Derechos

Se ha cumplido ya un año desde que el Partido Popular llegó al gobierno, y estamos asistiendo a un claro retroceso en materia de derechos y libertades, por lo que parece necesario, y lamentable, volver a recordar el sentido, la razón de ser que tienen los derechos individuales en una sociedad supuestamente avanzada y democrática como la nuestra.

Así pues, ¿qué son y para qué sirven los derechos individuales? Sólo se puede contestar a estas preguntas recordando el origen de la democracia moderna. Contra lo que pudiera parecer, el problema planteado por Rousseau y que él creía resuelto con el Contrato Social, sigue sin resolverse, a saber: “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y quede tan libre como antes”. El Contrato Social permitió al hombre pasar del Estado de Naturaleza al Estado Civil, pero aún hay que especificar la letra pequeña de ese contrato, aún hay que llenar de contenidos concretos el concepto de Libertad, y aún hay que decidir qué cantidad de gobierno es necesaria, justa y suficiente para cumplir el principal cometido encomendado por el Contrato Social. Dicho de otra manera, todavía en el siglo XXI, es necesario explicitar qué parcelas de esa libertad han cedido los individuos al Estado, y cuáles no. Y es necesario que este reconocimiento lo haga el Estado, que él mismo reconozca sus límites, porque, habiendo adoptado la vida en comunidad bajo unas normas que regulan y hacen posible la convivencia en sociedad, la libertad del hombre ya no es la libertad natural, sino, en palabras de Montesquieu, “es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten”.

Bien, podemos decir ya entonces que los “derechos” son contenidos particulares de eso que hemos llamado libertad, y son derechos porque tienen que estar reconocidos y protegidos por el Estado. A partir de aquí hay que reconocer otro hecho. Si bien vivimos en sociedad gracias a ese Contrato, y siendo la ley la “expresión de la voluntad general” de esa misma sociedad, por lo que se ha admitido el criterio de las “mayorías” para regular todo lo que concierne al “bien común”; es igualmente cierto que la “voluntad general” no es la voluntad de “todos”, ni de todos “conjuntamente”, por lo que el criterio de la “mayoría” no sería aplicable en asuntos que atañen exclusivamente a la vida privada y a la conciencia de los individuos. Sólo admitiendo la pluralidad y complejidad de las sociedades modernas puede entenderse la utilidad de los derechos individuales, pues son, en definitiva, la pieza que faltaba en el Contrato Social de Rousseau, la pieza que resuelve el problema, y que permite la convivencia entre la diversidad de los individuos que componen la sociedad, donde las conciencias, las creencias, la moralidad, y hasta el sentido de lo que es justo o injusto no tienen que ser coincidentes.

Aún a riesgo de ser demasiado simplistas, pero para clarificar un poco las cosas, podemos decir que hay dos tipos de derechos:

Por un lado, aquellos que exigen una acción positiva por parte del Estado para compensar las desigualdades socioeconómicas provocadas por el sistema capitalista. Estos derechos fueron impulsados por la socialdemocracia y, hasta ahora, eran generalmente aceptados y nunca se habían puesto en entredicho. Además, son necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades, una de las señas de identidad de la democracia. Estos derechos se materializan en los Servicios Públicos (Educación, Sanidad, Servicios Sociales, etc.), que, por otro lado, pretenden asegurar unos niveles mínimos de vida digna a todos los ciudadanos sólo por el hecho de serlo.

El segundo tipo de derechos son aquellos que no exigen una acción positiva por parte del Estado, sino todo lo contrario, su inhibición, después de su reconocimiento. Aquí podemos encontrar derechos individuales que tienen cierta repercusión social, como la libertad de expresión, con lo que el Estado, el Derecho, deberá matizar sus límites, pero existen otros derechos que de su ejercicio no se deriva ninguna repercusión social, más allá de quien lo ejerce y de su entorno familiar inmediato. Estos son los que se refieren a las creencias y a la moralidad que cada individuo toma como guía de su comportamiento y de su vida privada.

En este último año los dos tipos de derechos han sufrido un claro retroceso. La Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales se están desmontando pieza a pieza y las desigualdades sociales están aumentando. Con la merma de estos derechos, la propia democracia se resiente y el ciudadano deja de serlo.

También los derechos individuales están en serio peligro, no sólo de no alcanzar su desarrollo, sino su propia existencia tal y como habían sido reconocidos hasta ahora.

Bien, dado que los valores de los distintos grupos sociales están en relación con su situación económica, cultural y religiosa, los derechos individuales impiden que los valores de legitimación jurídica de un grupo (lo que es justo o lo que no; lo que es moral y lo que no), normalmente del grupo dominante, se impongan mediante coacción (convirtiéndolos en leyes) al resto de grupos que no los comparten o que claramente disienten de ellos. Así, los derechos individuales que no afectan más que a quien los ejerce sólo cabría restringirlos admitiendo que una parte de la sociedad puede arrogarse el derecho de regular la vida privada de la otra parte según su propia opinión. Sin duda alguna, esto supondría una vuelta a las cavernas de la intolerancia, y un atentado a la democracia y a la libertad. El Estado habría impuesto una suerte de despotismo moral sobre el conjunto de los ciudadanos.

Estamos hablando de derechos en los que es prácticamente imposible conseguir un “consenso social”, como a menudo se pretende y se argumenta para concederlos o no. Derecho al aborto, al matrimonio homosexual, a la muerte digna, son derechos, libertades, para los que sin embargo sí existe demanda social, y se adaptan a la realidad de la sociedad actual, como decíamos antes, plural y compleja. Negar estos derechos, argumentando que no hay consenso pero despreciando su demanda, no elimina la realidad ni impedirá su ejercicio, pero los empujará a la clandestinidad, y dejará en total indefensión a una buena parte de la sociedad, que actúa de todas formas al margen de unas leyes de dudosa legitimidad democrática.

Si aún tenemos que escribir en España el Contrato Social, se debe en gran medida a que tampoco hemos aprendido nada de las lecciones de John Locke, quien, en su Carta sobre la tolerancia instaba a separar lo que no puede estar unido: El Estado y la Iglesia. Porque no hay ninguna duda de que las creencias religiosas están detrás de la negativa al reconocimiento de determinados derechos individuales, sólo porque chocan con la moralidad del gobierno de turno. Al imponer sus creencias al resto de los ciudadanos se está arrogando un derecho que en absoluto les fue concedido en ningún pacto, porque no hay nadie tan estúpido que haya cedido al legislador su propia libertad, hasta el punto de dejar su moralidad y su vida privada en manos de otra persona.  

Puesto que los derechos individuales son de ejercicio voluntario y no obligan a nadie, aquellos que niegan la ampliación de los derechos individuales deberían preguntarse cómo, de qué manera, la ampliación de los derechos a otras personas disminuyen o coartan los suyos.

Muros de tela

Sí, estamos en crisis. Y la crisis se ha llevado por delante nuestro dinero y nuestros derechos. Y quizá algo más. Tendremos que valorar qué más se ha llevado, en qué proporción, y cuánto estamos dispuestos a pelear para detener esa sangría, de la misma manera que lo estamos para detener el robo de nuestros ahorros y de nuestros derechos. Porque las crisis como esta son capaces de sacar de nosotros lo mejor y lo peor, y en estos últimos meses se ha resucitado una polémica que parecía resuelta y olvidada. La INMIGRACIÓN, así, con mayúsculas, asunto polémico donde los haya por la utilización partidaria e interesada del fenómeno, usado con frecuencia para despertar fantasmas de todo tipo (económicos, culturales, identitarios, etc.), al mismo tiempo que se señala a un potencial adversario con el que supuestamente hemos de luchar para salvaguardar nuestro propio bienestar. Sin embargo para tener una opinión ecuánime y justa sobre este asunto hay que imaginarse un escenario económico favorable, olvidar la crisis actual y retroceder unos cuantos años, exactamente hasta el año 2000. El futuro era, en aquellos años, tan incierto como ahora, pero se sabía que los problemas a los que el mundo se enfrentaba no tenían nada que ver con guerras, ni con armas de destrucción masiva ni nada relacionado con la política. Tampoco la economía parecía en aquellos años que fuera a traer los problemas que ahora padecemos. En el año 2000 los problemas del futuro eran demográficos. El mundo que conocíamos se iría al garete por los grandes desequilibrios demográficos inherentes a los distintos grados de desarrollo económico del planeta. En realidad, como veremos, esa bomba de relojería sigue activa, pero con un tic-tac tan lento que no le interesa a los políticos abordarlo con decisión. Lo que sigue, son las cifras del horror, de ese tic-tac lento, pero seguro hacia el desastre.

En marzo de 2000, Joseph Chamie, director de la División de Población de la ONU, presentó un informe titulado Migraciones de sustitución: una solución para países con población en declive. Basándose en los datos demográficos de esos años, el informe hacía una extrapolación de los mismos para el 2050, y concluía que el Viejo Continente sería para entonces mucho más viejo. A mitad de camino, en 2025, Europa perdería 35 millones de habitantes, y España, al final del periodo, en 2050, habría perdido más de 9 millones. Todo ello como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y del descenso del índice de fertilidad. España sería el país más viejo del mundo, sustituyendo a Japón, con una media de edad de 54,3 años, 16 más que la media mundial. El número de hijos por mujer fértil en el año 2000 en España era el más bajo del mundo, sólo un 1,07, cuando la tasa de renovación generacional está en 2,1. Con estas perspectivas, el modelo económico y social de Europa en general y de España en particular resultaba insostenible. Así, si la proporción activo/inactivo (jubilado) en el año 2000 era de 4 a 1, en el 2050 sería de 2 a 1, y en España aún más baja, de 1,4 activos por 1 inactivo.

Joseph Grinblat, jefe de estudios de Mortandad e Inmigración de la División de Población, y uno de los redactores del informe, aseguraba que los gobiernos debían tomarse en serio estos datos y adoptar medidas impopulares si querían conservar la fuerza de trabajo, como retrasar la edad de jubilación, disminuir las pensiones y aumentar las cotizaciones sociales. Claro que, cabía otra posibilidad, importar mano de obra de otros países. Para España el informe recomendaba 12 millones de inmigrantes, unos 240 mil al año. Pero, “asimilar tal cantidad de inmigrantes es políticamente arriesgado y socialmente inaceptable”, según Grinblat, por eso, cuestiones como el racismo o la identidad nacional debían abordarse con estas nuevas perspectivas. Interesante. La inmigración se presentaba entonces como la solución a nuestro problema, y el racismo como el verdadero problema, surgido como reacción y oposición a la llegada de extranjeros.

Han pasado doce años desde la publicación de aquel informe. ¿Ha cambiado algo? Básicamente, no. A pesar de los márgenes de error que toda previsión comporta, el informe de la ONU tampoco había tenido en cuenta los efectos de los flujos migratorios, sujetos a variables coyunturales difíciles de concretar en magnitudes estables y constantes. Y esto es precisamente lo que ha pretendido hacer el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Proyección de la Población de España a Largo Plazo, 2009-2049, publicado en enero de 2010. Es interesante señalar que la simulación habla de “población residente” en España, no de población “española” y que se ha elaborado en base a un flujo inmigratorio anual constante de 400.000 personas desde 2019. Mucho tienen que cambiar las cosas para que la sociedad española acepte a casi medio millón de inmigrantes al año, aún así, los resultados son tan alarmantes como el informe de la ONU del 2000. El grupo de edad de los 64 años se duplica y pasa a representar el 32% del total. La esperanza de vida aumenta en 6,5 años para los hombres y 5,8 para las mujeres, quedando en 84,3 y 89,9 respectivamente. La tasa de dependencia (menor de 16 y mayores de 64) subiría del 47,8 actual al 89,6%, de manera que por cada 10 personas que “residen” en España en edad de trabajar habría 9 personas inactivas. El crecimiento natural de la población se haría negativo desde 2020, de manera que hasta el final de la previsión la población sólo habría aumentado en 2,1 millones. Todo esto a pesar de que el informe prevé un incremento progresivo de la tasa de fecundidad, hasta 1,71, gracias a la inmigración, puesto que aporta mujeres en edad reproductiva que tienen los hijos a una edad más temprana que las españolas.

Para el conjunto de Europa las tendencias también se mantienen. En la actualidad la tasa de fecundidad de los 27 países se mantiene por debajo de la tasa de renovación generacional, y 14 la tienen por debajo de 1,5 hijos por mujer. Uno de cada cinco nacimientos de la Unión es de madre extranjera. Y el número de personas mayores de 60 años crece a un ritmo de 2 millones al año. La tasa de dependencia aumenta progresivamente, siendo en la actualidad del 26%. Así, en 2008, por cada ciudadano europeo mayor de 65 años había 4 en edad de trabajar, pero según las previsiones de la Comisión Europea, en 2060 la proporción será de 2 trabajadores por 1 jubilado. Márgenes de error aparte, estas son las cifras del tic-tac de nuestra bomba demográfica.

Ahora hay que echar un vistazo a eso que hemos llamado “fenómeno” de la inmigración. Los movimientos migratorios han existido siempre, y seguirán existiendo siempre que haya desequilibrios y desigualdades entre unas regiones y otras. Cuando se toma conciencia de esta desigualdad, y siempre que haya esperanza de encontrar mejores condiciones de vida, las personas viajarán en su busca, esperando también retrasar su propio tic-tac, pues la suerte o la mala suerte de nacer en unas zonas y no en otras puede suponer una esperanza de vida de hasta 20 y 30 años menos. Los países desarrollados no pueden detener la inmigración, no pueden evitarla ni resolverla. Sería tanto como decir que van a acabar con el hambre y la miseria en el mundo, o que se acabarán las guerras. No, los países desarrollados sólo pueden intentar encauzar la inmigración, controlarla y aprovecharla. Y eso pretenden, con poco éxito, las leyes de extranjería de Europa y de España. Estas leyes intentan resolver al menos tres problemas. Qué barreras, físicas y administrativas, imponer en sus fronteras para controlar y cuantificar la llegada de inmigrantes, qué derechos conceder a los extranjeros mientras se les sigue considerando como tales, y de qué manera promover la integración de los inmigrantes y la convivencia con los nativos evitando el rechazo y la xenofobia, porque, no debemos olvidarlo, este es el verdadero problema, el que de verdad habría que resolver. Hay que decir también que la imposibilidad real para hallar una solución al primer problema complica enormemente el segundo. Porque es la propia ley quien decide a quien admite y a quien no, es decir, a quien da papeles y a quien no se los da, aunque el inmigrante esté ya residiendo dentro de sus fronteras. La fábrica que produce “inmigrantes regularizados” es la misma que produce “inmigrantes irregulares”.

En España está en vigor la Ley de Extranjería aprobada en el año 2000 y modificada en el 2003 y en el 2009. La ley, para controlar el flujo de inmigrantes, estableció el sistema de cupos o contingentes, que fijaría el gobierno cada año después de oír las demandas de empleo de los empresarios, hasta una máximo de 30 mil al año, entre contratos para empleos temporales y empleos estables. La cantidad está muy por debajo de las recomendaciones de la ONU, y mucho más lejos aún de las proyecciones de INE para compensar el envejecimiento y la pérdida de población en España. El sistema de contingentes no sólo se mostró incapaz de controlar la llegada de inmigrantes sino que agravaba enormemente el problema de la “irregularidad”, primero, porque no se ajustaba a las demandas reales de la economía española de esos años de burbuja y fiebre constructora, y, segundo, porque los empresarios no utilizaban el sistema de los contingentes que les obligaba a contratar en los países de origen, y siempre para aquellas actividades para las que no existiera demanda en el mercado laboral español, es decir, que hubiera españoles en paro para las ocupaciones demandadas por los empresarios. Pero la realidad, como siempre, ha hecho añicos las formalidades de la ley. Si vamos al inicio del periodo, en el año 2000 España tenía un 9,56% de paro, pero ese mismo año quedaron vacantes 100 mil puestos de trabajo en los sectores en los que había más de 200 mil personas en paro (construcción, servicios y agricultura). Es evidente que los españoles rechazaban esos puestos de trabajo porque tenían, teníamos, quizá hay que seguir hablando en pasado, expectativas de empleo más altas que los inmigrantes. Pero es que la tendencia ha continuado desde entonces. Entre 2002 y 2008 sólo se formalizaron por la vía del contingente 96.604 contratos de trabajo estable a extranjeros. Y ha servido para cubrir lo que se llama “nichos laborales”, sectores de actividad que, pese a la tasa de desempleo existente, no son cubiertos en su totalidad por trabajadores españoles: construcción, hostelería, servicios domésticos y trabajos de temporada. Es evidente que la diferencia hasta cubrir la demanda real se ha realizado con contratos “irregulares” a inmigrantes “irregulares” que ya estaban en suelo español. Esta evidencia ha obligado a los distintos gobiernos, desde 1986 hasta 2005, a promover campañas de regularización basadas en el arraigo y la residencia, aflorando así gran parte de esa inmigración que las autoridades se negaban a reconocer. De manera que hoy, en 2012, hay 5.711.040 extranjeros según los registros del padrón, de los cuales, 3.270.198, el 57,3% del total, son extracomunitarios.

En cuanto a la concesión de derechos a los inmigrantes, las leyes han sido bastantes restrictivas, reacias a concederlos, y han hecho falta al menos tres sentencias del Tribunal Constitucional (en 1984, 1987 y 2007) para adaptarlas a la Constitución Española, a las directrices de la Unión Europea, y sobre todo a los convenios internacionales sobre Derechos Humanos. Aquí el problema es delimitar aquellos derechos que son esenciales para el mantenimiento de la dignidad humana de aquellos que no lo son. Así el TC hizo una partición tripartita de los derechos constitucionales distinguiendo los derechos de cualquier persona con independencia de su situación administrativa, de aquellos que requieren la plena regularización, y de aquéllos que sólo pueden disfrutar los españoles o nacionalizados. Las modificaciones se han introducido en la ley actualmente en vigor, aprobada en diciembre de 2009 y modificada a su vez por el decreto de abril de 2011. La sola enumeración de los derechos reconocidos a las personas sólo por serlo debería bastar para espantar muchos fantasmas, y disipar dudas y recelos. Porque no corresponde a ningún gobierno en particular decidir qué es o no es persona. Porque la condición de “ser humano” no depende de que tenga o deje de tener un papel. Y no corresponde a los Estados otorgar derechos, pues es un acto tan arrogante como quitarlos. A los gobiernos sólo les corresponde reconocerlos y protegerlos, y mucho más en aquellos Estados que viven en democracia y se muestran orgullosos de su Estado de Derecho. Así, según la ley actual, los derechos esenciales para salvaguardar la dignidad de las personas son la vida, la integridad física y moral, la intimidad personal y familiar, la libertad de conciencia, culto y religión, la asistencia sanitaria básica para todas las personas y plena para los inscritos en el padrón, la educación en todos los niveles (hasta los 16, un deber, desde los 16, un derecho), la libertad de circulación, de reunión, manifestación, huelga y asociación.

Así ha sido hasta ahora. Desde el 1 de septiembre entrará en vigor la reforma de la sanidad aprobada en abril de este año en el que se anula el artículo 12 de la Ley de Extranjería referido a la asistencia sanitaria a los extranjeros, dejando fuera del sistema a los inmigrantes irregulares. Su número varía según las fuentes. El País lo estima en 150 mil personas cruzando los datos del padrón y los de la Seguridad Social; El Mundo, los cruza con el balance oficial de permisos de residencia y da una cifra muy superior, de más de medio millón de personas. Pero, ante las protestas, el gobierno ha rectificado y ahora dice que recibirán asistencia sanitaria si pagan por ella: 710 euros al año los menores de 65 años, y 1.864 euros a partir de esa edad. Es incongruente e inmoral. Resulta que para el gobierno los inmigrantes irregulares no existen como personas, no tanto como para reconocerles sus derechos, pero sí para vendérselos. Me faltan los calificativos.

En cualquier caso, aprovechando el contexto de la crisis, como ya ha ocurrido en otras materias, el nuevo reglamento supone una vuelta atrás en materia de derechos y libertades, y vuelve a destapar la caja de Pandora de la inmigración que tan “buenos resultados” ha dado siempre desde posiciones políticas conservadoras. Lo que está pasando es, como suele decirse, de libro, y sorprende que una buena parte de la sociedad española haya caído en la trampa. Nos quieren convencer de que no hay dinero, de que los servicios públicos son insostenibles, por lo que tienen que quitárnoslos poco a poco y hacernos pagar por lo que ya pagamos con los impuestos, y ahora, para distraer nuestra atención y orientar nuestra posible rabia y frustración nos señalan un objetivo, el inmigrante, antes, en los años de bonanza un colaborador, y ahora, en los años de crisis, un potencial competidor. El gobierno ha lanzado al pueblo un solo hueso para alimentar el enfrentamiento mientras oculta la carne. Y el pueblo se ha lanzado a defenderlo rugiendo y mordiendo. Porque también a los españoles la reforma de la sanidad nos ha arrebatado la condición de ciudadanos y nos la han cambiado por la de asegurados y clientes. Pobres contra pobres. Unos pobres acusando a otros de su propia desgracia, porque la crisis nos ha afectado a todos por igual. Y así el inmigrante, que siempre ha trabajado en aquello que el español desechaba, ahora sobra,  y “no sabemos qué hacer con él”. Quizá por eso el nuevo reglamento de extranjería aprobado por el gobierno apuesta por “fomentar y garantizar la movilidad y el retorno voluntario de los inmigrantes”. Pero hay quien no quiere esperar al retorno voluntario y defiende la expulsión directa para los inmigrantes en paro. Este indicador de xenofobia ha crecido hasta situarse en el 43% en 2010 frente al 30% de 2009, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración

Parece que la crisis sí se nos está llevando algo más que dinero y derechos. Se está llevando los propios, y la capacidad de reconocer los ajenos. Además debe haberse llevado la capacidad de razonar y de mirar la realidad con sentido crítico. Pero incluso aunque así fuera, ¿qué pasa con nuestra memoria, no sólo de lo pasado, sino del futuro, porque España vuelve a ser un país de emigrantes? ¿Qué ha pasado con los sentimientos de compasión y solidaridad? Lo normal, cuando se ha sufrido o se teme sufrir, es compadecerse de los que sufren. “Porque no ignoro las desgracias, sé socorrer a los miserables”, escribía Virgilio en la Eneida. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. El Hombre es el mismo en todas partes, y, como afirmaba Rousseau, el pueblo es el que compone el género humano, y lo que no es pueblo es tan poca cosa que apenas merece la pena tenerlo en cuenta. Por eso hay que defender siempre los Derechos Humanos, incluso en épocas de crisis con más fuerza que en las épocas de bonanza. Porque la declaración de derechos es por reciprocidad una declaración de deberes, “pues cualquiera que sea mi derecho como hombre es también el derecho de otro, y yo paso a tener el deber de garantizar además del de poseer” (Thomas Paine). Por eso estoy firmemente convencido de que defendiendo la dignidad de los inmigrantes estoy defendiendo al mismo tiempo la mía.

Cleptocracia y tiranía en Europa. Parte I

Es posible que parezca un poco exagerado el título de esta entrada. Un poco de paciencia para seguir el hilo argumental y la verdad aparecerá con poco esfuerzo.

Como es bien sabido, nuestras democracias se levantaron sobre tres pilares: Soberanía nacional, separación de poderes e igualdad ante la ley. Nunca, en ningún momento de la historia puede decirse que alcanzó ninguno de los tres el desarrollo y la perfección que se les auguraba en la teoría política de la Ilustración. Pero, sin duda alguna, es la Soberanía Nacional el concepto que más se ha corrompido desde entonces, del que más se ha abusado, retorciendo tanto su significado, que ha dejado de ser el mejor arma del pueblo para convertirse en la mejor arma contra él mismo. Los políticos de hoy hablan de Soberanía Nacional como los déspotas de antaño hablaban de Soberanía Divina, como si el poder recibido del pueblo fuese igualmente sacrosanto y absoluto, que les permitiese incluso utilizarlo contra aquellos que se lo dieron. Algunos de nuestros presidentes autonómicos se refugiaron abiertamente en el respaldo electoral obtenido en las urnas para justificar sin ningún pudor sus corruptelas, como si el haber ganado unas elecciones les eximiese ya de cualquier responsabilidad penal por sus delitos. Otros no lo proclaman tan abiertamente, pero ejercen el poder de la misma manera. Por eso debemos volver a utilizar el concepto original, el de Pacto o Contrato Social, según lo definieron en su momento John Locke y Rousseau. Tiene la ventaja de recordar a los gobernantes quién y para qué se les ha elegido, y sobre todo que quien confiere el poder, el contratante, puede igualmente retirarlo si el contratado traiciona el cometido que se le encomendó.

Recordemos brevemente en qué consiste el Contrato Social: Antes de la sociedad civil, antes de la formación del Estado, cada hombre en su estado natural tenía poder para defender con la fuerza su vida, su libertad, su seguridad y sus propiedades. Pero esta vida estaba llena de peligro, de sobresaltos, porque nada ni nadie impedía al fuerte aprovecharse del débil. En este mundo la fuerza era la única ley. De modo que los hombres decidieron renunciar cada uno a su fuerza particular y cederla a unos representantes para que, con la fuerza común así reunida, fuesen los encargados de defender el bienestar de todos y cada uno de los individuos. Esa fuerza común que obliga a todos los asociados tomó forma de ley, y así, la ley era ahora la única fuerza, y la barbarie dio paso a la sociedad civil y política.

Ahora bien, nadie es tan estúpido como para conceder a otra persona un poder ilimitado sobre la vida y los bienes de uno mismo. El poder que ostentan nuestros representantes es un poder consentido (nosotros los hemos elegido), limitado (el gobierno no puede tener más poder sobre mí que el que yo mismo le otorgo, por ejemplo, mi conciencia sigue siendo mía y nadie puede decirme qué debo pensar o qué debo creer) y encaminado a la consecución de ciertos fines (a gobernar y legislar para la conservación de nuestros derechos), y solo en el estricto respeto y cumplimiento de estas cláusulas de nuestro contrato el poder del gobierno es legítimo. En caso contrario su gobierno es ilegítimo, porque, en palabras de Locke, jamás puede tener el derecho de destruir, esclavizar o empobrecer premeditadamente a los súbditos. ¿Cómo creer que los hombres formaran Estados, que les entregaran una fuerza enorme para ejercer su voluntad, de forma arbitraria y sin límite alguno? De ser así estaríamos peor aún que en el estado de barbarie inicial porque habríamos armado a unos pocos hombres, sigo citando a Locke, con el poder conjunto de toda una muchedumbre y con fuerza para obligarnos a obedecerlos según su capricho.

Analicemos ahora lo que la crisis ha puesto de manifiesto en Europa. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros gobernantes que no tienen más remedio que tomar las mediadas que toman  que a ellos tampoco les gustan, pero que no tienen más remedio que adoptarlas a pesar de ser duras e impopulares? (recortes en servicios públicos, subida de impuestos, bajada generalizada de salarios a todos los funcionarios menos a ellos mismos, entregar a los empresarios un poder omnímodo sobre los trabajadores, o el blanqueo oficial del dinero defraudado y el perdón a los defraudadores que supone la llamada amnistía fiscal). ¿Por qué todas las políticas y “ajustes” económicos que nos restan derechos y nos empobrecen al resto de ciudadanos se hacen exclusivamente para recuperar la confianza de los mercados? ¿Por qué rompió a llorar la ministra de trabajo italiana, Elsa Fornero, cuando anunciaba los recortes en su país? No hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Alguien duda todavía de qué intereses defienden nuestros gobiernos y a quién representan?

Por si acaso, digámoslo claro: El pueblo de Europa no tiene quien le represente ni quién le defienda. Sólo ha elegido a sus verdugos. Los gobiernos de Europa representan a los “mercados” y son sus intereses los que defienden. Bancos nacionales y privados, inversores-especuladores, ladrones todos de guante blanco y de grandes cantidades usan la fuerza legal de los gobiernos de Europa para cobrarse la deuda, o para que sus beneficios disminuyan lo menos posible. Los gobiernos han renunciado a defender a sus ciudadanos, y usan la fuerza en contra del mismo pueblo que se la dio para defender a los mercados. Son así usurpadores, ladrones de la Soberanía Nacional. Más se parecen nuestros gobernantes a los sicarios y matones que se envían para atemorizar a las pobres gentes y sacarles hasta el último céntimo que se le debe al mafioso (perdón, a los “mercados”). Y si cuestionamos, dudamos o nos negamos, nos amenazan con la posibilidad de que sea el mismo Capo quien venga a ponernos boca abajo para vaciarnos los bolsillos: “Como vengan otros a hacer los presupuestos va a ver usted lo que es un ajuste de cuentas". Esto lo dijo nuestro ministro de Economía Luís de Guindos, hasta hace poco miembro de la banda de Lehman Brothers.  Es así como enfermos, minusválidos, viudas y viudos, niños, maestras y maestros, ancianos, jubilados, profesores, médicos, administrativos, enfermeras y enfermeros, celadores, conductores de ambulancia, de metro, de tren, de autobús, policías municipales y nacionales, bomberos, abogados de oficio, asistentes sociales, jueces, trabajadores todos, asalariados, debemos rebuscar en nuestros bolsillos, renunciar a nuestro bienestar y nuestro futuro para pagar a los bancos y a los especuladores, que son una y la misma cosa, porque, ya se sabe, la banca nunca pierde.

Democracia traicionada.

En estos días en los que todo se tambalea, se empieza a cuestionar también el modelo de democracia tal y como lo conocemos, afirmando, entre otras cosas, que ese modelo basado en el Estado-Nación surgido y exportado por la Revolución francesa ya no nos sirve, que ha quedado obsoleto en nuestro mundo global y globalizado, y donde ese Estado-Nación ha quedado absorbido y devorado por los entes supranacionales que rigen el mundo actual. Se habla así de una postdemocracia y se reclama para ella una nueva filosofía, unas nuevas reglas. No creo que haga falta una nueva filosofía, porque no creo que la democracia tradicional haya quedado obsoleta o inservible. Es mucho más sencillo que todo eso. Simplemente ha sido traicionada. Hemos sido, los ciudadanos, traicionados, engañados. Porque se ha mantenido un simulacro de democracia nacional mientras era groseramente violada en el ámbito supra-nacional. Decía Rousseau que no hay sometimiento tan perfecto como el que conserva la apariencia de libertad porque se cautiva la voluntad misma. Cautivados, engañados hemos estado los españoles, los europeos todos, por la Europa de los mercaderes que creíamos la de los ciudadanos hasta que con la crisis económica se han quitado la máscara sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Gobiernan directamente en Italia y en Grecia, e indirectamente en el resto de Europa, seguros de que tenemos la voluntad cautiva por tantos años de pantomima democrática. Pero nuestra democracia está tan vacía, que si pudiéramos asomarnos a ella sólo oiríamos el eco de nuestro propio grito de terror y angustia, como el de quien vuelve confiado a su hogar y sólo encuentra al abrir la puerta los muros desnudos.

No hace falta una nueva filosofía. No hacen falta conceptos nuevos para que estos monstruos supranacionales sigan justificando el fraude y el atraco. Sólo hace falta que nos devuelvan lo que nos han robado. Y exigir su cuidado y su custodia al Estado-Nación y al Estado-Pluri- o Multi-, o Supra-nacional, o como sea que quieran llamarlo. Porque los principios de la democracia no dependen de la mayor o menos extensión de un territorio, ni de si son muchos o pocos los países que quieran compartirla perteneciendo al mismo club. La pervivencia y el respeto hacia esos principios está en los políticos que hipotéticamente representan al pueblo que los ha elegido. Pero, si estos no lo hacen, la defensa vuelve a las manos del pueblo. La defensa de la democracia debe volver a las manos del pueblo. Esto, en la filosofía de la democracia tradicional se llama reserva de autoridad o principio de resistencia. Aunque son dos conceptos distintos, viajan siempre juntos, porque el primero podría llevar inevitablemente al segundo. El filósofo alemán Johann B. Erhard escribió al final del siglo XVIII lo siguiente: No es fácil que el pueblo se rebele sin tener razón, pues, como pueblo, no se puede rebelar si antes no están todos de acuerdo, y este común acuerdo sólo es posible mediante una clara comprensión de la necesidad de la revolución […]. Se puede afirmar del gobierno que él fue el culpable de toda revolución, puesto que no se adaptó a la emancipación o no respetó los derechos humanos en el nivel que le correspondía al pueblo. Habrá que estar muy atentos a lo que ocurre en Grecia. Pero no nos pongamos dramáticos. No estoy llamando a la revolución. No deseo que el gobierno me acuse de cometer un delito, aunque si culmina la reforma del Código Penal que propugna seguro que lo hará, aunque me cabe la duda de si lo hará por escribirlo o por pensarlo, sí, como se hacía también en el siglo XVIII.