En anteriores entradas en este Blog se han introducido dos conceptos siempre polémicos en la filosofía política, el de reserva de autoridad y el derecho de resistencia del pueblo. Y también se ha hablado de la revolución como la máxima y más radical expresión de estos principios. Es hora de tratar este tema con seriedad, puesto que las reformas y los recortes en el Estado del Bienestar que se suceden a velocidad de vértigo en nuestro país van a provocar, como es de esperar, una mayor y progresiva contestación social en la calle.
La cuestión básica a dilucidar es la siguiente: ¿Es posible una revolución en las democracias actuales?
La palabra revolución asusta, asusta mucho, y es verdad que no habría que utilizarla a la ligera, especialmente porque por la experiencia histórica vivida va inevitablemente vinculada al ejercicio de la violencia por parte del pueblo. Pero la violencia, la violencia física, es un riesgo, no una condición ni un requisito de la revolución. Dependerá siempre de la mayor o menor resistencia de las instituciones a los cambios que reclama el pueblo. Habría que recordar que hay otros tipos de violencia, y que existen otros agentes que la practican. Nuestro ministro de Justicia hablaba de “violencia estructural” para referirse a una presión social oculta que, según él, impide a las mujeres ser madres, olvidándose de las leyes aprobadas por su gobierno que explícitamente dificultan el derecho que dicen proteger, como el eliminar la bonificación por maternidad, limitar los periodos de lactancia, la prolongación de los contratos en prácticas o la movilidad geográfica de todos los trabajadores, que no son leyes precisamente para conciliar la vida familiar con la laboral. Es decir, el propio gobierno puede ejercer violencia amparando con la ley la injusticia, tanto más dolorosa cuanto más se reviste de legalidad. Nuestras leyes actuales permiten a un banco embargar una vivienda por impago, echar a la calle a una familia y obligarla a seguir pagando de por vida una casa que ya no es suya, que pertenece al banco y que éste volverá a vender para seguir obteniendo beneficio. Es difícil encontrar en nuestros días mayor violencia legalizada que esta, ni más alejada de la lógica, la razón y la justicia. Así, mientras que el banco utiliza la fuerza del gobierno para defender sus intereses, la familia afectada sólo cuenta con la solidaridad del pueblo para defenderse. Robespierre, uno de los líderes de la Convención Nacional durante la Revolución Francesa, en un discurso de 1794 exclamaba: ¿Hasta cuándo el furor de los déspotas seguirá siendo llamado justicia, y la justicia del pueblo barbarie o rebelión? ¡Cuánta ternura hay para con los opresores y cuánta inflexibilidad para con los oprimidos!
El sistema capitalista y democrático
actual ha establecido al menos tres mecanismos para alejar de su seno el
fantasma de la revolución: renovación periódica de los poderes del Estado
mediante sufragio popular, existencia de canales y cauces legales de opinión,
reunión y manifestación para que el pueblo pueda expresar su disidencia y
oposición; y existencia de un amplio colchón social, la llamada clase media, que oculta, o en todo caso amortigua la
conciencia de la existencia y permanencia de desigualdades socioeconómicas
intrínsecas al sistema. A parte de estos tres fundamentales, hay otros menores
como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el control que puede
ejercer el legislativo sobre el ejecutivo, etc. Una revolución en una
democracia occidental sólo sería posible si fallasen al mismo tiempo los tres
mecanismos principales. Y, que yo sepa, no ha ocurrido todavía. Las dos
revoluciones históricas, la francesa y la rusa, y las actuales del mundo
musulmán han sido revoluciones contra regímenes totalitarios, por tanto
ocurridas, no por la quiebra sino por la inexistencia de los tres dispositivos
de seguridad. Pero que no haya ocurrido no quiere decir que no pueda ocurrir,
si se dan las condiciones necesarias, si el grado de involución política y de
bienestar social es de tal magnitud que haga necesaria la revolución. La
responsabilidad, en todo caso, recaerá siempre en el propio Sistema, en el
Estado que debía haber mantenido las condiciones establecidas, pactadas, y no
lo hizo; que debía haber vigilado el buen funcionamiento de los dispositivos de
seguridad y, en vez de eso, trabajó para suprimirlos, despertando así al pueblo
de su letargo. Porque el pueblo siempre ha estado más dispuesto a soportar
ciertos niveles de injusticia que a luchar por sus derechos.
En entradas sucesivas analizaremos
el estado actual de los tres mecanismos de seguridad, y podremos comprobar
cómo, las medidas que se han tomado hasta el momento, y las que seguramente se
tomarán en los próximos días, pueden ubicarse en el desgaste de estos tres
mecanismos. Nuestros políticos debían prestar más oído al refranero popular,
mucho más sabio que los que así se hacen llamar, cuando nos advierte de que la
avaricia siempre termina rompiendo el
saco.