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sábado, 7 de junio de 2014

Naciones establo (y III): El mercado global

El ejemplo de la ampliación de la UE hacia el Este analizado en el artículo anterior demuestra hasta qué punto las naciones se ven incapaces de actuar de marco protector de los ciudadanos a los que supuestamente representa. Incluso en un mercado integrado como es la Unión Europea el capital ha conseguido hacer converger las condiciones macroeconómicas que dificultarían la libre circulación de capitales y de mercancías (moneda única, déficit, deuda, inflación, etc.) al mismo tiempo que mantiene las diferencias nacionales en materias tan importantes como la fiscalidad, los mercados laborales y los sistemas de protección social. Obteniendo mayores ventajas con la división que con la unión, es muy difícil que en esta Europa de los mercaderes se avance en una unión política que pudiera corregir los desequilibrios regionales. Una vez conseguida la unión del mercado, el capital sólo requiere del poder político la vigilancia y cuidado del orden establecido. O, como se afirma de manera explícita en sus documentos, que sean meros “guardianes de la competitividad”.

Si salimos del mercado común europeo y pensamos ahora en el mercado global las conclusiones son las mismas, pero las ventajas para el capital son infinitamente mayores, porque mientras que el dinero y las mercancías tienen libertad de movimiento, la mano de obra permanece recluida en un mundo desigual, en un mundo de ricos y pobres, pero tan útil la diferencia en la escala global como lo es en la pequeña escala europea. Mantener estas reservas es fundamental para el capitalismo, pues, de otro modo, como sostiene Immanuel Wallerstein, “la libre circulación de personas socavaría el sistema mundial de costes laborales diferenciados, tan decisivos para maximizar los beneficios a escala mundial”.

Así que los salarios nacionales de los diferentes países no dependen ya solamente de la estructura laboral propia, sino del nivel salarial existente en las regiones en desarrollo en donde las reservas de mano de obra barata no para de crecer. Según un informe del FMI del 2007, la globalización es responsable de la disminución de 7 puntos en los salarios de los países industrializados en los últimos 25 años. Una de las razones, apunta el informe, es que la masa laboral mundial se ha multiplicado por cuatro con la incorporación al mercado de los trabajadores del sudeste asiático, China, India y la Europa del Este. Según previsiones de la ONU, la población en edad de trabajar crecerá aún un 40% más hasta 2050. En su Informe Mundial sobre Salarios 2012/2013, la OIT confirma el aumento del capital en el reparto de la renta al tiempo que disminuye la participación de los salarios, causada, asegura, por el “avance tecnológico, la globalización del comercio, la expansión de los mercados financieros y la declinación en densidad sindical, lo cual ha erosionado el poder de negociación de los trabajadores”. Dicho en lenguaje llano, la libertad de movimiento otorgada al capital y a las mercancías, y negada a la mano de obra, ejerce sobre ésta una presión insostenible que se traduce en el chantaje de la deslocalización si no se accede a reducir salarios y derechos laborales. De nuevo, el experimento europeo aplicado a escala global.

Fig.1: Las deslocalizaciones a escala global
Según el McKinsey Global Institute el mercado planetario de las deslocalizaciones movió en 2010 110 mil millones de dólares, frente a los 30 mil de 2005. Eso supone que 4,1 millones de empleos se realizan en centros deslocalizados. Este fenómeno, que en realidad se traduce en la contratación de mano de obra barata en los países del Tercer Mundo, es un fenómeno imparable, porque, en palabras de Raghuram Rajan, economista jefe del FMI en 2005, “es intrínseco a una economía dinámica”. En una primera oleada de deslocalizaciones el trabajo directamente afectado era trabajo de baja cualificación ligado a los procesos industriales. En el caso de España, África, y especialmente Marruecos, ha sido el área más atractiva para las deslocalizaciones. La cercanía y una mano de obra a 0,87 euros la hora han sido sus principales atractivos. Después de Francia, es España el país que más ha invertido en el área con más de 800 empresas de todos los sectores y tamaños: Mondragón, Indo, Abanderado, Roca, Simón, El Corte Inglés…En 2008 el textil español daba trabajo al 50% de los trabajadores de Marruecos. En la otra cara de la moneda, si en los años 90 el sector empleaba a más de 300.000 trabajadores, en 2013 se contabilizan unos 135.000. En la actualidad, Mango, Inditex y Cortefiel tienen el 90% de su producción localizada fuera de España, en países del Tercer Mundo, fundamentalmente África y Asia. De hecho, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Asia concentra casi el 60% de las inversiones directas extranjeras atraídas por unos costes y unas condiciones laborales rayanas en la esclavitud (fig.1). Además, para incrementar la producción sin aumentar los costes, muchos empresarios utilizan el trabajo a destajo, establecen objetivos de producción excesivos o falsifican el registro de horas trabajadas. En la provincia china de Guangdong las jóvenes hacen 150 horas extras al mes en las fábricas de confección, pero el 60% no tiene contrato de trabajo y el 90% no tiene acceso a la seguridad social. Menos de la mitad de las mujeres empleadas en el sector de la exportación de textiles y de prendas de vestir en Bangladesh tiene contrato de trabajo y la gran mayoría no tiene bajas de maternidad o cobertura sanitaria. Así que los costes laborales de una camiseta fabricada en los países subdesarrollados que se vende a 29 euros en Europa son de 0,18 euros (fig.2).

Fig.2: Desglose de los gastos de una camiseta
El desplome del edificio Rana Plaza en Bangladesh en el que murieron 1.127 personas volvió a recordar al mundo las miserables condiciones en las que se trabaja en los llamados países emergentes, presionados por un mercado global que demanda productos cada vez más baratos. Oxfam internacional había denunciado ya en 2004, en su informe Más por menos. El trabajo precario de las mujeres en las cadenas de producción globalizada, cómo, el modelo de negocio preponderante, el just in time delivery (“entrega justo a tiempo”), con sus exigencias de producir siempre “más rápido”, “más flexible” y “más barato” había facilitado la aparición de empresas e intermediarios subcontratados entre las multinacionales y las cadenas de suministro. El distanciamiento geográfico y  administrativo entre los centros de decisión y el lugar de fabricación explican un contexto global donde las responsabilidades se diluyen y el rendimiento de cuentas se dificulta. Y es lo que ha pasado en el accidente de Bangladesh. Ninguna de las grandes marcas para las que se trabajaba confeccionando o empaquetando ropa, Inditex, El Corte Inglés, Walmart, H&M, Benetton, Le Bon Marché o Primark, quería asumir ningún tipo de responsabilidad en el accidente, aunque la presión internacional sí ha logrado que se firme el Acuerdo Bangladesh para que se aumenten las inspecciones a los talleres e indemnizar a las víctimas mediante un Fondo de Compensación recaudado entre las multinacionales. Las protestas en Bangladesh, y en otros lugares como en Camboya, o incluso en China para reclamar mejoras laborales y aumentos de salarios están provocando que el capital empiece a mirar hacia otras reservas de mano de obra. H&M, por ejemplo, ha anunciado que empezará a surtirse en África subsahariana, en fábricas de Etiopía y Kenia.

Fig.3: Tasa de emigrantes altamente cualificados
en países de la OCDE
Pero los mecanismos transnacionales de dominación y explotación de la mano de obra a escala global no se detienen en la búsqueda constante de estos ejércitos de reserva, sino que reclama y atrae a la mano de obra cualificada. Para este tipo de mano de obra sí existe una cierta libertad de movimientos, y cuanto más cualificada, más libre. No hay que olvidar que en el capitalismo esta mano de obra es, ante todo, “capital humano”. Formado en cualquier parte del mundo, pero igualmente disponible para el sistema, este tipo de mano de obra sí es bien acogida en los países desarrollados (fig.3). El subdesarrollo es por tanto un producto del desarrollo, y a través de la migración internacional de la mano de obra cualificada se perpetúan y se refuerzan las desigualdades entre las regiones, entre el Centro y su Periferia. Según un informe de la UNESCO, en los países de la OCDE, el número de inmigrantes altamente calificados casi se duplicó en la última década, pasando de 12 a 20 millones de personas. Seis de cada diez migrantes muy calificados residentes en países de la OCDE en 2000 procedían de países en desarrollo. Calcular la fuga de cerebros como una proporción del total de la fuerza laboral educada ilustra muy bien las presiones ejercidas sobre el mercado laboral local. La tasa está entre el 33% y el 55% en Angola, Burundi, Ghana, Kenya, Mauricio, Mozambique, Sierra Leona, Uganda y Tanzania. La proporción es aún mayor, en torno a un 60%, en Guyana, Haiti, Fiji, Jamaica y Trinidad y Tabago. Y cuanto más se invierte en educación y más aumenta la masa laboral cualificada mayor es la fuga de cerebros. En 2008 en algunos países del Caribe la tasa superaba el 80%. Traducido a hechos cotidianos, puede suponer que, por ejemplo, desde 1990 20.000 médicos, profesores universitarios, ingenieros y otros profesionales hayan emigrado anualmente de países africanos a países industrializados, o que Ghana perdiera ya hasta ese año el 60% de sus médicos.

Existe, por tanto, un mercado dual organizado a escala planetaria en el que un sector primario de uso intensivo de capital tiende a concentrarse en los países desarrollados, mientras que el sector secundario de uso intensivo de mano de obra ha quedado relegado a los países en desarrollo. Si en el primer caso el sistema necesita el traslado de la mano de obra calificada desde los centros de formación hacia los centros de producción; en el segundo caso el sistema necesita que la mano de obra no cualificada se mantenga retenida en los centros de producción. De esa manera, y una vez conseguida la libertad de movimientos de capitales y mercancías, mientras se impide la circulación del trabajador hacia las economías desarrolladas (con mercados protegidos), sí circula el producto de su trabajo, conseguido con salarios y jornadas de explotación hacia los centros de consumo donde se venderán a precios mucho más altos y con unos márgenes de beneficios desorbitantes, mientras los trabajadores apenas consiguen salir de la pobreza.

Fig.4: Empleos perdidos por deslocalización en España
2000-2007
Siendo cierto todo lo anterior, desde el cambio de milenio, y gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, estamos asistiendo a una segunda fase en el fenómeno de las deslocalizaciones que necesita también de los cerebros que se queden retenidos en sus lugares de origen. Las deslocalizaciones de BPO, o de Gestión de Procesos de Negocio (por sus siglas en inglés, Business Process Outsourcing) afectan a los servicios de contratación de personal, contabilidad, call centers o teleoperadores, asesoría jurídica o informática, diseño, contabilidad, trámites y gestión de datos, etc. Para los países anglosajones India es el paraíso de los teleoperadores. Allí, un teleoperador especializado en informática puede cobrar unos 4.100 euros al año, mientras que en el Reino Unido cobra 18.700. En Estados Unidos el 23% de los empleos del sector informático está subcontratado en países emergentes. Para España América Latina es el paraíso de los call centers. Aunque aprovechando la crisis y el consiguiente desplome de los costes laborales muchas empresas están relocalizando en España, Telefónica, Jazztel, Orange o Vodafone, siguen teniendo gran parte de sus servicios de venta o de asistencia al cliente subcontratados a empresas de teleoperadores de Argentina, Chile o Colombia. Si unimos esta segunda fase de deslocalizaciones a la primera, resulta que en España las deslocalizaciones han aumentado considerablemente desde el año 2000. Sólo en los 5 años siguientes al cambio de milenio se realizaron 240 operaciones. Y si prolongamos el periodo hasta 2007, se han perdido anualmente unos 8.000 puestos de trabajo, aunque el pico se dio en 2006 con la pérdida de 15.000 empleos (fig.4).


Así que la globalización ha obligado a las naciones a renunciar a su soberanía económica, y está obligando a los gobiernos a desmantelar los mecanismos de protección de sus ciudadanos. Un mercado laboral regulado y protegido contra la explotación ahuyenta el capital. Y para atraerlo, las naciones-establo han iniciado una carrera hacia los mínimos, rebajando salarios y estableciendo una regulación fiscal tan laxa que le permite al dinero entrar con la misma facilidad con la que le permite marcharse. El Estado-nación ha quedado así obsoleto, ha sido sobrepasado por el capitalismo y está tan debilitado que ya sólo se limita a controlar y adecuar los flujos de mano de obra a las necesidades del mercado global. Y el mercado necesita reservas de mano de obra, retenida, recluida en los límites de la nación establo, tan explotable como pobre e inmóvil se mantenga. La circulación de bienes sustituye a la circulación de personas, y la libertad de movimientos del capital es suficiente para obligar a los trabajadores a aceptar recortar salarios y derechos laborales con el fin de mantener sus empleos y evitar que la empresa se vaya a otra parte. Las fronteras, las vallas, vestigios del Estado-nación, en realidad no sirven para defendernos de ninguna invasión, sino para mantenernos a buen recaudo, listos y dispuestos a la explotación. Imaginemos, como propone Joseph Stiglitz, un mundo al revés, un mundo en donde la mano de obra pudiese circular libremente pero no el capital. Los países competirían para atraer trabajadores. Prometerían buenos sueldos, buenos colegios para sus hijos, seguros médicos, menos impuestos al trabajo y más a las rentas del capital con los que se financiarían los servicios públicos…Pero, concluye Stiglitz, “ese no es el mundo en que vivimos, y en parte se debe a que el 1 por ciento no quiere que sea así”.

martes, 12 de febrero de 2013

¿Dónde está nuestro dinero?


Es verdad que el artículo 31 de la Constitución establece que todos los ciudadanoscontribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, pero, ¿quién le hace caso a la Constitución? Salvo para enzarzarse en peleas identitarias, no parece que sirva para gran cosa. ¿No establece también el artículo 43 el derecho a la protección de la salud?, ¿que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios?” En estos tiempos en que se privatiza la Sanidad Pública y otros servicios básicos, y en el que el Estado hace dejación del mandato constitucional alegando que no hay dinero para mantenerlos, parece oportuno preguntarse, ¿dónde está el dinero?, ¿dónde, los servicios que, se supone, pagamos con nuestros impuestos?

Porque, echando un vistazo a los datos oficiales (Informe anual de recaudación tributaria, 2011), y sólo contando los impuestos directos, el esfuerzo fiscal de los trabajadores es muy superior al de las empresas. A pesar de la crisis, el ingreso por IRPF con respecto al total recaudado ha estado siempre entre el 40 y el 45%. Lo que se recauda por el impuesto de sociedades a las empresas, sin embargo, ha ido descendiendo, desde el 22% en 2007, hasta el 10,1% de 2011. Si a esto le sumamos el IVA, el esfuerzo fiscal de los hogares españoles se dispara, y la comparación con el esfuerzo fiscal de las empresas resulta poco menos que insultante. Según un estudio elaborado por el Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) en mayo de 2012, la presión fiscal de una persona soltera y sin hijos con unos ingresos medios de 41.310 euros anuales se sitúa por encima del 27,9%; en cambio, ninguna empresa soporta una carga del impuesto de sociedades por encima del 25,2%. Otro ejemplo: una persona con dos hijos a su cargo e ingresos medios de 16.524 euros presenta una carga fiscal que ronda el 15,6% de su renta, carga cercana a la de las multinacionales que facturan más de 1.000 millones. El sindicato se opuso a la subida del IVA aprobada en julio por injusta, puesto que aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas, y por regresiva pues afecta más a los ciudadanos con bajos ingresos, como pensionistas, mileuristas (la mayor parte de sus escasos ingresos van destinados al consumo) y a ciudadanos con ingresos inferiores a 30.000 euros, es decir el 75% de familias españolas. Esta situación de penuria contrasta con las personas que disfrutan de ingresos superiores a 150.000 euros, que, además de consumir, tienen posibilidad de ahorrar e invertir en operaciones financieras exentas del IVA.

Pero, ¿qué pasa con las empresas? Es cierto que estamos en “crisis”, pero una reducción de sus aportaciones a las arcas del Estado del 64% desde 2007 no se explica por la reducción de sus beneficios: “Los beneficios no han caído en la medida en que han caído los impuestos”, asegura Carlos Cruzado, presidente de Gestha. En 2011 el Estado recaudó por el impuesto de sociedades 16.611 millones de euros. En ese año, el beneficio declarado de sólo cinco empresas del Ibex (Banco Santander, BBVA, Telefónica, Inditex y Repsol) fue de 17.800 millones de euros. Ocurre que, aunque pymes y grandes empresas tienen un tipo impositivo nominal sobre los beneficios del 25 y del 30% respectivamente, se acogen a argucias contables legales para dejarlo en el 10%. Compensación de pérdidas de un año para otro, consolidación de resultados entre dos filiales o la deducción de gastos financieros eran algunas de las alfombras rojas que la ley ponía a las empresas para reducir los impuestos que al final tenían que pagar al fisco. Es cierto que la nueva ley aprobada en octubre de 2012 limita y reduce algunas de estas prácticas, pero deja sin resolver otras que formaban parte de las propuestas de los inspectores de Hacienda. Por ejemplo, cambiar la deducción que se aplica a los gastos, por otra que permita la tributación reducida sobre los ingresos, y gravar las ganancias de las empresas en función de la actividad económica real allí donde se venden sus productos o servicios. Al no hacerlo así, España atrae a empresas con pérdidas porque las deducciones y bonificaciones se aplican a los gastos, mientras que las filiales con beneficios deslocalizan su domicilio fiscal a países con menor carga tributaria que la española, como Luxemburgo, Suiza e Irlanda. Por supuesto, con esta argucia, no sólo los gigantes de la informática apenas tributan en España, sino que ni las propias empresas españolas lo hacen. En 2010, al menos 30 de las 35 empresas del Ibex tenían filiales en territorios considerados como paraísos fiscales.

Así, en una nota publicada el 2 de noviembre de 2012 la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) valoraba, en general, de forma positiva las medidas que introducía la ley, si bien, aseguraba, “siguen quedando infinidad de agujeros por donde el fraude campa a sus anchas”. Pues, si se trataba de intensificar las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, como reza el título de la propia ley, ésta nace ya prácticamente muerta. Y no sólo porque en vez de luchar contra el fraude lo fomente con la amnistía fiscal, a la que se oponen también los inspectores, sino porque se le siguen recortando a la Agencia Tributaria unos medios que ya eran bastante precarios. Según el informe de IHE publicado en octubre de 2012, La Crisis fiscal en España, nuestro país es el que menos gasta en administración fiscal en relación al PIB (0,13%) en comparación con los países más grandes de la Unión Europea: hasta 2009, un tercio del gasto en Francia (0,39%), menos de la mitad del alemán (0,29%) y un poco más de la mitad del italiano (0,24%). Si se comparan otros valores, salimos aún peor parados. En 2009 había en España 1.928 ciudadanos por cada empleado de la Agencia Tributaria, cuando la media de la OCDE es de 900. En Alemania hay 729, en Francia 860 y en el Reino Unido 862. En el número de trabajadores por cada empleado de Hacienda dedicado a impuestos y gastos generales también estamos a la cola, o a la cabeza, según se mire. 967 trabajadores por empleado en España, mientras en Alemania hay 371, en Francia 392 y en el Reino Unido 441. Bien, sobre estas cifras se aplican nuevos recortes en los presupuestos de 2013: un 7,7%, menos de gasto y la pérdida de más de 800 empleados. La situación se agrava si pensamos que sólo el 20% de la plantilla de la A.T se dedica a la investigación contra el fraude fiscal. Según Carlos Cruzado, secretario de GESTHA, el 80% se dedica al cruce de datos y a la comprobación de discrepancias entre las declaraciones. Tampoco ayuda mucho a luchar contra el fraude el hecho de que sólo dispongan de un año para cerrar cualquier investigación.

Así no es de extrañar que cada año el fisco deje de ingresar entre 60 y 70 mil millones de euros, según datos del sindicato de inspectores, y que la mayor parte del fraude, un 72%, se localice en las grandes empresas y los grandes patrimonios, cuatro veces más que el fraude de las pymes, y muy por encima del de los autónomos. Por eso, según José María Molledo, Secretario General de GESTHA, “el fisco debería esforzarse más en perseguir el engaño de las multinacionales y las grandes compañías en vez de concentrar el 80% de los recursos en investigar microempresas, pymes, autónomos y asalariados”.

De modo que, según parece, seguiremos pagando más los trabajadores y las familias por unos servicios que no recibimos, y las empresas seguirán ganando dinero y llevándoselo mientras la Agencia Tributaria forzada por el gobierno mira para otro lado. Y, como siempre, las reformas del gobierno quedan para el capítulo de las apariencias y el escaparate. Su sinceridad y su empeño en la lucha contra el fraude quedan seriamente dañados por la aprobación de una amnistía fiscal que es claramente injusta y contraria a la Constitución porque premia el fraude y la evasión de capitales. Tampoco ayuda mucho el nombramiento de Pilar Valiente como Jefa Adjunta de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), precisamente una persona que tuvo que dimitir en 2001 del cargo que ocupaba en la CNMV por su implicación en un caso de fraude. ¿Qué ha hecho la señora nada más ascender? Destituir a los seis inspectores que estaban investigando el caso Gürtel. Ni ayudan mucho los escándalos de los papeles de Bárcenas, sus cuentas en Suiza…ni ayuda mucho tampoco que, en una Comunidad tan castigada por los recortes como Madrid, se rebaje el impuesto al juego del 45 al 10% para que el señor Adelson construya su Eurovegas (que aportará sólo el 35% del capital), además de perdonarle el 95% del impuesto de transmisiones y de permitir que el Ayuntamiento donde se ubique le perdone hasta el 95% del IBI. Además de esto, que ya ha conseguido, Adelson pedía flexibilizar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería; dos años de exenciones en el pago de las cuotas a la Seguridad Social y de todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado garantizara un préstamo de 25 millones de euros que se pediría a la Unión Europea; la construcción de nuevas infraestructuras; y cambios en la norma de prevención de blanqueo de capitales. ¿Lo conseguirá?

Mientras, al mismo tiempo, nuestros políticos nos dicen que “no hay dinero” para sostener nuestros derechos y los servicios que pagamos con los impuestos… ¿dónde está entonces nuestro dinero? Es muy posible que ellos lo sepan. Hablando del blanqueo de capitales, en 2008 el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) desgranó en un informe hasta 12 tipologías de blanqueo. La mayoría de ellas ligadas, como ya sabíamos, al sector inmobiliario, empresarial y financiero, pero hay una sorprendente: La que llama Personas Expuestas Políticamente (PEP): “Se trata de una clasificación específica en tanto que lo característico no es el tipo de operación que se realiza, ni siquiera el sector de actividad o de negocio en el que se integran los fondos, sino la condición política que tiene el propietario de estos. Cada vez con más fuerza surge la necesidad de reforzar los controles de las operaciones en las que se implican estas personas, sus familiares directos y las personas relacionadas, al ser especialmente sensibles al blanqueo de capitales procedentes de delitos relacionados con la corrupción”. ¿Hace falta decir algo más?