¿Dónde está nuestro dinero?

Es verdad que el artículo 31 de la Constitución establece que todos los ciudadanos “contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, pero, ¿quién le hace caso a la Constitución? Salvo para enzarzarse en peleas identitarias, no parece que sirva para gran cosa. ¿No establece también el artículo 43 el derecho a la protección de la salud?, ¿que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios?” En estos tiempos en que se privatiza la Sanidad Pública y otros servicios básicos, y en el que el Estado hace dejación del mandato constitucional alegando que no hay dinero para mantenerlos, parece oportuno preguntarse, ¿dónde está el dinero?, ¿dónde, los servicios que, se supone, pagamos con nuestros impuestos?

Porque, echando un vistazo a los datos oficiales (Informe anual de recaudación tributaria, 2011), y sólo contando los impuestos directos, el esfuerzo fiscal de los trabajadores es muy superior al de las empresas. A pesar de la crisis, el ingreso por IRPF con respecto al total recaudado ha estado siempre entre el 40 y el 45%. Lo que se recauda por el impuesto de sociedades a las empresas, sin embargo, ha ido descendiendo, desde el 22% en 2007, hasta el 10,1% de 2011. Si a esto le sumamos el IVA, el esfuerzo fiscal de los hogares españoles se dispara, y la comparación con el esfuerzo fiscal de las empresas resulta poco menos que insultante. Según un estudio elaborado por el Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) en mayo de 2012, la presión fiscal de una persona soltera y sin hijos con unos ingresos medios de 41.310 euros anuales se sitúa por encima del 27,9%; en cambio, ninguna empresa soporta una carga del impuesto de sociedades por encima del 25,2%. Otro ejemplo: una persona con dos hijos a su cargo e ingresos medios de 16.524 euros presenta una carga fiscal que ronda el 15,6% de su renta, carga cercana a la de las multinacionales que facturan más de 1.000 millones. El sindicato se opuso a la subida del IVA aprobada en julio por injusta, puesto que aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas, y por regresiva pues afecta más a los ciudadanos con bajos ingresos, como pensionistas, mileuristas (la mayor parte de sus escasos ingresos van destinados al consumo) y a ciudadanos con ingresos inferiores a 30.000 euros, es decir el 75% de familias españolas. Esta situación de penuria contrasta con las personas que disfrutan de ingresos superiores a 150.000 euros, que, además de consumir, tienen posibilidad de ahorrar e invertir en operaciones financieras exentas del IVA.

Pero, ¿qué pasa con las empresas? Es cierto que estamos en “crisis”, pero una reducción de sus aportaciones a las arcas del Estado del 64% desde 2007 no se explica por la reducción de sus beneficios: “Los beneficios no han caído en la medida en que han caído los impuestos”, asegura Carlos Cruzado, presidente de Gestha. En 2011 el Estado recaudó por el impuesto de sociedades 16.611 millones de euros. En ese año, el beneficio declarado de sólo cinco empresas del Ibex (Banco Santander, BBVA, Telefónica, Inditex y Repsol) fue de 17.800 millones de euros. Ocurre que, aunque pymes y grandes empresas tienen un tipo impositivo nominal sobre los beneficios del 25 y del 30% respectivamente, se acogen a argucias contables legales para dejarlo en el 10%. Compensación de pérdidas de un año para otro, consolidación de resultados entre dos filiales o la deducción de gastos financieros eran algunas de las alfombras rojas que la ley ponía a las empresas para reducir los impuestos que al final tenían que pagar al fisco. Es cierto que la nueva ley aprobada en octubre de 2012 limita y reduce algunas de estas prácticas, pero deja sin resolver otras que formaban parte de las propuestas de los inspectores de Hacienda. Por ejemplo, cambiar la deducción que se aplica a los gastos, por otra que permita la tributación reducida sobre los ingresos, y gravar las ganancias de las empresas en función de la actividad económica real allí donde se venden sus productos o servicios. Al no hacerlo así, España atrae a empresas con pérdidas porque las deducciones y bonificaciones se aplican a los gastos, mientras que las filiales con beneficios deslocalizan su domicilio fiscal a países con menor carga tributaria que la española, como Luxemburgo, Suiza e Irlanda. Por supuesto, con esta argucia, no sólo los gigantes de la informática apenas tributan en España, sino que ni las propias empresas españolas lo hacen. En 2010, al menos 30 de las 35 empresas del Ibex tenían filiales en territorios considerados como paraísos fiscales.

Así, en una nota publicada el 2 de noviembre de 2012 la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) valoraba, en general, de forma positiva las medidas que introducía la ley, si bien, aseguraba, “siguen quedando infinidad de agujeros por donde el fraude campa a sus anchas”. Pues, si se trataba de intensificar las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, como reza el título de la propia ley, ésta nace ya prácticamente muerta. Y no sólo porque en vez de luchar contra el fraude lo fomente con la amnistía fiscal, a la que se oponen también los inspectores, sino porque se le siguen recortando a la Agencia Tributaria unos medios que ya eran bastante precarios. Según el informe de IHE publicado en octubre de 2012, La Crisis fiscal en España, nuestro país es el que menos gasta en administración fiscal en relación al PIB (0,13%) en comparación con los países más grandes de la Unión Europea: hasta 2009, un tercio del gasto en Francia (0,39%), menos de la mitad del alemán (0,29%) y un poco más de la mitad del italiano (0,24%). Si se comparan otros valores, salimos aún peor parados. En 2009 había en España 1.928 ciudadanos por cada empleado de la Agencia Tributaria, cuando la media de la OCDE es de 900. En Alemania hay 729, en Francia 860 y en el Reino Unido 862. En el número de trabajadores por cada empleado de Hacienda dedicado a impuestos y gastos generales también estamos a la cola, o a la cabeza, según se mire. 967 trabajadores por empleado en España, mientras en Alemania hay 371, en Francia 392 y en el Reino Unido 441. Bien, sobre estas cifras se aplican nuevos recortes en los presupuestos de 2013: un 7,7%, menos de gasto y la pérdida de más de 800 empleados. La situación se agrava si pensamos que sólo el 20% de la plantilla de la A.T se dedica a la investigación contra el fraude fiscal. Según Carlos Cruzado, secretario de GESTHA, el 80% se dedica al cruce de datos y a la comprobación de discrepancias entre las declaraciones. Tampoco ayuda mucho a luchar contra el fraude el hecho de que sólo dispongan de un año para cerrar cualquier investigación.

Así no es de extrañar que cada año el fisco deje de ingresar entre 60 y 70 mil millones de euros, según datos del sindicato de inspectores, y que la mayor parte del fraude, un 72%, se localice en las grandes empresas y los grandes patrimonios, cuatro veces más que el fraude de las pymes, y muy por encima del de los autónomos. Por eso, según José María Molledo, Secretario General de GESTHA, “el fisco debería esforzarse más en perseguir el engaño de las multinacionales y las grandes compañías en vez de concentrar el 80% de los recursos en investigar microempresas, pymes, autónomos y asalariados”.

De modo que, según parece, seguiremos pagando más los trabajadores y las familias por unos servicios que no recibimos, y las empresas seguirán ganando dinero y llevándoselo mientras la Agencia Tributaria forzada por el gobierno mira para otro lado. Y, como siempre, las reformas del gobierno quedan para el capítulo de las apariencias y el escaparate. Su sinceridad y su empeño en la lucha contra el fraude quedan seriamente dañados por la aprobación de una amnistía fiscal que es claramente injusta y contraria a la Constitución porque premia el fraude y la evasión de capitales. Tampoco ayuda mucho el nombramiento de Pilar Valiente como Jefa Adjunta de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), precisamente una persona que tuvo que dimitir en 2001 del cargo que ocupaba en la CNMV por su implicación en un caso de fraude. ¿Qué ha hecho la señora nada más ascender? Destituir a los seis inspectores que estaban investigando el caso Gürtel. Ni ayudan mucho los escándalos de los papeles de Bárcenas, sus cuentas en Suiza…ni ayuda mucho tampoco que, en una Comunidad tan castigada por los recortes como Madrid, se rebaje el impuesto al juego del 45 al 10% para que el señor Adelson construya su Eurovegas (que aportará sólo el 35% del capital), además de perdonarle el 95% del impuesto de transmisiones y de permitir que el Ayuntamiento donde se ubique le perdone hasta el 95% del IBI. Además de esto, que ya ha conseguido, Adelson pedía flexibilizar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería; dos años de exenciones en el pago de las cuotas a la Seguridad Social y de todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado garantizara un préstamo de 25 millones de euros que se pediría a la Unión Europea; la construcción de nuevas infraestructuras; y cambios en la norma de prevención de blanqueo de capitales. ¿Lo conseguirá?

Mientras, al mismo tiempo, nuestros políticos nos dicen que “no hay dinero” para sostener nuestros derechos y los servicios que pagamos con los impuestos… ¿dónde está entonces nuestro dinero? Es muy posible que ellos lo sepan. Hablando del blanqueo de capitales, en 2008 el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) desgranó en un informe hasta 12 tipologías de blanqueo. La mayoría de ellas ligadas, como ya sabíamos, al sector inmobiliario, empresarial y financiero, pero hay una sorprendente: La que llama Personas Expuestas Políticamente (PEP): “Se trata de una clasificación específica en tanto que lo característico no es el tipo de operación que se realiza, ni siquiera el sector de actividad o de negocio en el que se integran los fondos, sino la condición política que tiene el propietario de estos. Cada vez con más fuerza surge la necesidad de reforzar los controles de las operaciones en las que se implican estas personas, sus familiares directos y las personas relacionadas, al ser especialmente sensibles al blanqueo de capitales procedentes de delitos relacionados con la corrupción”. ¿Hace falta decir algo más?

¿A quién representan?

Estos últimos días nos hemos indignado por el nombramiento de Rodrigo Rato, todavía imputado por el caso Bankia, como asesor de Telefónica, y porque la empresa para la que trabajaba Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, es desde noviembre de 2012 propietaria de los laboratorios que realizan los análisis clínicos de seis hospitales de Madrid, servicio privatizado precisamente durante su etapa como Consejero de la Comunidad. Nuestra indignación es comprensible, pero delata también nuestra ingenuidad. Aún no hemos entendido, o no queremos entender cómo funciona el “Sistema”, que está, simplemente, agradeciendo los servicios prestados en la defensa de sus intereses, así, sin más. Otros antes que ellos fueron igualmente recompensados: Aznar y Miguel Roca trabajan para Endesa, Elena Salgado para su filial chilena, Ángel Acebes para Iberdrola, Miguel Boyer para Red Eléctrica, Isabel Tocino y Abel Matutes para el Banco Santander, Felipe González para Gas Natural, Pedro Solbes para Enel, propietaria de Endesa, Marcelino Oreja para Enagás…y así hasta más de 40 ex-altos cargos del PP y del PSOE. Sólo de vez en cuando, la indignación y la presión mediática consiguen que alguna de estas personas renuncien a sus nuevos y lucrativos puestos de asesoría, como ha ocurrido con Güemes, o como ocurrió con el marido de María Dolores de Cospedal,  Ignacio López del Hierro, que tuvo que dejar su puesto como consejero de Red Eléctrica Española, una empresa que aún es pública, sólo para recalar en Iberdrola.

Parece que todavía en Europa queremos mantener una cierta hipocresía, y le damos mucha importancia a las apariencias, de modo que para guardarlas el Sistema nos brinda algunas leyes que legalizan lo inmoral, con tal de que se respeten ciertas condiciones. En nuestro caso contamos con la Ley de incompatibilidades de 2006, cuyo artículo 8.1 dice que los altos cargos “no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado” durante los dos años siguientes a la fecha de su cese. Dos años, no parece mucha espera. Así que, Güemes, efectivamente, no había hecho nada ilegal. En Estados Unidos no se andan con tonterías. Allí puede haber hasta 5 lobbistas por cada parlamentario cuya única misión es asegurarse de que las leyes que emanan del Congreso se ajustan a los intereses de las empresas que representan. Y es que, la democracia es la gran apariencia.

Ya dijo Marx aquello de que “el Estado es una institución al servicio de la clase dominante”. Pero Marx es una antisistema (quizá, un perroflauta), tan denostado que mucha gente necesita o quiere oír lo mismo pero de alguien menos sospechoso. Joseph Stiglitz, Nobel de Economía en 2001 y profesor de la Universidad de Columbia, sostiene en su último libro, El precio de la desigualdad, que quienes tienen el poder, “utilizan ese poder para reforzar sus posiciones económicas, o, como mínimo, para mantenerlas”. Stiglitz habla del fenómeno de “búsqueda de rentas” para referirse al proceso de transferencia de riqueza de la parte baja de la sociedad hacia la parte alta, en donde el gobierno, tanto por lo que hace (liberalizar, privatizar, desregular…) como por lo que no (fiscalidad progresiva, control financiero…) se convierte en el intermediario necesario, inexcusable, que en realidad defiende los intereses de las rentas altas.

Y así llegamos a las privatizaciones. Porque todos los ex-altos cargos acaban trabajando para las empresas públicas que fueron privatizadas. No hay duda de que “la privatización es un instrumento más que se utiliza en beneficio de las clases económicas dominantes de las que, en última instancia, depende dicho gobierno”. Aunque evidentemente, el Sistema quiere convencernos de que se privatiza por otras razones. Unas, de orden práctico, como ahora, para reducir el déficit público y obtener un dinero ”extra”. Aprovechando la crisis se está vendiendo todo el patrimonio público de Portugal y de Grecia por órdenes directas de la troika. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, el argumento más utilizado, aunque sin prueba empírica alguna que lo corrobore, es que la empresa privada es más eficiente que la pública. De ser así, sólo se privatizarían aquellas empresas públicas que tuviesen pérdidas, dando por hecho que las pérdidas se producen por una gestión ineficiente de la misma. También habría que admitir que todas las empresas privadas son, por definición, eficientes, y que ninguna debería incurrir en pérdidas ni quebrar. Pero es que, además, los hechos, desmienten las razones.

Fijémonos, por ejemplo, en el proceso privatizador llevado a cabo en España desde el ingreso en la Unión Europea. Normalmente suele dividirse este proceso en 3 periodos. El primero, desde 1986 hasta 1992, año en el que entra en vigor el tratado de Maastricht, tiene lugar bajo los gobiernos socialistas la reestructuración y fusión de gran parte de las empresas públicas que eran rentables. Así, se crearon Repsol, Inespal, Indra, Tabacalera, Endesa, Aceralia y Argentaria, que quedaron englobadas en el grupo Téneo. Otras empresas con pérdidas fueron vendidas a empresas privadas extranjeras, por ejemplo Seat fue vendida en 1986 a Volkswagen, y Enasa-Pegaso al grupo Fiat-Iveco en 1991.  Un segundo periodo iría de 1992 hasta 1996, año de la llegada del PP de José María Aznar al gobierno. En esta fase empiezan a venderse paquetes de acciones de las empresas públicas rentables que en el periodo anterior habían sido objeto de reestructuración, y se hace por imperativo legal, pues Maastricht prohibía las subvenciones a empresas públicas, y quería garantizar el acceso de cualquier inversor a cualquier tipo de empresa. Aún así, el gobierno quería mantener el control de las empresas reteniendo un 10% de las acciones, con lo que se aseguraba un puesto en la gestión y una nada desdeñable participación en los beneficios. La tercera etapa se inicia en 1996 y llegaría hasta nuestros días. A los tres meses de la llegada de Aznar al gobierno se disolvió el grupo Téneo con objeto de liquidar el resto de las acciones que el Estado aún retenía de sus empresas. Entonces se aceleró la privatización completa de las empresas públicas más rentables, las que entonces se conocían como las “joyas de la Corona”, no sólo por su rentabilidad, sino porque pertenecían a sectores estratégicos, fundamentales para cualquier Estado; Energía (Repsol, Endesa) Comunicaciones (Telefónica) y Banca (Argentaria). De nuevo, y con la excusa de equilibrar las cuentas, en el plan del PP de Rajoy se pretende privatizar RENFE, AENA, Red Eléctrica Española, IAG (fusión de Iberia y British Airways), vender las acciones de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), y los servicios que prestan las comunidades como el Canal de Isabel II en Madrid y la Sanidad allí donde gobiernan.

Si a la transferencia directa de rentas a las clases altas por la vía de la privatización de empresas y servicios públicos le añadimos otras cuestiones, como la amnistía fiscal, las desgravaciones a las grandes empresas, la tributación regresiva (paga más el que menos tiene) que grava las rentas del trabajo y no las del capital, la negativa a regular el sector financiero ni a imponerle cualquier tipo de tasa, una legislación laboral hecha al dictado de los empresarios, y si, en fin, a todo esto le añadimos los escándalos de financiación irregular y de corrupción en todos los partidos políticos, ¿qué nos queda? La constatación de que la democracia es otra apariencia, quizá la más importante, porque es la que contiene a todas las demás, pero es apariencia al fin y al cabo, una entelequia, una farsa. Aunque nos cuesta verlo y aceptarlo pues llevamos mucho tiempo sumidos en el engaño. Lenin (¿otro perroflauta?) lo dijo ya en 1917: “El Capital, al dominar esta envoltura (la democracia), que es la mejor de todas, cimenta su poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar ese poder”.

¿Aún pensamos que la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo? Nos ayudaría a comprender el mundo en el que vivimos si aplicáramos como método de análisis de la realidad ese proverbio que afirma que “obras son amores y no buenas razones”, es decir, si en vez de fijarnos en las apariencias, en las formas, nos fijáramos más en lo que los gobiernos hacen y no en lo que dicen que hacen, o en la mayoría de los casos, en lo que prometen hacer. Como ejemplo, hechos comprobados, y muy sensibles en las circunstancias actuales: La deuda de los cuatro grandes partidos, PSOE, PP, CiU y PNV, con los bancos asciende a unos 200 millones de euros, pero éstos devuelven muy poco porque es normal perdonar la deuda a los partidos que están en el gobierno o renegociarla en condiciones muy ventajosas para ellos. En 1996 Caixa Galicia perdonó al PP casi 300 millones de las antiguas pesetas. En 2004 Caixa Cataluña perdonó al PSC unos 6,5 millones de euros y 2,7 a ERC. En 2006 el Banco Santander y el BBK perdonaron al PSOE una deuda de unos 30 millones de euros. En junio de 2011 el Congreso rechazó que la deuda hipotecaria con un banco pudiera saldarse con la entrega de la vivienda. Votaron en contra PSOE, PP, CiU y PNV.

Sí, es cierto, cada cuatro años el pueblo elige a los diputados que se sientan en el Congreso, ¿y luego? Nos vamos a casa, tranquilos, seguros, porque sabemos, o deberíamos saber, que la democracia está guardada hasta la convocatoria siguiente, a buen recaudo, en la caja fuerte de los bancos.

Derechos

Se ha cumplido ya un año desde que el Partido Popular llegó al gobierno, y estamos asistiendo a un claro retroceso en materia de derechos y libertades, por lo que parece necesario, y lamentable, volver a recordar el sentido, la razón de ser que tienen los derechos individuales en una sociedad supuestamente avanzada y democrática como la nuestra.

Así pues, ¿qué son y para qué sirven los derechos individuales? Sólo se puede contestar a estas preguntas recordando el origen de la democracia moderna. Contra lo que pudiera parecer, el problema planteado por Rousseau y que él creía resuelto con el Contrato Social, sigue sin resolverse, a saber: “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y quede tan libre como antes”. El Contrato Social permitió al hombre pasar del Estado de Naturaleza al Estado Civil, pero aún hay que especificar la letra pequeña de ese contrato, aún hay que llenar de contenidos concretos el concepto de Libertad, y aún hay que decidir qué cantidad de gobierno es necesaria, justa y suficiente para cumplir el principal cometido encomendado por el Contrato Social. Dicho de otra manera, todavía en el siglo XXI, es necesario explicitar qué parcelas de esa libertad han cedido los individuos al Estado, y cuáles no. Y es necesario que este reconocimiento lo haga el Estado, que él mismo reconozca sus límites, porque, habiendo adoptado la vida en comunidad bajo unas normas que regulan y hacen posible la convivencia en sociedad, la libertad del hombre ya no es la libertad natural, sino, en palabras de Montesquieu, “es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten”.

Bien, podemos decir ya entonces que los “derechos” son contenidos particulares de eso que hemos llamado libertad, y son derechos porque tienen que estar reconocidos y protegidos por el Estado. A partir de aquí hay que reconocer otro hecho. Si bien vivimos en sociedad gracias a ese Contrato, y siendo la ley la “expresión de la voluntad general” de esa misma sociedad, por lo que se ha admitido el criterio de las “mayorías” para regular todo lo que concierne al “bien común”; es igualmente cierto que la “voluntad general” no es la voluntad de “todos”, ni de todos “conjuntamente”, por lo que el criterio de la “mayoría” no sería aplicable en asuntos que atañen exclusivamente a la vida privada y a la conciencia de los individuos. Sólo admitiendo la pluralidad y complejidad de las sociedades modernas puede entenderse la utilidad de los derechos individuales, pues son, en definitiva, la pieza que faltaba en el Contrato Social de Rousseau, la pieza que resuelve el problema, y que permite la convivencia entre la diversidad de los individuos que componen la sociedad, donde las conciencias, las creencias, la moralidad, y hasta el sentido de lo que es justo o injusto no tienen que ser coincidentes.

Aún a riesgo de ser demasiado simplistas, pero para clarificar un poco las cosas, podemos decir que hay dos tipos de derechos:

Por un lado, aquellos que exigen una acción positiva por parte del Estado para compensar las desigualdades socioeconómicas provocadas por el sistema capitalista. Estos derechos fueron impulsados por la socialdemocracia y, hasta ahora, eran generalmente aceptados y nunca se habían puesto en entredicho. Además, son necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades, una de las señas de identidad de la democracia. Estos derechos se materializan en los Servicios Públicos (Educación, Sanidad, Servicios Sociales, etc.), que, por otro lado, pretenden asegurar unos niveles mínimos de vida digna a todos los ciudadanos sólo por el hecho de serlo.

El segundo tipo de derechos son aquellos que no exigen una acción positiva por parte del Estado, sino todo lo contrario, su inhibición, después de su reconocimiento. Aquí podemos encontrar derechos individuales que tienen cierta repercusión social, como la libertad de expresión, con lo que el Estado, el Derecho, deberá matizar sus límites, pero existen otros derechos que de su ejercicio no se deriva ninguna repercusión social, más allá de quien lo ejerce y de su entorno familiar inmediato. Estos son los que se refieren a las creencias y a la moralidad que cada individuo toma como guía de su comportamiento y de su vida privada.

En este último año los dos tipos de derechos han sufrido un claro retroceso. La Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales se están desmontando pieza a pieza y las desigualdades sociales están aumentando. Con la merma de estos derechos, la propia democracia se resiente y el ciudadano deja de serlo.

También los derechos individuales están en serio peligro, no sólo de no alcanzar su desarrollo, sino su propia existencia tal y como habían sido reconocidos hasta ahora.

Bien, dado que los valores de los distintos grupos sociales están en relación con su situación económica, cultural y religiosa, los derechos individuales impiden que los valores de legitimación jurídica de un grupo (lo que es justo o lo que no; lo que es moral y lo que no), normalmente del grupo dominante, se impongan mediante coacción (convirtiéndolos en leyes) al resto de grupos que no los comparten o que claramente disienten de ellos. Así, los derechos individuales que no afectan más que a quien los ejerce sólo cabría restringirlos admitiendo que una parte de la sociedad puede arrogarse el derecho de regular la vida privada de la otra parte según su propia opinión. Sin duda alguna, esto supondría una vuelta a las cavernas de la intolerancia, y un atentado a la democracia y a la libertad. El Estado habría impuesto una suerte de despotismo moral sobre el conjunto de los ciudadanos.

Estamos hablando de derechos en los que es prácticamente imposible conseguir un “consenso social”, como a menudo se pretende y se argumenta para concederlos o no. Derecho al aborto, al matrimonio homosexual, a la muerte digna, son derechos, libertades, para los que sin embargo sí existe demanda social, y se adaptan a la realidad de la sociedad actual, como decíamos antes, plural y compleja. Negar estos derechos, argumentando que no hay consenso pero despreciando su demanda, no elimina la realidad ni impedirá su ejercicio, pero los empujará a la clandestinidad, y dejará en total indefensión a una buena parte de la sociedad, que actúa de todas formas al margen de unas leyes de dudosa legitimidad democrática.

Si aún tenemos que escribir en España el Contrato Social, se debe en gran medida a que tampoco hemos aprendido nada de las lecciones de John Locke, quien, en su Carta sobre la tolerancia instaba a separar lo que no puede estar unido: El Estado y la Iglesia. Porque no hay ninguna duda de que las creencias religiosas están detrás de la negativa al reconocimiento de determinados derechos individuales, sólo porque chocan con la moralidad del gobierno de turno. Al imponer sus creencias al resto de los ciudadanos se está arrogando un derecho que en absoluto les fue concedido en ningún pacto, porque no hay nadie tan estúpido que haya cedido al legislador su propia libertad, hasta el punto de dejar su moralidad y su vida privada en manos de otra persona.  

Puesto que los derechos individuales son de ejercicio voluntario y no obligan a nadie, aquellos que niegan la ampliación de los derechos individuales deberían preguntarse cómo, de qué manera, la ampliación de los derechos a otras personas disminuyen o coartan los suyos.

La trinchera alemana

La opinión pública alemana cree que la Unión Europa le está saliendo demasiado cara. Cree que una buena parte del deterioro de sus propias condiciones de vida se debe, no sólo a los costes de la Reunificación, sino a los costes de esta Unión en la que entraron a regañadientes. Se les prometió que “el euro no sería otra cosa que el marco bajo otra forma”, se les prometió unas “finanzas públicas saneadas y que los precios serían tan estables como antes” (Der Spiegel, 29/12/2001). Pero la crisis ha confirmado sus peores temores. Los países “subdesarrollados” y “licenciosos” del “Club Mediterráneo” nunca debieron entrar en la Unión Monetaria, porque “han vivido durante años más allá de sus posibilidades y pronto apilaron montañas gigantescas de deuda, de acuerdo con el lema, “para mí el diluvio” (Der Spiegel, 6/12/2010). Sienten que han sido traicionados, que la teoría de Maastricht de que “ningún país debe ser responsable de otro” no se está cumpliendo. Por eso cuando Mario Draghi, presidente del BCE, anunció que compraría bonos soberanos de los países en crisis, Jens Weidman, el presidente del Bundesbank, entró en cólera; nada de eso de darle a la máquina de hacer dinero para resolver la crisis, porque existe el “riesgo de que la financiación del BCE provoque una adicción, como una droga”. La solución está en las reformas, los recortes, la austeridad, y esto “sólo tendrá éxito si nos concienciamos de que nadie más es responsable de su propia miseria”. En fin, Wolfgang Münchau, presidente de Eurointelligence, resumía así el malestar de los alemanes: “No es de extrañar que los alemanes, que ya tuvieron (y que aún tienen) que pagar por la Reunificación, hoy se nieguen a seguir rascándose el bolsillo por Europa” (Der Spiegel, 3/10/2012)

Sin duda, los alemanes, como aquí los españoles, están siendo manipulados. Aquí tenemos la “herencia recibida” del anterior gobierno socialista y la propia “crisis” para justificar las políticas neoliberales que siempre quiso aplicar la derecha. En Alemania la coartada que justifica esas mismas políticas se llama Unión Europea. En junio de 2012 Sigmar Gabriel, líder del SPD, se lo dijo así a Ángela Merkel en el Bundestag: “Es falso presentar permanentemente a Alemania como pagador neto de la Unión Europea: no somos un pagador neto, sino un ganador neto, desde la creación de la Unión Monetaria Alemania ha ganado 556.000 millones más que los que ha destinado a ayuda financiera”. Y es que Alemania parece que quiere disfrutar de todas las ventajas de pertenecer a la Unión, pero sin asumir la responsabilidad y las cargas que en la misma proporción le corresponderían.

Aquí, ocurre como siempre, depende de los datos, de qué datos se suministran y cómo se presentan. En contribuciones directas es cierto que Alemania es el país que más dinero aporta a las arcas comunitarias, y es cierto también que es el que menos recibe, todo ello, en términos absolutos. Entre el año 2005 y el 2009 Alemania ha contribuido con algo más 20.000 millones de euros cada año (en 2008, superó los 22.000). En el mismo periodo su saldo financiero anual con la Comunidad se saldaba con un déficit de entre 8.000 y 11.000 euros. Sin embargo, si se desglosan los datos del presupuesto comunitario y se ponen en relación con la Renta Nacional de cada país el panorama cambia. El acuerdo inicial era que cada país debía aportar una contribución a la Comunidad proporcional a su riqueza. Sin embargo, Alemania, como el país más rico de toda la Unión, le parecía que su contribución era excesiva y ha conseguido imponer un tope máximo introduciendo artificios y factores de corrección contable. Las dos aportaciones más importantes de cada país al presupuesto de la Unión vienen por el IVA y una contribución directa según RNB (Renta Nacional Bruta). Alemania, con más de 80 millones de habitantes, recaudaba una parte proporcional más amplia del impuesto que debía entregar a la Comunidad. Sin embargo, si en el año 2000 la recaudación por IVA suponía el 38% del total del presupuesto; hoy esta partida se ha reducido al 11%. Y no sólo eso, sino que para realizar el cálculo, si la base imponible para todos los países es del 0,30%, Alemania disfruta de un tipo reducido del 0,15%, Austria del 0,22%, Suecia y Países Bajos del 0,10%. Así, si en 2009, Alemania entregó por esta partida 1.705 millones de euros, España entregaba 1.527. Sin comentarios. Los presupuestos actuales se nutren fundamentalmente de la aportación según la RNB, que constituye el 76% del total. La aportación total efectiva de Alemania le supone un 0,88% de su renta cuando a España, por ejemplo, le supone una media de 1,05% en el periodo de 2005 a 2009. Otro ejemplo, en 2007 la aportación de Grecia le suponía el 1,37% mientras la de Alemania era del 0,88%.

También ha resultado muy polémica la aportación de Alemania a los fondos de rescate que se han ideado para ayudar a los países en crisis. Muchos alemanes creen que es una forma de financiación encubierta que contradice el artículo 101 del Tratado de Maastricht. Hasta llegaron a organizarse en plataformas ciudadanas y presentaron recursos de inconstitucionalidad para que Alemania no participase en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), puesto en marcha en octubre de 2012. El economista Markus Kerber, que encabezaba una de esas plataformas, en octubre de este mismo año reprochaba al gobierno español no haber entendido la crisis, “y prometen soluciones con dinero alemán. El euro es demasiado caro para España”, sentenciaba. El Tribunal Constitucional alemán dio el visto bueno a la participación de Alemania en el fondo pero limitó la aportación a 190.000 millones de euros, un 27,14% del total. De nuevo, si analizamos la financiación del MEDE podemos ver las cosas de otra manera. Por debajo de Alemania, están Francia, Italia, España y Holanda como los países que más dinero aportan. Francia supera el 20% del total, y, si sumamos las aportaciones de España e Italia, dan un resultado de 218.710 millones de euros, el 29,81%. O sea, que dos de los países en crisis están aportando más dinero que Alemania al fondo del que pedirán dinero para salir de la crisis aplicando nuevos recortes en el sector público para obtenerlos… ¿Por qué sólo se han quejado los ciudadanos alemanes? Sin duda la manipulación está dando resultados.

Parte de esa manipulación consiste en ocultar las ventajas que Alemania obtiene con la moneda única. Recordemos brevemente algunos datos: Alemania tiene el primer PIB de la UE y el cuarto del mundo. Su tasa de crecimiento es del 3% y su tasa de paro del 7%. Su economía está orientada a la exportación. Entre 2003 y 2008 fue el primer exportador mundial, sólo superado en 2009 por China. El 53% de sus exportaciones van a los países de la Unión Europea, así como el 48% de sus importaciones. Para Joachim Möller, economista jefe del Instituto Laboral de Nüremberg, los tres factores que explican el milagro alemán son “el aumento de la competitividad a través de la moderación salarial en toda la década, la estabilidad del euro, y la tradicional fuerza de la industria alemana”. Una industria de media y alta tecnología que supone el 27% del PIB, y en donde destacan la maquinaria, el sector del automóvil, la industria química y farmacéutica y la siderurgia. El sector de los servicios supone el 72,5% del PIB, pero los servicios financieros y los servicios a las empresas han desbancado a los servicios tradicionales de comunicaciones, transporte, hostelería y otros. No hay duda de que el euro ha contribuido a esta prosperidad, y lo ha hecho de dos maneras. Por una parte, ha eliminado los costes que suponen las transacciones comerciales realizadas en distintas monedas, sujetos siempre a la variabilidad de los tipos de cambio. Ya en el año 1999 los marcos, las liras, los francos y las pesetas desaparecieron de los libros de contabilidad de las empresas alemanas, y desde el año 2000, la empresa Daimler-Chrysler, por ejemplo, se ahorraba 100 millones de dólares cada año previstos para las conversiones de una monedas a otras y para protegerse contra las fluctuaciones del mercado de divisas. También el euro ha contribuido a la prosperidad alemana eliminando a la competencia europea. Al tener una industria y una mano de obra menos competitiva, la única forma de competir con Alemania era devaluando la moneda propia para incentivar las exportaciones. Pero el euro ha eliminado de un plumazo esta posibilidad, y en realidad, ya no es posible competir con la industria alemana. Unos pocos datos lo corroboran (informes de la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Economía). De los 5 países en crisis, sólo Irlanda, que mantiene mayores flujos comerciales con el Reino Unido, se libra de tener déficit comercial con Alemania. Alemania es el principal país proveedor de Grecia, con el que tiene un déficit de más de 4.000 millones de euros anuales; es el segundo proveedor de Portugal, cuyo déficit con Alemania desde 2006 supera siempre los 2.200 euros cada año; es igualmente el primer proveedor de Italia, y su déficit con Alemania llegó a superar los 15.000 euros en 2010, aunque siempre se sitúa entre los 12 y los 13.000 millones de euros. Con respecto a España,  Alemania es también nuestro principal proveedor, aunque ocupa el segundo puesto de nuestras exportaciones. Nuestra balanza deficitaria se ha ido reduciendo, de los 20.054 millones en 2008, a los 8.917 de 2011.

Pero…hay otro dato a tener en cuenta, y que no se menciona a menudo, una buena parte de estas exportaciones a Alemania, son de productos alemanes fabricados por las propias multinacionales alemanas en Europa. Sólo en España, por ejemplo, hay 1.100 empresas alemanas repartidas por todo el territorio nacional aunque la mayor parte se concentran en Madrid, Cataluña y País Vasco. Según la Cámara de Comercio de Alemania en España, estas empresas dan trabajo a unas 340.000 personas y, aunque se encuentran satisfechas, señalan como factores problemáticos la inestabilidad política, la legislación laboral y la influencia de los sindicatos. Y es que la tan celebrada competitividad de la industria alemana tiene una contrapartida dolorosa; la contención salarial y el empleo precario que provoca un aumento considerable de las desigualdades sociales y puede abocar a la pobreza a millones de personas. En Alemania se han generalizado los minijobs, trabajos que no superan las 15 horas a la semana y que se pagan a un máximo de 400 euros al mes. Como no se puede sobrevivir con esta cantidad, el gobierno alemán permite desempeñar varios minijosbs a la vez. Este tipo de empleo afecta a unos 7,5 millones de personas, de los que casi 5 millones son mujeres, que, en el momento de jubilarse, cobrarían una pensión de 200 euros mensuales. Los sindicatos alemanes denuncian abusos en el uso de estos contratos, Horst Mund, economista del sindicato IG Metall, denuncia que Alemania está practicando un "cierto dumping salarial" que ha puesto en aprietos a toda Europa. Aunque estos miniempleos no son bien vistos en el resto de países de Europa, la crisis y la presión alemana sí están empujando los salarios y los derechos laborales hacia niveles de desprotección y precariedad hasta ahora desconocidos. En agosto de 2011 Jean Claude Trichet, entonces presidente del BCE, envió una carta al gobierno español que también iba firmada por el presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, en la que se le pedía una devaluación competitiva de los salarios en España, la creación de una modalidad de contrato laboral “de carácter excepcional que contemple indemnizaciones bajas por despido por un tiempo limitado”, eliminar la cláusula de revisión salarial que los ajustaba a la evolución del IPC, y limitar el alcance de los convenios colectivos ”para reducir la posibilidad de que los acuerdos sectoriales limiten la validez de los acuerdos a nivel de empresa”. El nuevo gobierno del PP ha seguido sus indicaciones, y también se han hecho reformas laborales restrictivas en todos los países en crisis. Por eso ahora toca ocuparse de Francia, hacia donde se dirigen los cañones, como titulaba recientemente el diario El País. Ni Alemania, ni las políticas ultraconservadoras que está imponiendo en toda Europa con la connivencia de los gobiernos de derechas pueden permitir que las políticas alternativas que intenta llevar a cabo Hollande en Francia tengan la más mínima posibilidad. Lars Feld, director del Instituto Walter Eucken de Friburgo y miembro del comité de sabios que asesora a Merkel, cree así que “el mayor problema actual en la eurozona ya no es Grecia, ni siquiera España e Italia: es Francia, que no ha hecho nada para recuperar competitividad y está yendo incluso en dirección contraria. Francia necesita reformas en el mercado laboral: es el país del euro en el que la gente trabaja menos horas al año”. (El País, 11/11/2012).

Nos tomamos una tregua para cambiar de frente. Porque en esta guerra de Alemania contra la “crisis” y en defensa de sus intereses y de sus empresas, el euro no es un fin, no lo fue nunca, sino el medio, el instrumento que la crisis ha puesto en entredicho y le está haciendo perder batallas en otros frentes: Estados Unidos y el dólar; China y el yuan. El euro llegó a codearse con el dólar, a plantarle cara y disputarle la primacía mundial como moneda refugio, pero con la crisis el euro ya no es una inversión segura, y está perjudicando las relaciones comerciales que Alemania mantiene con China y con Estados Unidos. China es el primer país proveedor de Alemania, pero sólo ocupa el sexto lugar de sus exportaciones. Esta desventaja se traduce en un déficit comercial crónico que llega a superar los 25.000 millones de euros desde 2007, aunque en 2010 el déficit se vio reducido a algo más de 21.000 millones. Estados Unidos es el quinto proveedor de Alemania pero es el tercer país al que más exporta. Como resultado su balanza comercial se cierra con superávit, aunque sus beneficios están descendiendo. Ha pasado de 27.730 millones en 2007 a 19.175 en 2010. Alarmada por esta caída en sus ventas, Alemania acusó a Estados Unidos en octubre de 2010 de devaluar de hecho el dólar con su política monetaria expansiva. “El Dólar —dijo Ángela Merkel— mientras se inyecta una cantidad extrema de liquidez en el mercado americano, está devaluado de hecho y no se corresponde con su valor real”. De la misma manera, el gobierno alemán ha intentado convencer al gobierno chino desde la pasada reunión del G-20 de 2010 para que deje flotar al yuan en el mercado de divisas y se aprecie para ajustarse así a su valor de mercado.

El euro, el dólar y el yuan son tres frentes de una misma guerra, que Alemania libra a brazo partido. Como el resto de los países europeos, Alemania tiene las manos atadas por el euro, y no puede devaluarlo de forma unilateral para competir con el resto de las monedas. Tampoco quiere embarcarse en una devaluación efectiva al modo americano inyectando euros a los países en crisis porque le tiene pánico a una posible inflación y no quiere asumir ese riesgo. La hiperinflación de los años 20 aún está presente en su memoria, por eso el Bundesbank ha dicho por activa y por pasiva que no piensa darle a la máquina de hacer dinero para resolver unos problemas de los que no se siente responsable. De modo que la única forma de recuperar la competitividad y de ganar esta batalla es imponiendo en toda Europa la misma devaluación interna que se autoimpuso al principio de la década para asumir los costes de su reunificación. Porque, forzar la ruptura del euro, por más que una buena parte de la opinión pública alemana estuviera de acuerdo, iría en contra de los intereses de sus empresas, perderían mucho dinero con las nuevas monedas nacionales, y el marco se apreciaría. Philipp Rösler, el ministro de economía alemán ha llegado a decir que “el que especula con la quiebra del euro, pone en peligro el bienestar alemán”.

Con la austeridad impuesta a toda Europa Alemania se defiende a sí misma, a su industria, a sus empresas. En un arranque de sinceridad Ángela Merkel lo dijo en el discurso que pronunció en el Bundestag en septiembre de este año: “Siempre he dicho que Alemania debe salir de la crisis más fuerte de lo que era cuando empezó”. Estaba celebrando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional alemán a favor de la participación de su país en el Mecanismo de Rescate Europeo. Alemania se hace la víctima, va de “pagana” de la crisis, pero en realidad se comporta con la misma picaresca que nuestros abuelos en la posguerra, cuando les decían a nuestros padres, “a quien se acueste sin cenar le doy un real”; y luego a la mañana siguiente: “Quien quiera desayunar me tiene que dar un real”. Y mientras recogía el dinero exclamaba con satisfacción: “¡Dichoso dinero que vuelve a casa!”

Semblanza de Ángela Merkel en:
http://museodelacrisis.blogspot.com.es/2012/12/sala-6-la-otra-cara-de-los-recortes.html

"I told you"

Siempre es cierto ese aserto que afirma que para entender bien el presente hay que estudiar el pasado. Pero en estos días más, porque estamos viviendo esta crisis como si fuera algo inesperado y hemos olvidado, o hemos querido olvidar, que realmente la crisis empezó hace 20 años, y fue hace 20 años que empezó a desmantelarse el Estado del Bienestar y la democracia en Europa que tanto costó levantar y defender. Menos mal que tenemos la historia, más para advertir que para divertir. De modo que, adviértase, si hoy nos hundimos en el lodo, es porque hace 20 años empezamos un camino lleno de barro.

En junio de 1988 el Consejo Europeo encargó a Jacques Delors, presidente de la Comisión, un informe para avanzar en la unión económica y monetaria. El informe estaba listo casi un año más tarde. Fue presentado el 17 de abril de 1989 y proponía alcanzar la unión monetaria en tres fases, sin concretar fechas. En síntesis, establecía la libertad de movimientos de capitales, convergencia macroeconómica para garantizar la estabilidad de precios, la creación de un Banco Central Europeo y la adopción de una moneda única como culminación del proceso. Todo ello requería de una refundación de Europa, que pasaba por la modificación de los tratados fundacionales de la Comunidad. La cumbre europea celebrada en Madrid en junio de 1989 tenía por objeto concretar el plazo de inicio de la primera fase y los criterios para una convergencia progresiva de las economías europeas como requisito para poder adoptar la moneda única. Este era el principal escollo de la reunión, la firme oposición de los británicos a abandonar la libra esterlina. Cuando, durante una cena, se abordó este tema, Nigel Lawson, ministro de finanzas, se levantó bruscamente de la mesa y exclamó: “¡Nunca! ¡Jamás cambiaremos la libra esterlina por una moneda europea!”. Margaret Thatcher golpeó la mesa y dijo: “¡Right!”.

Y entonces, el 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. El acontecimiento, no por sorprendente, era menos esperado. La política aperturista de Gorbachov en la Unión Soviética que sacudió toda la Europa del este, y fomentó las protestas ciudadanas en la RDA en los meses anteriores hacían presagiar que algo así podía ocurrir en cualquier momento. De hecho, la posibilidad de una reunificación alemana estaba en las conversaciones de entonces entre los jefes de estado. Así por ejemplo, Alemania consideraba su moneda, el marco, como un signo de identidad nacional, y Helmut Khol le confesó a Mitterrand en junio de 1989 en Madrid que abandonarlo supondría un gran sacrificio, y pensaba que la opinión pública alemana no estaba preparada para ello. Mitterrand le contestó: “Usted está preparado para la reunificación alemana. Usted debe continuar demostrando que cree en Europa”. La posibilidad de una reunificación de Alemania, con más de 80 millones de habitantes y una moneda fuerte y estable, se veía como una amenaza y un factor de desequilibrio en Europa.  Pero el presidente francés creía que una moneda única actuaría como factor moderador de una Alemania unificada e integrada en Europa, si conseguían que abandonase el marco, del que, había dicho una vez, era “su bomba atómica”. Así se lo dijo a Margaret Thatcher en septiembre, intentando calmar sus recelos. La premier británica era la única que se oponía con la misma energía a consentir la unificación de Alemania y a abandonar la libra esterlina. De manera que la caída del muro de Berlín sólo precipitó los acontecimientos. Khol le hizo saber a Mitterrand, a través de su ministro de exteriores, Hans Dietrich Genscher, que Alemania impulsaría la unión económica y monetaria si en la próxima cumbre europea de Estrasburgo, que se celebraría los días 8 y 9 de diciembre, obtenía su apoyo a la reunificación de Alemania. Mitterrand reiteró sus condiciones: “No aceptaría la reunificación Alemana si no iba acompañada de una integración europea, y esto no era posible sin la unidad monetaria”. Desde entonces Mitterrand asumió un doble juego, vencer la resistencia británica a la reunificación alemana al mismo tiempo que parecía oponerse a ella. El 8 de diciembre de 1989, Thatcher le dijo a Mitterrand: “Si  no vamos con cuidado, la reunificación se va a llevar a cabo. Si eso pasa todo se vendrá abajo en Europa. El canciller Khol parece haber olvidado que la división de Alemania fue el resultado de una guerra que empezó Alemania”. Inglaterra temía por la frontera germano-polaca, y pensaba que incluso podía reivindicar otros territorios, llegando a tener más de lo que tenía en tiempos de Hitler. Temía no estar a la altura de las circunstancias, y repetir el error de sus predecesores en el cargo en los años 30. Incluso llegó a decir: “¡Hemos derrotado dos veces a los alemanes, y aquí están otra vez!”. Mitterrand, en principio le da la razón, y le dice que, en efecto, los alemanes ya sólo piensan en la reunificación, que “ha tenido el efecto de convertirles otra vez en los malos alemanes del pasado”. En enero de 1990 Thatcher le sugiere a Mitterrand: “Deberíamos decirles a los alemanes que la reunificación llegará algún día, pero que no estamos preparados todavía, que Alemania del este tiene que ponerse a la cola para entrar en la Comunidad. Tenemos que intentar comprometer a los alemanes a un periodo transitorio. La reunificación no debería ocurrir antes de 10 o 15 años”. Pero Mitterrand le contestó: “Sería estúpido decir no a la reunificación. No hay fuerza en Europa que pueda impedir que ocurra. Más vale aceptarla con los ojos muy abiertos y ligar la unidad de Alemania a la construcción de Europa y a la garantía de las fronteras”. Y así se hizo. El 12 de septiembre de 1990 se firmó en Moscú el tratado Dos más Cuatro (las dos alemanias y los Aliados de la Segunda Guerra Mundial) dando vía libre a la reunificación alemana, que se hizo efectiva el 3 de octubre de ese mismo año.

Mientras tanto, se avanzaba en el proceso de construcción de la unidad económica y monetaria, y aquí, como temía la señora Thatcher, se hizo bajo el dictado de Alemania. Con un 32% del PIB de toda la Comunidad, equivalente a su contribución a las arcas comunitarias y al entonces vigente Sistema Monetario Europeo, hubiera sido difícil rechazar las condiciones de Alemania para la unión monetaria. Según Karl Otto Pöhl, entonces presidente del Bundesbank, “probablemente no habría habido una unidad monetaria sin la unificación alemana”. Y es que Alemania sólo abandonaría el marco si la nueva moneda, y el nuevo Banco Central Europeo se hacían a imagen y semejanza del Bundesbank y de su política monetaria marcada por una obsesión: la estabilidad de los precios y el control de la inflación. El señor Pöhl se reunió en mayo de 1990 en Estrasburgo con los miembros de la Comisión Económica del Parlamento Europeo para decirles cómo iba a ser el futuro BCE y cuáles serían sus objetivos: “Asegurar la estabilidad de precios para evitar a toda costa la espiral inflacionaria, y controlar el precio del dinero y la masa monetaria”. Además, el futuro BCE debe ser absolutamente independiente, sólo será “responsable ante la opinión pública y en ningún caso estar sometido a las presiones de los gobiernos. El control de la inflación no puede dejarse a los gobiernos”, sentencia. Y, por si había alguna duda de su mensaje, concluye: “Los asuntos monetarios son una cosa muy seria para dejarla en manos de los políticos”. En aras de esa independencia defiende que la sede del BCE no debe estar en Bruselas, por la influencia que podría ejercer la Comisión europea, llega a proponer Madrid, el punto más alejado que se le ocurrió en ese momento, aunque su deseo es que estuviese en Frankfurt. En  noviembre de este mismo año de 1990 se encargó de arrojar un jarro de agua fría sobre las propuestas británicas para la unión monetaria, y lo hizo en la misma Escuela de Economía de Londres. Siempre intentando salvar la libra esterlina, los británicos habían propuesto en 1989 que todas las monedas nacionales tuvieran curso legal en los países europeos, y ahora, el nuevo ministro de Hacienda, John Major, había propuesto la creación de un ecu fuerte de curso legal y la creación de un Fondo Monetario Europeo que prestaría ecus a los países con problemas en sus balanzas de pagos. El presidente del Bundesbank se opuso firmemente a estos planes pues esta transferencia de recursos de los países ricos a los más pobres dispararía la inflación. En su lugar defendía una Europa a dos velocidades, y que sólo entrasen en la moneda única los países de mayor grado de desarrollo. España, sin embargo, se oponía a quedar relegada de la moneda única y reclamó la creación de unos Fondos de Cohesión para apoyar a los países con menos del 90% de la riqueza media de la CE. Helmut Khol llama a Felipe González “el gran abogado de los Fondos de Cohesión”, y si en un principio recelaba de ellos, acabó aceptándolos como pago al apoyo que el presidente del gobierno español prestó desde el primer momento al proyecto de reunificación alemana. Todavía el 9 de noviembre de 1991, el primer día de la cumbre de Maastricht, Khol decía: “Hay que escuchar lo que dice González sobre solidaridad, pero sin que cueste dinero". Finalmente, los fondos de cohesión, y las exigencias alemanas sobre el futuro BCE y los criterios económicos para alcanzar la convergencia previa a la adopción de la moneda única quedaron incorporados al tratado de Maastricht, firmado en febrero de 1992.

Y Maastricht fue, como se dijo en su día, el triunfo de las políticas neoliberales en Europa, y el triunfo de la Europa del capital y de los mercaderes sobre las personas y los ciudadanos. Porque el texto, harto farragoso, dejaba atados y bien atados las aspectos económicos de la Unión Europea, pero dejaba esbozados con declaraciones de buenas intenciones el resto de asuntos, como la política de empleo o la seguridad común. En particular, el artículo 101 prohibe “la concesión de cualquier tipo de crédito por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros..., en favor de instituciones u organismos comunitarios, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas...o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el BCE o los bancos centrales nacionales”. El artículo 108 consagra la independencia del BCE y de los bancos centrales que quedaban integrados en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), y el artículo 104 establecía los criterios para la convergencia económica que se concretaban en un protocolo anexo: que el déficit público anual no superara el 3% sobre el PIB, que la deuda acumulada no superara el 60%, y que la inflación no superara en 1,5% la media de los tres países que la tuviesen más baja. El protocolo 11 exime al Reino Unido de unirse a la moneda única y le permite conservar la libra esterlina.

Una vez aprobado el nuevo tratado, tocaba pasearlo por los distintos países de la Unión para su aprobación. Y digo bien, “su aprobación”, porque otra posibilidad no cabía en los mandatarios europeos que lo suscribieron. Podía hacerse bien por ratificación parlamentaria o por referéndum popular. Pero sólo hubo referéndum en 3 países, en Dinamarca se rechazó con un 50,7% de votos en contra. Aunque tras establecerse algunas excepciones se acabó aprobando en 1993 en un segundo referéndum. (Un tercer referéndum en 1999 rechazó la incorporación al euro por un 53,1%). También se celebraron referéndums en Francia, donde se aprobó con un 49,0% de votos en contra y en Irlanda, con un 31,3% de votos en contra. En España, el PSOE de Felipe González evitó el referéndum aunque él mismo participó en un mitin en Estrasburgo en septiembre de 1992 defendiendo el “sí” para el tratado junto a los socialistas franceses: “Sin duda el tratado de Maastricht no es un tratado perfecto…la perfección es sólo para la extrema derecha y la extrema izquierda, los extremos totalitarios”. Es cierto que tanto los conservadores como los comunistas europeos coincidían en su rechazo a Maastricht, aunque por razones distintas. Los conservadores ponían el acento en la pérdida de soberanía que suponía entregar la política monetaria al BCE, que quedaba constituido como un estado monetarista independiente de todo control gubernamental. Para Gianfranco Fini, líder del neofascista Movimiento Social Italiano, no había duda de quién estaba en realidad detrás del BCE. En el pleno que aprobó el tratado, el 17 de septiembre de 1992, dijo: “Hay que reflexionar bien antes de entregarnos de pies y manos al Bundesbank”. Para la izquierda, el tratado de Maastricht institucionalizaba las políticas neoliberales al hacer obligatorios los recortes en el gasto público buscando sólo una convergencia macroeconómica nominal. Le acusaba de buscar sólo un escenario favorable para la libertad de movimientos del capital a costa del bienestar social, pues la estabilidad presupuestaria eliminaba de hecho el papel redistribuidor del estado al prohibirle intervenir en la política monetaria. Además, decían, si ahora se consagra el 3% de déficit estatal nada impedirá que en el futuro se exija incluso menos. Por último, Maastricht suponía subvertir los principios de la soberanía popular y de control de las acciones del gobierno pues en la práctica la soberanía nacional se depositaba en manos de un banco. Max Gallo, exministro francés de cultura afirmaba que “los socialistas que defienden el tratado y lo negociaron sólo pueden defenderlo evitando analizarlo”. Él abogaba claramente por el “no”: “Hay que rechazar este tratado, que va a aumentar el desasosiego, el número de parados, las dudas acerca de la nación y que alimentará a medio plazo a la extrema derecha xenófoba”.

En España la voz más alta en contra del tratado de Maastricht fue la de Julio Anguita. Sufrió por ello una atroz campaña de desprestigio tanto de los medios oficiales cercanos al partido socialista como de la derecha, e incluso desde las filas de la izquierda. Fue acusado de fundamentalista, antieuropeo, iluminado…Pero sus palabras hoy parecen salidas, no de un califa, sino de un profeta. El 29 de octubre de 1992, durante el debate en el Congreso de los Diputados que habría de ratificar el tratado, Anguita dijo lo siguiente: “El Tratado de la Unión Europea pone en marcha un concepto de convergencia profundamente desnaturalizado…sorprende la ausencia de compromisos sobre magnitudes como renta per cápita, tasa de desempleo, gastos sociales, etcétera. Sorprende por cuanto parece desprovisto de sentido que la convergencia no se plantee precisamente en el terreno de la economía real y sí en el de su reflejo: el monetario. Pero no sólo es grave que no se prioricen estos objetivos de convergencia real, sino que el logro de los acordados puede producirse al precio de empeorar los indicadores reales”. De hecho, los recortes en el gasto público para alcanzar ese deseado 3% de déficit que emprendieron tanto los gobiernos de Felipe González como los de Aznar le daban la razón. Los costes sociales eran de tal magnitud, que apenas un año después, en septiembre de 1993, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo y el Comercio advirtió a Europa que entraría en recesión si intentaba cumplir con los criterios de convergencia de Maastricht en los plazos previstos. Tan claras y evidentes eran ya sus consecuencias, que en la fiesta del PCE de 1996 Anguita enumeró con tino insuperable el horizonte socioeconómico que hoy padecemos, y que volverá a repetir ante Aznar en el Congreso en junio de 1997 y reiterará en sus artículos e intervenciones parlamentarias posteriores:”La moneda única, según Maastricht, es el fin de la autonomía política para decidir sobre las condiciones de vida de la ciudadanía. La moneda única, según Maastricht, es la imposición de los poderosos a través de los mecanismos del llamado mercado libre y de la práctica independencia de los poderes públicos del sistema de bancos centrales paso previo del Banco Central Europeo. La moneda única, según Maastricht, es poner como primer objetivo los ajustes contables macroeconómicos y relegar a un segundo lugar derechos sociales recogidos en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Maastricht es la pensión que disminuye; el recorte en gasto sanitario; la congelación salarial de los funcionarios… el recorte en inversiones para infraestructuras y obras necesarias; el recorte creciente del subsidio de desempleo, etc.”

Sin embargo los dirigentes del Bundesbank se mostraron siempre inflexibles y exigieron el estricto cumplimiento de los criterios de convergencia del tratado. En 1994, el nuevo presidente del banco alemán, Hans Tietmeyer dijo lo siguiente (es para leerlo bien y tomar buena nota): “Los criterios de Maastricht deben cumplirse a rajatabla porque son requisitos mínimos. Intencionadamente, no están formulados desde el punto de vista de la economía real, no distinguen entre ricos y pobres, distinguen entre un grado mayor o menor de estabilidad monetaria. No importa ser más pobre si hay flexibilidad interior de salarios, es decir, si se acepta un nivel general de vida más bajo en los países menos ricos. Lo importante es garantizar la convergencia nominal y, con algún acuerdo de unión política dar el salto a la Europa que quiere Alemania”.

Y en esta Europa de ajustes contables macroeconómicos está trabajando Alemania. Porque para ella esta crisis no es una crisis que afecte a la economía real o a las personas, es una crisis que “hemos provocado los países despilfarradores” al salirnos de los corsés impuestos hace 20 años, por eso la solución no es avanzar hacia una verdadera unión política o económica, ni hacia la Europa social y real, sino más de lo mismo. Más dosis de la misma política neoliberal que ya tragamos en Maastricht, pero redoblada, como castigo: Modificación de las Constituciones nacionales para consagrar la estabilidad presupuestaria como objetivo de cualquier gobierno, déficit del 0,4% del PIB desde 2020 y control previo de los presupuestos nacionales por Bruselas (BCE/Bundesbank) desde 2011. Con estas medidas podemos constatar la defunción definitiva del Estado del Bienestar y de la democracia.

Estoy seguro de que la señora Thatcher está sonriendo y señalando al continente con uno de sus dedos huesudos y diciendo aquello de: “I told you”. Sí, señora Thatcher, después de perder dos guerras mundiales, Alemania ha vencido a Europa.

¡Ojo al dato!

Las matemáticas no mienten, pero sirven para hacerlo. No digo que el dato en sí mismo sea mentira, sino que puede resultar engañoso. Especialmente cuando se da en cifras absolutas, y cuando no se compara con otros datos similares de otras zonas que podrían ofrecer una referencia sobre las verdaderas dimensiones, en términos de escala, del dato suministrado. En estos casos siempre hay que preguntarse por las intenciones que se tienen cuando se suministran los datos de esta manera. Un solo ejemplo servirá para ilustrar lo que digo. Cada año se publican los datos de la Ayuda al Desarrollo, y es muy normal que la prensa destaque a Estados Unidos como el país que más dinero destina. En el año 2010 su aportación al desarrollo fue de 30.154 millones de dólares. Una gran cifra, si pensamos en la aportación de España, 5.917 millones; o de Noruega, 4.582 millones. Pero la cosa cambia si relacionamos estos datos con el PIB de cada país. Así, resulta que Estados Unidos destina un 0,21% de su riqueza nacional como ayuda al desarrollo, España un 0,43% y Noruega un 1,16%. Seguro que nuestra opinión sobre el esfuerzo y la solidaridad de EE.UU. ha cambiado algo.

 Bueno, pues algo de esta manipulación estamos sufriendo en esta crisis con los datos que un día sí y otro también leemos en la prensa española sobre el déficit, la deuda y el pago de los intereses de esta deuda. Estas noticias se dedican a analizar datos, pero rara vez explican las causas de estos incrementos, y nunca realizan comparativas con otros países de la Unión Europea. Sin duda, lo que se pretende es crear alarma y propiciar un ambiente comprensivo hacia los recortes en el sector público, cuando no directamente culparlo de la crisis. Es una manera más sutil, pero mucho más peligrosa por la supuesta objetividad de los números, de repetirnos esa cantinela de que “no podemos permitirnos el Estado del Bienestar que teníamos”, y que hemos vivido “por encima de nuestras posibilidades”. Pero todo esto es falso, y pretendo demostrarlo. Pretendo demostrar: 1. que no teníamos un Estado del Bienestar de lujo, como pretenden ahora que creamos, 2. que la deuda y el déficit actual en el sector público no son consecuencia de un despilfarro irresponsable que haya provocado la crisis, sino todo lo contrario, que el déficit es la consecuencia y no la causa de la crisis; y 3. que esa deuda sigue creciendo por los efectos mismos de la crisis en un fenómeno de retroalimentación y especialmente por las consecuencias de una unión monetaria mal construida y peor defendida.

Antes de nada habrá que pedir perdón por la lluvia de datos que se avecina, pero de eso se trata en esta entrada, combatir unos datos engañosos y alarmistas, con otros puestos en relación con los demás países de la Unión Europea, para, así, poder ofrecer un panorama más sosegado y más realista.

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1. Empecemos por valorar el Estado del Bienestar que tenía España antes de la crisis del año 2007. Incluiremos los tres pilares básicos: Educación, Sanidad y Protección Social. Para valorar el gasto en Educación acudimos al Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación (Sistema Estatal de Indicadores de la Educación). Pues bien, el gasto en relación al PIB ha estado siempre por debajo del 4,5%, cuando la media europea en inversión en Educación entre el año 2002 y el 2007 estaba en el 4,96%. En esos años España pasó del 4,25 al 4,35%. Ocupábamos el puesto número 20 de la tabla, sólo por delante de Italia, Rumanía, la República Checa, Bulgaria, Eslovaquia y Luxemburgo. A pesar de esto, en 2007 el gasto por alumno en relación al PIB por habitante es 1 punto superior a la media europea; si en España era del 25,9%, la media europea era del 24,9. En el año 2007, España tenía un gasto medio por alumno de 6.773 euros, mientras que la media de los países de la UE estaba en los 6.251. Aunque, para ser justos con el sector público, hay que decir que en este último dato están incluidos los gastos del Estado en instituciones públicas y privadas, y que desde hace años el estado viene aportando el 58% de los gastos corrientes de la enseñanza privada concertada no universitaria, según revelan las últimas encuestas del INE. 

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En Sanidad, según los últimos datos que ofrece Eurostat correspondientes al año 2004, el gasto público sanitario en España se situaba por debajo de la media de los quince países que integran la UE-15, tanto en términos de porcentaje respecto al PIB como en términos de gasto por habitante. Si se analiza el gasto sanitario público en relación al PIB, España ocupaba la posición número 14 en la lista, al presentar un valor de 6,0% frente a una media de la UE-15 del 7,5%. Sólo Luxemburgo (por tener un PIB muy alto) se sitúa por debajo de España con el 5,5%. El resto de países, incluso los que presentan un nivel de desarrollo económico inferior a España se sitúan por encima: Grecia un 6,7%, o Portugal un 7,1%. Los países en los que la sanidad tiene un mayor peso económico son Francia, con el 8,8 % de su PIB, Países Bajos (8,1 %) y Suecia (8,0 %). En cuanto al gasto por habitante, España se situaba en el puesto número 13, con 1.329 euros, sólo por delante de Grecia y Portugal. La media europea era de 1.975 euros. Por último, el Sistema de Protección Social es analizado en el Informe Económico de la Oficina del Presidente del año 2008. En este capítulo se incluye todo lo relacionado con enfermedad, invalidez, vejez y supervivencia, familia, hijos, desempleo y vivienda. Bien, el gasto en protección social medio por habitante en España alcanzó los 4.700 euros en 2005, cuando el gasto promedio por habitante de la U.E. era de más de 7.100 euros, por lo que el nivel de gasto en España se situaba un 34% por debajo de la media. La Ley de dependencia aprobada a finales de 2006 supuso un intento de acortar distancias con Europa. Entre 2006 y 2008 se le asignaron unos 2.400 millones de euros y se aumentaron el resto de partidas, pero aún así, en 2008 el diferencial negativo en relación a Europa se redujo 12 puntos, hasta el 21%. Las mismas diferencias se aprecian si se analiza el gasto en relación al PIB. El porcentaje del PIB dedicado a gasto social en España se encuentra entre los más bajos de los países europeos, sistemáticamente por debajo de la media de la UE-15. En 2004 España dedicaba aproximadamente el 21,2% de su PIB a políticas sociales, más de tres puntos porcentuales menos que la media de la UE-15. En 2007 dicho diferencial volvía a situarse en torno a los dos puntos porcentuales.

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Como vemos, nuestro Estado del Bienestar anterior a la crisis se encontraba por debajo de la media en comparación con el resto de Europa, y, aunque se hicieron esfuerzos por ponernos a la altura del resto de países aumentando los gastos en los tres aspectos, aún debíamos recorrer algo más de distancia para alcanzar la media europea. Pero la crisis y los recortes han truncado el esfuerzo realizado, y no sólo eso, sino que se pretende ahora hacernos creer que era más de lo que nos merecíamos, que nos salía muy caro, y que hay que reducir el déficit público desmantelándolo todo. Pero el déficit público no lo han provocado estos gastos, sino la propia crisis. Veámoslo.

2. El déficit público anual en España puede decirse que era positivo desde el 2004, pues se cerró el año con sólo un 0,1% negativo. Desde entonces, se cerró siempre con superávit: 1,3 en 2005; 2,4 en 2006 y 1,9 en 2007. Como hemos visto, parecía buen momento para invertir en nuestro modesto Estado del Bienestar y así se hizo. Y entonces explotó la burbuja inmobiliaria en EE.UU., afectando a todo el sistema financiero que la había alimentado, pues un buen número de Fondos de Inversión y Bancos que se habían arriesgado a financiar hipotecas a prestatarios de dudosa solvencia (subprime) quedaron ellos mismos en riesgo de impago por su elevado endeudamiento. La desconfianza entre las entidades paralizó el sistema de préstamos interbancarios y la globalización hizo el resto. El resultado fue una falta de liquidez en todo el sistema que afectó a la economía real, con la reducción de los préstamos a empresas y familias….y hasta hoy. Ni Europa ni España se han visto ajenas a los efectos de la crisis. Cajas de Ahorros y bancos demasiado expuestos, demasiado endeudados, sin liquidez y en peligro de quiebra. Y el gobierno acudió a salvarlos. El Informe Económico de la Oficina del Presidente del año 2009 da cuenta de las políticas que se articularon para encarar la crisis desde noviembre de 2008, y en el Informe del 2010 se especifica la cuantía dedicada en cada una de esas políticas. Resumo: Creación del Fondo de Inversión Local y el Fondo de Dinamización de la Economía y el Empleo con una dotación de 11.000 millones de euros; creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, para dar liquidez al sistema y así colaborar en la concesión de créditos al sector privado residente, a este fin se destinaron 19.300 millones de euros; creación del Plan de Avales del Estado para respaldar la emisión de deuda bancaria. Entre 2009 y 2010 el total de emisiones avaladas alcanzó los 60.900 millones de euros. Medidas extraordinarias de acceso al crédito a través del ICO, hasta el 2010 había ya “movilizado 61.200 millones de euros entre líneas de mediación y operaciones directas”. Y, por último, emisiones de deuda pública para poder financiar todas estas políticas de apoyo al sector financiero y a la economía. La Memoria del año 2008 del Tesoro Público confirma que la emisión de deuda aumentó 48.000 millones de euros con respecto al anuncio de emisión realizado en diciembre de 2007, pasando de 61.400 a 113.100 millones de euros, con lo que la deuda en circulación en ese año subió hasta los 358 mil millones de euros, 51.600 más con respecto al año anterior. Y no ha dejado de aumentar desde entonces, en julio de este año 2012 la deuda en circulación ya era de 605.952 millones de euros. Como resultado de todo esto, el saldo presupuestario que era casi 2 puntos positivos en 2007 cayó 13 puntos hasta situarse en el 2009 en el 11,2% negativo. Y la caída del PIB, 3,7% en 2009, como consecuencia de la crisis y de los recortes (más paro, más gasto en protección social, menos consumo, menos ingresos) aumentó la ratio con respecto a la deuda 17 puntos, del 36% en 2007, al 53% en 2009. Y, repetimos la cantinela, no ha dejado de aumentar desde entonces; 61% en 2010, 68,5% en 2011, posiblemente se cerrará 2012 por encima del 85%, y según los últimos datos, las nuevas ayudas a la banca lo alzarán en 2013 hasta el 90,5%. 

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Así que, parece claro, el déficit público y la deuda no son la causa, sino todo lo contrario, son la consecuencia de la crisis, pero aún así la política neoliberal quiere hacernos creer lo contrario y nos impone los ajustes y los recortes en el sector público como castigo por esta supuesta culpabilidad e irresponsabilidad, sin conseguir otra cosa que agravarlo todo aún más. Joseph Stiglitz lo sostiene en su último libro: “El error más grave que ha cometido Europa, instigada por Alemania, es que ha achacado los problemas de los países periféricos como Irlanda o España, a un gasto irresponsable (…) tanto España como Irlanda tenían superávits y un reducido nivel de endeudamiento”. Hasta George Soros, presidente de Soros Fund Management, reconoce que los problemas que sufre ahora España son consecuencia de la crisis: “España, que había manejado sus finanzas muy bien y había emergido como un ejemplo de prudencia presupuestaria, se embarcó en políticas contracíclicas para estimular la economía que dispararon su deuda. Luego se produjo la revelación griega, y los mercados se dieron cuenta de que había un riesgo real de quiebra dentro del euro, y la prima de riesgo volvió a hacer su aparición”. Y así nos vimos envueltos en el círculo vicioso de la desconfianza que exige recortes, y en los recortes que provocan desconfianza en la capacidad de pago, la prima de riesgo subiendo y aumentando la deuda….

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Sin embargo ni el problema de la deuda en España ni su coste parece tan grave si se pone en relación con los otros países de la Unión. Como ya hemos dicho la deuda pública en España en relación al PIB empezó a subir sólo a partir de la crisis de 2008. En este año era tan sólo del 40,2%, y en 2009 ya subió hasta el 53,9%, y ha continuado subiendo hasta alcanzar los valores actuales. Al comienzo de la crisis, otros países tenían deudas mucho más abultadas que la nuestra. Por ejemplo, sin contar a los rescatados o en crisis; Francia en 2008 tenía ya un 68,2 % en relación al PIB, y cerró 2011 con un 85,8%; Bélgica, 89,3% en 2008, 98% en 2011; Alemania, 66,7% en 2008, 81,2% en 2011. También tienen una deuda más alta que la de España el Reino Unido, Austria e Islandia. En 2011 la media de la deuda de la eurozona estaba en el 87%. Luego, ni con las previsiones del gobierno llegaremos a la media este año, y sólo la superaremos el próximo. Para evaluar el coste de esta deuda hay que tener en cuenta otras variables que no suelen inundar los titulares de los diarios, pero que sí se valoran en los documentos oficiales. Son el vencimiento medio y el interés medio de cada uno de los tipos de deuda. El vencimiento medio de la deuda española es de 6,2 años, y el interés medio del 4,7%. Como, según el Tesoro, desde el comienzo de la crisis para captar financiación se emite más deuda a corto plazo, Letras, con vencimientos entre 3 y 18 meses, el interés medio baja hasta el 3,55%. El pago de intereses por la deuda hasta el 2011 suponía el 2,2% del PIB nacional, 4 décimas por debajo de la media de la Unión. A Francia y Alemania le suponen el 2,6%, al Reino Unido el 2,7% y a Italia el 4,6%. En este sentido España se ha visto beneficiada por la entrada en el euro, porque el interés medio de la deuda pública en los primeros años 90 rondaba el 10%. A pesar de esto España es uno de los países en donde la deuda está creciendo más rápidamente, junto con Grecia, Irlanda y Portugal.

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Es evidente que España está perdiendo solvencia, y ello se debe a los efectos de la propia crisis y a los recortes, en lo que los expertos llaman trampa deflacionaria. Ante la ausencia de inversión privada por la escasez de liquidez, el único medio de estimular la economía es admitiendo un nivel de déficit presupuestario. Pero Alemania está imponiendo la austeridad como castigo por ese supuesto despilfarro, y los “mercados” quieren recuperar su dinero, salga de donde salga, y ante la impasividad del BCE, sólo prestan a cambio de elevar el tipo de interés. Resultado, toda la economía se contrae. Baja la producción y el PIB, sube el paro y suben los gastos del Estado en subsidios y protección al desempleo. Así ha sido durante los primeros años de la crisis, pero ahora el gobierno quiere recortar incluso por aquí. Esta partida aumentó en los presupuestos de 2009 unos 4.000 millones con respecto a lo presupuestado en 2008, ascendiendo hasta los 19.600 millones. Y en 2010 subió a 30.975 millones de euros. A partir de aquí la dotación ha ido bajando a pesar de que el paro ha ido subiendo: 28.800 euros en 2012, y 26.969 lo presupuestado para 2013. La crisis también ha contraído el consumo con lo que se recauda menos, hay más gastos y menos dinero para afrontarlos, por lo que todos los indicadores económicos se disparan, justificando así nuevos recortes.

3. La otra causa de la escalada de insolvencia de la economía española en la actualidad tampoco tiene nada que ver con esa supuesta irresponsabilidad fiscal o con la cantinela de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, no, la causa está en el euro, en la moneda única, que, en la práctica ha resultado ser una trampa mayor, en realidad, la causa de la crisis que está sufriendo España y toda Europa en este momento. Porque ha resultado que tenemos una moneda común, pero no única. El euro tenía, tiene, varios defectos, unos ya advertidos desde su creación, y otros que sólo han salido a la luz con la crisis. En primer lugar una moneda única requiere de un banco central para aportar liquidez, pero también de una tesorería que pueda emitir deuda pública y pueda garantizar las obligaciones crediticias de cada estado. Pero nuestro Banco de España, como los de todos los países de la zona euro, ha delegado la política monetaria en el BCE (fabricación de dinero, tipo de interés y tipo de cambio frente a otras divisas), aunque nuestro Tesoro ha seguido funcionando como un tesoro a nivel nacional, emitiendo deuda avalada por el propio Estado y por su banco, cuando en realidad no controla la emisión de moneda de la deuda que avala. Como el BCE se niega a asumir las funciones propias de una tesorería al rechazar la emisión de eurobonos, los estados se ven obligados a financiarse en el mercado secundario, vendiendo deuda a los bancos y a otros fondos de inversión. En la práctica es como si cada estado se hubiese endeudado en una moneda extranjera con la obligación de pagar en esa misma moneda pero sin poder fabricarla. Al principio, toda la deuda soberana europea se trató como inversión segura y bajaron los tipos de interés. En nuestro caso, el interés medio de las letras pasó del 12,8% en 1992 al 3,16 en 2006; el de los bonos bajó del 13 al 3,15%, y el de las obligaciones bajó del 11,4 al 5% en ese mismo año. Sólo con la revelación del fraude de las cuentas griegas los inversores en deuda soberana se dieron cuenta de la posibilidad real de entrar en suspensión de pagos dentro del euro, y empezaron a pedir primas de riesgo para cubrirse de posibles impagos. Pero como estos productos financieros se negocian libremente en el mercado y pueden ser adquiridos y vendidos incluso por quienes no tienen deuda soberana, los mercados pueden forzar la quiebra de los países endeudados mediante operaciones bajistas, vendiendo sus bonos, porque obtienen más beneficio con la quiebra que con la recuperación. En palabras de George Soros, “es como comprar un seguro de vida sobre la vida de otra persona y tener licencia para matarla”.

Otro inconveniente del euro es la ausencia de una unión fiscal. Algo que, evidentemente, hubiera requerido de una unión política previa, pues se hubiera cedido a las instituciones europeas la capacidad de imponer unas tasas tributarias comunes en toda la zona de la unión monetaria para luego redistribuir lo recaudado según las necesidades de cada zona. Pero en este aspecto cada país ha actuado también separadamente, y por separado se les ha exigido también que cada uno resuelva sus problemas de insolvencia como pueda. Pero la desunión fiscal ha tenido otros efectos. Las empresas han huido de aquellos países donde los impuestos eran más altos para instalarse en los que había menor presión fiscal, y como sus productos pueden moverse libremente por la Unión, se ha provocado una competencia a la baja por reducir impuestos al capital para atraer la inversión, y se ha presionado también sobre los sueldos y las condiciones laborales empeorando unos y otros.

Por último, la adopción del euro ha eliminado dos de los mecanismos más importantes para realizar ajustes en casos de crisis sin sustituirlos por nada. Porque los países de la zona euro ya no pueden de forma unilateral modificar el tipo de interés de la moneda, o el tipo de cambio frente a otras divisas para depreciarla, y así, por ejemplo, hacer más competitivos los costes laborales y compensar con un aumento de las exportaciones la caída del consumo interno. De modo que el único ajuste posible es la llamada devaluación interna. Como no se puede depreciar la moneda un 30% de su valor frente a otras monedas, o entre unos países y otros de la zona euro, la única forma de hacer el ajuste es provocar la caída de la economía real en ese 30%.

De esta forma, países que no han adoptado el euro y que por tanto no corren riesgo de suspensión de pagos porque se han endeudado en su propia moneda no están sufriendo los ataques de los mercados y pueden asumir déficits o deudas más elevadas que la nuestra, es el caso de Islandia o el Reino Unido. Y allí donde existe una verdadera unión política, monetaria y fiscal, ninguna región con problemas queda abandonada a su suerte, como ocurre en Estados Unidos (Krugman pone el ejemplo de Nevada, con una crisis económica similar al de Irlanda, provocada también por una burbuja inmobiliaria, pero cuyos gastos sociales son asumidos en su mayor parte por el gobierno federal). Por otro lado, a pesar de la hipotética libertad de movimientos de la mano de obra que podría aliviar las cifras del paro en las regiones con problemas, en Europa, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, las diferencias culturales y lingüísticas dificultan en la práctica los movimientos de mano de obra en el seno de la Unión, con lo que los países con problemas soportarán durante mucho tiempo elevadas tasas de desempleo. Lamentablemente, como reconoce Omar Issing, uno de los arquitectos del euro, poner en marcha la moneda única sin haber concluido la unión política en Europa fue poner el carro delante del caballo. Y parece que ese carro es de Alemania, porque se está beneficiando de todo esto. Los inversores casi pagan por comprar sus bonos, con lo que se financia gratis, el dinero del gran capital huye y se refugia en sus bancos, y está recibiendo mano de obra especializada de países como el nuestro sin haberse gastado un euro en su formación.

Después de 5 años de crisis la situación está empeorando tanto en España como en el resto de los países rescatados a los que se les está imponiendo austeros programas de recorte del gasto público. Ya se dan por perdidos unos 21.000 millones de euros entregados a la banca desde 2008, y empieza a reconocerse que estas ayudas y las que vengan repercuten negativamente en las cifras del déficit y en la deuda pública. Los medios de comunicación americanos nos retratan como un país que se empobrece a marchas forzadas y, literalmente, nos pillan hurgando en la basura. También advierten que la política de austeridad y recortes no hacen más que hundirnos más en la miseria. Y aún así, no nos desviamos un ápice del camino que ya han recorrido Grecia, Irlanda, Portugal e Italia. Todo, para recuperar la senda del crecimiento, nos dicen. Y nos oponemos porque pensamos que esas políticas no han dado resultado alguno, que están equivocadas porque no se percibe el crecimiento por ninguna parte. Pero somos nosotros lo que estamos equivocados. Las políticas neoliberales hubieran fracasado si se hubieran propuesto salir de la crisis. Pero están triunfando plenamente, porque su objetivo no era sacarnos de la crisis, sino aprovecharla para desmantelar el escaso y modesto Estado del Bienestar que teníamos, y están triunfando porque han logrado convencer a una mayoría de ciudadanos, a base de consignas fáciles y cifras alarmistas y descontextualizadas, que hemos derrochado lo que no teníamos y ahora debemos penar por ello. Debemos oponernos porque todo es mentira, estamos sufriendo lo que Krugman llama el Gran Engaño, en el que están comprometidos los gobiernos, las propias instituciones europeas y los medios de comunicación. Sólo queda saber si saldremos del engaño y de qué manera saldremos de él. Es lo mismo que especular por la cantidad mínima necesaria de clase media para el sostenimiento del sistema, porque será la clase media quien decida, a medida que se empobrece y ve desaparecer sus derechos, cuánto puede aguantar y cuánto consiente en perder. De momento, los datos asustan, el pueblo aguanta, el engaño perdura.