Podemos y el gato de Schrödinger

El gran Leviatán ha despertado de su letargo. Desde que Podemos hizo su aparición en el escenario político español el gran Leviatán del Capitalismo absoluto no ha parado de  echar espuma por la boca y de escupir fuego sobre la formación. De todos los descalificativos que se han vertido sobre Podemos hay dos que se repiten constantemente: Que es populista, y que sus propuestas, su programa, es “poco realista”, cuando no directamente utópico e irreal. Sobre la acusación de populismo poco hay que decir, salvo que mueve más a risa que a preocupación. Si por populistas hemos de entender a los partidos políticos que basan su poder en el apoyo del pueblo obtenido mediante un discurso destinado a complacerle, resulta gracioso que esta acusación provenga de un partido que ganó las elecciones regalando los oídos de su electorado prometiendo lo que sabía que no iba a cumplir, y engañando a los incautos ocultando aquello que sí iba a hacer. Así que su programa, además de populista era completamente irreal. De cualquier manera, ¿qué partido, cuando está en la oposición, o en campaña electoral, no es populista? ¿Es necesario recordar también todo lo que prometió el PSOE que haría en las últimas elecciones, y que, al parecer, no tuvo tiempo de hacer en los 21 años anteriores que estuvo en el gobierno?

Personalmente me da más miedo la acusación de “poco realistas” cuando se refieren a las ideas y a las propuestas de Podemos, y más cuando proviene de los gobernantes pasados, presentes o futuros, porque delata una posición de partida del que lanza la acusación bastante preocupante. Porque, ¿qué significa exactamente “poco realistas”? ¿Qué realidad es la que se toma como punto de referencia para afirmar si una idea es realista o no? ¿Y esa realidad, cualquiera que sea, es inamovible?, ¿no puede cambiarse? Parece que nos estemos metiendo en un problema de mecánica cuántica, y que queramos buscarle tres pies al gato, al gato de Schrödinger, de ese dichoso gato que no sabemos si está vivo o muerto hasta que no abrimos la caja. Pero esto es más sencillo, porque todo lo que hacen los humanos los humanos lo pueden cambiar, pues aquí también, como en la famosa paradoja, la realidad es alternativa y no existe hasta que el observador no interviene.

Si retornamos a la pregunta inicial, ¿qué quiere decir un gobernante (presente o futuro) cuando acusa a las propuestas del adversario de ser poco realistas? ¿Significa que no tiene más remedio que aceptar las reglas de juego impuestas por el capitalismo absoluto, o de eso que ahora llamamos “los mercados”? ¿Que acepta como único marco de referencia ideológico el ideario del liberalismo conservador aún cuando no lo comparta? ¿Significa que él mismo no está dispuesto más que a moverse en los márgenes y en los límites que el mercado y sus intereses le permitan? En la acusación de “irreal” lanzada al adversario político va implícito un reconocimiento de resignación, conformismo e incapacidad para gobernar un estado con iniciativas y políticas propias, y viene a confirmar la ineficacia del Estado-Nación para hacer efectivo el Contrato Social originario establecido con sus ciudadanos. Y, de paso, y para que no quede nada en pie, quien lanza semejante acusación traslada de facto la soberanía del conjunto de los ciudadanos a los mercados financieros y convierte las elecciones, el Parlamento, a sí mismo y a la democracia entera en una simple farsa. Si todo esto va implícito en esa acusación, ¡qué decir cuando el mensaje se hace explícito, y además en sede parlamentaria! Lo hizo Rajoy el 11 de julio de 2012 cuando, incumpliendo lo prometido en campaña electoral, se aprobaron los primeros recortes y la subida de impuestos: “Hacemos lo que no nos queda más remedio que hacer, tanto si nos gusta como si no (…) Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir (…) no tenemos esa libertad. La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios…”. Esta es, pues, nuestra “democracia representativa”,  aunque escuchando al presidente del gobierno, ya no sabemos a quién o qué representa.

Repitamos… La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios. Pero, aún no me queda claro de qué realidad hablaba Rajoy. Es más, estaría por apostar que está confundiendo ideología y realidad. Y esto, el capitalismo, lo ha sabido hacer my bien. Ha conseguido que esa confusión se instale como si fuese un dogma de fe incuestionable, incluso entre aquellos que se quedan al margen del sistema, expulsados por el propio capitalismo, y condenados por ello a la resignación ante una “realidad” que les ha caído como si fuese un cataclismo natural. Y no es así. Existe otra realidad, pero esta es medible, cuantificable, que aparece y se agrava precisamente como consecuencia de las políticas económicas llevadas a cabo desde determinadas posiciones ideológicas. Son los datos, pequeños trozos de realidad pegados a un número. No estaría de más recordar algunos. Según el último informe de Unicef, la pobreza infantil en España ha pasado del 28% al 36% en los últimos 5 años. Según Cáritas, la población socialmente excluida en España asciende al 25%, unos 11,7 millones de personas. De estos, el 77% sufren exclusión del empleo, el 61,7% exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la salud. Todo esto quiere decir que las personas que disfrutan de una situación de integración social plena es ya una estricta minoría y en la actualidad representa tan solo el 34,3%, mientras que en 2007 superaba el 50%. En 1,7 millones de hogares (unos 4 millones de personas), no puede asumirse el coste de la energía necesaria para asegurar unas condiciones de habitabilidad aceptables. Igualmente, en 636.000 hogares (el 3,6% de la población) no entra ningún tipo de ingreso…esta es la realidad de nuestro país. ¿Hay que admitir esta realidad con la misma resignación que admitimos las catástrofes naturales? ¿De verdad no se puede hacer nada para cambiarla? Es evidente que, si a esta situación nos ha conducido unas políticas económicas llevadas a cabo desde una ideología, otras políticas, desde otra ideología, más preocupada por la situación de las personas y menos por los intereses de los mercados, podría cambiarla. Y se ha intentado.

Se ha intentado, y la ideología, no la realidad, lo ha impedido. En diciembre de 2013 el PP rechazó en el Congreso una propuesta de la Izquierda Plural para que no se cortase la luz, el gas o el agua durante el invierno a las familias que no pudieran afrontar su coste. La pobreza energética afecta casi al 18% de los hogares, 1,4 millones de viviendas sufrieron cortes de luz en 2012, y puede acarrear entre 2.300 y 9.000 muertes prematuras al año (Observatorio Español de Sostenibilidad). La portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Laia Ortiz, casi rogaba: “Les planteamos un instrumento legislativo, una medida concreta, para paliar ese sufrimiento. No estamos hablando de medidas complicadas ni tampoco de cifras presupuestarias. Es cuestión de voluntad  política y de valentía para defender el interés general frente a las corporaciones y al interés particular y el negocio”. La medida, calificada de “demagoga”, fue rechazada con el único voto en contra del PP.

Aunque más sorprendente ha sido la suerte que ha corrido el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía. El parlamento de Andalucía había aprobado una serie de medidas para asegurar el valor social de la vivienda (y no un mero bien de consumo sujeto a las leyes del mercado) que permitía la expropiación temporal durante 3 años a los bancos de aquellas viviendas que estuviesen habitadas por familias en riesgo de exclusión social para evitar su desalojo. No hay que olvidar que en 2012 hubo 75.375 ejecuciones hipotecarias, un aumento de 72% con respecto a los datos de 2008; y que cerca del 75% de estos desahucios afectaron a la vivienda habitual. El decreto andaluz también multaba a las entidades que mantuviesen viviendas vacías y se negasen a negociar un alquiler social. Inmediatamente, la Comisión Europea y el BCE arremetieron contra la medida alegando que podía tener consecuencias negativas “para el sistema financiero en su conjunto", por las multas directas impuestas a la banca, y que podría producirse una “reducción del apetito de los inversores por los activos inmobiliarios españoles, así como un deterioro en el valor de las carteras de activos inmobiliarios de los bancos y de la capacidad de los bancos de colocar en los mercados cédulas hipotecaras". Es decir, evitar echar a la gente a la calle es malo para el negocio bancario. El gobierno recurrió pues el decreto andaluz ante el Tribunal Constitucional alegando invasión de competencias y el TC suspendió su aplicación en julio de 2013.

Resulta sorprendente la decisión del TC porque el decreto andaluz pretendía precisamente aplicar los principios establecidos en la propia Constitución española, en concreto el artículo 47 que establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Igualmente, el artículo “exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación”. La sorpresa no es menor cuando el gran Leviatán, primero por boca de Felipe González y después por la de Esperanza Aguirre animaban a un pacto entre las “fuerzas constitucionalistas” para detener el avance de Podemos. Debe ser que se les ha olvidado completamente lo que dice la Constitución, o que también la consideran un documento utópico e irreal, como el programa de Podemos. Es cierto que éste es más un ideario de posicionamiento político que un programa de acción de gobierno, pero eso no disminuye en absoluto su valor, porque, como la Constitución, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala el horizonte al que hay que orientar la acción política. Y ese es el valor de las utopías. La utopía evita el desasosiego, el conformismo y la resignación, y nos obliga a emprender el camino del “ser”, al “deber”, porque sólo percibiendo las injusticias del presente es posible trabajar para corregirlas, dejar atrás el mundo “como es”, y aproximarse al cómo “debería ser”. Y así ha sido hasta ahora. La sociedad ha cambiado, ha progresado gracias a personas que se negaron a aceptar la “realidad” tal y como le venía dada, y lucharon para cambiarla. ¿Dónde estaríamos ahora de haber sido “realistas”? ¿Aplicando el Código de Hammurabi?, ¿en la época de los Señores y los siervos?, ¿en la monarquía absoluta por derecho divino?, ¿sufriendo aún la explotación laboral de la primera industrialización?, ¿dónde?

Quizá haya que recordar a los “partidos constitucionalistas” las utopías poco realistas de la Constitución española para que piensen bien antes de mencionarla si de verdad quieren identificarse con ella, porque, al defenderla, y a la vista de los recortes perpetrados por la ideología dominante, podrían fácilmente ser calificados de “antisistema”, otro término despectivo muy de su gusto. Por ejemplo, ya en el Preámbulo se expresa la utopía máxima, el deseo de establecer “la justicia, la libertad y la seguridad, y promover el bien de cuantos integran” la nación española, así como “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo”; y, por último, “promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”.

Además, se establece que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos” (art. 10.2), “un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad” (art. 31.1), una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y las de su familia (art. 35.1), la protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1), la protección de la infancia (art. 39.4), mantener “un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad” (art. 41), “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” (art. 43.2),  el “derecho a disfrutar de una vivienda digna” (art. 47), y realizar “una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran”. Por si esto fuera poco, la CE afirma que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, y que el sector público podría reservarse recursos o servicios esenciales si así “lo exigiere el interés general” (art. 128).

Bienvenida sea pues una formación política dispuesta a no renunciar a los mandatos de la Constitución, especialmente el que insta a “remover los obstáculos que impidan o dificulten” que los derechos en ella recogidos “sean reales y efectivos” (art. 9.2), porque los partidos tradicionales, postrados por exceso de realismo ante el Capitalismo absoluto, hace tiempo que renunciaron a ello.

Atraco a ley armada

Supongamos que un atracador nos sale al paso y nos encañona con su pistola. “La bolsa o la vida”. El atracador está un poco nervioso, sólo le vemos los ojos porque lleva un pañuelo puesto, a la antigua usanza, pero se le ve que quiere acabar pronto. Como somos unos imprudentes, en vez de obedecer, nos ponemos a pensar. “¿Por qué tengo que obedecerle? Porque lleva una pistola, y la pistola es poder, vale; pero ¿tiene derecho a robarme?, ¿estoy yo en la obligación de darle mi dinero? Claramente no, pues, “si hay que obedecer por fuerza, no hay que obedecer por deber”, de modo que en cuanto desaparezca la fuerza, desaparece la obligación de obedecer. De esa manera tan  ilustrativa pretendía Rousseau explicar a sus lectores que la fuerza no implica derecho, y que sólo se está obligado a obedecer a los poderes legítimos, esto es, delegados y consentidos. Así, por más que nos amenacen con una pistola, no estamos obligados a obedecer, pero, si un policía nacional uniformado nos pide amablemente el carnet de identidad sí lo estamos, porque reconocemos en él a la fuerza pública, legítima, porque forma parte del gobierno que ha sido elegido por todos los ciudadanos.

Bien, ahora, sigamos imaginando, quitémosle el pañuelo al ladrón, vistámosle con un traje elegante, y, por último, le quitamos también la pistola pero en su lugar ponemos una ley. Sigue siendo un ladrón, sigue siendo un atraco, pero el problema es que ahora la fuerza está camuflada por el poder coactivo de una ley que, en principio, nos obliga a vaciarnos los bolsillos. No es difícil imaginar a estas alturas por dónde va la argumentación, pero es necesario probar que esto es justo lo que está pasando desde septiembre de 2011. El gobierno, el anterior, este, los que vengan, han dejado de ser legítimos porque han usurpado la Soberanía Nacional, han traicionando el Pacto Social con la reforma del artículo 135 de la Constitución y, armados con la ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en abril de 2012, están perpetrando el mayor y más impune atraco al pueblo español de toda nuestra democracia. Aunque sus efectos los estamos viendo ahora. Cataluña no puede afrontar el pago de más de 400 millones de euros a escuelas, hospitales y centros asistenciales concertados porque el dinero disponible ha ido a pagar la deuda de los bancos, que es prioritaria; y Andalucía advierte que de seguir reduciendo el gasto público como se le exige por ley tendrá que cerrar 19 hospitales, o 2.000 colegios, o despedir a 60 mil empleados públicos. Pero, vayamos por partes.

Una Constitución no es otra cosa que la formulación explícita del Pacto Social. Porque ningún gobierno existe antes de ese pacto. Como afirma Thomas Paine, “la Constitución de un país no es el acto de su gobierno, sino del pueblo que constituye un gobierno”. Los gobiernos surgen siempre a partir del pueblo, al menos en democracia, en las dictaduras el gobierno se impone sobre el pueblo. Por eso tenemos que distinguir siempre entre poder constituyente y poder constituido. El pueblo encomienda la elaboración de una Constitución a una asamblea constituyente. Una vez formalizada, el pueblo la ratifica, o no, en referéndum, porque sólo bajo las condiciones por él aprobadas consiente en delegar su soberanía a un gobierno. La Constitución es así la expresión de la voluntad del pueblo. A continuación, la asamblea constituyente se disuelve para elegir ya al gobierno, o al partido que ha de formarlo; este es de desde ahora el poder constituido. Este es el procedimiento por el que se aprobó la Constitución del 78 y se eligió el primer gobierno de la democracia. En principio, el poder constituido, el gobierno, no tiene derecho a modificar unilateralmente las condiciones del contrato por las que fue elegido, a no ser, que la propia Constitución establezca los criterios para su modificación, como es nuestro caso. Amparándose en el Título X de la Constitución el PSOE emprendió la reforma del artículo 135 que fue aprobada en septiembre de 2011 sólo con sus votos y con los del PP, al margen del resto de partidos y despreciando al pueblo español. El apartado 1 del artículo reformado consagra el principio de “estabilidad presupuestaria” (déficit 0 a partir de 2020) para todas las administraciones públicas, y el apartado 3 dice que “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Está claro. Se antepone el pago de la deuda a los bancos antes que invertir o mejorar los servicios públicos. El gobierno cogió lápiz y papel, y la Banca dictó el texto. No obstante, el artículo 167.3 establece la posibilidad de someter cualquier reforma de la Constitución a referéndum siempre que lo proponga una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras. No pudo hacerse. La mayoría aplastante de PP-PSOE lo impedía. Y el artículo 168 obliga a la consulta popular siempre que se reforme total o parcialmente los artículos que afectan a los derechos fundamentales y a las libertades políticas. Aquí se encuentran, por ejemplo, el derecho a la igualdad de oportunidades (art. 23.2), y el derecho a la educación (art. 27). ¿Los recortes buscando el despiadado déficit 0 no están afectando a los derechos constitucionales de los españoles? Es cierto que no se ha modificado ni una sola letra de estos artículos. Pero también es cierto que la práctica los ha dejado en papel mojado. En cualquier caso, ¿hubiera aceptado el pueblo español introducir en la Constitución la prevalencia de los bancos sobre las personas?, ¿habría alguien tan estúpido como para encomendar a los futuros gobiernos el deber de desmantelar el Estado del Bienestar para entregar el dinero así ahorrado a los bancos? Si la respuesta, como es previsible, es no, está claro que desde esta reforma se ha usurpado la soberanía nacional, se ha roto el pacto social y se ha traicionado la voluntad popular para instaurar un gobierno sobre el pueblo y contra el pueblo.

Ya tenemos al ladrón. Ahora sólo hay que armarlo. La Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en el Congreso en abril de 2012 es el instrumento por el que se institucionaliza el expolio al pueblo español. La ley desarrolla y amplia el artículo 135 de la Constitución. Bástenos, entonces, un breve repaso por los puntos más importantes. El art.3.2 especifica que “se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural”. Es decir, el Estado entendido como negocio que sólo debe obtener beneficio, y las personas, debemos contribuir a este beneficio recortando nuestros derechos y las prestaciones que recibimos. El art.7.2 dice que “la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público”, dicho claramente, recortes, ajustes y privatizaciones para ahorrar, que es lo que importa. Y el Estado se entiende como intermediario para que los bancos hagan negocio porque, como establece el art.12.5, “los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto [vía impuestos] se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública”. El art.14, como ya establecía la Constitución, deja claro que “el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto". En los artículos, 11, 13, y en la Disposición Transitoria Primera, se establece como meta del déficit estructural el 0,4% del PIB nacional a conseguir en 2020, para lo cual hay que reducirlo a un ritmo aproximado del 0,8 al año, con revisiones parciales para ajustar objetivos en 2015 y 2018.

Es un auténtico atraco. Pero, además, la ley es un atentado a nuestra inteligencia, porque es de una hipocresía insultante. En el preámbulo que pretende justificar la ley se dice: “La estabilidad presupuestaria, consagrada constitucionalmente, es base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española, para garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria. La salvaguardia de la estabilidad presupuestaria es un instrumento indispensable para lograr este objetivo, tanto para garantizar la financiación adecuada del sector público y los servicios públicos de calidad sobre los que descansa el sistema de bienestar, como para ofrecer seguridad a los inversores respecto a la capacidad de la economía española para crecer y atender nuestros compromisos”. Pero, si hay que seguir recortando de aquí al 2020, y luego no hay que gastar un euro más de lo que se ingresa, y si todo lo que se ingresa de más es para los bancos, y si cuando hay ingresos hay que pagar primero las deudas, ¿cuándo se va a recuperar el Estado del Bienestar?, ¿cuándo vamos a tener, de nuevo, servicios públicos de calidad? ¿Cuándo vamos a tener con esta ley un futuro más próspero, justo y solidario? Nunca, mientras exista. Porque más bien consigue lo contrario. Robarnos el futuro, y hacer una sociedad más injusta e insolidaria. Los últimos desplantes de algunas comunidades al contable Montoro en el último Consejo de Política Fiscal, y los problemas de Cataluña y las advertencias de Andalucía son sólo una muestra de esa toma de conciencia del horizonte que nos espera. Los verdaderos objetivos de la ley son crear oportunidades a los emprendedores, al sector privado reduciendo el sector público; y ofrecer seguridad a los inversores, diciéndoles que, por ley, este gobierno, cualquiera, se va a ocupar antes de sus ganancias que sus ciudadanos.

En las manifestaciones suele gritarse una consigna: “Manos arriba. Esto es un atraco”. No sé si los manifestantes saben hasta qué punto están en lo cierto. Pero, eso es lo que diría el atracador. No debemos adoptar su punto de vista, sino el verdadero, el nuestro, el de los atracados, y pensar, como en el caso planteado por Rousseau: ¿Tenemos que obedecer, tiene derecho el gobierno a perpetrar este atraco? ¿Es legítimo el gobierno que ha roto el pacto social y se ha apropiado de la voluntad del pueblo alterando a su gusto nuestra Constitución y aprobado un ley a la medida del negocio bancario? ¿Tenemos la obligación de obedecer a un gobierno que actúa en realidad de intermediario del negocio de la especulación financiera? Así, quizá, cuando tengamos clara la respuesta, sepamos qué hacer. La fuerza, dice el divino Rousseau, hizo los primeros esclavos, su cobardía los ha perpetuado.