde empezamos a intuir que la teoría del capital humano no funciona como debería. Incluso considerando a los institutos de Secundaria y a las Universidades como fábricas de mano de obra, de “capital humano”, en donde la cualificación, la utilidad y el precio final del producto dependen del escalón y el itinerario escogido por cada individuo, su cumplimiento exigiría la perfecta adecuación de la oferta con su demanda, es decir, que se fabrica la mano de obra que se necesita y para lo que se necesita, y ni uno más. Pero no es así. De las dos variables en juego, educación y mercado, como es la educación quien está al servicio del mercado y no al revés, se responsabiliza del desajuste a la educación, y es por ello objeto de interminables reformas, considerándolo siempre un modelo fracasado. Pero si examinamos las dos variables para el caso español, resulta difícil acusar a la educación y no a la economía del fracaso.

Fig.3: Evolución de la formación de la
población adulta en España 1997-2007

En 1964 sólo el 10% de la población en edad de trabajar (más de 16 años) tenía estudios medios o superiores. En el año 2000 este último grupo ya supone el 55% de la población. En el año 2007 el 29% de la población adulta (entre 25 y 64 años) tenía estudios universitarios. El 22% tenía estudios de bachillerato o de grado medio y el restante 49% estudios de Primaria o Secundaria (fig.3). A pesar de esto, las tasas de acceso a la Universidad (porcentaje de alumnos del total de cada año en edad de comenzar estudios universitarios) han ido bajando desde el año 2002, debido fundamentalmente a la fase expansiva de la economía en España basada en la construcción, lo que hacía más atractivo a los jóvenes el acceso temprano al mercado laboral. Desde 2008 y a causa de la crisis, las tasas de acceso han vuelto a subir, incluso por encima de los valores previos a la crisis, del orden del 52% (Panorama de la educación en España, OCDE, 2012).

Fig.4: Coste anual por trabajador
según el nivel de Formación

España es además el país donde menos diferencias salariales hay entre los distintos niveles educativos (fig.4) La diferencia entre un graduado universitario y una persona que tenga sólo estudios secundarios es del 47%, cuando en otros países es mucho más amplia, así, en Estados Unidos es del 110% y en Reino Unido del 89%. Un par de datos más. España es también el país con un mayor porcentaje de contratación temporal, más del 30%, el doble que la media de la UE-27, y este tipo de contrato afecta al 55% de los jóvenes entre 16 y 30 años. De manera que es también España el país con el mayor índice de sobrecualificación de Europa (fig.5). El nivel de la población empleada ocupando empleos por debajo de su formación en 2007 estaba en el 25%. La crisis elevó la cifra hasta el 40% en 2010.

Fig.5: Nivel de sobrecualificación en la OCDE

¿Fracaso del Sistema Educativo o de la economía? ¿Sobrecualificación o subempleo? Tenemos que pensar de otra manera. Hay que abandonar la teoría del capital humano para dar una explicación al caso español, pues nuestra economía, basada tradicionalmente en el sector servicios, especialmente en las actividades relacionadas con el turismo al que la etapa del ladrillo no es ajena, nunca demandó mano de obra cualificada, al menos no en las cantidades en las que ésta salía de las facultades. La existencia permanente de este fenómeno de la sobrecualificación, si seguimos utilizando el lenguaje que más interesa al sistema, prueba que la realidad está más cerca del credencialismo que del capital humano, en todas partes, pero con más claridad en España. Según esta teoría, la educación no aumenta la productividad de los individuos, sólo proporciona una señal a los empresarios sobre las posibilidades de su productividad. A falta de indicios externos que el empresario pudiera evaluar por sí mismo acerca de las posibilidades de un trabajador, acepta el título educativo como un indicio objetivo que le proporciona el sistema para distinguir a unos trabajadores de otros. De hecho, el empresario confía más en la experiencia que en la formación recibida por su empleado, por eso el primer empleo que el mercado le ofrece no tiene nada que ver con su formación, con lo que el fenómeno de la sobrecualificación se dará siempre, disminuirá en épocas de expansión económica y aumentará en épocas de crisis, pero nunca desaparecerá. Sólo con el tiempo, y previa evaluación directa del empresario, el trabajador podrá ir promocionando y alcanzando puestos y retribuciones salariales cercanas a su formación, que, a su vez, se ajustarán a la oferta de mano de obra de los individuos que compitan en el mercado laboral con sus mismas credenciales. El Sistema Educativo no es más que un mecanismo “objetivo y abierto” de selección de personal laboral puesto al servicio del mercado.

Dicho así, parece demasiado radical, pero de nuevo hay que fijarse en las políticas educativas y económicas puestas en marcha por el gobierno para comprobar de qué manera todo cobra sentido, y cómo se está llevando el proceso de ajuste entre la educación y las demandas reales del mercado laboral. Para empezar, nuestra economía sigue apostando por el turismo y el ladrillo, según se deduce de la Ley de Costas aprobada en 2012 mientras que el presupuesto en Investigación y Desarrollo sigue recortándose. Por eso al mercado la educación le ha parecido siempre un sistema demasiado caro, pues los beneficios sociales que espera obtener de la inversión realizada por cada individuo son menores a sus costes. Y de ahí la resistencia a aumentar los recursos en educación y la insistencia en negar una relación directa y sistemática entre recursos económicos y calidad de la educación. Y pretende convencernos que tanto o más importante que los recursos son la motivación y el esfuerzo de los profesores y los alumnos. Valor obrero donde los haya, y del engaño propio de la meritocracia, esta “cultura del esfuerzo”. Y por ahí van las políticas del ministro Wert, en disminuir los recursos destinados a la educación y exigir más esfuerzo a los que menos tienen. Se pretende con ello mantener un hipotético derecho a la educación pero impidiéndolo en la práctica a las clases más desfavorecidas, poniendo barreras económicas difíciles de superar en época de crisis. La primera barrera se encuentra ya en el examen de acceso a la Universidad, cuyo coste puede superar los 200 euros en algunas Comunidades. En la Rioja, donde cuesta 243 euros, el número de estudiantes que se presentó a las pruebas de este año ha bajado un 3,5%. Se han endurecido los requisitos para acceder y mantener las becas, y las tasas universitarias han subido considerablemente. En Madrid, Castilla y León, Canarias, Valencia, Castilla-La Mancha y Cataluña han subido entre un 20% y un 60%. La Jaume I de Valencia, en donde las tasas han subido un 33%, el número de matrículas ha bajado un 8,6%. En Madrid, la Comunidad más cara para estudiar, en las carreras de humanidades (las que “sobran”) la subida ha sido del 92%, mientras que para las de ciencias la subida es del 50%. Aunque las Universidades admiten los pagos fraccionados, los rectores calculaban que entre 20.000 y 30.000 estudiantes en toda España podían ser expulsados de la universidad…Pero el señor Ministro de Educación dijo en septiembre, y sin pestañear, que sólo eran 10.000 los estudiantes que podían quedar fuera del Sistema Educativo por no poder pagar las tasas ni tener derecho a una beca.

Otra vez, la crisis es la oportunidad perfecta para poner a cada uno en su sitio, pues lo que se pretende es devolver a las clases populares al lugar que ocupaban en el capitalismo del siglo XIX, y del que, al parecer, nunca debieron salir. 

El Estado de las Autonomías (II): Esfuerzo público y desarrollo regional.

Esta crisis se está llevando por delante muchas cosas, demasiadas. Muchas de ellas las creíamos tan firmemente asentadas, tan consolidadas, que era difícil creer que el deterioro alcanzase a los fundamentos mismos de nuestra democracia: El Estado del Bienestar y las instituciones encargadas de garantizarlo. Pero hoy, al amparo de la crisis, se ha instalado en una buena parte de la ciudadanía la crítica al Estado de las Autonomías diciendo que es inviable, que nos sale demasiado caro, que aquello del “café para todos” fue un error y que sería mejor deshacer semejante mosaico de miniestados para crear uno solo que, sin duda, nos saldría más barato. A menudo quienes así piensan lo hacen con más pasión que información, como quien busca un culpable al que pueda atribuir esos excesos que nos dicen hemos cometido “viviendo por encima de nuestras posibilidades”. Sin duda el Estado de las Autonomías es mejorable y la crisis puede servir para emprender esas reformas (eliminar duplicidades administrativas, mejorar la financiación…), pero de ninguna manera las Autonomías han provocado la crisis. Sería tanto como admitir que el federalismo lleva implícito en sus principios el fracaso económico y que, por tanto, Alemania, Suiza, Australia o Canadá, deberían estar también en crisis, y que los estados centralizados como Italia o Francia no deberían estarlo. Debemos aprender por tanto a distinguir entre los principios que rigen las instituciones y las personas encargadas de su gestión y su administración. Dicho de otra manera, el derroche, los gastos innecesarios, la corrupción…afecta a las personas y no es exclusivo de un solo tipo de administración.

De modo que el debate sobre la viabilidad o no del Estado Autonómico hay que sacarlo del contexto actual de crisis y devolverlo al que realmente le pertenece, y que podría resumirse en la siguiente pregunta: ¿El Estado federal, o autonómico, propicia un desarrollo económico y social mayor que el que podría proporcionar un modelo de Estado centralizado? La discusión es interminable y no proporciona respuestas concluyentes, de hecho, ejemplos hay de estados avanzados y desarrollados en cualquiera de los dos modelos, por lo que no parece ser un factor determinante. Pero la teoría del federalismo fiscal sí confiere más eficacia a la regionalización de la función asignativa del Estado. Mientras que las funciones de estabilización (normas regulatorias del mercado, del mercado laboral, etc.) y la redistributiva (a través de los impuestos) se reservan al gobierno central porque afectan al conjunto del país, la asignación de servicios directamente a los ciudadanos se cede a los gobiernos regionales porque éstos pueden ajustar mejor los servicios a las necesidades y las demandas de sus beneficiarios.

Fig.1: Regiones de Objetivo 1

Es muy difícil evaluar en qué medida este modelo de organización territorial ha sido mejor, o no, para España. Sin duda, y hasta la irrupción de la crisis, España ha avanzado mucho económica y socialmente desde 1979, y a ello ha contribuido el contexto económico internacional. Conviene recordarlo para subrayar lo difícil que es aislar el Estado de las Autonomías y su relación con el desarrollo económico nacional, pues si tenemos que reconocer las ventajas de este contexto, no nos haríamos justicia si no reconociéramos también sus inconvenientes. Así, el Estado de las Autonomías no terminó de construirse hasta 1983, con la aprobación de las autonomías para Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León, pero sólo tres años más tarde, en 1986, España ingresó en la Unión Europea, de manera que las funciones antes mencionadas de estabilización y redistribución fueron en gran parte cedidas a las instituciones europeas, una delegación de la soberanía económica que se ha acentuado en estos últimos años. En cualquier caso, España empezó a recibir ayudas desde su ingreso en la Unión de los Fondos Estructurales (FEDER, FEOGA, FSE, IFOP): 540 millones de euros de media anual entre 1986 y 1988; 2.400 millones de media en el periodo 1989-1993. A partir de 1993 se ponen en marcha los recortes en el gasto público para cumplir con los criterios de Convergencia acordados en Maastricht, pero para compensar aumentaron las cuantías de los Fondos Estructurales, a los que había que sumar los Fondos de Cohesión, de manera que entre 1994 y 1999 España recibió 5.900 millones de euros de media anual, cifra que subió hasta los 8.900 millones en el periodo 2000-2006. En total, entre 1986 y 2006 España puede haber recibido unos 118.000 millones de euros de los fondos europeos (Dirección General de Fondos Comunitarios, Ministerio de Economía y Hacienda). Y esta ayuda, no hay que olvidarlo, es siempre ayuda regionalizada, enmarcada en la política europea de corrección de las desigualdades territoriales como condición necesaria para el buen funcionamiento del mercado único y la unión monetaria. España tenía pues el soporte administrativo idóneo para recibir y administrar estas ayudas. Desde el año 2000 los Fondos Estructurales atienden al cumplimiento de distintos objetivos. El objetivo 1, conocido como objetivo de convergencia, está destinado a favorecer el desarrollo de aquellas regiones cuyo PIB per Cápita sea inferior al 75% de la media europea, y supone casi el 70% de la totalidad de los fondos estructurales. Al principio del periodo once Comunidades entraban en este objetivo: Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Asturias, Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana y Canarias (fig. 1). En 2009 sólo 4 Comunidades seguían recibiendo ayudas por este motivo: Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha.

Pero el año 2000 fue también el año en el que se adoptó el euro como moneda única. Como todas las monedas tienen dos caras, el euro no iba a ser menos. La ventaja más evidente para la economía española fue la reducción de los intereses que se pagaban por la deuda pública en los mercados financieros. Así el interés medio de las letras pasó del 12,8% en 1992 al 3,16% en 2006; el de los bonos bajó del 13 al 3,15%, y el de las obligaciones bajó del 11,4 al 5% en ese mismo año. Pero el euro ha supuesto también la pérdida para España de la autonomía monetaria y de los mecanismos tradicionales de ajuste en caso de crisis, como la posibilidad de devaluación, o de decidir sobre el tipo de interés. Desde 2011, Bruselas además ejerce un estricto control sobre los presupuestos nacionales exigiendo reducir el déficit público, y esa exigencia es trasladada desde el gobierno central a las Autonomías, dado que la Administración Central sólo gestiona el 22% del gasto público total, el resto corresponde a las Autonomías (36,2%), la Seguridad Social (29%), y los ayuntamientos (12,8%), según datos de 2008. Pero, como ya se demostró en otro lugar[1], el crecimiento del déficit público y de la deuda no han sido la causa de la crisis, sino su consecuencia, agravada por el hecho de que España, como el resto de países de la eurozona, se ha endeudado en una moneda que no controla. Países federales con autonomía monetaria y presupuestaria están sorteando la crisis con bastante más éxito que en Europa. El Estado de Nevada sufrió una crisis similar a la europea provocada también por una burbuja inmobiliaria que estalló con la caída de Lehman Brothers, pero los gastos sociales han sido asumidos por el gobierno americano.

Fig.2: Gasto público en relación al PIB, UE-15, 2006

Este es el contexto del que tenemos que hacer abstracción para aislar y evaluar el éxito o el fracaso de nuestro Estado de las Autonomías. Y quizá la pregunta que hay que hacerse no es si España hubiera crecido como lo ha hecho con o sin Autonomías, sino si ciertas regiones, ciertas Autonomías, hubieran crecido como lo han hecho si no hubieran tenido capacidad para decidir en qué partidas, actividades o servicios debían invertir. Las ayudas europeas estaban vinculadas a la realización de proyectos concretos y suponían un 30% de media del gasto público total en las Comunidades del objetivo 1, de manera que para el restante 70% sí disponían de plena autonomía de gestión (Comisión Europea. Dirección General de Política Regional, 2005). Este camino nos conduce a otra polémica no exenta de sesgo ideológico, y quizá más real y más acertada que aquella que pretendía establecer un vínculo entre modelo de organización territorial y desarrollo económico; este, por el contrario, lo hace entre desarrollo y gasto público. El premio nobel de economía Joseph Stiglitz no tiene ninguna duda: “La viabilidad del conjunto de nuestra economía depende enormemente de un sector público que funcione adecuadamente (…) el gobierno aporta la infraestructura intangible y tangible que permite que funcionen una sociedad y una economía. Si el gobierno no aportara las carreteras, los puertos, la educación o la investigación básica las empresas corrientes no podrían prosperar”. El gasto en infraestructuras de comunicación y transporte ejerce un efecto multiplicador, pues mejora la productividad y aumenta el valor de la región donde se hace la inversión así como en las regiones colindantes. Invertir en educación es invertir en capital humano; a medio y largo plazo aumenta la oferta de mano de obra cualificada, y puede también estimular la economía por el lado de la demanda, pues sus hábitos de consumo están ajustados a los propios de una economía terciarizada (ocio, turismo, cultura, tecnología…); la inversión en I+D+i puede mejorar la competitividad de las economías y de las empresas, estimula la competencia, y sus hallazgos pueden ser fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas. Por otro lado, un Estado del Bienestar fuerte (sanidad, desempleo, jubilación…) es el mejor y más eficaz mecanismo de seguridad colectiva a medio y largo plazo que tiene consecuencias indudables en la demanda de bienes y servicios a corto plazo. Pues la sociedad así protegida aumenta su consumo en vez de ahorrar para protegerse. Como afirma Stiglitz, para aumentar el consumo y con ello la actividad económica hay que poner dinero en los bolsillos de la gente que no tiene más remedio que gastarlo. Además, no hay que olvidar las transferencias de capital que el sector público realiza al sector privado, ya sean directas, a través de subvenciones y ayudas de todo tipo; como indirectas, aquellas que se encuentran en el sistema tributario y que benefician a empresas y particulares mediante las desgravaciones y las deducciones en los impuestos.

Los datos respaldan el vínculo entre gasto público y desarrollo económico. En las últimas décadas todos los países de la OCDE han ido aumentando su gasto público hasta situarlo en valores por encima del 50% del PIB. Durante los años 60 y principios de los 70 el gasto público en España estaba en valores cercanos al 25%. Pero a partir de 1977 se inicia un progresivo aumento hasta situarse en el 45% en 1991 (Banco de España, 1992). A partir de ese año el gasto público desciende por exigencias de Maastricht, y durante toda la década, y hasta 2007 se había mantenido en valores cercanos al 38%, casi 10 puntos menos que la media de la UE-15, (fig.2). Estábamos en el penúltimo lugar de la tabla, sólo superados por Irlanda. Ha sido la crisis, especialmente los rescates a la Banca, los que han vuelto a elevar el gasto público. En 2010 Irlanda encabezaba ya la tabla con un 67% de gasto público sobre el PIB, y España volvió a alcanzar el 45%, aún así, 5 puntos menos que la media UE-27 (Eurostat, 2011).

Si se analiza el gasto público por partidas y por niveles de gobierno, el Estado de las Autonomías está en bastante consonancia con el gasto de otros estados descentralizados. Para que la comparación y la lectura de los datos tengan algún sentido, hay que tener en cuenta que la Sanidad terminó de transferirse a las Comunidades en España en diciembre de 2001, y que el grueso del gasto en protección social, desempleo y jubilaciones especialmente, forman parte de la función redistributiva que retiene el Gobierno Central. En 2002, el gasto en bienes públicos de carácter social (Sanidad, Educación, Protección Social, Vivienda, Cultura) suponía algo más del 66% de media del gasto total de las Comunidades Autónomas. La producción de bienes de carácter económico (Comunicaciones, Infraestructuras básicas y transporte, Investigación, Regulación económica general y por sectores productivos, etc.), llegaba hasta el 21%. En ese mismo año de 2002, el gasto de la administración regional en Sanidad, Educación, Protección Social y Vivienda, alcanzaba el 56,8% en Alemania, el 66,4% en Australia, el 75,2% en Canadá y el 70,4% en Suiza. El gasto en bienes de carácter económico estaba también cercano al español, desde un 29,4% en Alemania, el 19,3% en Canadá, o el 15,5% de Suiza (Giménez Montero, Federalismo Fiscal. Teoría y Práctica, 2002).

Fig.3; Crecimiento de las CC.AA 1975-2000

Ahora, si nos centramos en el caso de España, y ponemos el foco en el carácter regional del desarrollo económico, se aprecia un crecimiento continuo desde 1975 en todas las Comunidades Autónomas a pesar de las diferencias iniciales, pues España tenía y tiene aún fuertes desequilibrios regionales. Las Comunidades más pobres en 1975, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía, siguen siendo aún las más pobres, pero la descentralización les ha permitido invertir en sus propias regiones y acortar las distancias con España y con Europa. Así, hasta el año 2000 había 6 comunidades que crecían por encima del 3% al año y otras 9 lo hacían a razón de una tasa interanual entre el 2,5 y el 3%. Andalucía, Extremadura y Castilla La-Mancha crecían a un ritmo mayor del que lo hacían Madrid, Cataluña y el País Vasco (fig.3, Instituto de Estudios Económicos, 2003). Uno de los efectos más claros de este desarrollo ha sido la terciarización de sus economías, con una pérdida importante del peso del sector agrario sobre el total de la estructura productiva a favor del sector servicios. En 1977 la importancia de la agricultura en las regiones más ricas era ya bastante ridícula. En Cataluña y el País Vasco suponía alrededor del 4%, y en Madrid era tan solo del 0,7%. Pues bien, en Andalucía la importancia de la agricultura era del 16%, en Extremadura del 20%, y en Castilla-La Mancha del 22,4%. En 2002, 25 años más tarde, todas las Comunidades han reducido considerablemente la importancia relativa del sector primario en sus economías hasta valores cercanos al 10%. Sólo La Rioja y Extremadura mantenían aún valores superiores.

Fig.4: Gasto público/PIB de las CC.AA 2000-2009

El esfuerzo que han realizado por tanto las Comunidades más pobres ha sido bastante considerable, y es un esfuerzo que se pude cuantificar fácilmente examinando el gasto público de cada Comunidad en relación a su PIB, muy por encima de las Comunidades ricas, que, más por opciones ideológicas que por ventajas económicas reales, han decidido aumentar la oferta privada de bienes y servicios en detrimento del sector público. Puesto que, como decíamos, las transferencias de Educación se completaron en el año 2000, y las Sanidad en el 2002, es a partir de entonces cuando debemos establecer las comparaciones. Así, el gasto público en relación al PIB en Extremadura se ha mantenido en torno al 27-28% entre los años 2003 y 2007, Castilla-La Mancha en el 22%, Andalucía en el 19-20% y Galicia en el 19%. En el otro extremo, Madrid inició la década con sólo un 5,8% de gasto público, aunque luego se ha situado en torno al 9%, Cataluña y País Vasco se han movido entre el 11 y el 13% del gasto público en relación a su PIB (fig.4). Parecidas conclusiones obtenemos si atendemos al gasto público por habitante, aunque aquí hay que tener en cuenta el factor demográfico, que hace que Comunidades prósperas y pequeñas, como el País Vasco, obtenga resultados muy altos; y otras, más grandes y menos prósperas, obtenga peores resultados. Aún así, Madrid, con algo más de 6 millones de habitantes (a 1 de enero de 2008) invierte menos en sus habitantes que Andalucía, con más de 8 millones de habitantes. (Informe Económico Financiero de las Administraciones Territoriales, 2009).

Fig,5: Inversión pública en Educación/PIB
en las CC.AA, 2009

El examen del gasto público en Sanidad y Educación en relación al PIB regional arroja prácticamente los mismos resultados. A la cabeza de inversión en Sanidad se encuentra Extremadura, que pasó de un 8,0 en 2005 a un 9,8 en 2009, Galicia ocupa el puesto número 6 (de 6,3 a 7,3%), le sigue Andalucía (de 6,0 a 7,2%), y luego Castilla-La Mancha (de 6,8 a 7,2%). Navarra, País Vasco y Cataluña ocupan los puestos 14, 15 y 16 respectivamente (de 4,5 a 5,5%). Y Madrid ocupa el último lugar de la tabla, pasó de invertir en Sanidad un 3,5% en 2005 hasta el 4,2% en 2009 (Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, 2010). Con la Educación ocurre lo mismo, las Estadísticas del Gasto Público en Educación que publica el MEC, ponen igualmente de manifiesto el esfuerzo realizado por las Comunidades con menor nivel de renta desde el año 2000 y hasta mediados de la década. Así, Extremadura (4,8%), Castilla-La Mancha (4,2%), en contraste con el que realizan Cataluña (2,3%) y Madrid (1,9%). Si nos quedamos con la radiografía que proporcionan los datos de 2009 (fig.5), vemos que la inversión en educación ha seguido aumentando, y que en las Comunidades de menor renta el esfuerzo presupuestario supera ya el 5%. Las más ricas siguen haciendo menos esfuerzos, y Madrid sigue estando a la cola en inversión en Educación, con sólo un 2,7% de su PIB.

Fig.6: Alumnado matriculado por titularidad de los centros

Detrás de los datos están evidentemente las distintas opciones ideológicas. Y los datos sólo muestran los resultados de haber escogido una u otra opción, de haber decidido, con el consentimiento y la aprobación del electorado de cada región, que determinados servicios de interés público sean impulsados y gestionados por el sector público o por el sector privado, incluso, financiando en parte este último con dinero público. Las Comunidades más ricas, las que menos invierten en Educación, son también las que dedican una parte proporcional más abultada de su gasto total en educación a financiar la enseñanza privada concertada no universitaria. El País Vasco dedicaba en 2008 el 30,4% de su presupuesto educativo a este fin. Le siguen Madrid (23,8%), Navarra (22%), Baleares (21,3%) y Cataluña (20,9%). De tal manera que, en el curso 2008-2009, casi la mitad del alumnado estaba matriculado en la enseñanza privada o concertada en el País Vasco y en Madrid, y aproximadamente un 40% en Cataluña (fig.6). Otro tanto pasa en Sanidad. Cataluña es, con diferencia, la Comunidad que más porcentaje de su gasto total sanitario dedica a los conciertos con la sanidad privada: un 29,6% en 2008, aunque ha bajado hasta situarse en el 23,9% en 2010. El resto de Comunidades se sitúan entre el 9% de Canarias, y el 3,8% de Extremadura, Aragón y Cantabria. (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2011). En Madrid, según datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en 2007 destinaba un 9,6% de su presupuesto sanitario a la Sanidad privada, cifra que aumentó hasta el 16,1%  en 2010. En la atención hospitalaria es donde mejor se aprecia la apuesta de estas comunidades por la sanidad privada. En 2012 en Cataluña había 152 hospitales privados por 65 públicos; en Madrid, 48 privados por 37 públicos y en el País Vasco, 26 privados por 18 públicos. A pesar de esto, salvo en Cataluña, la oferta de camas públicas sigue siendo superior.

Fig.7: Producto Interior Bruto por habitante, 2009

Pero, como decíamos más arriba, a pesar de todos los esfuerzos, las Comunidades Autónomas que eran pobres en 1977 lo siguen siendo en 2013. Y aunque se han acortado las distancias con el resto de Comunidades, las diferencias de renta y de nivel de vida entre unas regiones y otras aún se mantienen. En 1977 el PIB por habitante de Extremadura no llegaba al 60% de la renta media para todo el país. Andalucía llegaba al 74%, Galicia al 77% y Castilla-La Mancha al 80%. Desde entonces, España ha crecido y todas las Comunidades Autónomas lo han hecho con ella, manteniendo en este desarrollo las diferencias existentes entre unas y otras (fig.7). Es verdad que el Estado de las Autonomías no se construyó pensando en la más o menos eficacia económica del federalismo, sino en la necesidad de encajar una realidad geográfica e identitaria bastante compleja y que se venía arrastrando de tiempo atrás. Pero también es verdad que ha acercado la democracia a los ciudadanos y éstos han podido decidir el modelo y el alcance del Estado de Bienestar que querían para sus respectivas regiones, aunque sea aún imperfecto y esté sin terminar.

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[1] http://utopiadejuancarmona.blogspot.com.es/2012/10/ojo-al-dato.html

En un lugar de la Mancha

Voy a decirlo rápidamente, antes de que me cobren los laxantes: A este gobierno los Servicios Públicos le importan una mierda. ¡Qué alivio!

Hace poco el señor Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, daba unos datos que, a su juicio, justificaban la reducción de personal en el Sector Público. En los últimos diez años la administración del Estado había reducido su personal en 163.880 personas mientras que en el mismo periodo el personal de las administraciones autonómicas había aumentado en 409.569 personas. Con estos datos decía que “en algo” nos “habíamos equivocado”, que era “hora de rectificar”, y que había que “redimensionar” la Administración. De manera que se está “racionalizando su personal sin merma en la eficacia de los servicios públicos esenciales”. En este punto me dan ganas de exclamar, como Don Quijote a su querido y panzudo compañero por su costumbre de hablar encadenando refranes: “¡Cuántas de necedades vas, Sancho, ensartando!”.

Este señor sabe que gracias a las transferencias a las Autonomías muchas de ellas habían superado atrasos históricos invirtiendo mucho dinero en Sanidad, en Educación y en otros Servicios Sociales, lo que explica una buena parte del aumento de su personal. Comunidades, como Castilla-La Mancha, que ahora retrocederá unas cuantas décadas, sacrificada en el altar del dios Euro para bajar el déficit. Para cumplir con el objetivo del 1,5% de déficit, el señor Beteta ha insistido en que deben aplicarse “las reformas estructurales” aprobadas, precisamente, en Sanidad y en Educación. Y se siguen empleando términos como “productividad”, “optimización de recursos”, “eficiencia”…términos con los que se pretende dos cosas: Ocultar que en realidad se están recortando los servicios públicos básicos, y justificar dichos recortes utilizando los mismos términos y criterios de “rentabilidad económica” que se utilizan en la empresa privada. “¿Por qué no van a poder ser los Servicios Públicos tan eficaces, eficientes y productivos como las empresas privadas? ¿Por qué no vamos a poder optimizar los recursos para que nos salgan rentables?"

Es una monstruosidad. Y viene disfrazada de molino, de oveja, de odre… y se llama: Plan de Garantía de Servicios Sociales Básicos. El viento que viene por la derecha quiere disimular el mal olor, pero es difícil ocultar la realidad por muchos eufemismos y “aspa-vientos” verbales que se esgriman. Para la derecha la rentabilidad sólo se mide en dinero, volviendo a confundir y a menospreciar la esencia misma del “servicio público”, cuya rentabilidad debe medirse en “éxito o fracaso social”: A cuánta gente llega, qué problemas resuelve, qué necesidades cubre. ¿De qué manera puede un médico ser productivo? ¿Cómo se mide la productividad de un profesor de Infantil o de Medias? Difícil de contestar si me preocupan las personas destinatarias del servicio. Muy fácil si no me preocupan en absoluto.

¿Que “los recortes no afectan a la calidad del servicio”? ¡Eso sí que es una ilusión! Veamos: Servicios Sociales: Se recorta el complemento anual de 750 euros a las pensiones más bajas y se sustituye por uno de 120. Esto al mismo tiempo que nos suben todos los impuestos, se dejan de financiar Centros de Día y residencias municipales, y desaparece la gratuidad del transporte interurbano para mayores de 65 años.

Sanidad. Con la Educación, sufrirá la mitad de todos los recortes de Castilla-La Mancha. El gasto de los hospitales se recorta un 30%. Se reducen plantas y camas. En el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca han desaparecido 32 camas y los pacientes de radioterapia se desvían a Albacete. Las pruebas del talón a los neonatos van a buscar ahora 3 enfermedades cuando antes buscaban 15. El “ahorro” es de 30 euros por prueba. Sí, hemos oído bien. Si resulta que el bebé desarrolla una patología distinta a las 3 establecidas, mala suerte. Pero hemos ahorrado 30 euros. El efecto de los recortes se nota ya en las listas de espera. En el Hospital Universitario de Ciudad Real se han duplicado, y las citas para ecografías no se dan para antes de un año. No podía faltar la privatización, es decir, la transformación de un servicio en negocio con la excusa de la “eficiencia”. Los hospitales de Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso se van a entregar al sector privado.

Educación. La otra víctima. También se reduce el gasto de los Centros un 30%. Se elimina el transporte gratuito para las enseñanzas no obligatorias. Se eliminan programas de convivencia e interculturalidad. Se eliminan Centros de Formación de Profesores, se eliminan horas que cargos directivos y Jefes de Departamento tenían para reuniones de coordinación. Se amplían las horas de docencia directa con alumnos a 21 horas, se amplían las ratios por aula; 35 en ESO y 40 en Bachillerato. Se amplía también el número máximo en programas de atención “personalizada” para alumnos con problemas de aprendizaje, como es la diversificación curricular, hasta los 20 alumnos. En conjunto, todas estas medidas pueden hacer desaparecer de cada Centro entre 7 y 10 profesores…

¡Basta!  Otra vez podríamos exclamar como Don Alonso Quijano, agotados e incapaces de entender tanto despropósito: “¡En cuántas de necesidades estás, Cospe, recortando!”.

El rescate de Inocencio Malatesta

Con ese nombre parece inmigrante, pero no, es de aquí, un españolito de pro, muy amante de su tierra, patriota, que se dice. El hombre no tiene muchas luces, sólo pudo hacer el KGB ese de antes de la reforma educativa, así que sólo le da para ser lo que llaman “chico vespa”; “ves pa yá, ves pa cá”, y así que me le tienen todo el día en la obra donde trabaja. Con su sueldo de mierda sólo le da para un alquiler en el centro cochambroso de la ciudad, donde vive con su mujer, la Cándida. Tienen cuatro hijos. A él le parecen demasiados, pero bueno, con las subvenciones para libros, y para el comedor del colegio van tirando.

Un día le llamaron por teléfono los del banco. ¡Qué majos! Casi ni le dejaron hablar. “Que sí hombre, usted no se preocupe por nada, ¡será por dinero! ¡Vaya! Que le dieron un préstamo para comprar el piso, y además otro para el coche, aunque él, como es un “vespa” prefiere una furgoneta, es más útil. Y le dieron también para una de esas teles modernas, que lo van a flipar los chicos cuando la vean. Y así les fue, ¡como para no sentirse orgullosos de los colores patrios!, ¡vamos hombre! Hasta que un día. Hasta que un día oyó en el telediario que un “tsunami financiero” había llegado a Europa desde los Estardos Unidos. No le dio mucha importancia a la cosa hasta que le echaron del trabajo. “El tsunami, Inocencio, la crisis, vamos, la burbuja, cá pinchao”.  ¿Y ahora qué? Los números, las letras… nada, no hay nada que hacer, le han dicho en el banco. “Si no pagas, te quedas en la calle”, “Pero... ¡si en la calle ya estoy!” “Ya, no, en la puta calle, digo”.  Y así fue. En la calle toda la familia cuando le embargaron el piso, aunque tenía que seguir pagando las letras al banco. “Pero ¿por qué? Si el piso lo tenéis ya vozotros? “Ah, amigo, la ley es la ley”. Menos mal que hay gente buena en el mundo, y la familia se ha repartido entre los vecinos del bloque. Inocencio, Cándida, y el pequeñín están con Doña Angustias, una solterona, que ahora tiene a su padre en casa, devuelto, porque el asilo "ha echao el cierre".

En el telediario ha oído que la culpa de todo la tienen los maestros, que no quieren trabajar dos horas más. Y los funcionarios todos, que hay demasiados. Y el gobierno ha empezado a arreglarlo todo, que ya era hora. Y en esto, la Cándida se volvió un día con el pequeño tó rojo del médico porque han cerrado las pediatrías de la tarde, que no hay personal, dicen. A los niños les han retirado las subvenciones. Ya no le dan nada, ni para libros, ni para el comedor. De momento han dejado de ir al cole por la tarde porque no pueden pagar el menú, y “de los libros ya hablaremos hijo, que si no se puede no se puede. Tú mírame a mí, anarfabeto totá; y qué, ¿pasa argo?” Y el niño mira y no contesta. Tendrá que salir a la calle a pedir, ¡qué remedio! A la puerta de la iglesia. “No”, le ha dicho Angustias, “que allí no dan, mejor a la beneficiencia”. Allá que fue, pero, madre mía, cuánta cola. Pero ¿qué está pasando? Sin embargo en el telediario no hacen más que decir que “se está haciendo lo correcto”, “que las reformas están dando resultado”. Hasta en Europa dicen que “España está haciendo las cosas bien, que las reformas son necesarias”. Inocencio no entiende entonces a qué tanta protesta en la calle, tanto jaleo un día sí y otro también. Y oye hablar de un rescate. Que sí, que no, y a él se le encienden los ojillos, “¡por fin, van a venir a rescatarnos! Y reza a la Virgen del Rocío para que el rescate no llegue demasiado tarde, que la Cándida dice que no puede más. Y de pronto solo ve banderas españolas en los balcones y piensa en el rescate. La gente está contenta, por fin va a venir Europa a rescatarnos. Acelera el paso hasta la taberna a ver si un alma caritativa le invita a una cerveza sin alcohol, digo yo, que si le han sacado el alcohol será más barata. Y en la tele sale el del Guindo ese diciendo que “han pedido ayuda a Europa”. ¡Tóma ya!, sale Inocencio corriendo a decírselo a la Cándida. Ni espera el ascensor, sube corriendo las escaleras hasta el piso de doña Angustias y le grita, “¡enciende la tele, que está el del Guindo, Cándida, que ya vienen!” El del Guindo sigue ahí, pero la Cándida ya no se fía. “¿Pero qué ha dicho el presidente Rajoy? ¿Lo ha dicho él?” “No lo sé, yo no lo he visto. Estará en otro canal”. Y cambian de canal buscando la confirmación del señor presidente del gobierno español, pero no aparece por ningún lado. “Bueno, qué más da. Este del Guindo nos vale”. El ministro sigue hablando de la ayuda, “¿cuánto dinero ha dicho? Madre mía, son cifras….¡gastronómicas!, ¡Cándida, estamos salvados! Recuperaremos el piso, los niños podrán ir al cole con tantos libros que se les va a romper la espalda, ya verás”. Pero doña Angustias mueve la cabeza a uno y otro lado con cara de….eso. “El dinero es para los bancos”, suelta la tía. “¿Cómo para los bancos? No seas tonta Angustias. ¡Es Europa! Será para la gente, ¡mira cuántas banderas en los balcones!”. “Para los bancos”, repite la angustiosa. Inocencio Malatesta no lo entiende. “¿Dinero para los bancos? ¿A esos que se han quedado con la casa? ¿A esos a los que sigo yo debiendo lo que no tengo? ¿Y la gente? ¿Entonces…las banderas….? Angustias se encoge de hombros y suspira. Es el fútbol. Y las pocas luces de Inocencio se apagan. 

Déficit de lo Público

Sí, otra vez, a vueltas con el déficit. Quiero contestar desde aquí a algunas objeciones que se han hecho a la entrada anterior (Déficit 0. Cero Estado) en otros foros. Como decía Rousseau, “no conozco el arte de ser claro para los que no prestan atención”, pero voy a intentarlo de nuevo. Empecemos por lo que debería ser obvio para todo el mundo: la economía no es una ciencia exacta. Tenemos ejemplos muy cercanos y dolorosos que muestran cómo a menudo yerra en sus cálculos, en sus previsiones y en sus recetas. Otra afirmación obvia: la economía, como todas las ciencias humanas, no está exenta de sesgo ideológico. Pero se nos presenta como una ciencia hermética, repleta de arcanos y dogmas matemáticos supuestamente objetivos sólo al alcance de unos pocos entendidos. Los demás, nos dicen, tenemos que callarnos y aceptar sus sentencias como si fuesen oráculos sagrados.

Pero la economía está siempre al servicio de unos principios, de unas ideas. Y se puede hacer una política económica de izquierdas, como se puede hacer de derechas. La economía de izquierdas es la que cree en lo Público, y es la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades y corregir las desigualdades sociales o, por lo menos, articular mecanismos de protección para los más desfavorecidos. Y es la única que garantiza los derechos de los ciudadanos con servicios públicos. Mi derecho a la salud debe estar cubierto por los servicios sanitarios. Sin servicios públicos no hay derechos que valgan y podríamos tirar nuestra Constitución a la basura. La economía de derechas es individualista, sólo cree en la iniciativa privada y en el negocio. Y para ella todo es negociable. Y que nadie se asuste ni se escandalice. El liberalismo económico ya nació derechón. Sólo ha vuelto a sus orígenes. Adam Smith, el padre de la criatura, escribió en 1776 lo siguiente: “Cada individuo en particular pone todo su cuidado en poner el medio más oportuno de emplear el capital de que puede disponer. Lo que se propone es su propio interés, no el de la sociedad en común […] sólo piensa en su propia ganancia, pero en este y en otros muchos casos es conducido como por una mano invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención”. ¿No es esto mismo lo que se va a introducir en los textos escolares de la nueva Educación Cívica, valorar “el papel de la iniciativa económica privada en la generación de riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”? Parece evidente que ahora la economía, en manos de la derecha, está virando hacia sus orígenes y está restringiendo drásticamente el papel del Estado, como también defendía el susodicho Smith, dejándolo todo a esa mano invisible, que es como dejar que los negociantes campen a sus anchas, sin ningún tipo de restricción. En este capitalismo sobrevive el más rico, el más fuerte, el más listo, el más emprendedor; el resto, que se joda. Puro darwinismo social. Por eso, la economía de la Derecha que no cree en lo Público, sólo ve abusos en los ciudadanos de a pie que pretenden ejercer sus derechos. Abusa el enfermo de la sanidad, el parado de las ayudas, el trabajador de la paciencia del empresario por ponerse enfermo, el dependiente de sus necesidades y hasta el niño que saca malas notas abusa del sistema educativo. Tanto abuso le sale al Estado muy caro…

El sacrosanto dogma del déficit 0, como objetivo de un Estado, es también, y perdónenme, economía de Derechas. Y se está utilizando la crisis como coartada para reducir el sector público atribuyéndole la responsabilidad de la misma. Y la mayoría de la gente, por ignorancia, ha creído a estos gurús de la economía y han vinculado crisis con gasto público, convirtiendo a los funcionarios en los nuevos parias de la sociedad, en el nuevo chivo expiatorio contra los que hay que dirigir todos los dardos de la frustración y la envidia. Pero el déficit actual no es la causa de la crisis, sino la consecuencia. Y no hace falta oírselo decir a Krugman o a otros economistas, basta con tener algo de memoria, algo también de criterio propio, y echar un vistazo a los datos. A la altura de 2007 España y otros países de la U.E. tenían  superávit o déficits muy bajos, cercanos al 1% salvo Francia, que cerró con un saldo negativo de 2,7%. Pero a partir de 2008 los déficits en toda Europa se disparan. Los Estados acudieron a salvar a sus sistemas financieros y a intentar paliar los efectos sobre la economía real, que en España se vieron agravados con el pinchazo de la dichosa burbuja inmobiliaria, con fallidos planes de inversión pública. ¿Ya se nos ha olvidado el Plan E? De esta manera España pasó de tener un superávit de 1,9 en 2007 a tener un déficit del 4,5% en 2008 y de un 11,2 % en 2009. En este mismo año Francia alcanza el 7,5%, Bélgica el 5,8% e Islandia el 10%. A partir del 2009 los déficits empiezan a bajar…pero…¿cómo? ¿Acaso han devuelto los bancos rescatados el dinero a los Estados? ¿Han recuperado los Estados este dinero de alguna manera? No. Salvo Islandia, que decidió hacerse cargo únicamente de los depósitos de las cuentas corrientes, y no de las deudas financieras de sus bancos, el resto de países está recortando el déficit metiendo la tijera en el Sector Público, recortando servicios sociales al mismo tiempo que siguen asumiendo las deudas de los bancos y tapando sus agujeros.

Y estos son datos. Ahora vayamos a los principios. ¿Qué significa un déficit 0 en un Estado? Cuando un país cierra sus cuentas anuales con superávit o con un déficit 0 como si fuera un encefalograma plano, eso sólo puede significar, o, mejor, debería significar que ha conseguido cubrir y satisfacer las necesidades de su población con un Estado del Bienestar tan completo y acabado que ya no es necesario invertir nada más. También hay que deducir que se recaudan muchos impuestos y que éstos ya se han gastado donde se debía. ¿Qué otra cosa, si no, debe significar un déficit 0, crónico, estable, en un país? España camina hacia el déficit 0. ¿Ya tenemos ese Estado del Bienestar? ¿Ya no hay nada que mejorar? Debe ser que no me he enterado, y ya no hay listas de espera en los hospitales públicos, ni quirófanos cerrados, que hay camas para todos los enfermos, que la Ley de Dependencia se aplica con normalidad en toda España y no hay ningún dependiente del grado que sea sin su ayuda; y que ningún niño está con los abuelos en contra de su voluntad (de los abuelos, digo) porque tiene plaza en una Escuela Infantil Pública. Además he debido entender mal las últimas noticias, porque, teniendo un Estado del Bienestar tan completo y acabado, seguro que podemos ofrecer cobertura sanitaria a todos los que vienen a este país, ya sea para tomar el sol o para trabajar y consumir.

A principios de este mes nos decía el ministro Montoro que las Comunidades Autónomas habían  conseguido el déficit 0 en el primer trimestre del año gracias a las transferencias del Estado. Esas cuentas se iban a mandar a Bruselas, para mandar un claro mensaje a los que de verdad nos gobiernan: “Las reformas comienzan a tener  resultado” (El País, 2 de junio). Con esos anticipos ocho comunidades tienen superávit, y el resto tiene déficits muy bajos, o, directamente, 0. Valencia es una de ellas. Le han sobrado 3 millones de euros. ¿En qué los invertirá? En algo útil para los valencianos, supongo. Si no, no sé a qué resultados nos referimos. También suponemos que con un déficit 0 se ha hecho una buena gestión en Valencia de los dineros públicos y que no se han confundido las prioridades. Echemos un rápido vistazo a esos resultados del déficit 0 en Valencia. Ahora mismo, sobre la Empresa Municipal de Transportes pende un ERE que amenaza con despedir a 208 empleados si no aceptan una rebaja de salario del 10%. En Sanidad se van a recortar 1.057 millones de euros todos los años y se van a transferir al sector privado algunas coberturas e intervenciones, como las operaciones de cataratas. Se han recortado 600 millones de euros en investigación contra el cáncer, hay 30.000 dependientes que aunque tienen reconocido el grado de dependencia aún no reciben ningún tipo de ayuda. Los recortes en Educación y el aumento de alumnos por clase van a dejar en la calle a 8.000 profesores interinos. Según la Plataforma por la Enseñanza Pública de Valencia hay 17 distritos de la capital que necesitan 30 centros escolares, y hay unos 18.000 alumnos que aún tienen que dar clase en barracones prefabricados. Pero esto no es suficiente para Juan Eloy Durá, presidente de la patronal de la construcción de Valencia que en abril de este año decía que había que seguir recortando en Sanidad, Educación y otros servicios sociales porque representaban el 80% del gasto público, y, claro, había que cumplir con el objetivo del déficit. Pero este señor tan entendido no se ha acordado de la Fórmula 1 y de lo que le sigue costando cada año, ni del aeropuerto peatonal de Castellón, ni de…dejémoslo. Creo que la cosa está ya clara para los que quieren oír y entender.

La economía de derechas quiere que el Estado deje de prestar servicios para dejar áreas de negocio a la iniciativa privada. Y la crisis actual es la ocasión perfecta para conseguir lo que siempre han querido. La educación en Madrid es el ejemplo más claro de esto. Siendo una de las Comunidades más ricas de España es la que menos invierte en Educación en relación a su PIB. En 2002 invertía un 1,87%, mientras que en Extremadura se superaba el 5%, en Castilla La-Mancha el 4% y en Andalucía el 3%. En 2009 Andalucía ya se esforzaba un 5,5%, Castilla La-Mancha un 5, 62, Extremadura un 6%, y…¿Madrid?; un 2,8%. ¿Por qué tan poco? Voy a dejar que lo explique Lucía Figar, Consejera de Educación de Madrid. El contexto, una conferencia pronunciada en agosto de 2010 en el encuentro anual del grupo ultra católico Comunión y Liberación. Dice la Consejera: “Hemos elegido mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos, ampliar la oferta de plazas en las estructuras de este tipo dentro de la Comunidad de Madrid. […] hemos ofrecido estos lugares gratuitamente a organizaciones religiosas, cooperativas y otras estructuras para que crearan centros sostenidos con fondos públicos pero con gestión privada. Esto indica que en los últimos 6 años hemos abierto 79 centros nuevos de este tipo en la Comunidad de Madrid y hoy en día la proporción entre escuela pública, concertada y privada es esta: la escuela pública representa el 52% en nuestra región, la Comunidad de Madrid, la escuela concertada el 33% y la escuela al 100% completamente privada cerca del 15%”.

Esta es la gran paradoja de nuestros días: están al cuidado de los Servicios Públicos quienes menos creen en ellos. Gusta el PP de utilizar la metáfora del enfermo para convencernos de que debemos tragarnos su medicina sin rechistar. Es una medicina fuerte, amarga, dicen, pero si sobrevivimos, mejoraremos. Si la medicina no nos mata, nos curaremos. A mí esto me trae a la memoria uno de los Caprichos de Goya en el que aparece un asno tomando el pulso a un enfermo. Goya, con todo su sarcasmo, se pregunta al pie de la lámina, ¿De qué mal morirá? Pues eso.   

Nueva asignatura: Educación neoliberal y Católica

Rectifico: este señor es imwertcil. Además tiene pinta de monaguillo vicioso por lo que no tiene ningún problema en hacer de correveydile de la Conferencia Episcopal. Y pretende meternos por la parte de atrás otra asignatura de doctrina católica disfrazada con el nombre de Educación Cívica y Constitucional. Por fin hemos conocido el borrador que va a cambiar la actual materia de Ciudadanía, y resulta vomitivo. Y otro motivo más para ir a la huelga el día 22. La derecha siempre considera doctrina las opiniones de los demás, y está dispuesta como remedio a hacernos tragar la suya propia. Pero se trata de la realidad. Y por más que el señor Wert le dé la espalda no desaparecerá. Y aunque pretendan borrarla de un libro de texto siempre seguirá fuera, en la calle, en el mundo. Y debemos preparar a nuestros alumnos para enfrentarse al mundo real, y darles armas para analizarlo, criticarlo y mejorarlo. Pero el señor Wert quiere que los niños salgan de la Escuela adormecidos, ignorantes, sumisos, y con unas gafas rositas para no ver los problemas que los aguardan en la vida real. Porque en la calle sigue habiendo racismo, xenofobia, homofobia y sexismo. Y en la calle sigue habiendo homosexuales y matrimonios de todas clases, incluso “familias en el marco de la Constitución Española” rotas, divorciadas, en cuyo seno existe la violencia hacia la mujer y los hijos…¿esto también hay que ocultarlo?

El futuro decreto elimina también las referencias a las desigualdades económicas y sociales, y se supone que ya no tenemos que fomentar actitudes críticas y de compromiso frente a ellas. Tampoco podemos decir ya que “la falta de acceso a la educación es una de las fuentes de la pobreza”. Y que lo diga un señor Ministro de Educación tiene su miga, porque confirma la importancia que le atribuye a la educación y los objetivos que persigue.

En este mundo color de rosa, sin problemas, sin ricos ni pobres, vuelve a introducirse la ideología neoliberal como ya lo hizo en la Constitución, como si eso no fuera adoctrinamiento. La asignatura incluirá un nuevo epígrafe sobre la dimensión económica del ser humano en donde se alude al “papel de la iniciativa económica privada en la generación de riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”. Adam Smith en estado puro.

El señor Wert quiere que convenzamos a los niños de que la realidad no existe, de que vivimos en una Disneylandia en permanente felicidad. En mis clases intentaré, como siempre, contribuir en lo que pueda a hacer ciudadanos conscientes y críticos con la realidad que se encontrarán cuando los echemos al mundo para que contribuyan también a mejorarlo. No estoy dispuesto a contribuir en su adormecimiento ni en su conformismo. Conmigo que no cuente el señor Wert para fabricar zombibambis a escala nacional.  

Hay que ser imbécil

Hay que ser imbécil o creer que lo somos todos los demás para afirmar que los recortes y las reformas en el Sistema Educativo Público no afectan a la calidad de la enseñanza.

Hay que ser imbécil para sostener que aumentando el número de alumnos por clase puede mantenerse la “enseñanza personalizada” que todavía se exige. Que es posible seguir manteniendo una atención adecuada a la diversidad del alumnado reunida en un aula, incluyendo a alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo. Hay que ser imbécil para seguir diciendo que con más alumnos y menos profesores puede seguir atendiéndose a cada alumno según sus necesidades.

Hay que ser imbécil para no entender que con menos profesores y más alumnos muchos recursos esenciales se resienten o simplemente queden desatendidos. Porque si, además se ha ampliado el horario lectivo de los profesores, no pueden éstos ocuparse de la biblioteca, ni preparar prácticas de laboratorio, ni pueden cubrirse las ausencias de los profesores que acompañan a los alumnos en las actividades extraescolares por lo que muchos Centros han optado por eliminarlas. Y si no hay profesores de apoyo, ¿quién se atreverá a llevar a más de 30 adolescentes a un laboratorio, o a un taller, repletos ambos de sustancias y herramientas peligrosas?

Hay que ser imbécil para no entender que dos horas lectivas más no son sólo dos horas más de trabajo. Puede suponer un grupo de alumnos más, en muchos casos una materia más, y por tanto un aumento de horas en preparación, en corrección de ejercicios, cuadernos, exámenes; y  en reuniones de coordinación y evaluación.

Hay que ser imbécil para no entender que dos horas lectivas más a cada profesor, por sistema y sin excepción, obliga a muchos de ellos a asumir materias para las que ni siquiera son afines. Antes de la reforma muchos departamentos didácticos ya tenían que cargar a alguno de sus miembros con 20 o 21 horas de clase, pero de las materias propias de cada departamento. Ahora, al hacerlo por sistema con toda la plantilla, muchos departamentos que no tienen suficiente carga horaria tienen que asumir materias de otros, y así puede darse la paradoja de que en un Instituto un profesor de Música imparta Historia o Francés, y en otro, el profesor de Francés, tenga que enseñar Música, Historia o Ciencias Naturales.

Hay que ser imbécil para afirmar que con una reducción drástica del presupuesto asignado a cada Centro se puede seguir manteniendo la calidad de la enseñanza, aunque se le pague mal y con bastante retraso. Este invierno en muchos institutos sólo tenían presupuesto para calefacción, luz y teléfono. Otros muchos ni siquiera podían cubrir estos gastos corrientes. ¿Cómo pensar entonces en hacer fotocopias, reponer material dañado por el uso, comprar libros, o adaptar el Centro a las nuevas tecnologías comprando ordenadores, proyectores…? La tecnología más avanzada que podemos encontrar todavía en la gran mayoría de las aulas consiste en una pizarra y una tiza. ¡Y todavía se acusa a los profesores de impartir clase con métodos del siglo XIX!

Hay que ser imbécil o no tener ni puñetera idea de educación, o mucha malicia, para sostener que la calidad de la educación depende sólo de los profesores y de lo bien o mal pagados que estén. Como si los profesores tuvieran poder para decidir el número y el tipo de alumnos que tienen en clase, o el número de horas que necesitan para impartir su materia, o la cantidad de materia que se puede o se debe impartir. Y como si pudieran decidir y obtener por sí mismos los recursos materiales que necesitan.

No creo que el señor Wert sea imbécil. Es peor, porque está siguiendo un política deliberada de acoso y derribo de la Educación Pública. Al igual que Napoleón, del que se habla mucho estos días, nuestro gobierno desconfía del talento si ha salido de las clases humildes porque la pobreza unida a la inteligencia es un fermento revolucionario. Y así, la política que el señor Wert tiene en la cabeza para la Enseñanza Pública tiene más de degradación que de educación, y con un objetivo muy claro. En la antigua Grecia había un padre avaricioso que quería ahorrar en la educación de su hijo. Le preguntó el susodicho a Aristipo, discípulo del gran Sócrates, cuánto pedía por la educación de su vástago. Al oír la cantidad de mil dracmas el hombre exclamó muy ufano que por esa cantidad podía comprar un esclavo para hacer ese trabajo. A lo que Aristipo le replicó: Entonces tendrás dos esclavos, tu hijo y el que compres.