Derechos

Se ha cumplido ya un año desde que el Partido Popular llegó al gobierno, y estamos asistiendo a un claro retroceso en materia de derechos y libertades, por lo que parece necesario, y lamentable, volver a recordar el sentido, la razón de ser que tienen los derechos individuales en una sociedad supuestamente avanzada y democrática como la nuestra.

Así pues, ¿qué son y para qué sirven los derechos individuales? Sólo se puede contestar a estas preguntas recordando el origen de la democracia moderna. Contra lo que pudiera parecer, el problema planteado por Rousseau y que él creía resuelto con el Contrato Social, sigue sin resolverse, a saber: “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y quede tan libre como antes”. El Contrato Social permitió al hombre pasar del Estado de Naturaleza al Estado Civil, pero aún hay que especificar la letra pequeña de ese contrato, aún hay que llenar de contenidos concretos el concepto de Libertad, y aún hay que decidir qué cantidad de gobierno es necesaria, justa y suficiente para cumplir el principal cometido encomendado por el Contrato Social. Dicho de otra manera, todavía en el siglo XXI, es necesario explicitar qué parcelas de esa libertad han cedido los individuos al Estado, y cuáles no. Y es necesario que este reconocimiento lo haga el Estado, que él mismo reconozca sus límites, porque, habiendo adoptado la vida en comunidad bajo unas normas que regulan y hacen posible la convivencia en sociedad, la libertad del hombre ya no es la libertad natural, sino, en palabras de Montesquieu, “es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten”.

Bien, podemos decir ya entonces que los “derechos” son contenidos particulares de eso que hemos llamado libertad, y son derechos porque tienen que estar reconocidos y protegidos por el Estado. A partir de aquí hay que reconocer otro hecho. Si bien vivimos en sociedad gracias a ese Contrato, y siendo la ley la “expresión de la voluntad general” de esa misma sociedad, por lo que se ha admitido el criterio de las “mayorías” para regular todo lo que concierne al “bien común”; es igualmente cierto que la “voluntad general” no es la voluntad de “todos”, ni de todos “conjuntamente”, por lo que el criterio de la “mayoría” no sería aplicable en asuntos que atañen exclusivamente a la vida privada y a la conciencia de los individuos. Sólo admitiendo la pluralidad y complejidad de las sociedades modernas puede entenderse la utilidad de los derechos individuales, pues son, en definitiva, la pieza que faltaba en el Contrato Social de Rousseau, la pieza que resuelve el problema, y que permite la convivencia entre la diversidad de los individuos que componen la sociedad, donde las conciencias, las creencias, la moralidad, y hasta el sentido de lo que es justo o injusto no tienen que ser coincidentes.

Aún a riesgo de ser demasiado simplistas, pero para clarificar un poco las cosas, podemos decir que hay dos tipos de derechos:

Por un lado, aquellos que exigen una acción positiva por parte del Estado para compensar las desigualdades socioeconómicas provocadas por el sistema capitalista. Estos derechos fueron impulsados por la socialdemocracia y, hasta ahora, eran generalmente aceptados y nunca se habían puesto en entredicho. Además, son necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades, una de las señas de identidad de la democracia. Estos derechos se materializan en los Servicios Públicos (Educación, Sanidad, Servicios Sociales, etc.), que, por otro lado, pretenden asegurar unos niveles mínimos de vida digna a todos los ciudadanos sólo por el hecho de serlo.

El segundo tipo de derechos son aquellos que no exigen una acción positiva por parte del Estado, sino todo lo contrario, su inhibición, después de su reconocimiento. Aquí podemos encontrar derechos individuales que tienen cierta repercusión social, como la libertad de expresión, con lo que el Estado, el Derecho, deberá matizar sus límites, pero existen otros derechos que de su ejercicio no se deriva ninguna repercusión social, más allá de quien lo ejerce y de su entorno familiar inmediato. Estos son los que se refieren a las creencias y a la moralidad que cada individuo toma como guía de su comportamiento y de su vida privada.

En este último año los dos tipos de derechos han sufrido un claro retroceso. La Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales se están desmontando pieza a pieza y las desigualdades sociales están aumentando. Con la merma de estos derechos, la propia democracia se resiente y el ciudadano deja de serlo.

También los derechos individuales están en serio peligro, no sólo de no alcanzar su desarrollo, sino su propia existencia tal y como habían sido reconocidos hasta ahora.

Bien, dado que los valores de los distintos grupos sociales están en relación con su situación económica, cultural y religiosa, los derechos individuales impiden que los valores de legitimación jurídica de un grupo (lo que es justo o lo que no; lo que es moral y lo que no), normalmente del grupo dominante, se impongan mediante coacción (convirtiéndolos en leyes) al resto de grupos que no los comparten o que claramente disienten de ellos. Así, los derechos individuales que no afectan más que a quien los ejerce sólo cabría restringirlos admitiendo que una parte de la sociedad puede arrogarse el derecho de regular la vida privada de la otra parte según su propia opinión. Sin duda alguna, esto supondría una vuelta a las cavernas de la intolerancia, y un atentado a la democracia y a la libertad. El Estado habría impuesto una suerte de despotismo moral sobre el conjunto de los ciudadanos.

Estamos hablando de derechos en los que es prácticamente imposible conseguir un “consenso social”, como a menudo se pretende y se argumenta para concederlos o no. Derecho al aborto, al matrimonio homosexual, a la muerte digna, son derechos, libertades, para los que sin embargo sí existe demanda social, y se adaptan a la realidad de la sociedad actual, como decíamos antes, plural y compleja. Negar estos derechos, argumentando que no hay consenso pero despreciando su demanda, no elimina la realidad ni impedirá su ejercicio, pero los empujará a la clandestinidad, y dejará en total indefensión a una buena parte de la sociedad, que actúa de todas formas al margen de unas leyes de dudosa legitimidad democrática.

Si aún tenemos que escribir en España el Contrato Social, se debe en gran medida a que tampoco hemos aprendido nada de las lecciones de John Locke, quien, en su Carta sobre la tolerancia instaba a separar lo que no puede estar unido: El Estado y la Iglesia. Porque no hay ninguna duda de que las creencias religiosas están detrás de la negativa al reconocimiento de determinados derechos individuales, sólo porque chocan con la moralidad del gobierno de turno. Al imponer sus creencias al resto de los ciudadanos se está arrogando un derecho que en absoluto les fue concedido en ningún pacto, porque no hay nadie tan estúpido que haya cedido al legislador su propia libertad, hasta el punto de dejar su moralidad y su vida privada en manos de otra persona.  

Puesto que los derechos individuales son de ejercicio voluntario y no obligan a nadie, aquellos que niegan la ampliación de los derechos individuales deberían preguntarse cómo, de qué manera, la ampliación de los derechos a otras personas disminuyen o coartan los suyos.

Cleptocracia y tiranía en Europa. Parte II

Si la cleptocracia, es decir, el gobierno de, por y para los ladrones y corruptos, ha quedado suficientemente probada, debemos ahora probar la segunda parte del título inicial. Sostiene Locke que la tiranía consiste en hacer uso del poder que se tiene, mas no para el bien de quienes están bajo ese poder, sino para propia ventaja de quien lo ostenta. Ya hemos visto que el poder lo tienen los mercados, aunque usen la fuerza de los gobiernos, a los que ya podemos calificar sin ningún rubor de ilegítimos aunque hayan salido de las urnas, y no todos, porque han roto el Pacto Social y traicionado al pueblo que lo eligió. Pero sigamos escuchando a Locke: Siempre que el poder que se ha depositado en cualesquiera manos para el gobierno del pueblo y para la preservación de sus propiedades es utilizado con otros fines y se emplea para empobrecer, intimidar o someter a los súbditos a los mandatos abusivos de quien lo ostenta, se convierte en tiranía, tanto si está en manos de un solo hombre como si lo está en manos de muchos. ¿En manos de quién está Europa? ¿Es más, existe Europa? ¿Existen, funcionan las instituciones europeas? ¿Y si existen, por qué parece estar todo en manos de Ángela Merkel, la canciller alemana? ¿Es ella quien gobierna Europa? ¿Tanta soberanía y poder hemos cedido el resto de los 27 países de la Unión? 

Pero tampoco hay que engañarse, ella sólo es la cara visible del tirano. A la banca alemana se le deben unos 744 mil millones de dólares a repartir entre, en este orden, Francia, España, Italia, Portugal, Irlanda y Grecia. A la banca francesa se le deben unos 998 mil millones de dólares, a repartir entre Italia, España, Portugal, Irlanda y Grecia. Son precisamente Alemania y Francia los que siempre se han opuesto con todas sus fuerzas a la reforma de los estatutos del Banco Central Europeo para que pueda emitir eurobonos con los que los Estados podrían financiarse directamente sin tener que acudir al mercado libre de deuda. A cambio, el BCE inyecta a los bancos europeos cantidades astronómicas de euros tan sólo al 1%. Estos, a su vez, en la subasta de deuda pública lo prestan a los Estados a un interés más alto, en España rozando ya el 6%.

No es necesario saber muchas matemáticas, ni mucha economía, ni mucha política, es más, quizá sea mejor no saber nada, ni de economía ni de política, baste sólo con las matemáticas y la razón, para preguntar a cualquier persona, a cualquier ciudadano al que se le exigen hoy tantos sacrificios si se le podría ocurrir con esos datos una mejor solución para resolver el problema de la “crisis”. Cuando, a su previsible respuesta, se le oponga una larga verborrea con tecnicismos económicos y eufemismos varios con el sólo propósito de marear su entendimiento y acallar la réplica y la voluntad, entonces sabrá quién es el tirano que gobierna Europa. Sólo cabe esperar de este ciudadano, y de todos nosotros, que no nos dejemos engañar. Replicaremos con el Contrato Social en la mano: Puesto que todo gobierno ha sido investido de su autoridad y su fuerza por el pueblo con el único fin de garantizar su bienestar y su seguridad, siempre que el fin en cuestión sea manifiestamente olvidado resultará necesario retirar la confianza que se había puesto en quienes tenían la misión de cumplirlo…de este modo, la comunidad conserva siempre un poder supremo de salvarse a sí misma frente a posibles amenazas e intenciones maliciosas provenientes de cualquier persona, incluso de los legisladores mismos (J. Locke). Esta cláusula del Contrato es el Derecho de resistencia, derecho siempre legítimo para oponerse a un gobierno arbitrario y tiránico. Sin embargo, la forma en que se puede ejercer en nuestros días este derecho de resistencia ha cambiado con respecto a cómo fue concebido, porque lo fue para oponerse a los tiranos que daban la cara y eran de sobra conocidos por todos aquellos que soportaban su despotismo. Hoy sólo vemos la cara de sus cómplices.

Cleptocracia y tiranía en Europa. Parte I

Es posible que parezca un poco exagerado el título de esta entrada. Un poco de paciencia para seguir el hilo argumental y la verdad aparecerá con poco esfuerzo.

Como es bien sabido, nuestras democracias se levantaron sobre tres pilares: Soberanía nacional, separación de poderes e igualdad ante la ley. Nunca, en ningún momento de la historia puede decirse que alcanzó ninguno de los tres el desarrollo y la perfección que se les auguraba en la teoría política de la Ilustración. Pero, sin duda alguna, es la Soberanía Nacional el concepto que más se ha corrompido desde entonces, del que más se ha abusado, retorciendo tanto su significado, que ha dejado de ser el mejor arma del pueblo para convertirse en la mejor arma contra él mismo. Los políticos de hoy hablan de Soberanía Nacional como los déspotas de antaño hablaban de Soberanía Divina, como si el poder recibido del pueblo fuese igualmente sacrosanto y absoluto, que les permitiese incluso utilizarlo contra aquellos que se lo dieron. Algunos de nuestros presidentes autonómicos se refugiaron abiertamente en el respaldo electoral obtenido en las urnas para justificar sin ningún pudor sus corruptelas, como si el haber ganado unas elecciones les eximiese ya de cualquier responsabilidad penal por sus delitos. Otros no lo proclaman tan abiertamente, pero ejercen el poder de la misma manera. Por eso debemos volver a utilizar el concepto original, el de Pacto o Contrato Social, según lo definieron en su momento John Locke y Rousseau. Tiene la ventaja de recordar a los gobernantes quién y para qué se les ha elegido, y sobre todo que quien confiere el poder, el contratante, puede igualmente retirarlo si el contratado traiciona el cometido que se le encomendó.

Recordemos brevemente en qué consiste el Contrato Social: Antes de la sociedad civil, antes de la formación del Estado, cada hombre en su estado natural tenía poder para defender con la fuerza su vida, su libertad, su seguridad y sus propiedades. Pero esta vida estaba llena de peligro, de sobresaltos, porque nada ni nadie impedía al fuerte aprovecharse del débil. En este mundo la fuerza era la única ley. De modo que los hombres decidieron renunciar cada uno a su fuerza particular y cederla a unos representantes para que, con la fuerza común así reunida, fuesen los encargados de defender el bienestar de todos y cada uno de los individuos. Esa fuerza común que obliga a todos los asociados tomó forma de ley, y así, la ley era ahora la única fuerza, y la barbarie dio paso a la sociedad civil y política.

Ahora bien, nadie es tan estúpido como para conceder a otra persona un poder ilimitado sobre la vida y los bienes de uno mismo. El poder que ostentan nuestros representantes es un poder consentido (nosotros los hemos elegido), limitado (el gobierno no puede tener más poder sobre mí que el que yo mismo le otorgo, por ejemplo, mi conciencia sigue siendo mía y nadie puede decirme qué debo pensar o qué debo creer) y encaminado a la consecución de ciertos fines (a gobernar y legislar para la conservación de nuestros derechos), y solo en el estricto respeto y cumplimiento de estas cláusulas de nuestro contrato el poder del gobierno es legítimo. En caso contrario su gobierno es ilegítimo, porque, en palabras de Locke, jamás puede tener el derecho de destruir, esclavizar o empobrecer premeditadamente a los súbditos. ¿Cómo creer que los hombres formaran Estados, que les entregaran una fuerza enorme para ejercer su voluntad, de forma arbitraria y sin límite alguno? De ser así estaríamos peor aún que en el estado de barbarie inicial porque habríamos armado a unos pocos hombres, sigo citando a Locke, con el poder conjunto de toda una muchedumbre y con fuerza para obligarnos a obedecerlos según su capricho.

Analicemos ahora lo que la crisis ha puesto de manifiesto en Europa. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros gobernantes que no tienen más remedio que tomar las mediadas que toman  que a ellos tampoco les gustan, pero que no tienen más remedio que adoptarlas a pesar de ser duras e impopulares? (recortes en servicios públicos, subida de impuestos, bajada generalizada de salarios a todos los funcionarios menos a ellos mismos, entregar a los empresarios un poder omnímodo sobre los trabajadores, o el blanqueo oficial del dinero defraudado y el perdón a los defraudadores que supone la llamada amnistía fiscal). ¿Por qué todas las políticas y “ajustes” económicos que nos restan derechos y nos empobrecen al resto de ciudadanos se hacen exclusivamente para recuperar la confianza de los mercados? ¿Por qué rompió a llorar la ministra de trabajo italiana, Elsa Fornero, cuando anunciaba los recortes en su país? No hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Alguien duda todavía de qué intereses defienden nuestros gobiernos y a quién representan?

Por si acaso, digámoslo claro: El pueblo de Europa no tiene quien le represente ni quién le defienda. Sólo ha elegido a sus verdugos. Los gobiernos de Europa representan a los “mercados” y son sus intereses los que defienden. Bancos nacionales y privados, inversores-especuladores, ladrones todos de guante blanco y de grandes cantidades usan la fuerza legal de los gobiernos de Europa para cobrarse la deuda, o para que sus beneficios disminuyan lo menos posible. Los gobiernos han renunciado a defender a sus ciudadanos, y usan la fuerza en contra del mismo pueblo que se la dio para defender a los mercados. Son así usurpadores, ladrones de la Soberanía Nacional. Más se parecen nuestros gobernantes a los sicarios y matones que se envían para atemorizar a las pobres gentes y sacarles hasta el último céntimo que se le debe al mafioso (perdón, a los “mercados”). Y si cuestionamos, dudamos o nos negamos, nos amenazan con la posibilidad de que sea el mismo Capo quien venga a ponernos boca abajo para vaciarnos los bolsillos: “Como vengan otros a hacer los presupuestos va a ver usted lo que es un ajuste de cuentas". Esto lo dijo nuestro ministro de Economía Luís de Guindos, hasta hace poco miembro de la banda de Lehman Brothers.  Es así como enfermos, minusválidos, viudas y viudos, niños, maestras y maestros, ancianos, jubilados, profesores, médicos, administrativos, enfermeras y enfermeros, celadores, conductores de ambulancia, de metro, de tren, de autobús, policías municipales y nacionales, bomberos, abogados de oficio, asistentes sociales, jueces, trabajadores todos, asalariados, debemos rebuscar en nuestros bolsillos, renunciar a nuestro bienestar y nuestro futuro para pagar a los bancos y a los especuladores, que son una y la misma cosa, porque, ya se sabe, la banca nunca pierde.