El Estado de las Autonomías (I): Café no, democracia para todos.

En su discurso a las cortes constituyentes de la Segunda República del 4 de septiembre de 1931, Ortega y Gasset decía: “No pido la organización de España en grandes regiones por razones de pretérito, sino por razones de futuro”. Pretendía con ello ofrecer la mejor solución relativa posible al “problema catalán”, esa “pequeña isla de humanidad arisca”, como la calificó en otro discurso de mayo de 1932 en el que se debatía la autonomía para Cataluña: “Y una vez que imaginaba a España organizada en nerviosas autonomías regionales, entonces me volvía al problema catalán (…) y hallaba que, sin premeditarlo, habíamos creado el alvéolo para alojar el problema catalán…y lo habríamos puesto en su justa medida. Por otra parte, Cataluña habría recibido parcial satisfacción, porque quedaría solo, claro está, el resto irreductible de su nacionalismo”. Pero Ortega conocía muy bien la historia, y por eso afirmaba que el problema catalán no es un problema que se pueda resolver, sino sólo “conllevar”: “Lo único serio que unos y otros podemos intentar es —decía— arrastrarlo noblemente por nuestra Historia”.

Y aquí estamos de nuevo, arrastrando el mismo “problema”, pero no es Cataluña el problema, el problema es España, el problema es que llevamos más de cinco siglos discutiendo qué cosa sea este “sustento geográfico” que acoge a catalanes, vascos, gallegos, navarros, castellanos, andaluces, aragoneses y valencianos; y el problema es, en fin, que la crisis actual y el desconocimiento de la historia y de lo que somos amenazan con otro castigo histórico; o recentralización o separatismo, y nunca ha habido lo uno sin lo otro, como Caín y Abel. Otra vez, como aventuraba Ortega, estamos frente a frente, “la España arisca y la España dócil”.

Y, sí, la Historia nos castiga. “A la democracia en España”, decía Miguel Roca en mayo de 1978, “no se le ha dado la oportunidad de asentarse, se le ha negado el derecho al error”; y especialmente en estos dos últimos siglos, la historia nos ha castigado con pronunciamientos militares, golpes de estado y dictaduras, y la última nos ha durado todo un Tránsito por el desierto. Por eso, aseguraba Roca, era necesario abrir en España un proceso constituyente “para reencontrar la historia interrumpida”, pues, de otro modo, “sería tanto como negar la historia y decir que todo empezó en 1939”. Pero la discusión de qué cosa sea España para encontrar una organización territorial y administrativa acorde a esa realidad supuesta o admitida no empezó en 1939, ni, por supuesto, en 1977, como algunos creen, ni siquiera en la República de 1931; empezó hace ya más de cinco siglos, con los Reyes Católicos. Ya entonces se decía que la monarquía española era “un cuerpo unificado de muchos elementos y trozos”,  pero Castilla era en realidad el cuerpo de España, “pues las demás regiones son los pies y los brazos”. Afirmación que recuerda aquella otra de Ortega en La España invertebrada: “No se le dé más vueltas, España es una cosa hecha por Castilla (…) nada hay tan conmovedor como reconstruir el proceso incorporativo que Castilla impone a la periferia peninsular. Desde un principio se advierte que Castilla sabe mandar”. Y aunque Castilla supo imponer y mandar, en realidad, a duras penas, lo importante es que desde entonces quedaron asociados en nuestra historia, la de las ideas y los hechos, dos binomios antagónicos: centralismo-absolutismo versus federalismo-democracia. Y las Cortes constituyentes de nuestra reciente democracia (del 26 de octubre de 1977 al 31 de octubre de 1978) más se parecían a una facultad de historia que a una asamblea de representantes del pueblo. Allí se trajo a la memoria la unión “federal” de Castilla y Aragón, y el centralismo de Felipe II, del Conde-Duque de Olivares y de Felipe V, para los catalanes, “de mala memoria”. También se recordaron los debates constituyentes de la Segunda República y los que rodearon la aprobación del estatuto catalán de 1932, Azaña, Ortega….y, por supuesto, la dictadura de Franco. Por eso, pocas dudas tenían nuestros constituyentes de que restaurar la democracia en España pasaba ineludiblemente por restaurar el Estado de las Autonomías. Jordi Pujol en su discurso en el pleno del Congreso del 27 de julio de 1977, pedía a la cámara, en la “euforia del encuentro con la democracia”, que reflexionase sobre un hecho “incontrovertible"; y es que “autonomía y democracia en España son inseparables”. Y así lo admitieron todos los grupos representados en la cámara sin excepción. La futura constitución democrática debía definir “un marco autonómico capaz de responder generosamente a las aspiraciones y derechos de los diversos pueblos que componen España”, como defendía Felipe González en el mismo pleno. Mientras que la descentralización se admitía ya como un principio indiscutible de la restauración de la democracia, las constantes alusiones a la dictadura de Franco levantaba ampollas entre los diputados de Alianza Popular. Manuel Fraga consideraba “de escasa utilidad para España el debatir lo ya pasado”, y se negaba a “participar en infecundos debates retrospectivos”. Visiblemente molesto, se negaba a “recordar cada día nuestra lealtad a una época que ya sólo la Historia puede juzgar, y que, en su conjunto, consideramos una etapa relativamente positiva para la historia de España”. Licinio de la Fuente, antiguo ministro de trabajo de Franco, en la sesión del 12 de mayo de 1978 decía sentirse profundamente dolido “porque para defender determinadas posturas se tenga que estar ofendiendo, desnaturalizando y tratando injustamente lo que ese régimen ha hecho en España, cuyo balance todavía es pronto para conocerlo”.

Los miembros de la Ponencia Constitucional

Con la restauración de las Autonomías se pretendía además avanzar en el proceso democrático, llevarlo hasta sus últimas consecuencias posibles para hacer realidad el concepto de Soberanía Popular, pues se trataba de acercar la democracia a los ciudadanos para hacerlos partícipes y responsables de la gestión de los asuntos que les afectaban directamente. Pero no se trataba de un  regionalismo impuesto desde arriba, como se hizo en la Primera República, o como también defendía Ortega, como medio para movilizar en “vitalidad pública a los pueblos cansinos”, sino de un regionalismo surgido desde abajo, rescatando las mismas intenciones de la Segunda República, un mecanismo de devolución y redistribución del poder político y económico entre todos los ciudadanos. Quien mejor lo expresó, sin duda, fue el diputado de la Candidatura Aragonesa Independiente, Hipólito Gómez de las Roces. “La regionalización permitirá una mayor participación democrática en la gestión pública, enriqueciendo la existencia de centros de decisiones ejecutivas y aproximando la solución del problema a la base que lo padece, de suerte que todos también nos sintamos responsables y no sólo acusadores”. Pero, advertía, el tema autonómico debía abordarse “con generosidad”, de modo que fuese posible alcanzarlo para todos los territorios, pues “la igualdad que tanto predicamos exige que las autonomías se construyan alejando cualquier sombra de privilegio”.

Se mostraba así el apoyo a un proceso que ya estaba en marcha, pues, al mismo tiempo que en las Cortes se discutía el modelo de Estado y el proyecto de Constitución para la naciente democracia, el gobierno de UCD procedía a la restitución de las Autonomías aprobadas por la Segunda República, y por ello consideradas “históricas”. Así, el 29 de septiembre de 1977 se restituyó la Generalitat de Cataluña y se promovió la vuelta de su presidente en el exilio, Josep Tarradellas. A su toma de posesión, el 24 de octubre de 1977, acudió el presidente Adolfo Suárez: “Hoy es un día histórico para Cataluña y para España (…) por primera vez desde hace siglos el hecho catalán se aborda desde el Gobierno de la Monarquía y desde Cataluña sin pasiones, sin enfrentamientos,… si fue Felipe V quien firmó el Decreto de Nueva Planta que anulaba las instituciones autonómicas, ha sido el rey don Juan Carlos I quien las ha devuelto”.  En diciembre de 1977 se concedió igualmente la preautonomía para el País Vasco, y en marzo del año siguiente le llegó el turno a Galicia. Algunos sectores de la derecha, e incluso dentro de la propia UCD defendían detener aquí el proceso autonómico, pero el hacerlo extensible a todas las regiones que la solicitasen fue defendido con tenacidad por Manuel Clavero Arévalo, presidente del Partido Social Liberal Andaluz, y Ministro para las Regiones desde julio de 1977. El ministro era partidario de la fórmula “Autonomía para todos”, que luego se convirtió en la más conocida del “café para todos”, y que ahora se utiliza de forma despectiva para menospreciar demasiado alegremente todo el proceso descentralizador llevado a cabo por el gobierno de la Transición. Pero entonces, la fórmula “Autonomía para todos” se caracterizaba, en palabras del propio ministro, “por el reconocimiento del derecho de autonomía para todos y por la ausencia de privilegios y discriminaciones para nadie”. Y así, antes de la redacción y aprobación de la Constitución, entre marzo y abril de 1978 se aprobaron las preautonomías de Valencia, Aragón, Canarias, Andalucía, Baleares, Extremadura y Castilla y León. Luego vinieron todas las demás.

Al mismo tiempo que el gobierno impulsaba este proceso autonómico, en las Cortes se debatía el proyecto de Constitución. El primer obstáculo importante que hubo que salvar fue el referido al artículo 2. En él se definía el modelo de Estado, y de él dependía el tipo y el alcance de la descentralización que se desarrollaba en otros artículos y que, de todas formas, ya estaba en marcha. En el anteproyecto de Constitución el artículo decía: “La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos, y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. Fraga presentó un voto particular en contra de la introducción del término “nacionalidades”, pues, a su juicio, el término “región autónoma” era más que suficiente para describir la base geográfica e histórica de las autonomías, y era el único término empleado en la Constitución de 1931: “No puede aceptarse más que una Nación, España; y una nacionalidad, la española. Lo otro nos lleva a planteamientos tan complejos, delicados y cargados de dificultades de futuro como el principio de las nacionalidades o el derecho de autodeterminación, que sería deseable evitar, al servicio de la sagrada e indestructible unidad de España”. También el filósofo y senador Julián Marías puso el grito en el cielo porque en el anteproyecto no aparecía por ningún lado el concepto Nación vinculado a España, arrojando por la borda, decía, y “sin pestañear, la denominación cinco veces centenaria de nuestro país. Me pregunto hasta dónde puede llegar la soberbia -o la inconsciencia- de un pequeño grupo de hombres, que se atreven, por sí y ante sí, a romper la tradición política y el uso lingüístico de su pueblo, mantenido durante generaciones y generaciones, a través de diversos regímenes y formas de gobierno”. Las presiones ejercidas desde dentro y desde fuera de la Cámara tuvieron efecto, y el artículo quedó tal cual lo leemos hoy, recordemos: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas  ellas”. Como se ve, todo un texto de consenso que, por contentar a todos, no gustaba a nadie,…. y por eso se aprobó. Al senador vasco Juan María Bandrés, el artículo le recordaba “la grandilocuencia de las peores etapas franquistas”. El término “nacionalidades”, que tan poco gustaba a los diputados de Alianza Popular, era una concesión a la minoría vasco-catalana que pretendía así reconocer un grado más elevado de identidad cultural, por encima del que pudieran tener el resto de las llamadas “regiones”. Y aunque socialistas, comunistas, y los diputados de UCD con el gobierno a la cabeza, pretendían limitar el alcance del término nacionalidades únicamente “como expresión de identidades históricas, lingüísticas y culturales”, para catalanes y vascos era la aceptación de una realidad que consideraban indiscutible, que España era un Estado plurinacional, y que el término nacionalidades, como temían los diputados conservadores, se refería a “naciones sin Estado” que podían más adelante reclamar el derecho de autodeterminación. A andaluces y aragoneses les molestaba el término nacionalidades en la Constitución, no por el peligro de separación que conllevaba, sino por el privilegio y distinción que admitía. Gómez de las Roces, de Candidatura Aragonesa Independiente, se preguntaba: “¿Qué serán las nacionalidades que no serán las regiones, si en el anteproyecto de Constitución no se dice que vayan a ser otra cosa?”. La réplica, la daba el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Heribert Barrera: “Es una trampa peligrosa crear conmensurables nacionalidades y regiones; lo son en dignidad y en derechos, evidentemente, pero no en naturaleza ni en aspiraciones”.

Hoy, al amparo de la crisis económica que padecemos, esas aspiraciones han vuelto al primer plano de la política española y han resucitado el debate tantas veces interrumpido, acallado o aplazado, que es en realidad lo que hizo la Constitución de 1978. Entonces se creó un modelo de Estado en parte centralizado, en parte regionalizado, y en parte federalizado. Y los que defendían un modelo de Estado federal aceptaron la Constitución como un adelanto histórico frente a la dictadura reciente que aún proyectaba su sombra sobre la democracia, y “porque un día podía ser federal, ya que es federable”. Intentando encauzar esas aspiraciones el PSOE acaba de presentar una propuesta de reforma de la Constitución para hacer de España un Estado federal, dentro de su programa de renovación general al que llama “Ganarse el futuro”. Pero sus detractores creen que es ir hacia atrás, y recuperan el argumento con el que Miguel de Unamuno se oponía al federalismo en España en 1931: “Lo que aquí se llama federar es desfederar, no unir lo que está separado, sino separar lo que está unido”. Y como respuesta a las ideas y a los mecanismos de recentralización económica impulsados desde Madrid para contener el gasto de las Autonomías, Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado a su vez una ponencia en la que defiende la instauración de una República independiente. Y de nuevo ha estallado el debate. Aún estamos discutiendo lo que es o no es España. Quizá, como reclamaba Xabier Arzalluz en el debate al anteproyecto constitucional en mayo de 1978, “es evidente que por encima de las denominaciones hemos de encontrar el encaje exacto de las realidades sin discutirlas, ensamblándolas convenientemente. Porque todo ello es posible”.

Velos

Admitámoslo, Europa tiene un problema con el Islam. La presencia de inmigrantes musulmanes supone todo un desafío para el viejo continente. Pero no es ese tipo de desafío que muchos quisieran resucitar, el que se combate a lomos de un caballo blanco y gritando aquello de “¡Santiago y cierra España!”, porque cerrada la quisieran para este tipo de inmigración. No, es otro tipo de desafío, si cabe, más apasionante aún, pues en esta lucha Europa combate consigo misma. El reto al que nos somete la convivencia con los musulmanes podría formularse así: ¿Seremos capaces los europeos, tanto los Estados como los ciudadanos, de poner en práctica los principios y valores que tanto pregonamos? Yo tengo serias dudas de que estemos superando esta prueba con éxito, pero antes de responder es necesario recordarnos a nosotros mismos cuáles son esos valores.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 18, dice que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. El Convenio Europeo de Derechos Humanos inserta este derecho fundamental en el artículo 9.1 y la Constitución Española en el artículo 16.1 dice que “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Este mandato queda desarrollado en la Ley de Libertad Religiosa de 1980 aún en vigor. El gobierno socialista emprendió en su segunda legislatura la reforma de esta ley, en la que habían prometido abordar el polémico asunto de los símbolos religiosos en los espacios públicos, pero el proyecto fue aparcado en el verano de 2010, coincidiendo con una visita del presidente al papa Benedicto XVI y de que éste acusase al gobierno español de practicar un “laicismo agresivo”.

Aunque el concepto “laico” o “laicismo” no aparece en nuestra Constitución, —el artículo 16.3 sólo dice que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”—, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) equipara de hecho ambos conceptos, “laicismo” y “aconfesionalidad”, pues en ambos casos al Estado se le exige la separación de toda confesión religiosa y la neutralidad ante la pluralidad de creencias que puedan darse en su territorio. Además, esta neutralidad debe manifestarse tanto de forma negativa (los poderes públicos no pueden perseguir ninguna creencia) como positiva (protección y colaboración con las distintas confesiones) “introduciendo de este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva que veda cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y estatales” (STC 177/1996; 46/2001).

Fuente: Hadi, para Wikipedia, Alemania

Estos son los principios asumidos por todos los países de Europa, principios de pluralidad ideológica, de libertad de expresión y de respeto a las creencias individuales que son ya inherentes al sistema democrático, un sistema que consideramos, con razón, avanzado y digno de imitación, pues es el único que puede garantizar la tolerancia y, por tanto, la convivencia pacífica en sociedad. Pero, siempre hay un pero, va a ser verdad eso de que “del dicho al hecho va mucho trecho”, porque, habiendo asumido la democracia como un signo de identidad de Europa, la misma Europa se puso a temblar cuando Turquía solicitó el ingreso en la Unión Europea, y entonces se puso a buscar algún ingrediente más que añadir a su identidad para poder cerrarle la puerta a los turcos, más pobres, sí, pero, sobre todo, más musulmanes. Entonces se estaba redactando la malograda Constitución Europea y fueron muchas las voces que exigían que se incluyese el papel que el cristianismo había tenido en la configuración del Continente. Una de esas voces fue la del entonces, y ahora de nuevo, Joseph Ratzinger. En agosto de 2004 opinaba que el ingreso de Turquía en la U.E sería un error, pues siendo el cristianismo una parte importante de la identidad europea, “Turquía estaría en contradicción con la identidad cristiana de Europa”. En el preámbulo de la Constitución, finalmente, sólo se hacía referencia a la “herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho”. A pesar de esta renuncia explícita al pasado cristiano de Europa, caben pocas dudas de que ese mismo pasado sigue velando en la sombra por esa pretendida identidad europea basada en la raza, en la cultura y en la religión, y no en los valores y principios democráticos de los que tanto presume (la Constitución fue aparcada y Turquía aún es candidata). La sala de los Museos Capitolinos, en Roma, donde se firmó la Constitución, es todo un símbolo que no tiene desperdicio. Como tampoco lo tiene la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de marzo de 2011 por la que se permitía la presencia de los crucifijos en las aulas italianas asegurando que, aunque “el crucifijo es un símbolo religioso”, “no hay ninguna prueba de que su visión en los muros de un aula escolar pueda tener influencia sobre los alumnos”. La sentencia revocaba otra anterior de noviembre de 2009 dando la razón al Estado italiano que consideraba el cristianismo y el crucifijo como partes sustanciales e inseparables de la cultura de Italia. El cardenal Gianfranco Ravesi se apresuró a celebrar el fallo del tribunal, afirmando que “el crucifijo es uno de los grandes símbolos de Occidente” y que, siendo el cristianismo “un elemento fundamental y absolutamente relevante de Occidente”, si “Europa pierde la herencia cristiana, pierde también su propio rostro”.

Si se analizan las sentencias del TEDH se descubre una tendencia a dar la razón a los países, a justificar las restricciones que hacen de los derechos fundamentales basándose en la dificultad de establecer criterios fijos en materia de libertad religiosa para todos los integrantes de la U.E, dada la distinta y, según el tribunal, legítima relación que cada país haya establecido sobre la materia. Es como si se lavara las manos, diciendo, “puesto que estamos en democracia, haced lo que creáis para salvaguardar cada uno el concepto de democracia que crea más conveniente”. Claro que el Tribunal lo dice de otra manera: “Cuando están en juego cuestiones relativas a la relación entre el Estado y las confesiones religiosas, respecto de las cuales las opiniones en una sociedad democrática pueden diferir ampliamente, debe concederse una importancia especial al papel del órgano nacional (...). Consecuentemente, las normas en esta esfera variarán de un país a otro según las tradiciones nacionales (…). Por tanto, la elección de la extensión y la forma de tales regulaciones debe dejarse inevitablemente hasta cierto punto al Estado interesado, puesto que dependerá del contexto doméstico” (Leyla Sahin contra Turquía).

Campaña contra los minaretes en Suiza

Y cada país ha establecido así sus propias normas. En Alemania, el Tribunal Constitucional dictaminó en septiembre de 2003 a raíz del caso Ludin la posibilidad de que cada Länder pudiera legislar y prohibir el velo islámico. Pero la prohibición debía partir de los parlamentos democráticamente elegidos y no de los tribunales. Y esto, a pesar de haber dado la razón a Fereshta Ludin, una profesora de origen afgano y nacionalidad alemana, de que se había violado su derecho a la libertad religiosa cuando el Tribunal de Stuttgart le prohibió dar clase con el velo puesto. Durante 2004, en los estados alemanes de Baden-Württemberg, Baja Sajonia, Berlín, Hesse y Baviera se aprobaron leyes contra el velo. En Francia, se prohibió en marzo de 2004 el uso del velo y de cualquier otro símbolo religioso que pudiera considerarse “ostentoso”, a pesar de que el Consejo de Estado había dictaminado en dos ocasiones, en 1984 y en 1992, que el uso del velo no era incompatible con el principio de laicidad del Estado. La norma es aplicable en la enseñanza Primaria y Secundaria, pero no en la Universitaria. Y en septiembre de 2010 se prohibió el uso del velo integral, niqab o burka, en los espacios públicos. La ministra de Justicia argumentaba que “el velo integral disuelve la identidad de una persona en la de una comunidad…vivir juntos supone la aceptación de la mirada del otro, no es simplemente una cuestión de seguridad o de religión”. En Bélgica también está prohibido el uso del velo integral desde junio de 2011, aunque sin citarlo explícitamente. Sólo se dice que se prohíbe a las personas “presentarse en espacios públicos con la cara disimulada o tapada enteramente, de tal forma que no se pueda identificar”. Un año antes, en noviembre de 2009, Suiza prohibió en referéndum la construcción de minaretes en las mezquitas. En el resto de países de la Unión Europea aún no hay leyes estatales que zanjen de una manera o de otra el debate sobre los símbolos religiosos del Islam. En el Reino Unido un Dictamen de la Cámara de los Lores publicado en marzo de 2006 sentenciaba que no podía considerarse violado el libre ejercicio de las creencias religiosas si una persona acepta un empleo o cualquier otra función si previamente conoce las condiciones del lugar en el que va a trabajar o estudiar, pues, “el derecho a la libre expresión de las creencias religiosas no se prolonga sobre cualquier tiempo y lugar”. De esa manera, da vía libre a las escuelas para decidir qué tipo de indumentaria permitían o no a sus alumnos.

Y en España… ¿qué pasa en España? Parece que la historia vuelve a pesar sobre nosotros, y que esa fiesta  de “moros y cristianos” que nos la recuerda cada año, muchos están empezando a tomársela muy en serio. Muchos españoles tienen la sensación de que estamos sufriendo una nueva “invasión” y se visten el hábito de cruzado para combatirla. Sin embargo, los datos parecen no avalar la existencia de una "nueva invasión", que requiera de una "nueva reconquista". Según datos del INE de enero de 2012, de un total de 5.711.040 extranjeros, de Marruecos procedían 783.137 personas, lo que supone un 13,7% sobre el total de la población inmigrante, y puesto en relación a la población total de España en ese año (47.212.990) resulta que suponen un 1,65%. Según el Estudio Demográfico de la Población Musulmana en España, realizado por el Observatorio Andalusí, si a esa cantidad le sumamos los musulmanes de otras nacionalidades tenemos un resultado de 1.157.687. Y si, por último, sumamos los 513.942 musulmanes españoles, tenemos un total de 1.671.629 millones de musulmanes, casi un 3% de la población. En un país donde todavía, según la última encuesta del CIS, un 72,6% de la población se declara católica, no parece que el islam sea una amenaza. También es verdad que las sensaciones están más justificadas en aquellos lugares donde hay mayor concentración de musulmanes. Cataluña está a la cabeza, con casi 450 mil, le siguen ya a bastante distancia Andalucía (266.421), Madrid (249.643) y Valencia (176.053). No es de extrañar, por tanto, que sea en estos lugares donde el debate sobre las manifestaciones de la religiosidad musulmana en el marco de nuestra democracia hayan sido más enconados que en otros sitios. En los últimos años ha aumentado considerablemente la oposición vecinal a la construcción de mezquitas, y el ayuntamiento de Lleida aprobó en mayo de 2010 una ordenanza municipal por la que se prohibía el uso del velo integral en lugares públicos argumentando que atentaba contra la dignidad de las mujeres, era discriminatorio, impedía su integración y vulneraba el principio de igualdad entre sexos. Como es sabido, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado este febrero pasado la ordenanza de Lleida. El Tribunal no se pronunciaba sobre la posibilidad de que en el futuro el Parlamento español pudiera aprobar una ley prohibiendo el velo, se limitaba a recordar que sólo mediante una ley estatal podían restringirse las libertades consagradas en la Constitución, pero en ningún caso mediante una ordenanza municipal.

Fuente: Público, 11 de octubre de 2009

El debate, por tanto, sigue abierto y, como decíamos al principio, lo apasionante del tema estriba en encontrar argumentos para restringir las libertades individuales, en este caso, para limitar las expresiones de la religiosidad musulmana. Porque, a pesar de todo lo dicho anteriormente, la búsqueda no es tarea fácil, y no tanto porque tengamos que respetar sus creencias, como para no violar nuestros propios principios, pues la aceptación de la democracia como marco de convivencia nos impone las condiciones y las normas de esa búsqueda. Dicho de otra manera, nuestro punto de partida, y el de llegada, debería ser la democracia, defender los valores inherentes a la democracia sin salirnos de ella.

Las condiciones, establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y recogidas en las leyes españolas, nos recuerdan que “el ejercicio de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública” y “siempre que el recorte que experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto y proporcionado para alcanzarlo”. Partiendo de estas condiciones la búsqueda de esos argumentos se presenta ardua, tanto, que todos los alegados hasta ahora han sido desmontados por los tribunales. Aunque todos tienen relación entre sí, podrían reducirse a cuatro, y sus objeciones podrían aplicarse tanto a la restricción del velo como a la construcción de mezquitas, aunque en distinto grado.

Uno: La libre expresión de las formas exteriores de la religión musulmana provocan un choque cultural evidente con las costumbres occidentales. Es el argumento más débil de todos. Porque en democracia hemos asumido la pluralidad y la diversidad de valores y creencias, incluyendo, claro está, la dimensión externa de estas creencias, que deben poder manifestarse con plena inmunidad de coacción por parte del estado o de cualquier grupo social. Es aquí donde cobra sentido el concepto de tolerancia, que no es otra cosa que la aceptación de las diferencias de unos ciudadanos con respecto de otros, por muy distintos que sean ideológica, religiosa o culturalmente. De modo que, aunque el “choque”, la diferencia, es real, las leyes no están para resolver las diferencias evitando la confrontación ocultando o eliminando la “visibilidad” de la que le es menos propia.

Dos: La prohibición se hace para salvaguardar el orden público y los derechos fundamentales de los demás. La defensa que hacía el ayuntamiento de Lleida para prohibir el burka decía lo siguiente: “En nuestra cultura el ocultamiento del rostro en la realización de actividades cotidianas produce perturbación en la tranquilidad, por la falta de visión para el resto de personas de un elemento esencialmente identificativo cual es la cara de la persona que lo oculta”. Aquí lo difícil es demostrar objetivamente que se protege el orden público prohibiendo el velo o la erección de una mezquita porque, de lo contrario, se perturba la tranquilidad de terceras personas. Como la salvaguarda del orden público se ha convertido en un comodín por el uso y abuso de algo que debería ser absolutamente excepcional, el Tribunal Constitucional ya advirtió que “el orden público no puede ser interpretado en el sentido de una cláusula preventiva frente a eventuales riesgos, porque en tal caso ella misma se convierte en el mayor peligro cierto para el ejercicio de ese derecho de libertad”, y que “sólo cuando se ha acreditado en sede judicial la existencia de un peligro cierto para «la seguridad, la salud y la moralidad pública», tal como han de ser entendidos en una sociedad democrática, es pertinente invocar el orden público como límite al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto” (STC 46/2001). De manera que, por muy poco que nos guste ver mujeres vestidas con el burka por la calle, es muy difícil probar que eso mismo “provoque consecuencias físicamente evaluables que puedan perturbar la tranquilidad de los demás, como ruido, emanaciones de gases o fluidos, emisión de ondas magnéticas…”. Por lo que se refiere a la “intranquilidad” que produce no ver el rostro de otra persona, el fiscal que defendía ante el Tribunal Superior la anulación de la ordenanza de Lleida, aseguraba, no sin sorna, que esto sólo podría entenderse si construimos “un derecho a ver el rostro de otro, que supone la negación del derecho de cada cual a exhibirlo”. Por supuesto esto no afecta a la obligación de toda persona a identificarse cuando es titular personalizado de un derecho o de un servicio público.

Tres: El velo es un símbolo de discriminación y de opresión de la mujer. Todos los tribunales, y no sólo los españoles, nos alertan contra una interpretación generalizada y unilateral de los símbolos. Dada su naturaleza subjetiva y ambigua, su significado sólo debería establecerse en relación a la persona que lo usa. Si no, corremos el riesgo de asumir una posición de superioridad cultural e imponer una interpretación “occidentalizada” en objetos de culturas ajenas, sin tener en cuenta, o simplemente despreciando la voluntariedad y la libre elección de quien lo porta. Podríamos de esa manera sustituir una supuesta imposición, la de llevarlo; por otra, la de quitárselo. En este sentido, dado que la prohibición afectaría a mujeres adultas, el TS pone en cuestión la coacción externa, ya sea explícita o implícita, pues como vivimos en un estado democrático y de derecho, “la mujer en él tiene a su disposición medidas adecuadas para optar en los términos que quiera por la vestimenta que considere adecuada a su propia cultura, religión y visión de la vida, y para reaccionar contra imposiciones de las que, en su caso, pretenda hacérsele víctima, obteniendo la protección del poder público”.

Cuatro: La prohibición facilitaría la integración en nuestra sociedad. En primer lugar habría que aclarar qué entendemos por “integración”, pues no son pocos los que interpretan este concepto más bien como “desintegración” y “disolución” de la cultura ajena en la propia de manera que desaparezcan las diferencias. Pero integración es equivalente a “no marginación” del inmigrante, a permitirle llegar en condiciones de igualdad con la sociedad de acogida tanto para asumir sus deberes como para disfrutar de sus derechos. Por eso, insisten todas las sentencias, hay que pensar en los efectos no deseados pero reales de las prohibiciones. Recuérdese que las limitaciones de los derechos fundamentales deben ser “necesarias” y acordes con el “fin legítimo previsto”. La prohibición del velo, del hiyab, en las escuelas, puede provocar el absentismo escolar entre las niñas musulmanas, por eso prevalece su derecho a la educación, una herramienta más poderosa, pero sí, también más lenta, para lograr en un futuro su integración, entendida incluso como una relajación, cambio o abandono de sus creencias y convicciones que, en cualquier caso, debería ser individual y voluntaria. Con el velo integral habría que razonar de la misma manera, por más que nos pese ver a mujeres por la calle con una cárcel puesta que anula su sociabilidad. Sobre estos efectos contraproducentes de las prohibiciones advertía la Comisión Europea en una Recomendación sobre Islam, Islamismo e Islamofobia publicada en 2010. El comisario europeo de derechos humanos criticaba así las prohibiciones aprobadas en Francia y en Bélgica: “Estamos indignados con razón con los regímenes que imponen el velo integral a la mujer. Pero atacando a la mujer y sancionándola no se resuelve el problema. Lejos de lograr la integración de las mujeres que se cubren con él se fomenta su exclusión social”. El TS razonaba de la misma manera: “En los estudios doctrinales sobre la justificación de una prohibición de tal tipo no es infrecuente resaltar el riesgo del efecto perverso que pueda derivarse de la misma: el enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato, si decide anteponer a otras consideraciones sus convicciones religiosas; lo que a la postre resultaría contrario al objetivo de integración en los diferentes espacios sociales, y en suma, en vez de servir a la eliminación de discriminaciones, pudiera contribuir a incrementarlas”.

Así pues, el reto sigue vivo. Habrá que seguir buscando argumentos que justifiquen sin ningún género de duda las limitaciones o prohibiciones que en un futuro se establezcan al libre ejercicio de las creencias religiosas de culturas tan alejadas de la nuestra como la musulmana. Pero hay que hilar muy fino, porque, como hemos visto, la democracia nos impone unas estrictas reglas para poder hacerlo. A no ser, que nos liemos la manta a la cabeza, o que seamos nosotros los europeos los que nos pongamos el velo para ocultar nuestras convicciones, y admitamos, sin pudor, que la única forma de defender nuestros valores es renunciando a ellos.

¿A quién representan?

Estos últimos días nos hemos indignado por el nombramiento de Rodrigo Rato, todavía imputado por el caso Bankia, como asesor de Telefónica, y porque la empresa para la que trabajaba Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, es desde noviembre de 2012 propietaria de los laboratorios que realizan los análisis clínicos de seis hospitales de Madrid, servicio privatizado precisamente durante su etapa como Consejero de la Comunidad. Nuestra indignación es comprensible, pero delata también nuestra ingenuidad. Aún no hemos entendido, o no queremos entender cómo funciona el “Sistema”, que está, simplemente, agradeciendo los servicios prestados en la defensa de sus intereses, así, sin más. Otros antes que ellos fueron igualmente recompensados: Aznar y Miguel Roca trabajan para Endesa, Elena Salgado para su filial chilena, Ángel Acebes para Iberdrola, Miguel Boyer para Red Eléctrica, Isabel Tocino y Abel Matutes para el Banco Santander, Felipe González para Gas Natural, Pedro Solbes para Enel, propietaria de Endesa, Marcelino Oreja para Enagás…y así hasta más de 40 ex-altos cargos del PP y del PSOE. Sólo de vez en cuando, la indignación y la presión mediática consiguen que alguna de estas personas renuncien a sus nuevos y lucrativos puestos de asesoría, como ha ocurrido con Güemes, o como ocurrió con el marido de María Dolores de Cospedal,  Ignacio López del Hierro, que tuvo que dejar su puesto como consejero de Red Eléctrica Española, una empresa que aún es pública, sólo para recalar en Iberdrola.

Parece que todavía en Europa queremos mantener una cierta hipocresía, y le damos mucha importancia a las apariencias, de modo que para guardarlas el Sistema nos brinda algunas leyes que legalizan lo inmoral, con tal de que se respeten ciertas condiciones. En nuestro caso contamos con la Ley de incompatibilidades de 2006, cuyo artículo 8.1 dice que los altos cargos “no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado” durante los dos años siguientes a la fecha de su cese. Dos años, no parece mucha espera. Así que, Güemes, efectivamente, no había hecho nada ilegal. En Estados Unidos no se andan con tonterías. Allí puede haber hasta 5 lobbistas por cada parlamentario cuya única misión es asegurarse de que las leyes que emanan del Congreso se ajustan a los intereses de las empresas que representan. Y es que, la democracia es la gran apariencia.

Ya dijo Marx aquello de que “el Estado es una institución al servicio de la clase dominante”. Pero Marx es una antisistema (quizá, un perroflauta), tan denostado que mucha gente necesita o quiere oír lo mismo pero de alguien menos sospechoso. Joseph Stiglitz, Nobel de Economía en 2001 y profesor de la Universidad de Columbia, sostiene en su último libro, El precio de la desigualdad, que quienes tienen el poder, “utilizan ese poder para reforzar sus posiciones económicas, o, como mínimo, para mantenerlas”. Stiglitz habla del fenómeno de “búsqueda de rentas” para referirse al proceso de transferencia de riqueza de la parte baja de la sociedad hacia la parte alta, en donde el gobierno, tanto por lo que hace (liberalizar, privatizar, desregular…) como por lo que no (fiscalidad progresiva, control financiero…) se convierte en el intermediario necesario, inexcusable, que en realidad defiende los intereses de las rentas altas.

Y así llegamos a las privatizaciones. Porque todos los ex-altos cargos acaban trabajando para las empresas públicas que fueron privatizadas. No hay duda de que “la privatización es un instrumento más que se utiliza en beneficio de las clases económicas dominantes de las que, en última instancia, depende dicho gobierno”. Aunque evidentemente, el Sistema quiere convencernos de que se privatiza por otras razones. Unas, de orden práctico, como ahora, para reducir el déficit público y obtener un dinero ”extra”. Aprovechando la crisis se está vendiendo todo el patrimonio público de Portugal y de Grecia por órdenes directas de la troika. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, el argumento más utilizado, aunque sin prueba empírica alguna que lo corrobore, es que la empresa privada es más eficiente que la pública. De ser así, sólo se privatizarían aquellas empresas públicas que tuviesen pérdidas, dando por hecho que las pérdidas se producen por una gestión ineficiente de la misma. También habría que admitir que todas las empresas privadas son, por definición, eficientes, y que ninguna debería incurrir en pérdidas ni quebrar. Pero es que, además, los hechos, desmienten las razones.

Fijémonos, por ejemplo, en el proceso privatizador llevado a cabo en España desde el ingreso en la Unión Europea. Normalmente suele dividirse este proceso en 3 periodos. El primero, desde 1986 hasta 1992, año en el que entra en vigor el tratado de Maastricht, tiene lugar bajo los gobiernos socialistas la reestructuración y fusión de gran parte de las empresas públicas que eran rentables. Así, se crearon Repsol, Inespal, Indra, Tabacalera, Endesa, Aceralia y Argentaria, que quedaron englobadas en el grupo Téneo. Otras empresas con pérdidas fueron vendidas a empresas privadas extranjeras, por ejemplo Seat fue vendida en 1986 a Volkswagen, y Enasa-Pegaso al grupo Fiat-Iveco en 1991.  Un segundo periodo iría de 1992 hasta 1996, año de la llegada del PP de José María Aznar al gobierno. En esta fase empiezan a venderse paquetes de acciones de las empresas públicas rentables que en el periodo anterior habían sido objeto de reestructuración, y se hace por imperativo legal, pues Maastricht prohibía las subvenciones a empresas públicas, y quería garantizar el acceso de cualquier inversor a cualquier tipo de empresa. Aún así, el gobierno quería mantener el control de las empresas reteniendo un 10% de las acciones, con lo que se aseguraba un puesto en la gestión y una nada desdeñable participación en los beneficios. La tercera etapa se inicia en 1996 y llegaría hasta nuestros días. A los tres meses de la llegada de Aznar al gobierno se disolvió el grupo Téneo con objeto de liquidar el resto de las acciones que el Estado aún retenía de sus empresas. Entonces se aceleró la privatización completa de las empresas públicas más rentables, las que entonces se conocían como las “joyas de la Corona”, no sólo por su rentabilidad, sino porque pertenecían a sectores estratégicos, fundamentales para cualquier Estado; Energía (Repsol, Endesa) Comunicaciones (Telefónica) y Banca (Argentaria). De nuevo, y con la excusa de equilibrar las cuentas, en el plan del PP de Rajoy se pretende privatizar RENFE, AENA, Red Eléctrica Española, IAG (fusión de Iberia y British Airways), vender las acciones de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), y los servicios que prestan las comunidades como el Canal de Isabel II en Madrid y la Sanidad allí donde gobiernan.

Si a la transferencia directa de rentas a las clases altas por la vía de la privatización de empresas y servicios públicos le añadimos otras cuestiones, como la amnistía fiscal, las desgravaciones a las grandes empresas, la tributación regresiva (paga más el que menos tiene) que grava las rentas del trabajo y no las del capital, la negativa a regular el sector financiero ni a imponerle cualquier tipo de tasa, una legislación laboral hecha al dictado de los empresarios, y si, en fin, a todo esto le añadimos los escándalos de financiación irregular y de corrupción en todos los partidos políticos, ¿qué nos queda? La constatación de que la democracia es otra apariencia, quizá la más importante, porque es la que contiene a todas las demás, pero es apariencia al fin y al cabo, una entelequia, una farsa. Aunque nos cuesta verlo y aceptarlo pues llevamos mucho tiempo sumidos en el engaño. Lenin (¿otro perroflauta?) lo dijo ya en 1917: “El Capital, al dominar esta envoltura (la democracia), que es la mejor de todas, cimenta su poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar ese poder”.

¿Aún pensamos que la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo? Nos ayudaría a comprender el mundo en el que vivimos si aplicáramos como método de análisis de la realidad ese proverbio que afirma que “obras son amores y no buenas razones”, es decir, si en vez de fijarnos en las apariencias, en las formas, nos fijáramos más en lo que los gobiernos hacen y no en lo que dicen que hacen, o en la mayoría de los casos, en lo que prometen hacer. Como ejemplo, hechos comprobados, y muy sensibles en las circunstancias actuales: La deuda de los cuatro grandes partidos, PSOE, PP, CiU y PNV, con los bancos asciende a unos 200 millones de euros, pero éstos devuelven muy poco porque es normal perdonar la deuda a los partidos que están en el gobierno o renegociarla en condiciones muy ventajosas para ellos. En 1996 Caixa Galicia perdonó al PP casi 300 millones de las antiguas pesetas. En 2004 Caixa Cataluña perdonó al PSC unos 6,5 millones de euros y 2,7 a ERC. En 2006 el Banco Santander y el BBK perdonaron al PSOE una deuda de unos 30 millones de euros. En junio de 2011 el Congreso rechazó que la deuda hipotecaria con un banco pudiera saldarse con la entrega de la vivienda. Votaron en contra PSOE, PP, CiU y PNV.

Sí, es cierto, cada cuatro años el pueblo elige a los diputados que se sientan en el Congreso, ¿y luego? Nos vamos a casa, tranquilos, seguros, porque sabemos, o deberíamos saber, que la democracia está guardada hasta la convocatoria siguiente, a buen recaudo, en la caja fuerte de los bancos.

Revolución (e indignación) en democracia. Conclusión

Por todo lo expuesto hasta ahora, parece evidente que en democracia es muy difícil, yo diría que imposible, que estalle una revolución. Porque los mecanismos de prevención establecidos por el propio sistema funcionan, pues una inmensa mayoría de ciudadanos engañada por las apariencias de la democracia considera la revolución innecesaria. Incluso con un deterioro constante de sus condiciones de vida es muy difícil que en un corto periodo de tiempo recupere un nivel de conciencia y de iniciativa suficientes como para levantarse contra un gobierno que cree fue elegido democráticamente. Nos hemos creído demócratas, y como tales hemos aceptado con resignación la decisión de la mayoría. Toca aguantar y esperar a las próximas elecciones para contribuir con nuestro voto a un cambio de rumbo en la situación política. Mientras tanto, siempre podemos ejercer nuestro derecho a la protesta acudiendo a las manifestaciones, creyendo igualmente que en democracia es el único medio legítimo para dar rienda suelta a nuestro enfado contra el gobierno. Además, el ciudadano, el pueblo, necesita creer en la democracia, porque cree que su propia situación socioeconómica está tan vinculada a ella que cualquier movimiento de masas que la haga temblar repercutirá inevitablemente en su modo de vida. La clase media es conservadora, quiere conservar lo que tiene, lo que ha conseguido, y para ello necesita creer en la democracia.

El bipartidismo que se consolida por todas partes es una consecuencia clara de esa necesidad. El voto de esta masa sin definición ideológica bascula sin problemas de un lado a otro según le empujen el último titular, el último desengaño o el último escándalo. Hasta el momento los tres mecanismos de prevención han funcionado, y seguirán funcionando siempre que el capitalismo cuide la máscara de la democracia y cuide a la clase media que le sirve de sostén.

Pero otros muchos ciudadanos han visto con esta crisis lo que realmente se oculta detrás de la máscara y han gritado y pedido una Democracia real ya. A estos ciudadanos el propio sistema los ha llamado antisistema, equiparándolos despectivamente a delincuentes comunes y asociándolos a la violencia de estos últimos. Y muchos otros ciudadanos han caído en la trampa del lenguaje, como cayeron en el pozo de la verborrea económica para aceptar sin rechistar el recorte de sus derechos.

Pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir diciendo donde y cuando se pueda que la revolución, o, mejor, la cada vez más deseable y necesaria insurrección ciudadana es precisamente para defender la democracia, para exigir bastante más democracia y bastante menos corrupción y egoísmo en el sistema. 

Mecanismo 3 (y último): Clase media (o la inconciencia de clase)

La existencia de una amplia clase media es el tercero y último de los mecanismos de defesa de la democracia, que, como decíamos, lo es a su vez del capitalismo. La creación de esta clase media ha ido gestándose desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se hizo más que evidente la necesidad de la intervención del Estado para corregir los desvaríos del sistema, que habían provocado dos grandes crisis y dos guerras mundiales. Sin entretenernos mucho en este asunto, puede decirse sin más que la consolidación de esta Clase Media es un éxito tanto del capitalismo como de la socialdemocracia, pues durante la segunda mitad del siglo XX la política obligó a la economía a dejar fluir hacia abajo, hacia el pueblo, una pequeña parte de la riqueza que generaba. Claro que el fantasma del fascismo superado, y del bolchevismo soviético contemporáneo actuaba siempre de amenaza latente de hacia dónde podrían ir los acontecimientos si el capitalismo no se aliaba con la democracia. Esta riqueza, como si de una limosna se tratara, se fue concretando en derechos sociales y laborales, en la construcción de una red asistencial y de servicios públicos, y en unos salarios que permitían a los trabajadores vivir con una cierta dignidad y comodidad. Como aseguraba Maquiavelo, “nadie hace el bien sino por obligación”, y al capitalismo se le obligó a ser algo más humanitario, y así la socialdemocracia parecía triunfar.

El Estado, ese monstruo que marxistas y anarquistas querían hace poco exterminar, de pronto parecía convertirse en una institución que por fin se preocupaba por el bien común, sustituyendo la dominación y la explotación que le había caracterizado, por la mediación y la redistribución de la riqueza que generaba el sistema. La ampliación de esta base social de apoyo a la democracia y al capitalismo, que ahora parecía no ser tan malo, se convirtió en lo que hemos llamado colchón social, porque ha conseguido amortiguar las diferencias de clase, no las ha suprimido, porque ricos y pobres sigue habiendo, pero en unos niveles que la clase media puede soportar. Esta amplia clase media ha roto la bipolaridad social sobre la que se basaba el discurso marxista, pues ha ocultado o difuminado, cuanto menos, los antagonismos entre los otrora llamados explotadores y explotados.

La socialdemocracia sustituyó la lucha de clases por la lucha del mérito y el talento entre los miembros de una misma clase, entre los propios trabajadores. Es la llamada meritocracia, otro de los grandes logros del sistema. Pues la clase media se había llegado a convencer de que el sistema permitía el éxito personal con independencia de la renta o la extracción social, sólo había que formarse y trabajar duro para conseguirlo. En esto consistía la igualdad de oportunidades. Si un individuo fracasaba, pensábamos, la culpa es sólo suya, no del sistema. Como consecuencia, se ha eliminado la verdadera conciencia de clase y se ha sustituido la lucha colectiva por un individualismo egoísta y corporativo que anula la conciencia social. Ni qué decir tiene que esa igualdad de oportunidades es más hipotética que real. La extracción social sí importa, importa la familia y los estímulos que pueda ofrecer o las necesidades que pueda tener. Como la igualdad de oportunidades se establece en los inicios del proceso formativo del individuo, dejaba ya bastante en entredicho la realidad de la meritocracia el hecho de que en el sistema capitalista admitamos sin cuestionarlo la existencia de dos modelos educativos, uno público y otro privado, pero ahora, con los brutales recortes que está sufriendo la Educación Pública, la pretendida igualdad de oportunidades se ha revelado simplemente falsa.

Esta clase media y el engaño de la meritocracia han desarmado ideológicamente a los partidos de izquierda porque, diría Marx, ha dejado de pensar y de comportarse como “clase”, ha dejado de ser “clase” en sentido estricto, porque no tiene conciencia, no sabe el lugar que ocupa en el sistema capitalista. Y por eso vota a derecha o a izquierda sin demasiado criterio ni juicio crítico, según le va a cada individuo personalmente. Por eso decía Engels que el sufragio universal es el índice que mide la madurez de la clase obrera. Y así, hasta los partidos mayoritarios que se llaman de izquierda basculan hacia su derecha llevando a cabo políticas “centradas” en buscar el voto de esta masa inconsciente. Engañada, o inmadura, tanto da, es capaz de votar a los partidos de derechas sin caer en la cuenta de que están haciendo inclinar la balanza hacia el capitalismo inhumano y egoísta que tantos problemas provocó en el pasado.

En esta crisis, los recortes en derechos sociales y en servicios públicos están golpeando especialmente a la clase media. Desempleo, disminución de salarios, desamparo laboral, subida de impuestos, desmantelamiento de los servicios públicos, etc., han despertado la alarma en el pueblo de media Europa, que se está movilizando y saliendo a la calle, ejerciendo su derecho a la protesta, en contra y a despecho de nuestro gobierno que hubiera querido la aceptación callada y sumisa de cada uno de los golpes. Pero es una política económica suicida, permitir el hundimiento de la clase media va en contra del capitalismo mismo y de la democracia que lo protegía. Despierta lo que el búlgaro Tzvetan Todorov llama enemigos íntimos de la democracia, porque emergen de su seno y de sus propios errores. El populismo, que puede manifestarse tanto bajo la forma de nuevos fascismos como de nuevos comunismos, es uno de ellos. Y está pasando. Los más de seis millones de franceses que votaron ultraderecha, y los 21 diputados que han obtenido los neonazis en Grecia son síntomas nada despreciables. Y el último aviso, que parece que ha calado en el ánimo de los políticos, que han empezado ya a hablar de la necesidad de estimular el crecimiento. A buenas horas mangas verdes (¿azules?) que diríamos aquí. Sin embargo no se trata tanto de los errores de la democracia como de los del capitalismo. Éste se ha sentido tan seguro, ha controlado tanto a la política, tanto la ha sometido, que ha pensado que podía prescindir de la democracia. Lenin pensaba que la extinción del Estado capitalista implicaba la extinción de la democracia porque se haría innecesaria. Esto me produce una seria duda que formulo con congoja, porque, está claro que el capitalismo se parapeta detrás de la democracia, que la necesita, pero, ¿necesita la democracia al capitalismo? 

La Iglesia, los homosexuales y otras cosas objetivas

"La homosexualidad es, objetivamente,
una conducta desordenada"

La Iglesia es una asociación, un club. Y como tal es lícito que tenga unos estatutos y unas normas que imponer a sus afiliados. Y también es muy normal que quien quiera formar parte de este club deba acatar sus normas. Pero los miembros de este club no acaban de enterarse de que ni pueden ni deben intentar imponer sus normas y sus valores a las personas que no forman parte de él. Por tanto, es verdad lo que dice el señor Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, la Iglesia no es quién para decir qué es o qué no es la homosexualidad, aunque tampoco lo es la medicina ni la psicología. Y decir que la homosexualidad es “objetivamente una conducta desordenada” resulta poco menos que grotesco en boca de alguien que basa su existencia y sus creencias en la Fe, quizá el concepto más contrario a la razón y a la objetividad. Y si de conductas sexuales hablamos, es de suponer que el calificativo “desordenado”  quiere decir aquí “antinatural”, pues debe ser la naturaleza el punto de referencia del “orden” establecido. Pues bien, ¿hay algo más contra la naturaleza misma del hombre que renunciar al sexo? ¿No es esto una conducta objetivamente desordenada? Sí, lo es. La prueba evidente es que la naturaleza misma se rebela, imposibilitando la represión del instinto sexual incluso entre los miembros de la Iglesia que acaban cayendo, no en pecado, sino en picado hacia el delito de pederastia. Es “objetivo”, que la naturaleza acaba siempre venciendo a su Fe.

Pero ni me sorprenden ni me dan miedo los exabruptos que pueda proferir una institución medieval en pleno siglo XXI. Temo bastante más a los políticos, los legisladores, por el crédito que puedan darle a sus declaraciones. Porque existe el peligro real de que quieran imponer a los demás las creencias y la moral del club del que ellos mismos forman parte, confundiendo fatalmente las labores encomendadas por el Pacto Social. Como decíamos en otra entrada, ni las creencias, ni la moral que guía la vida privada de cada individuo ha sido cedida al legislador, por lo que el gobierno de ninguna manera debe legislar sobre asuntos que pertenecen exclusivamente a su vida privada y a su conciencia. Es de una soberbia intolerable pensar que alguien tiene derecho a imponer a los demás su propia conciencia y moralidad, y muchos menos una asociación de hombres por grande y antigua que sea. Creo que ya puede decirse claramente. La existencia de la Iglesia es contraria a los valores de la democracia, por cuanto que ni cree ni tolera el derecho de todas las personas a vivir y ejercer su libertad como le plazca, siempre que no viole el derecho de los demás a obrar de la misma manera. Incluido, claro está, el derecho a decidir con quién se mete cada uno en la cama.

Si la democracia es el mejor sistema para ejercer los derechos humanos, debe también admitirse que éstos sólo pueden ampliarse, nunca reducirse. Porque un derecho se usa, o no; se ejerce, o no. Un derecho no obliga a nadie a hacer o pensar conforme a ese derecho, sólo permite a los demás ejercerlo con libertad y responsabilidad. Pero la Iglesia, y sus fieles y simpatizantes, en su infinita soberbia, actúan como si no hubiera más moralidad que la suya, y quieren obligar a los demás a no hacer lo que ellos no harían, suprimiendo o restringiendo por ley los derechos y libertades individuales. Más claro. Un derecho es voluntario, depende de la conciencia de cada cual usarlo o no; una ley obliga o impide a todo el mundo, con independencia de su conciencia. Y así, resulta que vivo no según mi conciencia, sino con la conciencia impuesta de otro. Yo no me casaría con un hombre, pero ¿por qué voy a impedir que otro lo haga, con qué derecho voy a legislar sobre el sexo, el amor y el afecto, decidiendo yo por él, en lugar de él, con quien me parece bien o mal que ese afecto se manifieste, premiándolo con derechos civiles, o negándoselos? Recordemos que el PP aún mantiene un recurso de inconstitucionalidad sobre el matrimonio homosexual.

Ayer fue el divorcio, hoy el matrimonio homosexual, el aborto, la muerte digna…Vivimos en una democracia secuestrada por la moral de una Iglesia que todavía consigue convertir en ley sus propios prejuicios y desvaríos. Y es lamentable que el único partido que se dice de izquierdas y progresista con posibilidades reales de gobernar todavía no nos haya liberado.

Lo dicho, no me da tanto miedo lo que diga el señor Camino, o el señor Rouco, o el obispo de Alcalá, como ver a la señora Cospedal, presienta de Castilla-La Mancha, de fervorosa costalera. 

Mecanismo 2: Derecho de huelga y manifestación

La verdad no existe. La verdad es una convención social. Se llega a ella por puro acuerdo, mediante la conversación y el diálogo. Sólo cuando dos posturas contrapuestas alcanzan un cierto grado de conciliación puede decirse que se está más cerca de la verdad. Y sólo bajo una irracional soberbia puede alguien pensar que su verdad es la verdad, y que, no sólo no necesita de los demás para encontrarla, sino que se arroga el derecho de imponérsela. Cuando esto lo hace el Estado, el Gobierno, se llama Totalitarismo, Dictadura, pues impone sus dictados a los que sólo considera súbditos, palabra que designa a los que simplemente deben obedecer y callar. Y esta es la deriva que está tomando este gobierno, que no parece creer en las virtudes democráticas de la libertad de expresión y opinión, porque quizá simplemente no cree en la democracia más que en la medida en que ésta se le somete en silencio. Antes de la Huelga General del 29 de marzo afirmaban que “había que revisar” este derecho. La reforma del Código Penal, endureciendo las penas contra los manifestantes y convocantes, demonizando de paso a los sindicatos, y el control de la Televisión Pública que están a punto de cometer sólo puede interpretarse como un intento de erradicar la disidencia y la discrepancia, y de controlar la información que llega al ciudadano para engañarnos con su verdad, imponiéndola con la fuerza pública de la ley.

Pero es contraproducente. Va en contra de la estabilidad misma del sistema democrático-capitalista restringir el derecho a la manifestación pública de la discrepancia con los poderes públicos, precisamente porque mantiene al pueblo por los cauces legales de protesta, haciendo innecesaria cualquier otra forma de expresión fuera de esos cauces, lo que sería mucho más peligroso por espontánea y descontrolada. Los derechos de opinión, expresión, asociación, huelga y manifestación están regulados por el Sistema. Forman parte del derecho al pataleo que el sistema regala al pueblo para dar salida a sus frustraciones y desengaños. El sistema nos dice, cuándo, cómo, de qué manera, por qué calles y en qué plazas podemos manifestarnos. Y en las huelgas nos impone unos “servicios mínimos” para no hacerle demasiado daño. Y el pueblo usa ese regalo respetando las condiciones con las se le dio, y se siente satisfecho después de haberlo hecho, vuelve a casa y al trabajo con la conciencia tranquila pues ha hecho lo que debía, lo que, pensaba, es lo menos que en democracia puede hacerse.

Y funciona. Claro que funciona, y más en las democracias que en ningún otro sistema, porque si la protesta es multitudinaria, masiva y prolongada, obligará a los gobernantes a agarrarse a los sillones en los que se creían cómodamente instalados corrigiendo los desvíos que el pueblo denuncia. Es evidente que ningún gobierno reconocerá un cambio de rumbo en sus políticas ni en sus formas debido a las manifestaciones en la calle, y es inútil e ingenuo pedirles ese reconocimiento. Las huelgas y manifestaciones son siempre una inversión de futuro, incluso a corto plazo, porque en la perspectiva vital de los políticos no caben más de cuatro años, y siempre temen ser desalojados por las urnas.

Sólo un ejemplo. Sarkozy, defensor a ultranza de la política de ajustes, quiso atraerse a los votantes de izquierda en Francia reconvirtiéndose en el defensor de las políticas de crecimiento. Pero no dio resultado, y después de perder en la primera vuelta en las elecciones quiere atraerse el voto de la ultraderecha y dice sentirse orgulloso de ser llamado fascista por un comunista.  ¿Qué teme Sarkozy? 

Mecanismo 1: Elecciones periódicas o marxismo actualizado

A Santos

Se ha hablado aquí con frecuencia del Pacto Social. Y ya hemos dicho que ha sido roto, robado, usurpado, y que en realidad la democracia que creíamos tener está vacía, o, simplemente, es falsa. Y así, para demostrar de qué manera la democracia se “defiende” de una posible revolución no nos sirven ya los teóricos del Pacto Social. Y no sólo porque estén demasiado atrás en el tiempo, que también, sino porque ahora lo importante no es la democracia, sino el Estado, y a sus teóricos hemos de acudir para ponerle el apellido correcto a esta maquinaria, que más se asemeja al monstruo de Hobbes, al Leviatán que todo lo devora, que a ese inocente organismo de conciliación social como ingenuamente creía que era la socialdemocracia desde sus inicios, y posiblemente todavía lo cree. Sí, parece mentira, a estas alturas del siglo XXI, pero tenemos que acudir al socialismo científico, al marxismo, a las palabras del mismo Marx, a Engels y a Lenin, pues son de una actualidad asombrosa. Bastará con una pequeña actualización de algunos términos ya en desuso, pero habrá que rescatar otros que creíamos trasnochados, y cuyo empleo parecía fuera de lugar, hasta hoy: Explotación, Capital, Capitalismo, Lucha de clases, Estado capitalista.

Empecemos enunciando la tesis principal: Si las elecciones periódicas son un mecanismo de defensa de la democracia, la democracia misma es un mecanismo de defensa del sistema capitalista.

La experiencia histórica obligó a Marx a corregir sus vaticinios sobre el Estado, pues confirmó su esencia, como institución al servicio del Capital, pero se equivocó en su evolución. Porque el Estado no se destruye, sólo se transforma, se adapta y se mejora. Y el Estado capitalista-democrático es la forma más avanzada y más completa de su evolución. Marx escribe, a propósito de la revolución francesa de 1848, que “todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina [el Estado], en vez de destrozarla. Los partidos que luchaban alternativamente por la dominación consideraban la toma de posesión de este inmenso edificio del Estado como el botín principal del vencedor”. Porque botín es lo que ofrece el sistema capitalista a sus colaboradores. ¿A que suena actual?

En 1884 Engels aseguraba que la República democrática es la forma más elevada de Estado porque no reconoce oficialmente diferencias de fortuna —ya hablaremos de la hipotética meritocracia y su pretendida igualdad de oportunidades— y porque en ella el dinero ejerce su poder indirectamente, pero de un modo más seguro. Bien por corrupción directa de los funcionarios del Estado, es decir, gobernantes; o bien “bajo la forma de alianza entre el gobierno y la Bolsa. Esta alianza se realiza con tanta mayor facilidad, cuanto mayor crecen las deudas del Estado”. ¿Escalofriante, verdad? Sigamos un momento con Engels. Afirma que la clase poseedora impera sobre la oprimida de un modo directo por medio del sufragio universal, al haberla convencido de que es a lo máximo a que puede aspirar, en el único sistema político posible. Y sentencia: “El sufragio universal es, de esta suerte, el índice de madurez de la clase obrera”, pues de ella se esperaría que eligiese a sus propios representantes y no a los del Capital. Sin comentarios. O casi. ¿Cuántas veces hemos dicho después de una convocatoria electoral aquello de que “tenemos lo que nos merecemos”?

Termino con Lenin. También él reconoce a la república democrática como la mejor envoltura política del capitalismo, y escribe en 1917 lo siguiente: “El Capital, al dominar esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta su poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar ese poder”. Lenin está dispuesto a admitir que la democracia capitalista es la mejor forma de Estado para los trabajadores, pero, dice, no debemos olvidar “que la esclavitud asalariada es el destino reservado al pueblo incluso bajo la república burguesa más democrática”.

¿Qué error ha cometido el sistema capitalista en esta crisis? Además de su excesiva avaricia (si este concepto redundante existiera), alzar su rostro por encima de la democracia. Muchos habremos confirmado lo que ya sabíamos. ¿Y el resto del pueblo, lo habrá visto?, ¿y si lo ha visto, se acordará en las próximas elecciones? Cuatro años dan para mucho. El Capital puede volver a agazaparse por detrás de la democracia para restaurar el sistema. El pueblo, se frotará los ojos dudando de lo que ha visto. Nada, un mal sueño.

Revolución en democracia. Mecanismos de prevención

En anteriores entradas en este Blog se han introducido dos conceptos siempre polémicos en la filosofía política, el de reserva de autoridad y el derecho de resistencia del pueblo. Y también se ha hablado de la revolución como la máxima y más radical expresión de estos principios. Es hora de tratar este tema con seriedad, puesto que las reformas y los recortes en el Estado del Bienestar que se suceden a velocidad de vértigo en nuestro país van a provocar, como es de esperar, una mayor y progresiva contestación social en la calle.

La cuestión básica a dilucidar es la siguiente: ¿Es posible una revolución en las democracias actuales?

La palabra revolución asusta, asusta mucho, y es verdad que no habría que utilizarla a la ligera, especialmente porque por la experiencia histórica vivida va inevitablemente vinculada al ejercicio de la violencia por parte del pueblo. Pero la violencia, la violencia física, es un riesgo, no una condición ni un requisito de la revolución. Dependerá siempre de la mayor o menor resistencia de las instituciones a los cambios que reclama el pueblo. Habría que recordar que hay otros tipos de violencia, y que existen otros agentes que la practican. Nuestro ministro de Justicia hablaba de “violencia estructural” para referirse a una presión social oculta que, según él, impide a las mujeres ser madres, olvidándose de las leyes aprobadas por su gobierno que explícitamente dificultan el derecho que dicen proteger, como el eliminar la bonificación por maternidad, limitar los periodos de lactancia, la prolongación de los contratos en prácticas o la movilidad geográfica de todos los trabajadores, que no son leyes precisamente para conciliar la vida familiar con la laboral. Es decir, el propio gobierno puede ejercer violencia amparando con la ley la injusticia, tanto más dolorosa cuanto más se reviste de legalidad. Nuestras leyes actuales permiten a un banco embargar una vivienda por impago, echar a la calle a una familia y obligarla a seguir pagando de por vida una casa que ya no es suya, que pertenece al banco y que éste volverá a vender para seguir obteniendo beneficio. Es difícil encontrar en nuestros días mayor violencia legalizada que esta, ni más alejada de la lógica, la razón y la justicia. Así, mientras que el banco utiliza la fuerza del gobierno para defender sus intereses, la familia afectada sólo cuenta con la solidaridad del pueblo para defenderse. Robespierre, uno de los líderes de la Convención Nacional durante la Revolución Francesa, en un discurso de 1794 exclamaba: ¿Hasta cuándo el furor de los déspotas seguirá siendo llamado justicia, y la justicia del pueblo barbarie o rebelión? ¡Cuánta ternura hay para con los opresores y cuánta inflexibilidad para con los oprimidos!

Antes de seguir adelante, conviene aclarar el término revolución para saber exactamente de qué estamos hablando. Podría servir de punto de partida la distinción terminológica que utilizó el filósofo alemán Erhard a finales del XVIII. Para él una rebelión solo implica una desobediencia momentánea al poder establecido; una insurrección se utiliza para restaurar derechos reprimidos o la supresión de exigencias excesivas del gobierno, pero en ninguno de los casos se cuestionan las bases del sistema ni requieren cambios de gobierno. Una revolución sin embargo implica cambios profundos en las relaciones jurídicas, económicas y sociales que mantiene el pueblo con el Estado. A partir de aquí hay que echar mano de la teoría marxista del Estado para entender la necesidad de una revolución. Pues la revolución siempre parte de abajo, pero sólo cuando toma conciencia de que el Estado es una institución que está al servicio de la clase o poderes dominantes, y que utiliza la fuerza legalizada con el sólo propósito de mantener y perpetuar su dominación. Bien, ¿sería posible en la Europa democrática una revolución?, ¿o solamente cabe pensar en rebeliones e insurrecciones?

El sistema capitalista y democrático actual ha establecido al menos tres mecanismos para alejar de su seno el fantasma de la revolución: renovación periódica de los poderes del Estado mediante sufragio popular, existencia de canales y cauces legales de opinión, reunión y manifestación para que el pueblo pueda expresar su disidencia y oposición; y existencia de un amplio colchón social, la llamada clase  media, que oculta, o en todo caso amortigua la conciencia de la existencia y permanencia de desigualdades socioeconómicas intrínsecas al sistema. A parte de estos tres fundamentales, hay otros menores como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el control que puede ejercer el legislativo sobre el ejecutivo, etc. Una revolución en una democracia occidental sólo sería posible si fallasen al mismo tiempo los tres mecanismos principales. Y, que yo sepa, no ha ocurrido todavía. Las dos revoluciones históricas, la francesa y la rusa, y las actuales del mundo musulmán han sido revoluciones contra regímenes totalitarios, por tanto ocurridas, no por la quiebra sino por la inexistencia de los tres dispositivos de seguridad. Pero que no haya ocurrido no quiere decir que no pueda ocurrir, si se dan las condiciones necesarias, si el grado de involución política y de bienestar social es de tal magnitud que haga necesaria la revolución. La responsabilidad, en todo caso, recaerá siempre en el propio Sistema, en el Estado que debía haber mantenido las condiciones establecidas, pactadas, y no lo hizo; que debía haber vigilado el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad y, en vez de eso, trabajó para suprimirlos, despertando así al pueblo de su letargo. Porque el pueblo siempre ha estado más dispuesto a soportar ciertos niveles de injusticia que a luchar por sus derechos.

En entradas sucesivas analizaremos el estado actual de los tres mecanismos de seguridad, y podremos comprobar cómo, las medidas que se han tomado hasta el momento, y las que seguramente se tomarán en los próximos días, pueden ubicarse en el desgaste de estos tres mecanismos. Nuestros políticos debían prestar más oído al refranero popular, mucho más sabio que los que así se hacen llamar, cuando nos advierte de que la avaricia siempre termina rompiendo el saco.