Ilegalidad sobrevenida

Empecemos por las obviedades, porque, a pesar de serlo no están generalmente admitidas, al contrario, todavía hay quien las ignora o que directamente las niega. Pero esta vez no las voy a decir yo. Esta vez le voy a ceder la palabra a las instituciones de la Unión Europea. Como Sancho con sus refranes, iré ensartando una obviedad tras otra respetando más su lógica interna que su cronología, entre paréntesis va la referencia al documento original por si alguien quiere consultarlo directamente. Empezamos: “Las migraciones internacionales son una realidad que perdurará mientras subsistan, en particular, las diferencias de riqueza y desarrollo entre las distintas regiones del mundo” (13189/08 ASIM 68). Por lo que es fácil entender que “una de las causas profundas de la migración económica es la aspiración legítima de los migrantes a cubrir sus necesidades básicas y la huida de una situación de pobreza” (P6_TA(2005)0235). De manera que, “si los migrantes buscan una vida mejor, no dejarán de venir a la UE hasta que la calidad de vida en sus países de origen mejore”. Por eso, “es importante no crear expectativas falsas o desproporcionadas en la opinión pública. Las razones que impulsan a los nacionales de terceros países a inmigrar ilegalmente son tan variadas y complejas que sería poco realista creer que los flujos de inmigración ilegal pueden detenerse completamente” (COM(2006) 402 final, ambas). Es más, “siempre existirá un cierto nivel de migración ilegal cualesquiera que sean las vías legales que se instauren” (COM(2004) 412 final). Así que, como reprochaba el Parlamento Europeo, no se entiende “que hasta el momento las medidas adoptadas por el Consejo y los Estados miembros para controlar los flujos migratorios hayan sido medidas de control represivas, en lugar de medidas positivas y proactivas; recuerda que las estrategias dirigidas a reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y de trabajo, crear empleo y desarrollar la formación en los países de origen contribuyen a normalizar a largo plazo los flujos migratorios” (P6_TA(2005)0235).

A pesar de lo obvio, Europa se ha convertido en una fortaleza. Ha gastado miles de millones de euros en levantar barreras físicas y tecnológicas en sus fronteras exteriores, aunque, como se ha visto, no es una fortaleza inexpugnable. Pero se empeña en enfrentarse a la inmigración ilegal proscribiendo al individuo sin apenas atender a sus razones. Y a todo aquel que llega al margen de los estrechos y escasos cauces legales de inmigración le da una carnet de “ilegal”, convirtiendo en delito su misma existencia como persona por estar donde se supone que no debería, condenándolo a la marginación, a la exclusión social y a la explotación laboral, y alimentando de paso el racismo y la xenofobia, porque la opinión pública tiende a relacionar ciertos problemas sociales con este tipo de inmigración.

Utilizando la terminología de las propias instituciones europeas, las causas de la inmigración ilegal pueden dividirse en factores de empuje y factores de estímulo o incentivo. O, dicho de otra manera, aquello de lo que escapan y aquello que esperan encontrar.

Situación de las fronteras exteriores según Frontex

Como factores de empuje, a la situación de pobreza ya mencionada, hay que añadir el desempleo, unos niveles salariales muy bajos permanentes y desastres naturales, humanos y ecológicos. Así que cualquier intento de detener o paliar de forma eficaz el fenómeno de la inmigración ilegal resultaría vano “si las medidas no se aplican al principio de la cadena, es decir, la promoción de la paz, la estabilidad política, los derechos humanos, los principios democráticos y el desarrollo sostenible económico, social y medioambiental de los países de origen” (COM. 2001, 672 final). De forma más detallada lo expresaba el Comité de las Regiones en 2007: “La actuación que se debe desarrollar primordialmente para evitar el fenómeno migratorio de tipo descontrolado es la cooperación al desarrollo integral mediante proyectos generadores de empleo, la creación de un foro económico y comercial, la creación de redes de universidades, la creación de fondos de microcréditos para inmigrantes, la implementación de medidas que faciliten a los inmigrantes su colaboración al desarrollo de sus propios países, la instalación de infraestructuras, sobre todo aquellas destinadas a proporcionar agua potable (el 42 % de la población de África no tiene acceso al agua potable), electricidad (solo el 20 % dispone de un acceso regular a la red eléctrica), centros de salud y escuelas”. La alusión explícita a África no es casual. No hay más que mirar un mapa para comprobar que de aquí proviene la mayor presión migratoria hacia Europa. No hay que olvidar que el mediterráneo separa a las dos zonas con la mayor diferencia de renta del mundo. Aunque la situación de África merece un monográfico, es necesario añadir algunos datos a los ya dichos para completar un poco esos factores de empuje: La esperanza de vida media al nacer en el África subsahariana es de 52,5 años; 135 niños de cada 1000 mueren antes de cumplir 5 años; un 28% de estos niños sufre desnutrición severa; más de la mitad de la población de la zona, unos 300 millones, sobrevive con 1 dólar al día; el 70% de la población mundial afectada por VIH es africana, donde mueren cada año unos 2,3 millones de personas, y otras 900 mil mueren al año de malaria; …en fin, dejaremos para otro momento el recuento de los conflictos armados, el problema de los niños soldados y otros males que aquejan al continente.

Si seguimos mirando un poco más el mapa, comprobaremos también que la mayor presión migratoria se ejerce sobre aquellas zonas del sur de Europa que casi llegan a tocar el continente africano, que se han convertido, a su pesar, en las puertas de entrada del sueño europeo. Son España (Islas Canarias, Ceuta, Melilla, y últimamente, Alhucemas, Isla de Tierra, Chafarinas, y Vélez de la Gomera), Italia (Malta, Lampedusa) y Grecia (las islas y el río Evros en la frontera con Turquía). Según Frontex, el organismo europeo encargado de la coordinación y vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión, las entradas irregulares por el mediterráneo están descendiendo, pero aún suponen el 43% del total.

Rutas desde el África Subsahariana hacia Europa

De modo que, a pesar de los costes y de los riesgos, que son muy altos, las personas se ven “empujadas” por las condiciones antes mencionadas a emprender un largo viaje hacia Europa. Aunque por su propia naturaleza, la inmigración irregular es muy difícil de cuantificar, según la Comisión Europea 1 de cada 3 inmigrantes muere antes de alcanzar su destino. Pero, supongamos que formamos parte de esa minoría “afortunada” e imaginemos un viaje desde el África subsahariana hacia España, desde Malí, Senegal, Ghana, Gambia, Liberia, Nigeria o Guinea, de donde son la mayoría de las personas interceptadas en la frontera. Lo normal no es hacer el viaje en solitario, sino en grupo y pagando el “pasaje” a una de las redes de tráfico de inmigrantes, o de “pasantes”. Si nuestra decisión es alcanzar las Islas Canarias, lo normal es hacer la ruta más occidental hasta llegar al puerto de El-Aaiún en el Sahara Occidental, un viaje de más de 1500 km., y un precio medio aproximado de 1300 euros según la ONU. Si nuestro punto de partida es Nigeria, Níger, Burkina Faso o la zona interior de Malí, es posible que prefiramos la ruta del interior hacia Marruecos atravesando el desierto de Argelia para llegar hasta Ceuta o Melilla. El coste puede llegar hasta los 2000 euros, pero la ruta es más arriesgada y hay menos posibilidades de éxito porque Marruecos se ha convertido en el gendarme externo más efectivo de Europa. Si la entrada se intenta hacer por Melilla, y fracasa, lo normal es que Marruecos abandone a los apresados a su suerte en el desierto de Argelia, por eso las rutas actuales prefieren Ceuta. En Tánger, si se quiere evitar a las mafias para pasar el estrecho en patera, es posible comprar balsas hinchables por el abusivo precio de 600 euros, y, en último caso, podríamos intentar hacerlo a nado.

Muertes en las fronteras de Europa,
según United for Intercultural Action

En cualquiera de los casos, las posibilidades de éxito no son muchas. A día de hoy, España ha firmado acuerdos de repatriación con 10 países de la zona, ya sean de origen o de tránsito de la inmigración irregular: Senegal, Malí, Ghana, Camerún, Costa de Marfil, Cabo Verde, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Gambia y Nigeria. Además, desde 2001 funciona el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que ya ha sido desplegado en toda la costa española. Está formado por torretas de vigilancia provistas de radares, cámaras infrarrojas y térmicas, que envían las señales a los numerosos centros de control, desde donde parten las órdenes de interceptación a helicópteros y patrulleras. Este sistema de vigilancia permanente se completa con operaciones estacionales coordinadas con Frontex: la operación Hera para los flujos hacia las Canarias, Indalo, con una duración de ocho meses para la vigilancia de la costa sureste, y la operación Minerva, de mes y medio, en el Estrecho de Gibraltar, para que los marroquíes retornados de sus vacaciones no traigan un pasajero de más. Gracias a todas estas medidas, ha bajado considerablemente el número de inmigrantes llegados a las costas españolas y ha aumentado el número de repatriaciones y de devoluciones. Según el Ministerio del Interior, en 2007 de cada 100 inmigrantes ilegales llegados y detectados a cualquier punto de España 92 fueron repatriados. Lo que no facilita el Ministerio son las estadísticas de fallecidos en el intento. Para eso hay que acudir a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Para el periodo comprendido entre 2008 y 2012 la asociación da una cifra de 1.341 muertos y un total de 43.516 personas interceptadas en embarcaciones (para el mismo periodo el Ministerio del Interior da una cifra de 33.585 inmigrantes interceptados). APDHA es una de las 43 asociaciones que forman Migreurop, que junto a las ONGs United for Intercultural Action y Fontress Europe se encargan de recoger las estadísticas de fallecidos intentando cruzar las fronteras de Europa. Según ellos, desde 1988 la cifra de muertos llega a los 14.500.

Número de inmigrantes irregulares en Europa
Proyecto Clandestino, 2009

Supongamos que, a pesar de todo, hemos conseguido burlar todos los sistemas de seguridad y hemos alcanzado la costa. Según APDHA lo consiguen entre un 20 y un 30 % de los que lo intentan. Aún así, los inmigrantes llegados en embarcaciones suponen sólo el 0,96% de la inmigración irregular. Y sin embargo la opinión pública cree que estamos sufriendo una invasión procedente de África. Sin duda a ello contribuyen las noticias alarmistas que cada verano ocupan los diarios nacionales cada vez que se avista una patera en nuestras costas, pero, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes publicada por el INE en 2008, 9 de cada 10 inmigrantes llegaron a España directamente desde su lugar de nacimiento, bien por avión (62,7%), bien por medios terrestres (camión y ferrocarril, 25,2%). Esto es así porque a la situación de ilegalidad se llega de múltiples formas. La mayoría han llegado como turistas, con documentos auténticos o falsificados, que prolongan la estancia y se emplean en actividades para las que no tienen autorización. Lo mismo pasa cuando se agotan los visados o los permisos temporales de residencia. Las personas afectadas están entonces en una situación de “ilegalidad sobrevenida”, es decir, ajena a su voluntad, todo el tiempo que se tarda en tramitar un nuevo permiso. Aunque su cuantificación es muy difícil, no hay ningún país en toda la Unión Europea que no tenga inmigrantes indocumentados residiendo en su territorio. El cálculo del nivel de la migración ilegal sólo puede deducirse de los datos existentes que tienen relación con entradas rechazadas, aprehensiones en la frontera o dentro del país, solicitudes rechazadas de protección internacional, solicitudes de procedimientos nacionales de regularización y repatriaciones forzadas. Para tener una idea más clara del problema la Unión Europea encargó y financió en 2007 un estudio sobre la inmigración ilegal en el continente. Los resultados se publicaron en 2009 en el informe Proyecto Clandestino, cuyos datos siguen utilizándose hoy, aunque establecen márgenes de error demasiado amplios. Según este estudio, en Europa puede haber entre 1,9 y 3,8 millones de inmigrantes irregulares, lo que supondría entre un 0,39 y un 0,77% de la población total de la Unión Europea.

Bien, ¿qué han venido a buscar todas esas personas? Es hora de ocuparse de los factores de estímulo, pero, si recordamos los factores de empuje, no tenemos más que darles la vuelta, pues constituyen la otra cara de la misma moneda. La Comisión los enumeraba en una Comunicación en 2004: “Existencia de un sector informal y un empleo con niveles salariales más elevados, estabilidad política, Estado de Derecho y protección efectiva de los derechos humanos”. Y lo encontraban, puede decirse que hasta la irrupción de la crisis en 2008 encontraban empleo en la economía sumergida, necesaria y tolerada al abrigo del boom inmobiliario en los países mediterráneos, y encontraban comprensión, justicia y derechos. El hecho de que los inmigrantes en situación irregular consigan instalarse y ser absorbidos por el Sistema demuestra tanto las limitaciones como el fracaso de los cauces legales que pretenden gestionar el fenómeno. En primer lugar, porque la inmigración laboral que es política prioritaria en la Unión Europea no da respuesta a las necesidades de las personas que emigran, no siempre económicas; y en segundo lugar, porque es muy difícil adaptar la inmigración a las necesidades del mercado laboral, cuya evolución no siempre es predecible. El Reino Unido, por ejemplo, se jacta de permitir la entrada sólo a trabajadores de media y alta cualificación, pero su 12% de economía sumergida permite el empleo de unos 725.000 inmigrantes irregulares, la mayoría de Jamaica, Nigeria, Pakistán China, Turquía e India en empleos conocidos popularmente como de 3D, es decir, Dirty, Difficult and Dangerous. En España e Italia, cuyos sistemas de cupos y contingentes sí reclaman mano de obra de escasa cualificación, se muestran sin embargo insuficientes para cubrir la demanda real de sus respectivos mercados laborales, por eso somos, junto a Grecia, los tres países con mayores niveles de economía sumergida de toda la OCDE. Diversas fuentes lo sitúan para España por encima del 23% del PIB. De modo que, aunque la economía sumergida engloba a más actividades que el empleo ilegal de inmigrantes indocumentados, sí es para éstos el principal reclamo.

Formación de los inmigrantes en España.
Encuesta Nacional de Inmigrantes (INE, 2008)

El problema es que los países no pueden dejar en la marginalidad permanentemente a un número elevado de inmigrantes irregulares porque a medio y largo plazo perjudicaría al propio sistema y a la sociedad de acogida en su conjunto. Se condena a estas personas a la exclusión social pues no podrán acceder a una vivienda digna y no podrán mejorar su formación más allá de la educación básica reconocida. Al carecer de documentación se les empuja también a la economía informal y a trabajos que, en la mayoría de los casos, está por debajo de su nivel real de cualificación y formación, también en muchos casos en condiciones de verdadera semiesclavitud. En España, por ejemplo, de los 1,2 millones de trabajos no cualificados, el 71% está ocupado por inmigrantes que han completado la Educación Secundaria o tienen estudios superiores (Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2008). Por otra parte, una masa importante de empleo precario e ilegal modifica las condiciones de competencia de todo el mercado laboral tirando de los salarios a la baja, y señala al colectivo inmigrante como su principal responsable provocando brotes de racismo y xenofobia.

De manera que las regularizaciones masivas se presentan como una verdadera necesidad, en donde todos los elementos implicados salen ganando. Pueden hacerse camuflándolas por razones humanitarias y de protección, como hace Alemania y Bélgica; o pueden hacerse reconociendo los hechos consumados, legalizando a los que estaban ilegalmente empleados. Según la Comisión Europea, desde los años 70 se han hecho más de 26 regularizaciones masivas en Europa, y sólo en 5 países se han regularizado a más de 4.450.000 personas, teniendo en cuenta las últimas campañas realizadas en Italia, las de 2006 y 2009 que, con siete procesos de regularización encabeza la lista, seguido de España (6), Portugal (3), Francia y Grecia (2 cada uno). Las regularizaciones permiten a los estados gestionar mejor a la población de su territorio, se lucha contra la economía sumergida y la explotación laboral, y se permite al inmigrante colaborar como ciudadano en el sostenimiento de los Servicios Públicos con el pago de impuestos directos y de cuotas a la seguridad social. Y al sacarlos de la marginalidad, mejoran sus propias perspectivas vitales y la de los suyos, pues al aumentar sus ingresos pueden contribuir con las remesas al desarrollo de sus países de origen. La OCDE aconseja, no obstante, que estos procesos se hagan atendiendo a las necesidades reales de los distintos mercados de trabajo y del propio inmigrante, pues no es infrecuente que las dificultades para la renovación de los papeles de inmigrantes ya regularizados vuelva a provocar su vuelta a la irregularidad, y también “que una vez regularizada su situación, los inmigrantes buscan empleos mejor remunerados, quedando vacantes nuevamente los puestos que desempeñaban durante su etapa «irregular», puestos para los que seguirá existiendo una demanda difícil de cubrir si no es a través de la contratación irregular”.

Centros de Internamiento de Emigrantes,
según Migreurop

Desde 2008 la política sobre inmigración de la Unión Europea en su conjunto y de cada país en particular ha dado un giro dramático. Han aumentado las medidas represivas en la lucha contra la inmigración ilegal, restringiendo incluso los derechos que hasta hace poco se consideraban básicos para el mantenimiento de la dignidad de los inmigrantes como personas, sin que ello vaya acompañado de medidas de regularización y normalización. En el Reino Unido se da marcha atrás en  las promesas de regularización formuladas en 2009, en ese año Italia aprobó una ley antiinmigración que convertía en delincuentes a los 650.000 inmigrantes irregulares del país, pero antes tuvieron que regularizar a cerca de 300.000 empleadas de hogar que cuidaban de los ancianos y enfermos italianos en sus casas, y que ya no podían prescindir de ellos. Desde 2009, obedeciendo el mandato de la Directiva europea sobre sanciones a los empleadores de inmigrantes irregulares, se han endurecido las penas contra dichos empleadores y se han aumentado las cuantías de las multas y las sanciones. Y no sólo a los empleadores, sino a los que directa o indirectamente promuevan o faciliten la inmigración ilegal. En España, en 2010 se impusieron 5.821 sanciones con un importe total de 46 millones de euros. Hay que hacer notar que, si bien esto podría parecer una buena política en la lucha contra la economía sumergida, no viene acompañada de una ampliación de las vías legales de contratación, por lo que en realidad es una medida contra la inmigración irregular. Aún así, la Ley de Extranjería de 2011 sigue contemplando la regularización en base al arraigo laboral si el inmigrante es capaz de demostrar una presencia continuada en España de 2 años, y una relación laboral cuya duración no sea inferior a 6 meses. Es una trampa Kafkiana. Si el empleador forma parte de una red de explotación puede pasar 8 años en la cárcel; si es una persona “normal”, le pueden caer hasta 100.000 euros de multa. Si el inmigrante no tiene papeles no denunciará la explotación por lo que el explotador actuará impunemente, y aunque no esté siendo explotado difícilmente acudirá a las instituciones pues podría ser retenido y deportado. En diciembre de 2008 el Parlamento Europeo aprobó la Directiva del Retorno, que pronto empezó a conocerse como la directiva de la vergüenza, pues establecía como medida prioritaria en la lucha contra la inmigración irregular la expulsión forzosa si se agotaba el plazo estipulado para la salida “voluntaria”. El artículo 15 permite el internamiento del inmigrante hasta 18 meses si es necesario para garantizar su expulsión.

Podemos hacernos una idea de la “efectividad” de estas medidas con los datos parciales que ofrece la Comisión Europea en los tres Informes sobre Inmigración y Asilo publicados hasta ahora: En 2010 se concedió asilo político sólo al 21,36% de las solicitudes, cifra que bajó hasta el 19,6% en 2011. El número de inmigrantes aprehendidos en las fronteras entre 2008 y 2009 fue de 1.179.000. En ese mismo periodo fueron expulsados 861.000 personas. Entre 2010 y 2011 fueron internados 973.500 inmigrantes.

En la Europa medieval un siervo huido del Señorío se libraba completamente de la servidumbre si conseguía mantenerse a salvo en la ciudad durante un año y un día. En Alemania era muy conocido el adagio que decía: “Stadtluft match frei, nach jahr und tag”, es decir, “el aire de la ciudad te hace libre, después de un año y un día”. La Europa de los mercaderes ha alcanzado ya su pleno desarrollo y, hoy día, la libertad, y el aire mismo, se venden a un precio muy alto.