Naciones establo (y III): El mercado global

El ejemplo de la ampliación de la UE hacia el Este analizado en el artículo anterior demuestra hasta qué punto las naciones se ven incapaces de actuar de marco protector de los ciudadanos a los que supuestamente representa. Incluso en un mercado integrado como es la Unión Europea el capital ha conseguido hacer converger las condiciones macroeconómicas que dificultarían la libre circulación de capitales y de mercancías (moneda única, déficit, deuda, inflación, etc.) al mismo tiempo que mantiene las diferencias nacionales en materias tan importantes como la fiscalidad, los mercados laborales y los sistemas de protección social. Obteniendo mayores ventajas con la división que con la unión, es muy difícil que en esta Europa de los mercaderes se avance en una unión política que pudiera corregir los desequilibrios regionales. Una vez conseguida la unión del mercado, el capital sólo requiere del poder político la vigilancia y cuidado del orden establecido. O, como se afirma de manera explícita en sus documentos, que sean meros “guardianes de la competitividad”.

Si salimos del mercado común europeo y pensamos ahora en el mercado global las conclusiones son las mismas, pero las ventajas para el capital son infinitamente mayores, porque mientras que el dinero y las mercancías tienen libertad de movimiento, la mano de obra permanece recluida en un mundo desigual, en un mundo de ricos y pobres, pero tan útil la diferencia en la escala global como lo es en la pequeña escala europea. Mantener estas reservas es fundamental para el capitalismo, pues, de otro modo, como sostiene Immanuel Wallerstein, “la libre circulación de personas socavaría el sistema mundial de costes laborales diferenciados, tan decisivos para maximizar los beneficios a escala mundial”.

Así que los salarios nacionales de los diferentes países no dependen ya solamente de la estructura laboral propia, sino del nivel salarial existente en las regiones en desarrollo en donde las reservas de mano de obra barata no para de crecer. Según un informe del FMI del 2007, la globalización es responsable de la disminución de 7 puntos en los salarios de los países industrializados en los últimos 25 años. Una de las razones, apunta el informe, es que la masa laboral mundial se ha multiplicado por cuatro con la incorporación al mercado de los trabajadores del sudeste asiático, China, India y la Europa del Este. Según previsiones de la ONU, la población en edad de trabajar crecerá aún un 40% más hasta 2050. En su Informe Mundial sobre Salarios 2012/2013, la OIT confirma el aumento del capital en el reparto de la renta al tiempo que disminuye la participación de los salarios, causada, asegura, por el “avance tecnológico, la globalización del comercio, la expansión de los mercados financieros y la declinación en densidad sindical, lo cual ha erosionado el poder de negociación de los trabajadores”. Dicho en lenguaje llano, la libertad de movimiento otorgada al capital y a las mercancías, y negada a la mano de obra, ejerce sobre ésta una presión insostenible que se traduce en el chantaje de la deslocalización si no se accede a reducir salarios y derechos laborales. De nuevo, el experimento europeo aplicado a escala global.

Fig.1: Las deslocalizaciones a escala global

Según el McKinsey Global Institute el mercado planetario de las deslocalizaciones movió en 2010 110 mil millones de dólares, frente a los 30 mil de 2005. Eso supone que 4,1 millones de empleos se realizan en centros deslocalizados. Este fenómeno, que en realidad se traduce en la contratación de mano de obra barata en los países del Tercer Mundo, es un fenómeno imparable, porque, en palabras de Raghuram Rajan, economista jefe del FMI en 2005, “es intrínseco a una economía dinámica”. En una primera oleada de deslocalizaciones el trabajo directamente afectado era trabajo de baja cualificación ligado a los procesos industriales. En el caso de España, África, y especialmente Marruecos, ha sido el área más atractiva para las deslocalizaciones. La cercanía y una mano de obra a 0,87 euros la hora han sido sus principales atractivos. Después de Francia, es España el país que más ha invertido en el área con más de 800 empresas de todos los sectores y tamaños: Mondragón, Indo, Abanderado, Roca, Simón, El Corte Inglés…En 2008 el textil español daba trabajo al 50% de los trabajadores de Marruecos. En la otra cara de la moneda, si en los años 90 el sector empleaba a más de 300.000 trabajadores, en 2013 se contabilizan unos 135.000. En la actualidad, Mango, Inditex y Cortefiel tienen el 90% de su producción localizada fuera de España, en países del Tercer Mundo, fundamentalmente África y Asia. De hecho, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Asia concentra casi el 60% de las inversiones directas extranjeras atraídas por unos costes y unas condiciones laborales rayanas en la esclavitud (fig.1). Además, para incrementar la producción sin aumentar los costes, muchos empresarios utilizan el trabajo a destajo, establecen objetivos de producción excesivos o falsifican el registro de horas trabajadas. En la provincia china de Guangdong las jóvenes hacen 150 horas extras al mes en las fábricas de confección, pero el 60% no tiene contrato de trabajo y el 90% no tiene acceso a la seguridad social. Menos de la mitad de las mujeres empleadas en el sector de la exportación de textiles y de prendas de vestir en Bangladesh tiene contrato de trabajo y la gran mayoría no tiene bajas de maternidad o cobertura sanitaria. Así que los costes laborales de una camiseta fabricada en los países subdesarrollados que se vende a 29 euros en Europa son de 0,18 euros (fig.2).

Fig.2: Desglose de los gastos de una camiseta

El desplome del edificio Rana Plaza en Bangladesh en el que murieron 1.127 personas volvió a recordar al mundo las miserables condiciones en las que se trabaja en los llamados países emergentes, presionados por un mercado global que demanda productos cada vez más baratos. Oxfam internacional había denunciado ya en 2004, en su informe Más por menos. El trabajo precario de las mujeres en las cadenas de producción globalizada, cómo, el modelo de negocio preponderante, el just in time delivery (“entrega justo a tiempo”), con sus exigencias de producir siempre “más rápido”, “más flexible” y “más barato” había facilitado la aparición de empresas e intermediarios subcontratados entre las multinacionales y las cadenas de suministro. El distanciamiento geográfico y  administrativo entre los centros de decisión y el lugar de fabricación explican un contexto global donde las responsabilidades se diluyen y el rendimiento de cuentas se dificulta. Y es lo que ha pasado en el accidente de Bangladesh. Ninguna de las grandes marcas para las que se trabajaba confeccionando o empaquetando ropa, Inditex, El Corte Inglés, Walmart, H&M, Benetton, Le Bon Marché o Primark, quería asumir ningún tipo de responsabilidad en el accidente, aunque la presión internacional sí ha logrado que se firme el Acuerdo Bangladesh para que se aumenten las inspecciones a los talleres e indemnizar a las víctimas mediante un Fondo de Compensación recaudado entre las multinacionales. Las protestas en Bangladesh, y en otros lugares como en Camboya, o incluso en China para reclamar mejoras laborales y aumentos de salarios están provocando que el capital empiece a mirar hacia otras reservas de mano de obra. H&M, por ejemplo, ha anunciado que empezará a surtirse en África subsahariana, en fábricas de Etiopía y Kenia.

Fig.3: Tasa de emigrantes altamente cualificados
en países de la OCDE

Pero los mecanismos transnacionales de dominación y explotación de la mano de obra a escala global no se detienen en la búsqueda constante de estos ejércitos de reserva, sino que reclama y atrae a la mano de obra cualificada. Para este tipo de mano de obra sí existe una cierta libertad de movimientos, y cuanto más cualificada, más libre. No hay que olvidar que en el capitalismo esta mano de obra es, ante todo, “capital humano”. Formado en cualquier parte del mundo, pero igualmente disponible para el sistema, este tipo de mano de obra sí es bien acogida en los países desarrollados (fig.3). El subdesarrollo es por tanto un producto del desarrollo, y a través de la migración internacional de la mano de obra cualificada se perpetúan y se refuerzan las desigualdades entre las regiones, entre el Centro y su Periferia. Según un informe de la UNESCO, en los países de la OCDE, el número de inmigrantes altamente calificados casi se duplicó en la última década, pasando de 12 a 20 millones de personas. Seis de cada diez migrantes muy calificados residentes en países de la OCDE en 2000 procedían de países en desarrollo. Calcular la fuga de cerebros como una proporción del total de la fuerza laboral educada ilustra muy bien las presiones ejercidas sobre el mercado laboral local. La tasa está entre el 33% y el 55% en Angola, Burundi, Ghana, Kenya, Mauricio, Mozambique, Sierra Leona, Uganda y Tanzania. La proporción es aún mayor, en torno a un 60%, en Guyana, Haiti, Fiji, Jamaica y Trinidad y Tabago. Y cuanto más se invierte en educación y más aumenta la masa laboral cualificada mayor es la fuga de cerebros. En 2008 en algunos países del Caribe la tasa superaba el 80%. Traducido a hechos cotidianos, puede suponer que, por ejemplo, desde 1990 20.000 médicos, profesores universitarios, ingenieros y otros profesionales hayan emigrado anualmente de países africanos a países industrializados, o que Ghana perdiera ya hasta ese año el 60% de sus médicos.

Existe, por tanto, un mercado dual organizado a escala planetaria en el que un sector primario de uso intensivo de capital tiende a concentrarse en los países desarrollados, mientras que el sector secundario de uso intensivo de mano de obra ha quedado relegado a los países en desarrollo. Si en el primer caso el sistema necesita el traslado de la mano de obra calificada desde los centros de formación hacia los centros de producción; en el segundo caso el sistema necesita que la mano de obra no cualificada se mantenga retenida en los centros de producción. De esa manera, y una vez conseguida la libertad de movimientos de capitales y mercancías, mientras se impide la circulación del trabajador hacia las economías desarrolladas (con mercados protegidos), sí circula el producto de su trabajo, conseguido con salarios y jornadas de explotación hacia los centros de consumo donde se venderán a precios mucho más altos y con unos márgenes de beneficios desorbitantes, mientras los trabajadores apenas consiguen salir de la pobreza.

Fig.4: Empleos perdidos por deslocalización en España
2000-2007

Siendo cierto todo lo anterior, desde el cambio de milenio, y gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, estamos asistiendo a una segunda fase en el fenómeno de las deslocalizaciones que necesita también de los cerebros que se queden retenidos en sus lugares de origen. Las deslocalizaciones de BPO, o de Gestión de Procesos de Negocio (por sus siglas en inglés, Business Process Outsourcing) afectan a los servicios de contratación de personal, contabilidad, call centers o teleoperadores, asesoría jurídica o informática, diseño, contabilidad, trámites y gestión de datos, etc. Para los países anglosajones India es el paraíso de los teleoperadores. Allí, un teleoperador especializado en informática puede cobrar unos 4.100 euros al año, mientras que en el Reino Unido cobra 18.700. En Estados Unidos el 23% de los empleos del sector informático está subcontratado en países emergentes. Para España América Latina es el paraíso de los call centers. Aunque aprovechando la crisis y el consiguiente desplome de los costes laborales muchas empresas están relocalizando en España, Telefónica, Jazztel, Orange o Vodafone, siguen teniendo gran parte de sus servicios de venta o de asistencia al cliente subcontratados a empresas de teleoperadores de Argentina, Chile o Colombia. Si unimos esta segunda fase de deslocalizaciones a la primera, resulta que en España las deslocalizaciones han aumentado considerablemente desde el año 2000. Sólo en los 5 años siguientes al cambio de milenio se realizaron 240 operaciones. Y si prolongamos el periodo hasta 2007, se han perdido anualmente unos 8.000 puestos de trabajo, aunque el pico se dio en 2006 con la pérdida de 15.000 empleos (fig.4).

Así que la globalización ha obligado a las naciones a renunciar a su soberanía económica, y está obligando a los gobiernos a desmantelar los mecanismos de protección de sus ciudadanos. Un mercado laboral regulado y protegido contra la explotación ahuyenta el capital. Y para atraerlo, las naciones-establo han iniciado una carrera hacia los mínimos, rebajando salarios y estableciendo una regulación fiscal tan laxa que le permite al dinero entrar con la misma facilidad con la que le permite marcharse. El Estado-nación ha quedado así obsoleto, ha sido sobrepasado por el capitalismo y está tan debilitado que ya sólo se limita a controlar y adecuar los flujos de mano de obra a las necesidades del mercado global. Y el mercado necesita reservas de mano de obra, retenida, recluida en los límites de la nación establo, tan explotable como pobre e inmóvil se mantenga. La circulación de bienes sustituye a la circulación de personas, y la libertad de movimientos del capital es suficiente para obligar a los trabajadores a aceptar recortar salarios y derechos laborales con el fin de mantener sus empleos y evitar que la empresa se vaya a otra parte. Las fronteras, las vallas, vestigios del Estado-nación, en realidad no sirven para defendernos de ninguna invasión, sino para mantenernos a buen recaudo, listos y dispuestos a la explotación. Imaginemos, como propone Joseph Stiglitz, un mundo al revés, un mundo en donde la mano de obra pudiese circular libremente pero no el capital. Los países competirían para atraer trabajadores. Prometerían buenos sueldos, buenos colegios para sus hijos, seguros médicos, menos impuestos al trabajo y más a las rentas del capital con los que se financiarían los servicios públicos…Pero, concluye Stiglitz, “ese no es el mundo en que vivimos, y en parte se debe a que el 1 por ciento no quiere que sea así”.

¿A quién representan?

Estos últimos días nos hemos indignado por el nombramiento de Rodrigo Rato, todavía imputado por el caso Bankia, como asesor de Telefónica, y porque la empresa para la que trabajaba Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, es desde noviembre de 2012 propietaria de los laboratorios que realizan los análisis clínicos de seis hospitales de Madrid, servicio privatizado precisamente durante su etapa como Consejero de la Comunidad. Nuestra indignación es comprensible, pero delata también nuestra ingenuidad. Aún no hemos entendido, o no queremos entender cómo funciona el “Sistema”, que está, simplemente, agradeciendo los servicios prestados en la defensa de sus intereses, así, sin más. Otros antes que ellos fueron igualmente recompensados: Aznar y Miguel Roca trabajan para Endesa, Elena Salgado para su filial chilena, Ángel Acebes para Iberdrola, Miguel Boyer para Red Eléctrica, Isabel Tocino y Abel Matutes para el Banco Santander, Felipe González para Gas Natural, Pedro Solbes para Enel, propietaria de Endesa, Marcelino Oreja para Enagás…y así hasta más de 40 ex-altos cargos del PP y del PSOE. Sólo de vez en cuando, la indignación y la presión mediática consiguen que alguna de estas personas renuncien a sus nuevos y lucrativos puestos de asesoría, como ha ocurrido con Güemes, o como ocurrió con el marido de María Dolores de Cospedal,  Ignacio López del Hierro, que tuvo que dejar su puesto como consejero de Red Eléctrica Española, una empresa que aún es pública, sólo para recalar en Iberdrola.

Parece que todavía en Europa queremos mantener una cierta hipocresía, y le damos mucha importancia a las apariencias, de modo que para guardarlas el Sistema nos brinda algunas leyes que legalizan lo inmoral, con tal de que se respeten ciertas condiciones. En nuestro caso contamos con la Ley de incompatibilidades de 2006, cuyo artículo 8.1 dice que los altos cargos “no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado” durante los dos años siguientes a la fecha de su cese. Dos años, no parece mucha espera. Así que, Güemes, efectivamente, no había hecho nada ilegal. En Estados Unidos no se andan con tonterías. Allí puede haber hasta 5 lobbistas por cada parlamentario cuya única misión es asegurarse de que las leyes que emanan del Congreso se ajustan a los intereses de las empresas que representan. Y es que, la democracia es la gran apariencia.

Ya dijo Marx aquello de que “el Estado es una institución al servicio de la clase dominante”. Pero Marx es una antisistema (quizá, un perroflauta), tan denostado que mucha gente necesita o quiere oír lo mismo pero de alguien menos sospechoso. Joseph Stiglitz, Nobel de Economía en 2001 y profesor de la Universidad de Columbia, sostiene en su último libro, El precio de la desigualdad, que quienes tienen el poder, “utilizan ese poder para reforzar sus posiciones económicas, o, como mínimo, para mantenerlas”. Stiglitz habla del fenómeno de “búsqueda de rentas” para referirse al proceso de transferencia de riqueza de la parte baja de la sociedad hacia la parte alta, en donde el gobierno, tanto por lo que hace (liberalizar, privatizar, desregular…) como por lo que no (fiscalidad progresiva, control financiero…) se convierte en el intermediario necesario, inexcusable, que en realidad defiende los intereses de las rentas altas.

Y así llegamos a las privatizaciones. Porque todos los ex-altos cargos acaban trabajando para las empresas públicas que fueron privatizadas. No hay duda de que “la privatización es un instrumento más que se utiliza en beneficio de las clases económicas dominantes de las que, en última instancia, depende dicho gobierno”. Aunque evidentemente, el Sistema quiere convencernos de que se privatiza por otras razones. Unas, de orden práctico, como ahora, para reducir el déficit público y obtener un dinero ”extra”. Aprovechando la crisis se está vendiendo todo el patrimonio público de Portugal y de Grecia por órdenes directas de la troika. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, el argumento más utilizado, aunque sin prueba empírica alguna que lo corrobore, es que la empresa privada es más eficiente que la pública. De ser así, sólo se privatizarían aquellas empresas públicas que tuviesen pérdidas, dando por hecho que las pérdidas se producen por una gestión ineficiente de la misma. También habría que admitir que todas las empresas privadas son, por definición, eficientes, y que ninguna debería incurrir en pérdidas ni quebrar. Pero es que, además, los hechos, desmienten las razones.

Fijémonos, por ejemplo, en el proceso privatizador llevado a cabo en España desde el ingreso en la Unión Europea. Normalmente suele dividirse este proceso en 3 periodos. El primero, desde 1986 hasta 1992, año en el que entra en vigor el tratado de Maastricht, tiene lugar bajo los gobiernos socialistas la reestructuración y fusión de gran parte de las empresas públicas que eran rentables. Así, se crearon Repsol, Inespal, Indra, Tabacalera, Endesa, Aceralia y Argentaria, que quedaron englobadas en el grupo Téneo. Otras empresas con pérdidas fueron vendidas a empresas privadas extranjeras, por ejemplo Seat fue vendida en 1986 a Volkswagen, y Enasa-Pegaso al grupo Fiat-Iveco en 1991.  Un segundo periodo iría de 1992 hasta 1996, año de la llegada del PP de José María Aznar al gobierno. En esta fase empiezan a venderse paquetes de acciones de las empresas públicas rentables que en el periodo anterior habían sido objeto de reestructuración, y se hace por imperativo legal, pues Maastricht prohibía las subvenciones a empresas públicas, y quería garantizar el acceso de cualquier inversor a cualquier tipo de empresa. Aún así, el gobierno quería mantener el control de las empresas reteniendo un 10% de las acciones, con lo que se aseguraba un puesto en la gestión y una nada desdeñable participación en los beneficios. La tercera etapa se inicia en 1996 y llegaría hasta nuestros días. A los tres meses de la llegada de Aznar al gobierno se disolvió el grupo Téneo con objeto de liquidar el resto de las acciones que el Estado aún retenía de sus empresas. Entonces se aceleró la privatización completa de las empresas públicas más rentables, las que entonces se conocían como las “joyas de la Corona”, no sólo por su rentabilidad, sino porque pertenecían a sectores estratégicos, fundamentales para cualquier Estado; Energía (Repsol, Endesa) Comunicaciones (Telefónica) y Banca (Argentaria). De nuevo, y con la excusa de equilibrar las cuentas, en el plan del PP de Rajoy se pretende privatizar RENFE, AENA, Red Eléctrica Española, IAG (fusión de Iberia y British Airways), vender las acciones de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), y los servicios que prestan las comunidades como el Canal de Isabel II en Madrid y la Sanidad allí donde gobiernan.

Si a la transferencia directa de rentas a las clases altas por la vía de la privatización de empresas y servicios públicos le añadimos otras cuestiones, como la amnistía fiscal, las desgravaciones a las grandes empresas, la tributación regresiva (paga más el que menos tiene) que grava las rentas del trabajo y no las del capital, la negativa a regular el sector financiero ni a imponerle cualquier tipo de tasa, una legislación laboral hecha al dictado de los empresarios, y si, en fin, a todo esto le añadimos los escándalos de financiación irregular y de corrupción en todos los partidos políticos, ¿qué nos queda? La constatación de que la democracia es otra apariencia, quizá la más importante, porque es la que contiene a todas las demás, pero es apariencia al fin y al cabo, una entelequia, una farsa. Aunque nos cuesta verlo y aceptarlo pues llevamos mucho tiempo sumidos en el engaño. Lenin (¿otro perroflauta?) lo dijo ya en 1917: “El Capital, al dominar esta envoltura (la democracia), que es la mejor de todas, cimenta su poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar ese poder”.

¿Aún pensamos que la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo? Nos ayudaría a comprender el mundo en el que vivimos si aplicáramos como método de análisis de la realidad ese proverbio que afirma que “obras son amores y no buenas razones”, es decir, si en vez de fijarnos en las apariencias, en las formas, nos fijáramos más en lo que los gobiernos hacen y no en lo que dicen que hacen, o en la mayoría de los casos, en lo que prometen hacer. Como ejemplo, hechos comprobados, y muy sensibles en las circunstancias actuales: La deuda de los cuatro grandes partidos, PSOE, PP, CiU y PNV, con los bancos asciende a unos 200 millones de euros, pero éstos devuelven muy poco porque es normal perdonar la deuda a los partidos que están en el gobierno o renegociarla en condiciones muy ventajosas para ellos. En 1996 Caixa Galicia perdonó al PP casi 300 millones de las antiguas pesetas. En 2004 Caixa Cataluña perdonó al PSC unos 6,5 millones de euros y 2,7 a ERC. En 2006 el Banco Santander y el BBK perdonaron al PSOE una deuda de unos 30 millones de euros. En junio de 2011 el Congreso rechazó que la deuda hipotecaria con un banco pudiera saldarse con la entrega de la vivienda. Votaron en contra PSOE, PP, CiU y PNV.

Sí, es cierto, cada cuatro años el pueblo elige a los diputados que se sientan en el Congreso, ¿y luego? Nos vamos a casa, tranquilos, seguros, porque sabemos, o deberíamos saber, que la democracia está guardada hasta la convocatoria siguiente, a buen recaudo, en la caja fuerte de los bancos.