Mecanismo 2: Derecho de huelga y manifestación

La verdad no existe. La verdad es una convención social. Se llega a ella por puro acuerdo, mediante la conversación y el diálogo. Sólo cuando dos posturas contrapuestas alcanzan un cierto grado de conciliación puede decirse que se está más cerca de la verdad. Y sólo bajo una irracional soberbia puede alguien pensar que su verdad es la verdad, y que, no sólo no necesita de los demás para encontrarla, sino que se arroga el derecho de imponérsela. Cuando esto lo hace el Estado, el Gobierno, se llama Totalitarismo, Dictadura, pues impone sus dictados a los que sólo considera súbditos, palabra que designa a los que simplemente deben obedecer y callar. Y esta es la deriva que está tomando este gobierno, que no parece creer en las virtudes democráticas de la libertad de expresión y opinión, porque quizá simplemente no cree en la democracia más que en la medida en que ésta se le somete en silencio. Antes de la Huelga General del 29 de marzo afirmaban que “había que revisar” este derecho. La reforma del Código Penal, endureciendo las penas contra los manifestantes y convocantes, demonizando de paso a los sindicatos, y el control de la Televisión Pública que están a punto de cometer sólo puede interpretarse como un intento de erradicar la disidencia y la discrepancia, y de controlar la información que llega al ciudadano para engañarnos con su verdad, imponiéndola con la fuerza pública de la ley.

Pero es contraproducente. Va en contra de la estabilidad misma del sistema democrático-capitalista restringir el derecho a la manifestación pública de la discrepancia con los poderes públicos, precisamente porque mantiene al pueblo por los cauces legales de protesta, haciendo innecesaria cualquier otra forma de expresión fuera de esos cauces, lo que sería mucho más peligroso por espontánea y descontrolada. Los derechos de opinión, expresión, asociación, huelga y manifestación están regulados por el Sistema. Forman parte del derecho al pataleo que el sistema regala al pueblo para dar salida a sus frustraciones y desengaños. El sistema nos dice, cuándo, cómo, de qué manera, por qué calles y en qué plazas podemos manifestarnos. Y en las huelgas nos impone unos “servicios mínimos” para no hacerle demasiado daño. Y el pueblo usa ese regalo respetando las condiciones con las se le dio, y se siente satisfecho después de haberlo hecho, vuelve a casa y al trabajo con la conciencia tranquila pues ha hecho lo que debía, lo que, pensaba, es lo menos que en democracia puede hacerse.

Y funciona. Claro que funciona, y más en las democracias que en ningún otro sistema, porque si la protesta es multitudinaria, masiva y prolongada, obligará a los gobernantes a agarrarse a los sillones en los que se creían cómodamente instalados corrigiendo los desvíos que el pueblo denuncia. Es evidente que ningún gobierno reconocerá un cambio de rumbo en sus políticas ni en sus formas debido a las manifestaciones en la calle, y es inútil e ingenuo pedirles ese reconocimiento. Las huelgas y manifestaciones son siempre una inversión de futuro, incluso a corto plazo, porque en la perspectiva vital de los políticos no caben más de cuatro años, y siempre temen ser desalojados por las urnas.

Sólo un ejemplo. Sarkozy, defensor a ultranza de la política de ajustes, quiso atraerse a los votantes de izquierda en Francia reconvirtiéndose en el defensor de las políticas de crecimiento. Pero no dio resultado, y después de perder en la primera vuelta en las elecciones quiere atraerse el voto de la ultraderecha y dice sentirse orgulloso de ser llamado fascista por un comunista.  ¿Qué teme Sarkozy? 

Mecanismo 1: Elecciones periódicas o marxismo actualizado

A Santos

Se ha hablado aquí con frecuencia del Pacto Social. Y ya hemos dicho que ha sido roto, robado, usurpado, y que en realidad la democracia que creíamos tener está vacía, o, simplemente, es falsa. Y así, para demostrar de qué manera la democracia se “defiende” de una posible revolución no nos sirven ya los teóricos del Pacto Social. Y no sólo porque estén demasiado atrás en el tiempo, que también, sino porque ahora lo importante no es la democracia, sino el Estado, y a sus teóricos hemos de acudir para ponerle el apellido correcto a esta maquinaria, que más se asemeja al monstruo de Hobbes, al Leviatán que todo lo devora, que a ese inocente organismo de conciliación social como ingenuamente creía que era la socialdemocracia desde sus inicios, y posiblemente todavía lo cree. Sí, parece mentira, a estas alturas del siglo XXI, pero tenemos que acudir al socialismo científico, al marxismo, a las palabras del mismo Marx, a Engels y a Lenin, pues son de una actualidad asombrosa. Bastará con una pequeña actualización de algunos términos ya en desuso, pero habrá que rescatar otros que creíamos trasnochados, y cuyo empleo parecía fuera de lugar, hasta hoy: Explotación, Capital, Capitalismo, Lucha de clases, Estado capitalista.

Empecemos enunciando la tesis principal: Si las elecciones periódicas son un mecanismo de defensa de la democracia, la democracia misma es un mecanismo de defensa del sistema capitalista.

La experiencia histórica obligó a Marx a corregir sus vaticinios sobre el Estado, pues confirmó su esencia, como institución al servicio del Capital, pero se equivocó en su evolución. Porque el Estado no se destruye, sólo se transforma, se adapta y se mejora. Y el Estado capitalista-democrático es la forma más avanzada y más completa de su evolución. Marx escribe, a propósito de la revolución francesa de 1848, que “todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina [el Estado], en vez de destrozarla. Los partidos que luchaban alternativamente por la dominación consideraban la toma de posesión de este inmenso edificio del Estado como el botín principal del vencedor”. Porque botín es lo que ofrece el sistema capitalista a sus colaboradores. ¿A que suena actual?

En 1884 Engels aseguraba que la República democrática es la forma más elevada de Estado porque no reconoce oficialmente diferencias de fortuna —ya hablaremos de la hipotética meritocracia y su pretendida igualdad de oportunidades— y porque en ella el dinero ejerce su poder indirectamente, pero de un modo más seguro. Bien por corrupción directa de los funcionarios del Estado, es decir, gobernantes; o bien “bajo la forma de alianza entre el gobierno y la Bolsa. Esta alianza se realiza con tanta mayor facilidad, cuanto mayor crecen las deudas del Estado”. ¿Escalofriante, verdad? Sigamos un momento con Engels. Afirma que la clase poseedora impera sobre la oprimida de un modo directo por medio del sufragio universal, al haberla convencido de que es a lo máximo a que puede aspirar, en el único sistema político posible. Y sentencia: “El sufragio universal es, de esta suerte, el índice de madurez de la clase obrera”, pues de ella se esperaría que eligiese a sus propios representantes y no a los del Capital. Sin comentarios. O casi. ¿Cuántas veces hemos dicho después de una convocatoria electoral aquello de que “tenemos lo que nos merecemos”?

Termino con Lenin. También él reconoce a la república democrática como la mejor envoltura política del capitalismo, y escribe en 1917 lo siguiente: “El Capital, al dominar esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta su poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar ese poder”. Lenin está dispuesto a admitir que la democracia capitalista es la mejor forma de Estado para los trabajadores, pero, dice, no debemos olvidar “que la esclavitud asalariada es el destino reservado al pueblo incluso bajo la república burguesa más democrática”.

¿Qué error ha cometido el sistema capitalista en esta crisis? Además de su excesiva avaricia (si este concepto redundante existiera), alzar su rostro por encima de la democracia. Muchos habremos confirmado lo que ya sabíamos. ¿Y el resto del pueblo, lo habrá visto?, ¿y si lo ha visto, se acordará en las próximas elecciones? Cuatro años dan para mucho. El Capital puede volver a agazaparse por detrás de la democracia para restaurar el sistema. El pueblo, se frotará los ojos dudando de lo que ha visto. Nada, un mal sueño.

Revolución en democracia. Mecanismos de prevención

En anteriores entradas en este Blog se han introducido dos conceptos siempre polémicos en la filosofía política, el de reserva de autoridad y el derecho de resistencia del pueblo. Y también se ha hablado de la revolución como la máxima y más radical expresión de estos principios. Es hora de tratar este tema con seriedad, puesto que las reformas y los recortes en el Estado del Bienestar que se suceden a velocidad de vértigo en nuestro país van a provocar, como es de esperar, una mayor y progresiva contestación social en la calle.

La cuestión básica a dilucidar es la siguiente: ¿Es posible una revolución en las democracias actuales?

La palabra revolución asusta, asusta mucho, y es verdad que no habría que utilizarla a la ligera, especialmente porque por la experiencia histórica vivida va inevitablemente vinculada al ejercicio de la violencia por parte del pueblo. Pero la violencia, la violencia física, es un riesgo, no una condición ni un requisito de la revolución. Dependerá siempre de la mayor o menor resistencia de las instituciones a los cambios que reclama el pueblo. Habría que recordar que hay otros tipos de violencia, y que existen otros agentes que la practican. Nuestro ministro de Justicia hablaba de “violencia estructural” para referirse a una presión social oculta que, según él, impide a las mujeres ser madres, olvidándose de las leyes aprobadas por su gobierno que explícitamente dificultan el derecho que dicen proteger, como el eliminar la bonificación por maternidad, limitar los periodos de lactancia, la prolongación de los contratos en prácticas o la movilidad geográfica de todos los trabajadores, que no son leyes precisamente para conciliar la vida familiar con la laboral. Es decir, el propio gobierno puede ejercer violencia amparando con la ley la injusticia, tanto más dolorosa cuanto más se reviste de legalidad. Nuestras leyes actuales permiten a un banco embargar una vivienda por impago, echar a la calle a una familia y obligarla a seguir pagando de por vida una casa que ya no es suya, que pertenece al banco y que éste volverá a vender para seguir obteniendo beneficio. Es difícil encontrar en nuestros días mayor violencia legalizada que esta, ni más alejada de la lógica, la razón y la justicia. Así, mientras que el banco utiliza la fuerza del gobierno para defender sus intereses, la familia afectada sólo cuenta con la solidaridad del pueblo para defenderse. Robespierre, uno de los líderes de la Convención Nacional durante la Revolución Francesa, en un discurso de 1794 exclamaba: ¿Hasta cuándo el furor de los déspotas seguirá siendo llamado justicia, y la justicia del pueblo barbarie o rebelión? ¡Cuánta ternura hay para con los opresores y cuánta inflexibilidad para con los oprimidos!

Antes de seguir adelante, conviene aclarar el término revolución para saber exactamente de qué estamos hablando. Podría servir de punto de partida la distinción terminológica que utilizó el filósofo alemán Erhard a finales del XVIII. Para él una rebelión solo implica una desobediencia momentánea al poder establecido; una insurrección se utiliza para restaurar derechos reprimidos o la supresión de exigencias excesivas del gobierno, pero en ninguno de los casos se cuestionan las bases del sistema ni requieren cambios de gobierno. Una revolución sin embargo implica cambios profundos en las relaciones jurídicas, económicas y sociales que mantiene el pueblo con el Estado. A partir de aquí hay que echar mano de la teoría marxista del Estado para entender la necesidad de una revolución. Pues la revolución siempre parte de abajo, pero sólo cuando toma conciencia de que el Estado es una institución que está al servicio de la clase o poderes dominantes, y que utiliza la fuerza legalizada con el sólo propósito de mantener y perpetuar su dominación. Bien, ¿sería posible en la Europa democrática una revolución?, ¿o solamente cabe pensar en rebeliones e insurrecciones?

El sistema capitalista y democrático actual ha establecido al menos tres mecanismos para alejar de su seno el fantasma de la revolución: renovación periódica de los poderes del Estado mediante sufragio popular, existencia de canales y cauces legales de opinión, reunión y manifestación para que el pueblo pueda expresar su disidencia y oposición; y existencia de un amplio colchón social, la llamada clase  media, que oculta, o en todo caso amortigua la conciencia de la existencia y permanencia de desigualdades socioeconómicas intrínsecas al sistema. A parte de estos tres fundamentales, hay otros menores como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el control que puede ejercer el legislativo sobre el ejecutivo, etc. Una revolución en una democracia occidental sólo sería posible si fallasen al mismo tiempo los tres mecanismos principales. Y, que yo sepa, no ha ocurrido todavía. Las dos revoluciones históricas, la francesa y la rusa, y las actuales del mundo musulmán han sido revoluciones contra regímenes totalitarios, por tanto ocurridas, no por la quiebra sino por la inexistencia de los tres dispositivos de seguridad. Pero que no haya ocurrido no quiere decir que no pueda ocurrir, si se dan las condiciones necesarias, si el grado de involución política y de bienestar social es de tal magnitud que haga necesaria la revolución. La responsabilidad, en todo caso, recaerá siempre en el propio Sistema, en el Estado que debía haber mantenido las condiciones establecidas, pactadas, y no lo hizo; que debía haber vigilado el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad y, en vez de eso, trabajó para suprimirlos, despertando así al pueblo de su letargo. Porque el pueblo siempre ha estado más dispuesto a soportar ciertos niveles de injusticia que a luchar por sus derechos.

En entradas sucesivas analizaremos el estado actual de los tres mecanismos de seguridad, y podremos comprobar cómo, las medidas que se han tomado hasta el momento, y las que seguramente se tomarán en los próximos días, pueden ubicarse en el desgaste de estos tres mecanismos. Nuestros políticos debían prestar más oído al refranero popular, mucho más sabio que los que así se hacen llamar, cuando nos advierte de que la avaricia siempre termina rompiendo el saco.

Del Rey abajo ninguno

 No soy monárquico, Dios me libre. Pero sí me interesa la monarquía como institución. Siempre me ha interesado el recorrido que ha hecho durante la historia desde una posición de omnipotencia casi divina hacia la de servicio público. Si por la primera el rey era una figura poco menos que intocable, por la segunda está tan sujeto a responder de sus acciones como cualquier otro funcionario público. La historia lo ha humanizado, y ha convertido su dignidad real en una simple profesión. Eso es lo que, casi en contra de mi voluntad, vi ayer. Vi a un hombre mayor, cojeando, y pidiendo disculpas por algo que había hecho mal. Parecía sincero, humano. Parecía estar soportando todo el peso de su condición de funcionario público cuando lo hizo. Por eso resulta muy llamativo que los que defiendan al rey lo hagan con argumentos que nos retrotraen a las monarquías de antaño, confundiendo a España con la Casa real o la Corona. El diario ABC justificaba hace poco la cacería real acudiendo a la tradición monárquica, y publicaba el retrato de Carlos III, cazador de Goya. Patético y contraproducente. ¿No teníamos una monarquía moderna, adaptaba a los nuevos tiempos? Si se le va a defender rescatando las valores del siglo XVIII más nos valdría entonces despedirle definitivamente, formar una República y contratar a un presidente al que podamos ir cambiando de vez en cuando. Por cierto, la monarquía borbónica española no escapó a las críticas que soplaban de los vientos de la Ilustración, quizá por eso le puso Goya al perro que dormita junto a Carlos III un collar en el que pone “Rey N. S.”

Dicho esto, tengo que decir también que por lo menos le honra haber pedido perdón por el error cometido. Como debería hacer cualquier funcionario público cuando se equivoca o cuando se le sorprende mintiendo. Del Rey para abajo debían tomar ejemplo el resto de funcionarios públicos con más poder “real” que el mismo Rey, pero con la misma obligación de responder de sus acciones ante el pueblo.

Kant y Rajoy, o la espantada del garaje.

La imagen del presidente del gobierno escabulléndose por el garaje del Congreso para esquivar las preguntas de los periodistas ha sido realmente patética y vergonzosa, indigna de un representante público, de quien se esperaba precisamente que diera la cara para justificar y explicar sus acciones y sus intenciones. Este lamentable episodio ha sido el último acto de una serie de despropósitos del presidente del gobierno. Durante la campaña electoral evitó posicionarse claramente sobre los temas que preocupaban a todos los españoles refugiándose en frases hueras, que, aunque dichas con vehemencia, no podían ocultar su vacuidad. Frases del tipo: “Sabemos lo que hay que hacer y lo haremos”, en cualquiera de sus muchas variantes. Todavía lo hace, para evitar comprometerse en el futuro ante más que un probable y premeditado cambio de rumbo en las políticas que ahora anuncia. (“El copago en la Sanidad no está sobre la mesa en las propuestas del Consejo de Ministros”, “yo no soy partidario de subir el IVA”…etc.).

Claro que la antología del disparate y del engaño por ocultación no la pronunció Rajoy, sino el presidente de las Islas Baleares, José Ramón Bauzá. Por si acaso a estas alturas alguien las desconoce, merece la pena reproducirlas aquí, para seguir grabándolas en nuestra memoria para vergüenza de todos, y especialmente para vergüenza del auditorio para el que fueron dichas, porque es como consentir que te engañen y te llamen imbécil en tu propia cara: "Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer". Ahora, hasta podemos reinos del disparate, pero resulta lamentable que el PP haya ganado las elecciones con frases como esta, como resulta también lamentable que el presidente del gobierno haya tomado la costumbre de disfrazarse de hombre invisible para gobernar. Porque sigue sin dar la cara cuando hay que comunicar las reformas y recortes en dinero y en derechos que nos tocan padecer a los demás. Como un dios omnipotente, envía por delante a los cuatro jinetes del Apocalipsis, a la Vicepresidenta y a los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo.

Todo esto tiene una explicación, aparte de la más que evidente incapacidad intelectual y de réplica del presidente Rajoy, y de su también más que evidente torpeza política. Aunque parezca mentira, Immanuel Kant, el gran filósofo del siglo XVIII, tiene la explicación perfecta para este comportamiento. En una de sus últimas obras hablaba del Principio de publicidad como el mejor mecanismo para averiguar si las intenciones de gobernantes o gobernados son legítimas y se ajustan o no a derecho. La fórmula es la siguiente:

Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados.

Es decir, si mis intenciones no puedo manifestarlas en voz alta, si para que pueda llevarlas a cabo deben permanecer ocultas, en secreto, porque de saberse provocaría la oposición unánime en mi contra, dichos  propósitos no son sólo ilegítimos (entiéndase, amorales), sino injustos desde el punto de vista del derecho público. Si, por el contrario, puedo dar publicidad a mis intenciones es que pueden ser admitidas por la mayoría sin oposición y pueden ser consideradas legítimas y justas.

Está claro que antes y después de las elecciones Rajoy mintió deliberadamente u ocultó sus planes para no espantar a los votantes y porque tenía pensado ya hacer justamente lo contrario de lo que decía, o más bien, de lo que dijo que nunca haría porque nunca dijo lo que sí haría. Vaya, ahora es a mí a quien le ha salido un trabalenguas. Mis disculpas. Una vez consumado el engaño y ganadas las elecciones por esta vía, muchos votantes del PP se han sentido engañados porque lo fueron. Por los hechos ya consumados nos hemos enterado de que sí pensaba subir los impuestos, sí pensaba abaratar el despido, sí pensaba imponer el repago en la Sanidad Pública. En la encuesta publicada este domingo pasado el PP ha perdido ocho puntos de apoyo electoral, cayendo del 46 al 38%, y solo lleva cuatro meses desgobernando.

Ahora sólo hay que esperar que los que han sido tan burdamente engañados no lo olviden, porque es intolerable que un presidente del gobierno huya o se esconda del pueblo a quien gobierna para no darle explicaciones, porque eso sólo pasaba en las monarquías absolutas de hace tres siglos.

Patriotismo empresarial

Ante la expropiación de la filial YPF de Repsol por el gobierno de Argentina, el nuestro ha salido en defensa de los intereses de la empresa española. El presidente, el ministro de asuntos exteriores o el ministro de industria. Éste último, el señor Soria, ha dicho que la expropiación “es una decisión hostil contra España y el gobierno de España, y que afecta a miles de accionistas y sus ahorros”. Ha manifestado con vehemencia que “allí donde haya una empresa española allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses”. Me parece bien que el gobierno defienda con tanta energía los intereses de las empresas españolas allá donde se vean atacados. Todos los patriotas e idólatras del trapo bicolor deben sentirse orgullosos estos días por tan encendida defensa. Sólo cabe lamentar profundamente que nuestro gobierno no haya defendido con la misma energía los intereses y derechos de los millones de ciudadanos españoles que, aunque no tenemos acciones en ninguna empresa, sí peligran nuestros ahorros, y estamos sufriendo una expropiación atroz, y no sólo de dinero.

Cleptocracia y tiranía en Europa. Parte II

Si la cleptocracia, es decir, el gobierno de, por y para los ladrones y corruptos, ha quedado suficientemente probada, debemos ahora probar la segunda parte del título inicial. Sostiene Locke que la tiranía consiste en hacer uso del poder que se tiene, mas no para el bien de quienes están bajo ese poder, sino para propia ventaja de quien lo ostenta. Ya hemos visto que el poder lo tienen los mercados, aunque usen la fuerza de los gobiernos, a los que ya podemos calificar sin ningún rubor de ilegítimos aunque hayan salido de las urnas, y no todos, porque han roto el Pacto Social y traicionado al pueblo que lo eligió. Pero sigamos escuchando a Locke: Siempre que el poder que se ha depositado en cualesquiera manos para el gobierno del pueblo y para la preservación de sus propiedades es utilizado con otros fines y se emplea para empobrecer, intimidar o someter a los súbditos a los mandatos abusivos de quien lo ostenta, se convierte en tiranía, tanto si está en manos de un solo hombre como si lo está en manos de muchos. ¿En manos de quién está Europa? ¿Es más, existe Europa? ¿Existen, funcionan las instituciones europeas? ¿Y si existen, por qué parece estar todo en manos de Ángela Merkel, la canciller alemana? ¿Es ella quien gobierna Europa? ¿Tanta soberanía y poder hemos cedido el resto de los 27 países de la Unión? 

Pero tampoco hay que engañarse, ella sólo es la cara visible del tirano. A la banca alemana se le deben unos 744 mil millones de dólares a repartir entre, en este orden, Francia, España, Italia, Portugal, Irlanda y Grecia. A la banca francesa se le deben unos 998 mil millones de dólares, a repartir entre Italia, España, Portugal, Irlanda y Grecia. Son precisamente Alemania y Francia los que siempre se han opuesto con todas sus fuerzas a la reforma de los estatutos del Banco Central Europeo para que pueda emitir eurobonos con los que los Estados podrían financiarse directamente sin tener que acudir al mercado libre de deuda. A cambio, el BCE inyecta a los bancos europeos cantidades astronómicas de euros tan sólo al 1%. Estos, a su vez, en la subasta de deuda pública lo prestan a los Estados a un interés más alto, en España rozando ya el 6%.

No es necesario saber muchas matemáticas, ni mucha economía, ni mucha política, es más, quizá sea mejor no saber nada, ni de economía ni de política, baste sólo con las matemáticas y la razón, para preguntar a cualquier persona, a cualquier ciudadano al que se le exigen hoy tantos sacrificios si se le podría ocurrir con esos datos una mejor solución para resolver el problema de la “crisis”. Cuando, a su previsible respuesta, se le oponga una larga verborrea con tecnicismos económicos y eufemismos varios con el sólo propósito de marear su entendimiento y acallar la réplica y la voluntad, entonces sabrá quién es el tirano que gobierna Europa. Sólo cabe esperar de este ciudadano, y de todos nosotros, que no nos dejemos engañar. Replicaremos con el Contrato Social en la mano: Puesto que todo gobierno ha sido investido de su autoridad y su fuerza por el pueblo con el único fin de garantizar su bienestar y su seguridad, siempre que el fin en cuestión sea manifiestamente olvidado resultará necesario retirar la confianza que se había puesto en quienes tenían la misión de cumplirlo…de este modo, la comunidad conserva siempre un poder supremo de salvarse a sí misma frente a posibles amenazas e intenciones maliciosas provenientes de cualquier persona, incluso de los legisladores mismos (J. Locke). Esta cláusula del Contrato es el Derecho de resistencia, derecho siempre legítimo para oponerse a un gobierno arbitrario y tiránico. Sin embargo, la forma en que se puede ejercer en nuestros días este derecho de resistencia ha cambiado con respecto a cómo fue concebido, porque lo fue para oponerse a los tiranos que daban la cara y eran de sobra conocidos por todos aquellos que soportaban su despotismo. Hoy sólo vemos la cara de sus cómplices.