La verdad no existe. La verdad es
una convención social. Se llega a ella por puro acuerdo, mediante la
conversación y el diálogo. Sólo cuando dos posturas contrapuestas alcanzan un
cierto grado de conciliación puede decirse que se está más cerca de la verdad.
Y sólo bajo una irracional soberbia puede alguien pensar que su verdad es la verdad, y que, no sólo no necesita de los demás para
encontrarla, sino que se arroga el derecho de imponérsela. Cuando esto lo hace
el Estado, el Gobierno, se llama Totalitarismo, Dictadura, pues impone sus dictados a los que sólo considera súbditos, palabra que designa a los que
simplemente deben obedecer y callar. Y esta es la deriva que está tomando este
gobierno, que no parece creer en las virtudes democráticas de la libertad de
expresión y opinión, porque quizá simplemente no cree en la democracia más que
en la medida en que ésta se le somete en silencio. Antes de la Huelga General
del 29 de marzo afirmaban que “había que revisar” este derecho. La reforma del
Código Penal, endureciendo las penas contra los manifestantes y convocantes,
demonizando de paso a los sindicatos, y el control de la Televisión Pública que
están a punto de cometer sólo puede interpretarse como un intento de erradicar
la disidencia y la discrepancia, y de controlar la información que llega al
ciudadano para engañarnos con su verdad, imponiéndola con la fuerza pública de
la ley.
Pero es contraproducente. Va en
contra de la estabilidad misma del sistema democrático-capitalista restringir
el derecho a la manifestación pública de la discrepancia con los poderes
públicos, precisamente porque mantiene al pueblo por los cauces legales de
protesta, haciendo innecesaria cualquier otra forma de expresión fuera de esos
cauces, lo que sería mucho más peligroso por espontánea y descontrolada. Los
derechos de opinión, expresión, asociación, huelga y manifestación están
regulados por el Sistema. Forman parte del derecho al pataleo que el sistema
regala al pueblo para dar salida a sus frustraciones y desengaños. El sistema
nos dice, cuándo, cómo, de qué manera, por qué calles y en qué plazas podemos
manifestarnos. Y en las huelgas nos impone unos “servicios mínimos” para no
hacerle demasiado daño. Y el pueblo usa ese regalo respetando las condiciones
con las se le dio, y se siente satisfecho después de haberlo hecho, vuelve a
casa y al trabajo con la conciencia tranquila pues ha hecho lo que debía, lo
que, pensaba, es lo menos que en democracia puede hacerse.
Y funciona. Claro que funciona, y
más en las democracias que en ningún otro sistema, porque si la protesta es
multitudinaria, masiva y prolongada, obligará a los gobernantes a agarrarse a
los sillones en los que se creían cómodamente instalados corrigiendo los
desvíos que el pueblo denuncia. Es evidente que ningún gobierno reconocerá un
cambio de rumbo en sus políticas ni en sus formas debido a las manifestaciones
en la calle, y es inútil e ingenuo pedirles ese reconocimiento. Las huelgas y
manifestaciones son siempre una inversión de futuro, incluso a corto plazo,
porque en la perspectiva vital de los políticos no caben más de cuatro años, y
siempre temen ser desalojados por las urnas.
Sólo un ejemplo. Sarkozy, defensor a
ultranza de la política de ajustes, quiso atraerse a los votantes de izquierda
en Francia reconvirtiéndose en el defensor de las políticas de crecimiento. Pero
no dio resultado, y después de perder en la primera vuelta en las elecciones
quiere atraerse el voto de la ultraderecha y dice sentirse orgulloso de ser
llamado fascista por un comunista. ¿Qué
teme Sarkozy?
