Mecanismo 2: Derecho de huelga y manifestación

La verdad no existe. La verdad es una convención social. Se llega a ella por puro acuerdo, mediante la conversación y el diálogo. Sólo cuando dos posturas contrapuestas alcanzan un cierto grado de conciliación puede decirse que se está más cerca de la verdad. Y sólo bajo una irracional soberbia puede alguien pensar que su verdad es la verdad, y que, no sólo no necesita de los demás para encontrarla, sino que se arroga el derecho de imponérsela. Cuando esto lo hace el Estado, el Gobierno, se llama Totalitarismo, Dictadura, pues impone sus dictados a los que sólo considera súbditos, palabra que designa a los que simplemente deben obedecer y callar. Y esta es la deriva que está tomando este gobierno, que no parece creer en las virtudes democráticas de la libertad de expresión y opinión, porque quizá simplemente no cree en la democracia más que en la medida en que ésta se le somete en silencio. Antes de la Huelga General del 29 de marzo afirmaban que “había que revisar” este derecho. La reforma del Código Penal, endureciendo las penas contra los manifestantes y convocantes, demonizando de paso a los sindicatos, y el control de la Televisión Pública que están a punto de cometer sólo puede interpretarse como un intento de erradicar la disidencia y la discrepancia, y de controlar la información que llega al ciudadano para engañarnos con su verdad, imponiéndola con la fuerza pública de la ley.

Pero es contraproducente. Va en contra de la estabilidad misma del sistema democrático-capitalista restringir el derecho a la manifestación pública de la discrepancia con los poderes públicos, precisamente porque mantiene al pueblo por los cauces legales de protesta, haciendo innecesaria cualquier otra forma de expresión fuera de esos cauces, lo que sería mucho más peligroso por espontánea y descontrolada. Los derechos de opinión, expresión, asociación, huelga y manifestación están regulados por el Sistema. Forman parte del derecho al pataleo que el sistema regala al pueblo para dar salida a sus frustraciones y desengaños. El sistema nos dice, cuándo, cómo, de qué manera, por qué calles y en qué plazas podemos manifestarnos. Y en las huelgas nos impone unos “servicios mínimos” para no hacerle demasiado daño. Y el pueblo usa ese regalo respetando las condiciones con las se le dio, y se siente satisfecho después de haberlo hecho, vuelve a casa y al trabajo con la conciencia tranquila pues ha hecho lo que debía, lo que, pensaba, es lo menos que en democracia puede hacerse.

Y funciona. Claro que funciona, y más en las democracias que en ningún otro sistema, porque si la protesta es multitudinaria, masiva y prolongada, obligará a los gobernantes a agarrarse a los sillones en los que se creían cómodamente instalados corrigiendo los desvíos que el pueblo denuncia. Es evidente que ningún gobierno reconocerá un cambio de rumbo en sus políticas ni en sus formas debido a las manifestaciones en la calle, y es inútil e ingenuo pedirles ese reconocimiento. Las huelgas y manifestaciones son siempre una inversión de futuro, incluso a corto plazo, porque en la perspectiva vital de los políticos no caben más de cuatro años, y siempre temen ser desalojados por las urnas.

Sólo un ejemplo. Sarkozy, defensor a ultranza de la política de ajustes, quiso atraerse a los votantes de izquierda en Francia reconvirtiéndose en el defensor de las políticas de crecimiento. Pero no dio resultado, y después de perder en la primera vuelta en las elecciones quiere atraerse el voto de la ultraderecha y dice sentirse orgulloso de ser llamado fascista por un comunista.  ¿Qué teme Sarkozy? 

Mecanismo 1: Elecciones periódicas o marxismo actualizado

A Santos

Se ha hablado aquí con frecuencia del Pacto Social. Y ya hemos dicho que ha sido roto, robado, usurpado, y que en realidad la democracia que creíamos tener está vacía, o, simplemente, es falsa. Y así, para demostrar de qué manera la democracia se “defiende” de una posible revolución no nos sirven ya los teóricos del Pacto Social. Y no sólo porque estén demasiado atrás en el tiempo, que también, sino porque ahora lo importante no es la democracia, sino el Estado, y a sus teóricos hemos de acudir para ponerle el apellido correcto a esta maquinaria, que más se asemeja al monstruo de Hobbes, al Leviatán que todo lo devora, que a ese inocente organismo de conciliación social como ingenuamente creía que era la socialdemocracia desde sus inicios, y posiblemente todavía lo cree. Sí, parece mentira, a estas alturas del siglo XXI, pero tenemos que acudir al socialismo científico, al marxismo, a las palabras del mismo Marx, a Engels y a Lenin, pues son de una actualidad asombrosa. Bastará con una pequeña actualización de algunos términos ya en desuso, pero habrá que rescatar otros que creíamos trasnochados, y cuyo empleo parecía fuera de lugar, hasta hoy: Explotación, Capital, Capitalismo, Lucha de clases, Estado capitalista.

Empecemos enunciando la tesis principal: Si las elecciones periódicas son un mecanismo de defensa de la democracia, la democracia misma es un mecanismo de defensa del sistema capitalista.

La experiencia histórica obligó a Marx a corregir sus vaticinios sobre el Estado, pues confirmó su esencia, como institución al servicio del Capital, pero se equivocó en su evolución. Porque el Estado no se destruye, sólo se transforma, se adapta y se mejora. Y el Estado capitalista-democrático es la forma más avanzada y más completa de su evolución. Marx escribe, a propósito de la revolución francesa de 1848, que “todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina [el Estado], en vez de destrozarla. Los partidos que luchaban alternativamente por la dominación consideraban la toma de posesión de este inmenso edificio del Estado como el botín principal del vencedor”. Porque botín es lo que ofrece el sistema capitalista a sus colaboradores. ¿A que suena actual?

En 1884 Engels aseguraba que la República democrática es la forma más elevada de Estado porque no reconoce oficialmente diferencias de fortuna —ya hablaremos de la hipotética meritocracia y su pretendida igualdad de oportunidades— y porque en ella el dinero ejerce su poder indirectamente, pero de un modo más seguro. Bien por corrupción directa de los funcionarios del Estado, es decir, gobernantes; o bien “bajo la forma de alianza entre el gobierno y la Bolsa. Esta alianza se realiza con tanta mayor facilidad, cuanto mayor crecen las deudas del Estado”. ¿Escalofriante, verdad? Sigamos un momento con Engels. Afirma que la clase poseedora impera sobre la oprimida de un modo directo por medio del sufragio universal, al haberla convencido de que es a lo máximo a que puede aspirar, en el único sistema político posible. Y sentencia: “El sufragio universal es, de esta suerte, el índice de madurez de la clase obrera”, pues de ella se esperaría que eligiese a sus propios representantes y no a los del Capital. Sin comentarios. O casi. ¿Cuántas veces hemos dicho después de una convocatoria electoral aquello de que “tenemos lo que nos merecemos”?

Termino con Lenin. También él reconoce a la república democrática como la mejor envoltura política del capitalismo, y escribe en 1917 lo siguiente: “El Capital, al dominar esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta su poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar ese poder”. Lenin está dispuesto a admitir que la democracia capitalista es la mejor forma de Estado para los trabajadores, pero, dice, no debemos olvidar “que la esclavitud asalariada es el destino reservado al pueblo incluso bajo la república burguesa más democrática”.

¿Qué error ha cometido el sistema capitalista en esta crisis? Además de su excesiva avaricia (si este concepto redundante existiera), alzar su rostro por encima de la democracia. Muchos habremos confirmado lo que ya sabíamos. ¿Y el resto del pueblo, lo habrá visto?, ¿y si lo ha visto, se acordará en las próximas elecciones? Cuatro años dan para mucho. El Capital puede volver a agazaparse por detrás de la democracia para restaurar el sistema. El pueblo, se frotará los ojos dudando de lo que ha visto. Nada, un mal sueño.

Revolución en democracia. Mecanismos de prevención

En anteriores entradas en este Blog se han introducido dos conceptos siempre polémicos en la filosofía política, el de reserva de autoridad y el derecho de resistencia del pueblo. Y también se ha hablado de la revolución como la máxima y más radical expresión de estos principios. Es hora de tratar este tema con seriedad, puesto que las reformas y los recortes en el Estado del Bienestar que se suceden a velocidad de vértigo en nuestro país van a provocar, como es de esperar, una mayor y progresiva contestación social en la calle.

La cuestión básica a dilucidar es la siguiente: ¿Es posible una revolución en las democracias actuales?

La palabra revolución asusta, asusta mucho, y es verdad que no habría que utilizarla a la ligera, especialmente porque por la experiencia histórica vivida va inevitablemente vinculada al ejercicio de la violencia por parte del pueblo. Pero la violencia, la violencia física, es un riesgo, no una condición ni un requisito de la revolución. Dependerá siempre de la mayor o menor resistencia de las instituciones a los cambios que reclama el pueblo. Habría que recordar que hay otros tipos de violencia, y que existen otros agentes que la practican. Nuestro ministro de Justicia hablaba de “violencia estructural” para referirse a una presión social oculta que, según él, impide a las mujeres ser madres, olvidándose de las leyes aprobadas por su gobierno que explícitamente dificultan el derecho que dicen proteger, como el eliminar la bonificación por maternidad, limitar los periodos de lactancia, la prolongación de los contratos en prácticas o la movilidad geográfica de todos los trabajadores, que no son leyes precisamente para conciliar la vida familiar con la laboral. Es decir, el propio gobierno puede ejercer violencia amparando con la ley la injusticia, tanto más dolorosa cuanto más se reviste de legalidad. Nuestras leyes actuales permiten a un banco embargar una vivienda por impago, echar a la calle a una familia y obligarla a seguir pagando de por vida una casa que ya no es suya, que pertenece al banco y que éste volverá a vender para seguir obteniendo beneficio. Es difícil encontrar en nuestros días mayor violencia legalizada que esta, ni más alejada de la lógica, la razón y la justicia. Así, mientras que el banco utiliza la fuerza del gobierno para defender sus intereses, la familia afectada sólo cuenta con la solidaridad del pueblo para defenderse. Robespierre, uno de los líderes de la Convención Nacional durante la Revolución Francesa, en un discurso de 1794 exclamaba: ¿Hasta cuándo el furor de los déspotas seguirá siendo llamado justicia, y la justicia del pueblo barbarie o rebelión? ¡Cuánta ternura hay para con los opresores y cuánta inflexibilidad para con los oprimidos!

Antes de seguir adelante, conviene aclarar el término revolución para saber exactamente de qué estamos hablando. Podría servir de punto de partida la distinción terminológica que utilizó el filósofo alemán Erhard a finales del XVIII. Para él una rebelión solo implica una desobediencia momentánea al poder establecido; una insurrección se utiliza para restaurar derechos reprimidos o la supresión de exigencias excesivas del gobierno, pero en ninguno de los casos se cuestionan las bases del sistema ni requieren cambios de gobierno. Una revolución sin embargo implica cambios profundos en las relaciones jurídicas, económicas y sociales que mantiene el pueblo con el Estado. A partir de aquí hay que echar mano de la teoría marxista del Estado para entender la necesidad de una revolución. Pues la revolución siempre parte de abajo, pero sólo cuando toma conciencia de que el Estado es una institución que está al servicio de la clase o poderes dominantes, y que utiliza la fuerza legalizada con el sólo propósito de mantener y perpetuar su dominación. Bien, ¿sería posible en la Europa democrática una revolución?, ¿o solamente cabe pensar en rebeliones e insurrecciones?

El sistema capitalista y democrático actual ha establecido al menos tres mecanismos para alejar de su seno el fantasma de la revolución: renovación periódica de los poderes del Estado mediante sufragio popular, existencia de canales y cauces legales de opinión, reunión y manifestación para que el pueblo pueda expresar su disidencia y oposición; y existencia de un amplio colchón social, la llamada clase  media, que oculta, o en todo caso amortigua la conciencia de la existencia y permanencia de desigualdades socioeconómicas intrínsecas al sistema. A parte de estos tres fundamentales, hay otros menores como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el control que puede ejercer el legislativo sobre el ejecutivo, etc. Una revolución en una democracia occidental sólo sería posible si fallasen al mismo tiempo los tres mecanismos principales. Y, que yo sepa, no ha ocurrido todavía. Las dos revoluciones históricas, la francesa y la rusa, y las actuales del mundo musulmán han sido revoluciones contra regímenes totalitarios, por tanto ocurridas, no por la quiebra sino por la inexistencia de los tres dispositivos de seguridad. Pero que no haya ocurrido no quiere decir que no pueda ocurrir, si se dan las condiciones necesarias, si el grado de involución política y de bienestar social es de tal magnitud que haga necesaria la revolución. La responsabilidad, en todo caso, recaerá siempre en el propio Sistema, en el Estado que debía haber mantenido las condiciones establecidas, pactadas, y no lo hizo; que debía haber vigilado el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad y, en vez de eso, trabajó para suprimirlos, despertando así al pueblo de su letargo. Porque el pueblo siempre ha estado más dispuesto a soportar ciertos niveles de injusticia que a luchar por sus derechos.

En entradas sucesivas analizaremos el estado actual de los tres mecanismos de seguridad, y podremos comprobar cómo, las medidas que se han tomado hasta el momento, y las que seguramente se tomarán en los próximos días, pueden ubicarse en el desgaste de estos tres mecanismos. Nuestros políticos debían prestar más oído al refranero popular, mucho más sabio que los que así se hacen llamar, cuando nos advierte de que la avaricia siempre termina rompiendo el saco.

Del Rey abajo ninguno

 No soy monárquico, Dios me libre. Pero sí me interesa la monarquía como institución. Siempre me ha interesado el recorrido que ha hecho durante la historia desde una posición de omnipotencia casi divina hacia la de servicio público. Si por la primera el rey era una figura poco menos que intocable, por la segunda está tan sujeto a responder de sus acciones como cualquier otro funcionario público. La historia lo ha humanizado, y ha convertido su dignidad real en una simple profesión. Eso es lo que, casi en contra de mi voluntad, vi ayer. Vi a un hombre mayor, cojeando, y pidiendo disculpas por algo que había hecho mal. Parecía sincero, humano. Parecía estar soportando todo el peso de su condición de funcionario público cuando lo hizo. Por eso resulta muy llamativo que los que defiendan al rey lo hagan con argumentos que nos retrotraen a las monarquías de antaño, confundiendo a España con la Casa real o la Corona. El diario ABC justificaba hace poco la cacería real acudiendo a la tradición monárquica, y publicaba el retrato de Carlos III, cazador de Goya. Patético y contraproducente. ¿No teníamos una monarquía moderna, adaptaba a los nuevos tiempos? Si se le va a defender rescatando las valores del siglo XVIII más nos valdría entonces despedirle definitivamente, formar una República y contratar a un presidente al que podamos ir cambiando de vez en cuando. Por cierto, la monarquía borbónica española no escapó a las críticas que soplaban de los vientos de la Ilustración, quizá por eso le puso Goya al perro que dormita junto a Carlos III un collar en el que pone “Rey N. S.”

Dicho esto, tengo que decir también que por lo menos le honra haber pedido perdón por el error cometido. Como debería hacer cualquier funcionario público cuando se equivoca o cuando se le sorprende mintiendo. Del Rey para abajo debían tomar ejemplo el resto de funcionarios públicos con más poder “real” que el mismo Rey, pero con la misma obligación de responder de sus acciones ante el pueblo.

Kant y Rajoy, o la espantada del garaje.

La imagen del presidente del gobierno escabulléndose por el garaje del Congreso para esquivar las preguntas de los periodistas ha sido realmente patética y vergonzosa, indigna de un representante público, de quien se esperaba precisamente que diera la cara para justificar y explicar sus acciones y sus intenciones. Este lamentable episodio ha sido el último acto de una serie de despropósitos del presidente del gobierno. Durante la campaña electoral evitó posicionarse claramente sobre los temas que preocupaban a todos los españoles refugiándose en frases hueras, que, aunque dichas con vehemencia, no podían ocultar su vacuidad. Frases del tipo: “Sabemos lo que hay que hacer y lo haremos”, en cualquiera de sus muchas variantes. Todavía lo hace, para evitar comprometerse en el futuro ante más que un probable y premeditado cambio de rumbo en las políticas que ahora anuncia. (“El copago en la Sanidad no está sobre la mesa en las propuestas del Consejo de Ministros”, “yo no soy partidario de subir el IVA”…etc.).

Claro que la antología del disparate y del engaño por ocultación no la pronunció Rajoy, sino el presidente de las Islas Baleares, José Ramón Bauzá. Por si acaso a estas alturas alguien las desconoce, merece la pena reproducirlas aquí, para seguir grabándolas en nuestra memoria para vergüenza de todos, y especialmente para vergüenza del auditorio para el que fueron dichas, porque es como consentir que te engañen y te llamen imbécil en tu propia cara: "Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer". Ahora, hasta podemos reinos del disparate, pero resulta lamentable que el PP haya ganado las elecciones con frases como esta, como resulta también lamentable que el presidente del gobierno haya tomado la costumbre de disfrazarse de hombre invisible para gobernar. Porque sigue sin dar la cara cuando hay que comunicar las reformas y recortes en dinero y en derechos que nos tocan padecer a los demás. Como un dios omnipotente, envía por delante a los cuatro jinetes del Apocalipsis, a la Vicepresidenta y a los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo.

Todo esto tiene una explicación, aparte de la más que evidente incapacidad intelectual y de réplica del presidente Rajoy, y de su también más que evidente torpeza política. Aunque parezca mentira, Immanuel Kant, el gran filósofo del siglo XVIII, tiene la explicación perfecta para este comportamiento. En una de sus últimas obras hablaba del Principio de publicidad como el mejor mecanismo para averiguar si las intenciones de gobernantes o gobernados son legítimas y se ajustan o no a derecho. La fórmula es la siguiente:

Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados.

Es decir, si mis intenciones no puedo manifestarlas en voz alta, si para que pueda llevarlas a cabo deben permanecer ocultas, en secreto, porque de saberse provocaría la oposición unánime en mi contra, dichos  propósitos no son sólo ilegítimos (entiéndase, amorales), sino injustos desde el punto de vista del derecho público. Si, por el contrario, puedo dar publicidad a mis intenciones es que pueden ser admitidas por la mayoría sin oposición y pueden ser consideradas legítimas y justas.

Está claro que antes y después de las elecciones Rajoy mintió deliberadamente u ocultó sus planes para no espantar a los votantes y porque tenía pensado ya hacer justamente lo contrario de lo que decía, o más bien, de lo que dijo que nunca haría porque nunca dijo lo que sí haría. Vaya, ahora es a mí a quien le ha salido un trabalenguas. Mis disculpas. Una vez consumado el engaño y ganadas las elecciones por esta vía, muchos votantes del PP se han sentido engañados porque lo fueron. Por los hechos ya consumados nos hemos enterado de que sí pensaba subir los impuestos, sí pensaba abaratar el despido, sí pensaba imponer el repago en la Sanidad Pública. En la encuesta publicada este domingo pasado el PP ha perdido ocho puntos de apoyo electoral, cayendo del 46 al 38%, y solo lleva cuatro meses desgobernando.

Ahora sólo hay que esperar que los que han sido tan burdamente engañados no lo olviden, porque es intolerable que un presidente del gobierno huya o se esconda del pueblo a quien gobierna para no darle explicaciones, porque eso sólo pasaba en las monarquías absolutas de hace tres siglos.

Patriotismo empresarial

Ante la expropiación de la filial YPF de Repsol por el gobierno de Argentina, el nuestro ha salido en defensa de los intereses de la empresa española. El presidente, el ministro de asuntos exteriores o el ministro de industria. Éste último, el señor Soria, ha dicho que la expropiación “es una decisión hostil contra España y el gobierno de España, y que afecta a miles de accionistas y sus ahorros”. Ha manifestado con vehemencia que “allí donde haya una empresa española allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses”. Me parece bien que el gobierno defienda con tanta energía los intereses de las empresas españolas allá donde se vean atacados. Todos los patriotas e idólatras del trapo bicolor deben sentirse orgullosos estos días por tan encendida defensa. Sólo cabe lamentar profundamente que nuestro gobierno no haya defendido con la misma energía los intereses y derechos de los millones de ciudadanos españoles que, aunque no tenemos acciones en ninguna empresa, sí peligran nuestros ahorros, y estamos sufriendo una expropiación atroz, y no sólo de dinero.

Cleptocracia y tiranía en Europa. Parte II

Si la cleptocracia, es decir, el gobierno de, por y para los ladrones y corruptos, ha quedado suficientemente probada, debemos ahora probar la segunda parte del título inicial. Sostiene Locke que la tiranía consiste en hacer uso del poder que se tiene, mas no para el bien de quienes están bajo ese poder, sino para propia ventaja de quien lo ostenta. Ya hemos visto que el poder lo tienen los mercados, aunque usen la fuerza de los gobiernos, a los que ya podemos calificar sin ningún rubor de ilegítimos aunque hayan salido de las urnas, y no todos, porque han roto el Pacto Social y traicionado al pueblo que lo eligió. Pero sigamos escuchando a Locke: Siempre que el poder que se ha depositado en cualesquiera manos para el gobierno del pueblo y para la preservación de sus propiedades es utilizado con otros fines y se emplea para empobrecer, intimidar o someter a los súbditos a los mandatos abusivos de quien lo ostenta, se convierte en tiranía, tanto si está en manos de un solo hombre como si lo está en manos de muchos. ¿En manos de quién está Europa? ¿Es más, existe Europa? ¿Existen, funcionan las instituciones europeas? ¿Y si existen, por qué parece estar todo en manos de Ángela Merkel, la canciller alemana? ¿Es ella quien gobierna Europa? ¿Tanta soberanía y poder hemos cedido el resto de los 27 países de la Unión? 

Pero tampoco hay que engañarse, ella sólo es la cara visible del tirano. A la banca alemana se le deben unos 744 mil millones de dólares a repartir entre, en este orden, Francia, España, Italia, Portugal, Irlanda y Grecia. A la banca francesa se le deben unos 998 mil millones de dólares, a repartir entre Italia, España, Portugal, Irlanda y Grecia. Son precisamente Alemania y Francia los que siempre se han opuesto con todas sus fuerzas a la reforma de los estatutos del Banco Central Europeo para que pueda emitir eurobonos con los que los Estados podrían financiarse directamente sin tener que acudir al mercado libre de deuda. A cambio, el BCE inyecta a los bancos europeos cantidades astronómicas de euros tan sólo al 1%. Estos, a su vez, en la subasta de deuda pública lo prestan a los Estados a un interés más alto, en España rozando ya el 6%.

No es necesario saber muchas matemáticas, ni mucha economía, ni mucha política, es más, quizá sea mejor no saber nada, ni de economía ni de política, baste sólo con las matemáticas y la razón, para preguntar a cualquier persona, a cualquier ciudadano al que se le exigen hoy tantos sacrificios si se le podría ocurrir con esos datos una mejor solución para resolver el problema de la “crisis”. Cuando, a su previsible respuesta, se le oponga una larga verborrea con tecnicismos económicos y eufemismos varios con el sólo propósito de marear su entendimiento y acallar la réplica y la voluntad, entonces sabrá quién es el tirano que gobierna Europa. Sólo cabe esperar de este ciudadano, y de todos nosotros, que no nos dejemos engañar. Replicaremos con el Contrato Social en la mano: Puesto que todo gobierno ha sido investido de su autoridad y su fuerza por el pueblo con el único fin de garantizar su bienestar y su seguridad, siempre que el fin en cuestión sea manifiestamente olvidado resultará necesario retirar la confianza que se había puesto en quienes tenían la misión de cumplirlo…de este modo, la comunidad conserva siempre un poder supremo de salvarse a sí misma frente a posibles amenazas e intenciones maliciosas provenientes de cualquier persona, incluso de los legisladores mismos (J. Locke). Esta cláusula del Contrato es el Derecho de resistencia, derecho siempre legítimo para oponerse a un gobierno arbitrario y tiránico. Sin embargo, la forma en que se puede ejercer en nuestros días este derecho de resistencia ha cambiado con respecto a cómo fue concebido, porque lo fue para oponerse a los tiranos que daban la cara y eran de sobra conocidos por todos aquellos que soportaban su despotismo. Hoy sólo vemos la cara de sus cómplices.

Cleptocracia y tiranía en Europa. Parte I

Es posible que parezca un poco exagerado el título de esta entrada. Un poco de paciencia para seguir el hilo argumental y la verdad aparecerá con poco esfuerzo.

Como es bien sabido, nuestras democracias se levantaron sobre tres pilares: Soberanía nacional, separación de poderes e igualdad ante la ley. Nunca, en ningún momento de la historia puede decirse que alcanzó ninguno de los tres el desarrollo y la perfección que se les auguraba en la teoría política de la Ilustración. Pero, sin duda alguna, es la Soberanía Nacional el concepto que más se ha corrompido desde entonces, del que más se ha abusado, retorciendo tanto su significado, que ha dejado de ser el mejor arma del pueblo para convertirse en la mejor arma contra él mismo. Los políticos de hoy hablan de Soberanía Nacional como los déspotas de antaño hablaban de Soberanía Divina, como si el poder recibido del pueblo fuese igualmente sacrosanto y absoluto, que les permitiese incluso utilizarlo contra aquellos que se lo dieron. Algunos de nuestros presidentes autonómicos se refugiaron abiertamente en el respaldo electoral obtenido en las urnas para justificar sin ningún pudor sus corruptelas, como si el haber ganado unas elecciones les eximiese ya de cualquier responsabilidad penal por sus delitos. Otros no lo proclaman tan abiertamente, pero ejercen el poder de la misma manera. Por eso debemos volver a utilizar el concepto original, el de Pacto o Contrato Social, según lo definieron en su momento John Locke y Rousseau. Tiene la ventaja de recordar a los gobernantes quién y para qué se les ha elegido, y sobre todo que quien confiere el poder, el contratante, puede igualmente retirarlo si el contratado traiciona el cometido que se le encomendó.

Recordemos brevemente en qué consiste el Contrato Social: Antes de la sociedad civil, antes de la formación del Estado, cada hombre en su estado natural tenía poder para defender con la fuerza su vida, su libertad, su seguridad y sus propiedades. Pero esta vida estaba llena de peligro, de sobresaltos, porque nada ni nadie impedía al fuerte aprovecharse del débil. En este mundo la fuerza era la única ley. De modo que los hombres decidieron renunciar cada uno a su fuerza particular y cederla a unos representantes para que, con la fuerza común así reunida, fuesen los encargados de defender el bienestar de todos y cada uno de los individuos. Esa fuerza común que obliga a todos los asociados tomó forma de ley, y así, la ley era ahora la única fuerza, y la barbarie dio paso a la sociedad civil y política.

Ahora bien, nadie es tan estúpido como para conceder a otra persona un poder ilimitado sobre la vida y los bienes de uno mismo. El poder que ostentan nuestros representantes es un poder consentido (nosotros los hemos elegido), limitado (el gobierno no puede tener más poder sobre mí que el que yo mismo le otorgo, por ejemplo, mi conciencia sigue siendo mía y nadie puede decirme qué debo pensar o qué debo creer) y encaminado a la consecución de ciertos fines (a gobernar y legislar para la conservación de nuestros derechos), y solo en el estricto respeto y cumplimiento de estas cláusulas de nuestro contrato el poder del gobierno es legítimo. En caso contrario su gobierno es ilegítimo, porque, en palabras de Locke, jamás puede tener el derecho de destruir, esclavizar o empobrecer premeditadamente a los súbditos. ¿Cómo creer que los hombres formaran Estados, que les entregaran una fuerza enorme para ejercer su voluntad, de forma arbitraria y sin límite alguno? De ser así estaríamos peor aún que en el estado de barbarie inicial porque habríamos armado a unos pocos hombres, sigo citando a Locke, con el poder conjunto de toda una muchedumbre y con fuerza para obligarnos a obedecerlos según su capricho.

Analicemos ahora lo que la crisis ha puesto de manifiesto en Europa. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros gobernantes que no tienen más remedio que tomar las mediadas que toman  que a ellos tampoco les gustan, pero que no tienen más remedio que adoptarlas a pesar de ser duras e impopulares? (recortes en servicios públicos, subida de impuestos, bajada generalizada de salarios a todos los funcionarios menos a ellos mismos, entregar a los empresarios un poder omnímodo sobre los trabajadores, o el blanqueo oficial del dinero defraudado y el perdón a los defraudadores que supone la llamada amnistía fiscal). ¿Por qué todas las políticas y “ajustes” económicos que nos restan derechos y nos empobrecen al resto de ciudadanos se hacen exclusivamente para recuperar la confianza de los mercados? ¿Por qué rompió a llorar la ministra de trabajo italiana, Elsa Fornero, cuando anunciaba los recortes en su país? No hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Alguien duda todavía de qué intereses defienden nuestros gobiernos y a quién representan?

Por si acaso, digámoslo claro: El pueblo de Europa no tiene quien le represente ni quién le defienda. Sólo ha elegido a sus verdugos. Los gobiernos de Europa representan a los “mercados” y son sus intereses los que defienden. Bancos nacionales y privados, inversores-especuladores, ladrones todos de guante blanco y de grandes cantidades usan la fuerza legal de los gobiernos de Europa para cobrarse la deuda, o para que sus beneficios disminuyan lo menos posible. Los gobiernos han renunciado a defender a sus ciudadanos, y usan la fuerza en contra del mismo pueblo que se la dio para defender a los mercados. Son así usurpadores, ladrones de la Soberanía Nacional. Más se parecen nuestros gobernantes a los sicarios y matones que se envían para atemorizar a las pobres gentes y sacarles hasta el último céntimo que se le debe al mafioso (perdón, a los “mercados”). Y si cuestionamos, dudamos o nos negamos, nos amenazan con la posibilidad de que sea el mismo Capo quien venga a ponernos boca abajo para vaciarnos los bolsillos: “Como vengan otros a hacer los presupuestos va a ver usted lo que es un ajuste de cuentas". Esto lo dijo nuestro ministro de Economía Luís de Guindos, hasta hace poco miembro de la banda de Lehman Brothers.  Es así como enfermos, minusválidos, viudas y viudos, niños, maestras y maestros, ancianos, jubilados, profesores, médicos, administrativos, enfermeras y enfermeros, celadores, conductores de ambulancia, de metro, de tren, de autobús, policías municipales y nacionales, bomberos, abogados de oficio, asistentes sociales, jueces, trabajadores todos, asalariados, debemos rebuscar en nuestros bolsillos, renunciar a nuestro bienestar y nuestro futuro para pagar a los bancos y a los especuladores, que son una y la misma cosa, porque, ya se sabe, la banca nunca pierde.

Democracia traicionada.

En estos días en los que todo se tambalea, se empieza a cuestionar también el modelo de democracia tal y como lo conocemos, afirmando, entre otras cosas, que ese modelo basado en el Estado-Nación surgido y exportado por la Revolución francesa ya no nos sirve, que ha quedado obsoleto en nuestro mundo global y globalizado, y donde ese Estado-Nación ha quedado absorbido y devorado por los entes supranacionales que rigen el mundo actual. Se habla así de una postdemocracia y se reclama para ella una nueva filosofía, unas nuevas reglas. No creo que haga falta una nueva filosofía, porque no creo que la democracia tradicional haya quedado obsoleta o inservible. Es mucho más sencillo que todo eso. Simplemente ha sido traicionada. Hemos sido, los ciudadanos, traicionados, engañados. Porque se ha mantenido un simulacro de democracia nacional mientras era groseramente violada en el ámbito supra-nacional. Decía Rousseau que no hay sometimiento tan perfecto como el que conserva la apariencia de libertad porque se cautiva la voluntad misma. Cautivados, engañados hemos estado los españoles, los europeos todos, por la Europa de los mercaderes que creíamos la de los ciudadanos hasta que con la crisis económica se han quitado la máscara sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Gobiernan directamente en Italia y en Grecia, e indirectamente en el resto de Europa, seguros de que tenemos la voluntad cautiva por tantos años de pantomima democrática. Pero nuestra democracia está tan vacía, que si pudiéramos asomarnos a ella sólo oiríamos el eco de nuestro propio grito de terror y angustia, como el de quien vuelve confiado a su hogar y sólo encuentra al abrir la puerta los muros desnudos.

No hace falta una nueva filosofía. No hacen falta conceptos nuevos para que estos monstruos supranacionales sigan justificando el fraude y el atraco. Sólo hace falta que nos devuelvan lo que nos han robado. Y exigir su cuidado y su custodia al Estado-Nación y al Estado-Pluri- o Multi-, o Supra-nacional, o como sea que quieran llamarlo. Porque los principios de la democracia no dependen de la mayor o menos extensión de un territorio, ni de si son muchos o pocos los países que quieran compartirla perteneciendo al mismo club. La pervivencia y el respeto hacia esos principios está en los políticos que hipotéticamente representan al pueblo que los ha elegido. Pero, si estos no lo hacen, la defensa vuelve a las manos del pueblo. La defensa de la democracia debe volver a las manos del pueblo. Esto, en la filosofía de la democracia tradicional se llama reserva de autoridad o principio de resistencia. Aunque son dos conceptos distintos, viajan siempre juntos, porque el primero podría llevar inevitablemente al segundo. El filósofo alemán Johann B. Erhard escribió al final del siglo XVIII lo siguiente: No es fácil que el pueblo se rebele sin tener razón, pues, como pueblo, no se puede rebelar si antes no están todos de acuerdo, y este común acuerdo sólo es posible mediante una clara comprensión de la necesidad de la revolución […]. Se puede afirmar del gobierno que él fue el culpable de toda revolución, puesto que no se adaptó a la emancipación o no respetó los derechos humanos en el nivel que le correspondía al pueblo. Habrá que estar muy atentos a lo que ocurre en Grecia. Pero no nos pongamos dramáticos. No estoy llamando a la revolución. No deseo que el gobierno me acuse de cometer un delito, aunque si culmina la reforma del Código Penal que propugna seguro que lo hará, aunque me cabe la duda de si lo hará por escribirlo o por pensarlo, sí, como se hacía también en el siglo XVIII. 

Declaración de intenciones.

Como todo el mundo sabe Utopía es el nombre que dio Tomás Moro a su isla fantástica y perfecta. Y utopía es el nombre que damos a una idea bella, pero inalcanzable; legítima, quizás, deseable en todo caso, pero irrealizable porque no encaja con las reglas de este mundo. La utopía pertenece al más allá, al mundo de las ideas, o, más bien, a un mundo idealizado.

Lo malo es que no somos nada sin ideas. No somos nada sin aspiraciones. No somos nada sin sueños. Un gusano no sueña. A buen seguro que una gallina no tiene pesadillas. Quizás los monos sueñen. Pero no lo sabemos porque no son capaces de decirnos con qué sueñan, si les gusta o no la vida que llevan. Por eso, los que yo conozco, viven entre rejas. Pero el ser humano sueña, y habla, y grita, y a veces es capaz de arriesgar su vida y dejarse matar por esas ideas. El propio Tomás Moro perdió la cabeza por defender las suyas. Antes o después, los hombres mueren. Moriremos. Las ideas no. Algunas ideas pueden ser tan antiguas como el ser humano mismo. Cobran vida cuando se expresan, arraigan y se adhieren a la conciencia como la carne a los huesos y pasan de generación en generación sobreviviendo a cualquier adversidad, porque con cada golpe que se da a la carne más fuerte se hace la idea.

Hemos llegado al siglo XXI, llevamos algo más de una década y ya tenemos los huesos doloridos y la carne magullada por los golpes que nos han dado y los que habrán de venir. Siendo esto malo, no es peor que el ataque que están sufriendo las ideas, ahogadas en el miedo y en el fatalismo, que parece que no haya ya nadie que, no sólo tenga la valentía de defenderlas, sino siquiera la osadía de expresarlas.

Sé que no soy ni espero ser el único paladín que coja la espada para defender la hoy denostada dignidad del ser humano, pero yo quiero que en esta peculiar contienda me acompañen los que ya murieron por ella. Políticos y filósofos que en épocas no demasiado lejanas no consideraban una utopía hacer que el mundo girase alrededor del Hombre, y que pensaban que podía construirse una sociedad ajustada a sus necesidades, y un Estado al servicio de sus ciudadanos. Sólo espero que el enfado y la indignación por las injusticias que en estos días se descargan contra los más indefensos supere a la falta de constancia que normalmente me acompaña, y pueda afrontar la empresa con cierta regularidad.

Este año de 2012 se ha hablado mucho de la Constitución de Cádiz, la primera constitución de nuestra historia. Daba vergüenza e indignación escuchar a nuestros políticos y gobernantes manipularla para silenciarla o para decir aquello que nunca dijo. Por eso no estará de más que inauguremos este blog reproduciendo aquí el artículo 13. Dice así: El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Nada más, y nada menos. ¡Qué fácil!, ¡qué simple! ¿Acaso es mentira?, ¿Acaso es utopía? No lo creo. No debemos creerlo. No debemos caer en ese fatalismo vital que nos imponen los que mal nos gobiernan asustándonos con quitarnos lo que nos queda. Nos han arrebatado la condición de ciudadanos, nos han convertido en meros clientes, desamparados y desprotegidos ante un voraz sistema capitalista que con su consentimiento exige nuestro sacrificio, y si no accedemos a ello nos amenazan con la vuelta a la esclavitud. ¿Para eso elegimos los “ciudadanos” a un gobierno que nos represente?, ¿para eso sirve el Estado?, ¿al servicio de quién o de qué está? Está claro que la soberanía nacional ha sido violada, que el pacto social se ha roto, y es necesario volver a recordar las nociones y conceptos básicos sobre los que se levantó la democracia para volver a exigirlos. Hizo falta una revolución para conquistarla, quizá haga falta otra para que no nos la quiten.