¡Ojo al dato!

Las matemáticas no mienten, pero sirven para hacerlo. No digo que el dato en sí mismo sea mentira, sino que puede resultar engañoso. Especialmente cuando se da en cifras absolutas, y cuando no se compara con otros datos similares de otras zonas que podrían ofrecer una referencia sobre las verdaderas dimensiones, en términos de escala, del dato suministrado. En estos casos siempre hay que preguntarse por las intenciones que se tienen cuando se suministran los datos de esta manera. Un solo ejemplo servirá para ilustrar lo que digo. Cada año se publican los datos de la Ayuda al Desarrollo, y es muy normal que la prensa destaque a Estados Unidos como el país que más dinero destina. En el año 2010 su aportación al desarrollo fue de 30.154 millones de dólares. Una gran cifra, si pensamos en la aportación de España, 5.917 millones; o de Noruega, 4.582 millones. Pero la cosa cambia si relacionamos estos datos con el PIB de cada país. Así, resulta que Estados Unidos destina un 0,21% de su riqueza nacional como ayuda al desarrollo, España un 0,43% y Noruega un 1,16%. Seguro que nuestra opinión sobre el esfuerzo y la solidaridad de EE.UU. ha cambiado algo.

 Bueno, pues algo de esta manipulación estamos sufriendo en esta crisis con los datos que un día sí y otro también leemos en la prensa española sobre el déficit, la deuda y el pago de los intereses de esta deuda. Estas noticias se dedican a analizar datos, pero rara vez explican las causas de estos incrementos, y nunca realizan comparativas con otros países de la Unión Europea. Sin duda, lo que se pretende es crear alarma y propiciar un ambiente comprensivo hacia los recortes en el sector público, cuando no directamente culparlo de la crisis. Es una manera más sutil, pero mucho más peligrosa por la supuesta objetividad de los números, de repetirnos esa cantinela de que “no podemos permitirnos el Estado del Bienestar que teníamos”, y que hemos vivido “por encima de nuestras posibilidades”. Pero todo esto es falso, y pretendo demostrarlo. Pretendo demostrar: 1. que no teníamos un Estado del Bienestar de lujo, como pretenden ahora que creamos, 2. que la deuda y el déficit actual en el sector público no son consecuencia de un despilfarro irresponsable que haya provocado la crisis, sino todo lo contrario, que el déficit es la consecuencia y no la causa de la crisis; y 3. que esa deuda sigue creciendo por los efectos mismos de la crisis en un fenómeno de retroalimentación y especialmente por las consecuencias de una unión monetaria mal construida y peor defendida.

Antes de nada habrá que pedir perdón por la lluvia de datos que se avecina, pero de eso se trata en esta entrada, combatir unos datos engañosos y alarmistas, con otros puestos en relación con los demás países de la Unión Europea, para, así, poder ofrecer un panorama más sosegado y más realista.

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1. Empecemos por valorar el Estado del Bienestar que tenía España antes de la crisis del año 2007. Incluiremos los tres pilares básicos: Educación, Sanidad y Protección Social. Para valorar el gasto en Educación acudimos al Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación (Sistema Estatal de Indicadores de la Educación). Pues bien, el gasto en relación al PIB ha estado siempre por debajo del 4,5%, cuando la media europea en inversión en Educación entre el año 2002 y el 2007 estaba en el 4,96%. En esos años España pasó del 4,25 al 4,35%. Ocupábamos el puesto número 20 de la tabla, sólo por delante de Italia, Rumanía, la República Checa, Bulgaria, Eslovaquia y Luxemburgo. A pesar de esto, en 2007 el gasto por alumno en relación al PIB por habitante es 1 punto superior a la media europea; si en España era del 25,9%, la media europea era del 24,9. En el año 2007, España tenía un gasto medio por alumno de 6.773 euros, mientras que la media de los países de la UE estaba en los 6.251. Aunque, para ser justos con el sector público, hay que decir que en este último dato están incluidos los gastos del Estado en instituciones públicas y privadas, y que desde hace años el estado viene aportando el 58% de los gastos corrientes de la enseñanza privada concertada no universitaria, según revelan las últimas encuestas del INE. 

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En Sanidad, según los últimos datos que ofrece Eurostat correspondientes al año 2004, el gasto público sanitario en España se situaba por debajo de la media de los quince países que integran la UE-15, tanto en términos de porcentaje respecto al PIB como en términos de gasto por habitante. Si se analiza el gasto sanitario público en relación al PIB, España ocupaba la posición número 14 en la lista, al presentar un valor de 6,0% frente a una media de la UE-15 del 7,5%. Sólo Luxemburgo (por tener un PIB muy alto) se sitúa por debajo de España con el 5,5%. El resto de países, incluso los que presentan un nivel de desarrollo económico inferior a España se sitúan por encima: Grecia un 6,7%, o Portugal un 7,1%. Los países en los que la sanidad tiene un mayor peso económico son Francia, con el 8,8 % de su PIB, Países Bajos (8,1 %) y Suecia (8,0 %). En cuanto al gasto por habitante, España se situaba en el puesto número 13, con 1.329 euros, sólo por delante de Grecia y Portugal. La media europea era de 1.975 euros. Por último, el Sistema de Protección Social es analizado en el Informe Económico de la Oficina del Presidente del año 2008. En este capítulo se incluye todo lo relacionado con enfermedad, invalidez, vejez y supervivencia, familia, hijos, desempleo y vivienda. Bien, el gasto en protección social medio por habitante en España alcanzó los 4.700 euros en 2005, cuando el gasto promedio por habitante de la U.E. era de más de 7.100 euros, por lo que el nivel de gasto en España se situaba un 34% por debajo de la media. La Ley de dependencia aprobada a finales de 2006 supuso un intento de acortar distancias con Europa. Entre 2006 y 2008 se le asignaron unos 2.400 millones de euros y se aumentaron el resto de partidas, pero aún así, en 2008 el diferencial negativo en relación a Europa se redujo 12 puntos, hasta el 21%. Las mismas diferencias se aprecian si se analiza el gasto en relación al PIB. El porcentaje del PIB dedicado a gasto social en España se encuentra entre los más bajos de los países europeos, sistemáticamente por debajo de la media de la UE-15. En 2004 España dedicaba aproximadamente el 21,2% de su PIB a políticas sociales, más de tres puntos porcentuales menos que la media de la UE-15. En 2007 dicho diferencial volvía a situarse en torno a los dos puntos porcentuales.

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Como vemos, nuestro Estado del Bienestar anterior a la crisis se encontraba por debajo de la media en comparación con el resto de Europa, y, aunque se hicieron esfuerzos por ponernos a la altura del resto de países aumentando los gastos en los tres aspectos, aún debíamos recorrer algo más de distancia para alcanzar la media europea. Pero la crisis y los recortes han truncado el esfuerzo realizado, y no sólo eso, sino que se pretende ahora hacernos creer que era más de lo que nos merecíamos, que nos salía muy caro, y que hay que reducir el déficit público desmantelándolo todo. Pero el déficit público no lo han provocado estos gastos, sino la propia crisis. Veámoslo.

2. El déficit público anual en España puede decirse que era positivo desde el 2004, pues se cerró el año con sólo un 0,1% negativo. Desde entonces, se cerró siempre con superávit: 1,3 en 2005; 2,4 en 2006 y 1,9 en 2007. Como hemos visto, parecía buen momento para invertir en nuestro modesto Estado del Bienestar y así se hizo. Y entonces explotó la burbuja inmobiliaria en EE.UU., afectando a todo el sistema financiero que la había alimentado, pues un buen número de Fondos de Inversión y Bancos que se habían arriesgado a financiar hipotecas a prestatarios de dudosa solvencia (subprime) quedaron ellos mismos en riesgo de impago por su elevado endeudamiento. La desconfianza entre las entidades paralizó el sistema de préstamos interbancarios y la globalización hizo el resto. El resultado fue una falta de liquidez en todo el sistema que afectó a la economía real, con la reducción de los préstamos a empresas y familias….y hasta hoy. Ni Europa ni España se han visto ajenas a los efectos de la crisis. Cajas de Ahorros y bancos demasiado expuestos, demasiado endeudados, sin liquidez y en peligro de quiebra. Y el gobierno acudió a salvarlos. El Informe Económico de la Oficina del Presidente del año 2009 da cuenta de las políticas que se articularon para encarar la crisis desde noviembre de 2008, y en el Informe del 2010 se especifica la cuantía dedicada en cada una de esas políticas. Resumo: Creación del Fondo de Inversión Local y el Fondo de Dinamización de la Economía y el Empleo con una dotación de 11.000 millones de euros; creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, para dar liquidez al sistema y así colaborar en la concesión de créditos al sector privado residente, a este fin se destinaron 19.300 millones de euros; creación del Plan de Avales del Estado para respaldar la emisión de deuda bancaria. Entre 2009 y 2010 el total de emisiones avaladas alcanzó los 60.900 millones de euros. Medidas extraordinarias de acceso al crédito a través del ICO, hasta el 2010 había ya “movilizado 61.200 millones de euros entre líneas de mediación y operaciones directas”. Y, por último, emisiones de deuda pública para poder financiar todas estas políticas de apoyo al sector financiero y a la economía. La Memoria del año 2008 del Tesoro Público confirma que la emisión de deuda aumentó 48.000 millones de euros con respecto al anuncio de emisión realizado en diciembre de 2007, pasando de 61.400 a 113.100 millones de euros, con lo que la deuda en circulación en ese año subió hasta los 358 mil millones de euros, 51.600 más con respecto al año anterior. Y no ha dejado de aumentar desde entonces, en julio de este año 2012 la deuda en circulación ya era de 605.952 millones de euros. Como resultado de todo esto, el saldo presupuestario que era casi 2 puntos positivos en 2007 cayó 13 puntos hasta situarse en el 2009 en el 11,2% negativo. Y la caída del PIB, 3,7% en 2009, como consecuencia de la crisis y de los recortes (más paro, más gasto en protección social, menos consumo, menos ingresos) aumentó la ratio con respecto a la deuda 17 puntos, del 36% en 2007, al 53% en 2009. Y, repetimos la cantinela, no ha dejado de aumentar desde entonces; 61% en 2010, 68,5% en 2011, posiblemente se cerrará 2012 por encima del 85%, y según los últimos datos, las nuevas ayudas a la banca lo alzarán en 2013 hasta el 90,5%. 

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Así que, parece claro, el déficit público y la deuda no son la causa, sino todo lo contrario, son la consecuencia de la crisis, pero aún así la política neoliberal quiere hacernos creer lo contrario y nos impone los ajustes y los recortes en el sector público como castigo por esta supuesta culpabilidad e irresponsabilidad, sin conseguir otra cosa que agravarlo todo aún más. Joseph Stiglitz lo sostiene en su último libro: “El error más grave que ha cometido Europa, instigada por Alemania, es que ha achacado los problemas de los países periféricos como Irlanda o España, a un gasto irresponsable (…) tanto España como Irlanda tenían superávits y un reducido nivel de endeudamiento”. Hasta George Soros, presidente de Soros Fund Management, reconoce que los problemas que sufre ahora España son consecuencia de la crisis: “España, que había manejado sus finanzas muy bien y había emergido como un ejemplo de prudencia presupuestaria, se embarcó en políticas contracíclicas para estimular la economía que dispararon su deuda. Luego se produjo la revelación griega, y los mercados se dieron cuenta de que había un riesgo real de quiebra dentro del euro, y la prima de riesgo volvió a hacer su aparición”. Y así nos vimos envueltos en el círculo vicioso de la desconfianza que exige recortes, y en los recortes que provocan desconfianza en la capacidad de pago, la prima de riesgo subiendo y aumentando la deuda….

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Sin embargo ni el problema de la deuda en España ni su coste parece tan grave si se pone en relación con los otros países de la Unión. Como ya hemos dicho la deuda pública en España en relación al PIB empezó a subir sólo a partir de la crisis de 2008. En este año era tan sólo del 40,2%, y en 2009 ya subió hasta el 53,9%, y ha continuado subiendo hasta alcanzar los valores actuales. Al comienzo de la crisis, otros países tenían deudas mucho más abultadas que la nuestra. Por ejemplo, sin contar a los rescatados o en crisis; Francia en 2008 tenía ya un 68,2 % en relación al PIB, y cerró 2011 con un 85,8%; Bélgica, 89,3% en 2008, 98% en 2011; Alemania, 66,7% en 2008, 81,2% en 2011. También tienen una deuda más alta que la de España el Reino Unido, Austria e Islandia. En 2011 la media de la deuda de la eurozona estaba en el 87%. Luego, ni con las previsiones del gobierno llegaremos a la media este año, y sólo la superaremos el próximo. Para evaluar el coste de esta deuda hay que tener en cuenta otras variables que no suelen inundar los titulares de los diarios, pero que sí se valoran en los documentos oficiales. Son el vencimiento medio y el interés medio de cada uno de los tipos de deuda. El vencimiento medio de la deuda española es de 6,2 años, y el interés medio del 4,7%. Como, según el Tesoro, desde el comienzo de la crisis para captar financiación se emite más deuda a corto plazo, Letras, con vencimientos entre 3 y 18 meses, el interés medio baja hasta el 3,55%. El pago de intereses por la deuda hasta el 2011 suponía el 2,2% del PIB nacional, 4 décimas por debajo de la media de la Unión. A Francia y Alemania le suponen el 2,6%, al Reino Unido el 2,7% y a Italia el 4,6%. En este sentido España se ha visto beneficiada por la entrada en el euro, porque el interés medio de la deuda pública en los primeros años 90 rondaba el 10%. A pesar de esto España es uno de los países en donde la deuda está creciendo más rápidamente, junto con Grecia, Irlanda y Portugal.

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Es evidente que España está perdiendo solvencia, y ello se debe a los efectos de la propia crisis y a los recortes, en lo que los expertos llaman trampa deflacionaria. Ante la ausencia de inversión privada por la escasez de liquidez, el único medio de estimular la economía es admitiendo un nivel de déficit presupuestario. Pero Alemania está imponiendo la austeridad como castigo por ese supuesto despilfarro, y los “mercados” quieren recuperar su dinero, salga de donde salga, y ante la impasividad del BCE, sólo prestan a cambio de elevar el tipo de interés. Resultado, toda la economía se contrae. Baja la producción y el PIB, sube el paro y suben los gastos del Estado en subsidios y protección al desempleo. Así ha sido durante los primeros años de la crisis, pero ahora el gobierno quiere recortar incluso por aquí. Esta partida aumentó en los presupuestos de 2009 unos 4.000 millones con respecto a lo presupuestado en 2008, ascendiendo hasta los 19.600 millones. Y en 2010 subió a 30.975 millones de euros. A partir de aquí la dotación ha ido bajando a pesar de que el paro ha ido subiendo: 28.800 euros en 2012, y 26.969 lo presupuestado para 2013. La crisis también ha contraído el consumo con lo que se recauda menos, hay más gastos y menos dinero para afrontarlos, por lo que todos los indicadores económicos se disparan, justificando así nuevos recortes.

3. La otra causa de la escalada de insolvencia de la economía española en la actualidad tampoco tiene nada que ver con esa supuesta irresponsabilidad fiscal o con la cantinela de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, no, la causa está en el euro, en la moneda única, que, en la práctica ha resultado ser una trampa mayor, en realidad, la causa de la crisis que está sufriendo España y toda Europa en este momento. Porque ha resultado que tenemos una moneda común, pero no única. El euro tenía, tiene, varios defectos, unos ya advertidos desde su creación, y otros que sólo han salido a la luz con la crisis. En primer lugar una moneda única requiere de un banco central para aportar liquidez, pero también de una tesorería que pueda emitir deuda pública y pueda garantizar las obligaciones crediticias de cada estado. Pero nuestro Banco de España, como los de todos los países de la zona euro, ha delegado la política monetaria en el BCE (fabricación de dinero, tipo de interés y tipo de cambio frente a otras divisas), aunque nuestro Tesoro ha seguido funcionando como un tesoro a nivel nacional, emitiendo deuda avalada por el propio Estado y por su banco, cuando en realidad no controla la emisión de moneda de la deuda que avala. Como el BCE se niega a asumir las funciones propias de una tesorería al rechazar la emisión de eurobonos, los estados se ven obligados a financiarse en el mercado secundario, vendiendo deuda a los bancos y a otros fondos de inversión. En la práctica es como si cada estado se hubiese endeudado en una moneda extranjera con la obligación de pagar en esa misma moneda pero sin poder fabricarla. Al principio, toda la deuda soberana europea se trató como inversión segura y bajaron los tipos de interés. En nuestro caso, el interés medio de las letras pasó del 12,8% en 1992 al 3,16 en 2006; el de los bonos bajó del 13 al 3,15%, y el de las obligaciones bajó del 11,4 al 5% en ese mismo año. Sólo con la revelación del fraude de las cuentas griegas los inversores en deuda soberana se dieron cuenta de la posibilidad real de entrar en suspensión de pagos dentro del euro, y empezaron a pedir primas de riesgo para cubrirse de posibles impagos. Pero como estos productos financieros se negocian libremente en el mercado y pueden ser adquiridos y vendidos incluso por quienes no tienen deuda soberana, los mercados pueden forzar la quiebra de los países endeudados mediante operaciones bajistas, vendiendo sus bonos, porque obtienen más beneficio con la quiebra que con la recuperación. En palabras de George Soros, “es como comprar un seguro de vida sobre la vida de otra persona y tener licencia para matarla”.

Otro inconveniente del euro es la ausencia de una unión fiscal. Algo que, evidentemente, hubiera requerido de una unión política previa, pues se hubiera cedido a las instituciones europeas la capacidad de imponer unas tasas tributarias comunes en toda la zona de la unión monetaria para luego redistribuir lo recaudado según las necesidades de cada zona. Pero en este aspecto cada país ha actuado también separadamente, y por separado se les ha exigido también que cada uno resuelva sus problemas de insolvencia como pueda. Pero la desunión fiscal ha tenido otros efectos. Las empresas han huido de aquellos países donde los impuestos eran más altos para instalarse en los que había menor presión fiscal, y como sus productos pueden moverse libremente por la Unión, se ha provocado una competencia a la baja por reducir impuestos al capital para atraer la inversión, y se ha presionado también sobre los sueldos y las condiciones laborales empeorando unos y otros.

Por último, la adopción del euro ha eliminado dos de los mecanismos más importantes para realizar ajustes en casos de crisis sin sustituirlos por nada. Porque los países de la zona euro ya no pueden de forma unilateral modificar el tipo de interés de la moneda, o el tipo de cambio frente a otras divisas para depreciarla, y así, por ejemplo, hacer más competitivos los costes laborales y compensar con un aumento de las exportaciones la caída del consumo interno. De modo que el único ajuste posible es la llamada devaluación interna. Como no se puede depreciar la moneda un 30% de su valor frente a otras monedas, o entre unos países y otros de la zona euro, la única forma de hacer el ajuste es provocar la caída de la economía real en ese 30%.

De esta forma, países que no han adoptado el euro y que por tanto no corren riesgo de suspensión de pagos porque se han endeudado en su propia moneda no están sufriendo los ataques de los mercados y pueden asumir déficits o deudas más elevadas que la nuestra, es el caso de Islandia o el Reino Unido. Y allí donde existe una verdadera unión política, monetaria y fiscal, ninguna región con problemas queda abandonada a su suerte, como ocurre en Estados Unidos (Krugman pone el ejemplo de Nevada, con una crisis económica similar al de Irlanda, provocada también por una burbuja inmobiliaria, pero cuyos gastos sociales son asumidos en su mayor parte por el gobierno federal). Por otro lado, a pesar de la hipotética libertad de movimientos de la mano de obra que podría aliviar las cifras del paro en las regiones con problemas, en Europa, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, las diferencias culturales y lingüísticas dificultan en la práctica los movimientos de mano de obra en el seno de la Unión, con lo que los países con problemas soportarán durante mucho tiempo elevadas tasas de desempleo. Lamentablemente, como reconoce Omar Issing, uno de los arquitectos del euro, poner en marcha la moneda única sin haber concluido la unión política en Europa fue poner el carro delante del caballo. Y parece que ese carro es de Alemania, porque se está beneficiando de todo esto. Los inversores casi pagan por comprar sus bonos, con lo que se financia gratis, el dinero del gran capital huye y se refugia en sus bancos, y está recibiendo mano de obra especializada de países como el nuestro sin haberse gastado un euro en su formación.

Después de 5 años de crisis la situación está empeorando tanto en España como en el resto de los países rescatados a los que se les está imponiendo austeros programas de recorte del gasto público. Ya se dan por perdidos unos 21.000 millones de euros entregados a la banca desde 2008, y empieza a reconocerse que estas ayudas y las que vengan repercuten negativamente en las cifras del déficit y en la deuda pública. Los medios de comunicación americanos nos retratan como un país que se empobrece a marchas forzadas y, literalmente, nos pillan hurgando en la basura. También advierten que la política de austeridad y recortes no hacen más que hundirnos más en la miseria. Y aún así, no nos desviamos un ápice del camino que ya han recorrido Grecia, Irlanda, Portugal e Italia. Todo, para recuperar la senda del crecimiento, nos dicen. Y nos oponemos porque pensamos que esas políticas no han dado resultado alguno, que están equivocadas porque no se percibe el crecimiento por ninguna parte. Pero somos nosotros lo que estamos equivocados. Las políticas neoliberales hubieran fracasado si se hubieran propuesto salir de la crisis. Pero están triunfando plenamente, porque su objetivo no era sacarnos de la crisis, sino aprovecharla para desmantelar el escaso y modesto Estado del Bienestar que teníamos, y están triunfando porque han logrado convencer a una mayoría de ciudadanos, a base de consignas fáciles y cifras alarmistas y descontextualizadas, que hemos derrochado lo que no teníamos y ahora debemos penar por ello. Debemos oponernos porque todo es mentira, estamos sufriendo lo que Krugman llama el Gran Engaño, en el que están comprometidos los gobiernos, las propias instituciones europeas y los medios de comunicación. Sólo queda saber si saldremos del engaño y de qué manera saldremos de él. Es lo mismo que especular por la cantidad mínima necesaria de clase media para el sostenimiento del sistema, porque será la clase media quien decida, a medida que se empobrece y ve desaparecer sus derechos, cuánto puede aguantar y cuánto consiente en perder. De momento, los datos asustan, el pueblo aguanta, el engaño perdura.

Planeta especulación

Lo que quiero contar no es ningún secreto. Pero tampoco deja de serlo. Es verdad que la información y los datos están ahí, aunque en algunos casos hay que hurgar mucho para encontrarlos, y en otros sí es posible que haya una intención de ocultar cierta información. Pero lo fascinante es buscar y encontrar vínculos, puentes, lazos de unión que puedan ofrecer una visión razonada y coherente con todo ello. Es algo así como buscar las piezas para formar un gran puzle. Porque mientras las piezas se mantienen separadas, y silenciadas, es como si el puzle mismo se mantuviera oculto. ¿De qué estoy hablando? Del sistema capitalista. Y no se llama sistema por casualidad, sino porque, como todo sistema, está formado por múltiples piezas perfectamente engarzadas y sincronizadas para hacerlo funcionar. Este ente abstracto y anónimo es el que ahora estamos llamando “Mercados” o, mejor, “Sistema financiero”, pero es el mismo que no hace mucho llamábamos Sistema, a secas, con no poco enfado y frustración porque a él le atribuíamos todos los males del mundo, si no porque los haya causado directamente, sí por su escaso o nulo interés en resolverlos. Simplemente porque esos males, lamentablemente, forman parte del engranaje, son parte del sistema, pues no hay explotación si no hay explotados.

Antes de intentar componer el puzle, vaya por delante que no suelo creer en conspiraciones ni me tengo por paranoico. Pero he de confesar que cada vez que una pieza ocupa su sitio en el puzle no puedo evitar sentir un ligero escalofrío. De todas formas, si creyera en conspiraciones, como han hecho ya otros, las haría partir del Club Bilderberg. Un selecto club que celebra reuniones anuales secretas en las que sólo trasciende el tema a tratar y la lista de invitados. En su cuadro directivo figuran nombres del mundo de las finanzas, de las multinacionales, de los medios de comunicación y de la política. De aquí nos quedamos con dos nombres, fundamentales en nuestro puzle: Juan Luís Cebrián, presidente de El País, y el irlandés Peter Sutherland, presidente de Goldman Sachs International, la filial europea del famoso grupo de inversión americano. Entre sus miembros podemos encontrar a un par de “rockefellers”, a expresidentes como Kissinger y Romano Prodi, y a Mario Monti, actual primer ministro italiano. A las tres últimas reuniones han  asistido como invitados Zapatero cuando era presidente, Ana Botín, Dolores de Cospedal como Secretaria General del PP y Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta del gobierno. Es inevitable que el secretismo de sus encuentros, unido a la alta responsabilidad pasada o presente de sus miembros alimenten las teorías conspiranoicas. Los que niegan que existan aducen que el Club no tiene poder ejecutivo alguno, aunque es indudable que sus miembros sí la tienen en las instituciones que representan.

Será mejor empezar a montar el puzle pues esto va para largo. Si, paciente lector, consigues llegar hasta el final y el resultado te convence, serás tú quien decida si tal conspiración existe o si por el contrario todo es fruto de la casualidad.

Según el diario ABC los mercados mueven 3.450 billones de euros al año, cuando el PIB mundial está sólo en 45 billones. Esto supone 76 veces más de lo que genera la economía real. ¿Dónde está entonces el dinero restante? En ninguna parte, no está, aún. En esto se basa precisamente el sistema capitalista, en el préstamo, el crédito y la deuda. Ese dinero sólo existe como parte de un compromiso que sólo el tiempo convertirá en dinero real, contante y sonante. Son los plazos de devolución, que hasta ahora se adaptaban a las posibilidades de la economía real. Pero en la actualidad la diferencia es tan brutal, tan alejada de la realidad, que sólo es posible atribuirla a la especulación, porque ya no se trata de invertir, esperar, producir y ganar; no, ahora los “mercados”, el sistema financiero en general, ha eliminado los pasos intermedios y ya sólo se trata de invertir y ganar. Así, los mercados pueden “mover” cantidades astronómicas de este dinero “futurible” de un sitio a otro, provocando según le conviene pánicos o euforias, para, en cualquiera de los casos, ganar dinero en un corto periodo de tiempo. Todo lo que es posible comprar y vender, y para el capitalismo no hay nada con lo que no se pueda hacer negocio, se compra y se vende en la bolsas de Nueva York, Chicago, Londres, París, Amsterdam, o Frankfurt. Las entidades financieras más importantes que se dedican a la especulación son Goldman Sachs (GS), BlackRock, JP Morgan, Barclays, Pimco y Lehman Brothers antes de su caída, en Estados Unidos; y Credit Suisse, Deutsche Banck, HSBC y Rabobank en Europa. Estas entidades se dedican a la compraventa de divisas, acciones, deuda pública, productos derivados (como la famosa prima de riesgo), y materias primas energéticas o alimentarias. Aunque todas ellas pueden especular mediante las “operaciones en corto”, para este tipo concreto de especulación están los hedge funds o fondos de cobertura. Los más importantes son SAC Capital Advisors y Paulson & Co. Estas operaciones se basan en el miedo a perder dinero. Toman prestado grandes cantidades de activos de otros fondos o bancos, con una garantía de devolución, y se dedican a venderlos provocando su caída en la bolsa y arrastrando en su venta a otros inversores. Más tarde, horas, días, vuelven a comprar los mismos activos para devolvérselos a sus dueños. Como vendieron caro y recompraron barato, el beneficio se obtiene de la diferencia, a la que hay que restar también la garantía o el interés del préstamo. Lo hizo el magnate George Soros, antes presidente de Soros Fund Management y ahora reconvertido en escritor y analista económico, cuando provocó la depreciación de la libra vendiendo 10.000 millones que previamente había pedido prestadas, comprando marcos alemanes. El Banco de Inglaterra no pudo contener la caída de su moneda; Soros con sus marcos compró las libras depreciadas y en la diferencia, y al cambio, ganó 1.000 millones de dólares en un solo día, fue el 16 de septiembre de 1992.

El caso de Soros puede servir para explicar otra pieza importante dentro del sistema. Hace falta una institución, un Estado, que facilite el flujo de dinero hacia los especuladores, y que garantice que este dinero futuro se convierta en dinero real con posibilidades reales de cobrarlo. En caso necesario, además, estas mismas instituciones desviarán las posibles pérdidas de la especulación financiera hacia la economía real. Entre los años 80 y 90 no sólo se eliminaron todo tipo de barreras a la especulación financiera, sino que se permitió la fusión de la banca tradicional, especializada en depósitos y préstamos, con la banca de inversión. En cualquiera de los casos la coartada está servida. Con la excusa de que no se pueden dejar caer a los bancos, las pérdidas de sus apuestas especulativas repercuten directamente en los ahorradores y en el Estado. Las “reformas estructurales” emprendidas entonces no tienen otro objeto que reorientar la economía real desde las actividades productivas a la satisfacción de los intereses del capital financiero internacional.

Ahora bien, nada de todo esto es posible sin personas de carne y hueso que vigilen y mantengan limpias y expeditas las vías de unión entre la especulación financiera y la economía real. El vestíbulo que une ambas actividades se llama Estado, y el mecanismo que permite pasar de una a otra se conoce como “puertas giratorias”. En Estados Unidos sobresalen dos nombres. Uno es Robert Rubin. Entre el 90 y el 92 fue ejecutivo de Goldman Sachs, Secretario del Tesoro en los dos mandatos de Clinton, del 93 al 99. En este último año, Citibank, un banco tradicional, quiso fusionarse con Travelers Group, un banco de inversión. Rubin derogó la ley que lo impedía y la fusión se produjo, el resultado fue Citigroup. Cuando Clinton fue desalojado de la Casa Blanca Rubin ingresó en el nuevo grupo financiero; desde 2007 es su presidente. El otro nombre es Henry Poulson: en Goldman Sachs desde 1974, socio desde el 82, su presidente entre 1994 y 1998. En 2006 George W. Bush le nombra Secretario del Tesoro, cargo en el que se mantiene hasta 2009. En su mandato estalla la crisis de las hipotecas basura. Deja caer a Lehman Brothers, donde trabajaba nuestro ilustre ministro de Economía Luis de Guindos, y aprueba un plan de rescate de la banca de 700.000 millones de dólares para comprar “activos tóxicos”, aunque posteriormente decidió que el estado invirtiera directamente en las entidades más “contaminadas”.

Goldman Sachs es, por tanto, el eje que hace girar las puertas. Hasta el dimitido director del departamento para Europa del FMI, Antonio Borges, fue vicepresidente de Goldman Sachs entre el año 2000 y el 2008, la etapa del fraude de las cuentas públicas griegas, fraude que ha estado en el centro de la actual crisis de la deuda soberana y en la que Goldman Sachs fue un destacado protagonista, y es que su influencia llega hasta Europa y sus instituciones. Como es bien sabido, Grecia no cumplía los requisitos de Maastricht para entrar en el Euro, por lo que contrató a Goldman Sachs para ocultar parte de su deuda pública, y así ajustarla al 60% exigido cuando en realidad ascendía al 103% de su PIB. Lo estuvo haciendo hasta 2009 con la connivencia de las propias instituciones europeas. Mario Draghi, antiguo ejecutivo del Banco Mundial, y presidente del BCE desde noviembre de 2011, fue Vicepresidente para Europa de Goldman Sachs entre 2002 y 2006. Otmar Issing, saltó del Bundesbank a la directiva del BCE desde 1998 hasta 2006. Desde 2007 es asesor de Goldman Sachs. Mario Monti, el actual primer ministro impuesto por los mercados en Italia, fue comisario del Mercado Interior entre 1994 y 1999, desde este año Comisario Europeo de la Competencia hasta 2004, y desde 2005 asesor de Goldman Sachs. Hay otros dos nombres de este periodo que merecen destacarse. Uno es el griego Petros Christodoulou, otro banquero formado en Goldman Sachs, que en 2006 era el responsable de Mercados y Banca Privada del Banco Nacional de Grecia, la entidad que ejecutó el fraude contable. Desde 2009 está al frente de la Agencia de Deuda Pública de Grecia; y Huw Pill, economista jefe para Europa de Goldman Sachs desde 2011, trabajó previamente en el Banco Central Europeo, en la sección de política monetaria.

George Soros confesaba en una reciente entrevista a El País (2/9/2012) que, al destaparse el fraude griego en 2009, los mercados se dieron cuenta de que “podían hacer quebrar a los países, a no ser que las autoridades los protejan”, y evidentemente, a ello se pusieron: “los mercados financieros han podido forzar la quiebra de algunos países del euro”, confirma. Y lo han hecho aprovechando las fisuras de la moneda única (los estados se han endeudado en una moneda que no controlan) y la inactividad del BCE. Pretenden forzar su intervención para que sea él quien garantice el pago de la deuda contraída. Por eso la prima de riesgo baja cuando anuncia su intervención en el mercado secundario de deuda. Pero, mientras el euro se restaura, y todo el tiempo que tarde en hacerlo, los mercados hacen negocio: “los mercados financieros no se van a quedar esperando, van a presionar la prima de riesgo y a provocar la crisis del euro, ya lo están logrando”. Otra vez, la dichosa prima de riesgo. Ya todo el mundo sabe que es la diferencia que se paga por el interés del bono alemán a 10 años y el interés que tienen que pagar el resto de los países por el mismo bono. Lo que quizá no sepa todo el mundo es que la prima de riesgo es otro “derivado financiero”, es un Seguro de Riesgo de Crédito, que se compra y se vende, y es por tanto susceptible de especulación. Los inversores en deuda pública contratan seguros para protegerse de posibles impagos. Cualquier entidad financiera puede vender protección, pues sólo asumiría el coste de la operación si el impago se produce. Al mismo tiempo, la ley permite que en este mercado de derivados de crédito intervengan otras entidades, otros agentes que compran protección cuando en realidad no tienen de qué protegerse. Estos inversores buscan aumentar la percepción de que el riesgo de impago es real para que aumenten las primas y así poder vender la protección comprada a precios más altos. ¿Quién se encarga de aumentar o disminuir la percepción de riesgo de impago en el mercado financiero? Eso es, las agencias de calificación. Las tres agencias americanas Standard & Poor's, Fitch y Moody's controlan el 90% del negocio de la calificación. Es evidente que bajando la nota de calificación a la deuda de un país aumenta la percepción del riesgo de impago, con lo que la prima de riesgo se dispara y activa el mercado de compraventa de sus derivados de crédito. Un artículo de La Vanguardia (17/1/2012) desvelaba el cuadro accionarial de las tres agencias. Cuando las piezas de este puzle empiezan a encajar caben ya muy pocas sorpresas. S&P es propiedad de McGraw Hill y sus accionistas mayoritarios son las financieras Capital Group, State Street y BlackRock. Estas tres son a su vez los accionistas mayoritarios de Moody’s. Los propietarios de Fitch son la financiera francesa Fimalac y la editora Hearst Corporation. Sólo por ir aclarando, quizá convendría saber que Capital Group es el principal accionista del Banco Santander y del BBVA, y que posee acciones de las cadenas de televisión Cuatro y Tele5. BlackRock posee también acciones de estas cadenas. De manera que haciendo el juego a los mercados, se ha instalado en las instituciones y en los medios de comunicación una obsesión por la evolución de la prima de riesgo cuando en realidad se trata de un producto sujeto a especulación, que nada tiene que ver con el estado o la evolución de la economía real de un país. Es más, en este juego perverso, los recortes que imponen a los países la especulación financiera para garantizar el pago de la deuda aumenta la recesión económica, y ésta misma se toma como causa de una nueva rebaja en la calificación de la deuda, que a su vez hará aumentar la “sensación de impago”, subirá de nuevo la prima de riesgo, y ésta se volverá a tomar como causa para demandar nuevos recortes…y vuelta a empezar. Por eso Manuel Lago, economista de Nueva Tribuna (19/5/2012), critica que la prima de riesgo se haya tomado como indicador principal de la marcha de la economía española y que esté en el centro de las decisiones que el gobierno toma en materia económica. Lago no tiene duda de que la inhibición del BCE permite este perverso juego especulativo con la deuda de los países periféricos de la Unión Europea y le permite a Alemania imponer su política de austeridad a toda Europa.

Y este es el mensaje repetido una y mil veces por los portavoces del neoliberalismo en todos los medios de comunicación. Los especuladores, los que ganan miles de millones y viven como verdaderos marajás vienen a decirnos que las personas de este mundo, las que dependemos de la economía y del trabajo real, teníamos un Estado del Bienestar, un sistema de protección social que no podíamos permitirnos, y que no nos lo merecemos porque hemos abusado, porque hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. Por ejemplo, Otmar Issing, asesor de Goldman Sachs, afirma que las “transferencias financieras de los países disciplinados a los que no lo son crean tensiones políticas que amenazan el futuro de la Unión Europea. Un modelo en el cual los países viven y gastan más allá de sus posibilidades es insostenible y está condenado al fracaso” (El País, 23/1/2011). Peter Sutherland, también en un artículo publicado en El País (31/5/2012) aseguraba que “cada vez se es más consciente de que incrementar la deuda para financiar un gasto público improductivo es un callejón sin salida que perjudica el crecimiento sostenible”. El que sigue siendo presidente de GS Internacional defiende en el artículo la resistencia de Angela Merkel y de sus electores “a apoyar con dinero a otros Estados miembros que, hasta cierto punto, son responsables de sus propias desgracias”. Para terminar, de momento, este pequeño muestrario de declaraciones, el magnate y antiguo especulador George Soros, dijo en la entrevista a El País antes mencionada que “Europa tiene un problema específico derivado de la construcción del euro. Así que la política hoy día va a tener que distinguir entre los estímulos que eventualmente se pueden rentabilizar (…) o un Estado del Bienestar que no se puede mantener especialmente en Europa”.

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Ahora tendría que descender a las piezas nacionales del puzle de la especulación financiera para hablar de nuestras propias puertas giratorias (Más de 50 ex altos cargos políticos figuran como administradores de la empresas del Ibex, El País, 2/9/2012) y de la alianza entre el sector financiero y los partidos políticos (financiación ilegal, donaciones a sus respectivas fundaciones, condonación de la deuda de los partidos por determinados bancos….) pero me temo que este post ya es demasiado largo. De manera que vamos a completarlo con una referencia al “cuarto poder”, que también ha caído en manos de los especuladores. El papel de los medios de comunicación en esta crisis es indudable, y consiste básicamente en la difusión del pensamiento económico neoliberal, sin que asome apenas crítica o análisis; y, por otro, facilitar el sometimiento de la población a dichas consignas creando alarma con un bombardeo constante de noticias económicas, datos y cifras de evolución de los mercados que en realidad no cuentan nada. Consiste pues en crear desinterés recurriendo a la saturación, mientras que, por otro lado, se oculta información que sí podría resultar relevante. El caso de El País me parece especialmente ilustrativo. Porque es el diario de mayor tirada nacional y porque se le supone cierto sesgo ideológico progresista. Pero en los temas económicos poco se diferencia de los medios conservadores. Por ejemplo, el pasado 30 de agosto publicaba la noticia de que Andalucía se veía obligada a pedir el rescate al gobierno por el cierre del crédito bancario. Y decía: Las entidades financieras consultadas por EL PAÍS coinciden en que su interés no es “cerrar el grifo a las comunidades para que tengan dificultades”, pero admiten que… “es más lógico que prefiramos prestar al FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), que tiene garantía del Estado, en lugar de a una autonomía, cuya solvencia puede ser más baja”, explican estas fuentes. Tal cual. En estos días en que a los españoles se nos pide responsabilidad nacional y patriotismo, ¿no es relevante saber el nombre de esos bancos españoles que prefieren hacer negocio con un Estado en recesión, a sabiendas de que tendrá contrapartidas en forma de recortes para la población, antes que prestar a las comunidades? En el artículo de Peter Sutherland que hemos citado más arriba se ponía al pie del mismo una breve nota sobre el autor consignando, entre otros cargos, que es miembro del Instituto Nicolás Berggruen. Lo que se oculta es que, como veremos ahora, Nicolás Berggruen es el presidente del grupo de inversión Liberty, propietario de El País y, sobre todo, que Peter Sutherland es el presidente de Goldman Sachs Internacional, y que forma parte también de la presidencia del Club Bildelberg, junto al propio Juan Luís Cebrián. 

Y es que basta echar un vistazo al accionariado de El País para terminar de colocar la última pieza del puzle. Para el 2010 el diario había acumulado una deuda de más de 4.600 millones de euros. El grupo Prisa, de la familia Polanco y propietaria del periódico, decidió vender el 57% del grupo a Liberty Acquisitions Holdings Corp. Un fondo de inversión presidido por Nicolás Berggruen. En la cuenta de inversores de Liberty están Goldman Sachs, el Deutsche Bank, Citigroup y Credit Suisse. Entre los cuatro acumulan el 12% de Liberty. Por otro lado, en junio de 2012 Prisa llegó a acuerdos con algunos de sus acreedores para convertir su deuda en acciones, así que son también copropietarios del diario La Caixa, HSBC, y el Banco Santander. Recordemos que la financiera Capital Group es la principal accionista del Santander y accionista mayoritario de las agencias de calificación Standard & Poor's y Moody's.

Parece que con esto ya está todo dicho, pero no me resisto a citar al propio Juan Luís Cebrián, presidente de El País, en un artículo publicado el 17 de junio de este año, y que parece sacado por entero de la oficina de la Moncloa o de los despachos de Goldman Sachs. Afirma, por ejemplo, que la austeridad que padecemos “no es consecuencia de un mandato foráneo, sino respuesta obligada a un déficit fiscal originado por nuestros propios errores y por no pocos abusos”, defiende la austeridad general como “la única manera de garantizar el funcionamiento de la economía”, la conversión del BCE en “un prestamista de último recurso que dé confianza y credibilidad a los mercados” y alaba “la reforma de la Constitución para garantizar la estabilidad presupuestaria”. Cebrián cree que todo el mundo, partidos políticos y sindicatos, debe colaborar en aprobar y aceptar los recortes porque “no nos hallamos ante una discusión ideológica, sino ante un problema de caja”. Y ya, como conclusión, la guinda: “Pues el crecimiento”, afirma, “consiste en ofrecer riqueza a los mercados”.

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Fin del puzle. ¿Conspiración, sistema perfectamente orquestado y engrasado, o pura coincidencia? Tú decides. Sea como sea, una cosa parece clara, estamos vendidos, literalmente.

Muros de tela

Sí, estamos en crisis. Y la crisis se ha llevado por delante nuestro dinero y nuestros derechos. Y quizá algo más. Tendremos que valorar qué más se ha llevado, en qué proporción, y cuánto estamos dispuestos a pelear para detener esa sangría, de la misma manera que lo estamos para detener el robo de nuestros ahorros y de nuestros derechos. Porque las crisis como esta son capaces de sacar de nosotros lo mejor y lo peor, y en estos últimos meses se ha resucitado una polémica que parecía resuelta y olvidada. La INMIGRACIÓN, así, con mayúsculas, asunto polémico donde los haya por la utilización partidaria e interesada del fenómeno, usado con frecuencia para despertar fantasmas de todo tipo (económicos, culturales, identitarios, etc.), al mismo tiempo que se señala a un potencial adversario con el que supuestamente hemos de luchar para salvaguardar nuestro propio bienestar. Sin embargo para tener una opinión ecuánime y justa sobre este asunto hay que imaginarse un escenario económico favorable, olvidar la crisis actual y retroceder unos cuantos años, exactamente hasta el año 2000. El futuro era, en aquellos años, tan incierto como ahora, pero se sabía que los problemas a los que el mundo se enfrentaba no tenían nada que ver con guerras, ni con armas de destrucción masiva ni nada relacionado con la política. Tampoco la economía parecía en aquellos años que fuera a traer los problemas que ahora padecemos. En el año 2000 los problemas del futuro eran demográficos. El mundo que conocíamos se iría al garete por los grandes desequilibrios demográficos inherentes a los distintos grados de desarrollo económico del planeta. En realidad, como veremos, esa bomba de relojería sigue activa, pero con un tic-tac tan lento que no le interesa a los políticos abordarlo con decisión. Lo que sigue, son las cifras del horror, de ese tic-tac lento, pero seguro hacia el desastre.

En marzo de 2000, Joseph Chamie, director de la División de Población de la ONU, presentó un informe titulado Migraciones de sustitución: una solución para países con población en declive. Basándose en los datos demográficos de esos años, el informe hacía una extrapolación de los mismos para el 2050, y concluía que el Viejo Continente sería para entonces mucho más viejo. A mitad de camino, en 2025, Europa perdería 35 millones de habitantes, y España, al final del periodo, en 2050, habría perdido más de 9 millones. Todo ello como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y del descenso del índice de fertilidad. España sería el país más viejo del mundo, sustituyendo a Japón, con una media de edad de 54,3 años, 16 más que la media mundial. El número de hijos por mujer fértil en el año 2000 en España era el más bajo del mundo, sólo un 1,07, cuando la tasa de renovación generacional está en 2,1. Con estas perspectivas, el modelo económico y social de Europa en general y de España en particular resultaba insostenible. Así, si la proporción activo/inactivo (jubilado) en el año 2000 era de 4 a 1, en el 2050 sería de 2 a 1, y en España aún más baja, de 1,4 activos por 1 inactivo.

Joseph Grinblat, jefe de estudios de Mortandad e Inmigración de la División de Población, y uno de los redactores del informe, aseguraba que los gobiernos debían tomarse en serio estos datos y adoptar medidas impopulares si querían conservar la fuerza de trabajo, como retrasar la edad de jubilación, disminuir las pensiones y aumentar las cotizaciones sociales. Claro que, cabía otra posibilidad, importar mano de obra de otros países. Para España el informe recomendaba 12 millones de inmigrantes, unos 240 mil al año. Pero, “asimilar tal cantidad de inmigrantes es políticamente arriesgado y socialmente inaceptable”, según Grinblat, por eso, cuestiones como el racismo o la identidad nacional debían abordarse con estas nuevas perspectivas. Interesante. La inmigración se presentaba entonces como la solución a nuestro problema, y el racismo como el verdadero problema, surgido como reacción y oposición a la llegada de extranjeros.

Han pasado doce años desde la publicación de aquel informe. ¿Ha cambiado algo? Básicamente, no. A pesar de los márgenes de error que toda previsión comporta, el informe de la ONU tampoco había tenido en cuenta los efectos de los flujos migratorios, sujetos a variables coyunturales difíciles de concretar en magnitudes estables y constantes. Y esto es precisamente lo que ha pretendido hacer el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Proyección de la Población de España a Largo Plazo, 2009-2049, publicado en enero de 2010. Es interesante señalar que la simulación habla de “población residente” en España, no de población “española” y que se ha elaborado en base a un flujo inmigratorio anual constante de 400.000 personas desde 2019. Mucho tienen que cambiar las cosas para que la sociedad española acepte a casi medio millón de inmigrantes al año, aún así, los resultados son tan alarmantes como el informe de la ONU del 2000. El grupo de edad de los 64 años se duplica y pasa a representar el 32% del total. La esperanza de vida aumenta en 6,5 años para los hombres y 5,8 para las mujeres, quedando en 84,3 y 89,9 respectivamente. La tasa de dependencia (menor de 16 y mayores de 64) subiría del 47,8 actual al 89,6%, de manera que por cada 10 personas que “residen” en España en edad de trabajar habría 9 personas inactivas. El crecimiento natural de la población se haría negativo desde 2020, de manera que hasta el final de la previsión la población sólo habría aumentado en 2,1 millones. Todo esto a pesar de que el informe prevé un incremento progresivo de la tasa de fecundidad, hasta 1,71, gracias a la inmigración, puesto que aporta mujeres en edad reproductiva que tienen los hijos a una edad más temprana que las españolas.

Para el conjunto de Europa las tendencias también se mantienen. En la actualidad la tasa de fecundidad de los 27 países se mantiene por debajo de la tasa de renovación generacional, y 14 la tienen por debajo de 1,5 hijos por mujer. Uno de cada cinco nacimientos de la Unión es de madre extranjera. Y el número de personas mayores de 60 años crece a un ritmo de 2 millones al año. La tasa de dependencia aumenta progresivamente, siendo en la actualidad del 26%. Así, en 2008, por cada ciudadano europeo mayor de 65 años había 4 en edad de trabajar, pero según las previsiones de la Comisión Europea, en 2060 la proporción será de 2 trabajadores por 1 jubilado. Márgenes de error aparte, estas son las cifras del tic-tac de nuestra bomba demográfica.

Ahora hay que echar un vistazo a eso que hemos llamado “fenómeno” de la inmigración. Los movimientos migratorios han existido siempre, y seguirán existiendo siempre que haya desequilibrios y desigualdades entre unas regiones y otras. Cuando se toma conciencia de esta desigualdad, y siempre que haya esperanza de encontrar mejores condiciones de vida, las personas viajarán en su busca, esperando también retrasar su propio tic-tac, pues la suerte o la mala suerte de nacer en unas zonas y no en otras puede suponer una esperanza de vida de hasta 20 y 30 años menos. Los países desarrollados no pueden detener la inmigración, no pueden evitarla ni resolverla. Sería tanto como decir que van a acabar con el hambre y la miseria en el mundo, o que se acabarán las guerras. No, los países desarrollados sólo pueden intentar encauzar la inmigración, controlarla y aprovecharla. Y eso pretenden, con poco éxito, las leyes de extranjería de Europa y de España. Estas leyes intentan resolver al menos tres problemas. Qué barreras, físicas y administrativas, imponer en sus fronteras para controlar y cuantificar la llegada de inmigrantes, qué derechos conceder a los extranjeros mientras se les sigue considerando como tales, y de qué manera promover la integración de los inmigrantes y la convivencia con los nativos evitando el rechazo y la xenofobia, porque, no debemos olvidarlo, este es el verdadero problema, el que de verdad habría que resolver. Hay que decir también que la imposibilidad real para hallar una solución al primer problema complica enormemente el segundo. Porque es la propia ley quien decide a quien admite y a quien no, es decir, a quien da papeles y a quien no se los da, aunque el inmigrante esté ya residiendo dentro de sus fronteras. La fábrica que produce “inmigrantes regularizados” es la misma que produce “inmigrantes irregulares”.

En España está en vigor la Ley de Extranjería aprobada en el año 2000 y modificada en el 2003 y en el 2009. La ley, para controlar el flujo de inmigrantes, estableció el sistema de cupos o contingentes, que fijaría el gobierno cada año después de oír las demandas de empleo de los empresarios, hasta una máximo de 30 mil al año, entre contratos para empleos temporales y empleos estables. La cantidad está muy por debajo de las recomendaciones de la ONU, y mucho más lejos aún de las proyecciones de INE para compensar el envejecimiento y la pérdida de población en España. El sistema de contingentes no sólo se mostró incapaz de controlar la llegada de inmigrantes sino que agravaba enormemente el problema de la “irregularidad”, primero, porque no se ajustaba a las demandas reales de la economía española de esos años de burbuja y fiebre constructora, y, segundo, porque los empresarios no utilizaban el sistema de los contingentes que les obligaba a contratar en los países de origen, y siempre para aquellas actividades para las que no existiera demanda en el mercado laboral español, es decir, que hubiera españoles en paro para las ocupaciones demandadas por los empresarios. Pero la realidad, como siempre, ha hecho añicos las formalidades de la ley. Si vamos al inicio del periodo, en el año 2000 España tenía un 9,56% de paro, pero ese mismo año quedaron vacantes 100 mil puestos de trabajo en los sectores en los que había más de 200 mil personas en paro (construcción, servicios y agricultura). Es evidente que los españoles rechazaban esos puestos de trabajo porque tenían, teníamos, quizá hay que seguir hablando en pasado, expectativas de empleo más altas que los inmigrantes. Pero es que la tendencia ha continuado desde entonces. Entre 2002 y 2008 sólo se formalizaron por la vía del contingente 96.604 contratos de trabajo estable a extranjeros. Y ha servido para cubrir lo que se llama “nichos laborales”, sectores de actividad que, pese a la tasa de desempleo existente, no son cubiertos en su totalidad por trabajadores españoles: construcción, hostelería, servicios domésticos y trabajos de temporada. Es evidente que la diferencia hasta cubrir la demanda real se ha realizado con contratos “irregulares” a inmigrantes “irregulares” que ya estaban en suelo español. Esta evidencia ha obligado a los distintos gobiernos, desde 1986 hasta 2005, a promover campañas de regularización basadas en el arraigo y la residencia, aflorando así gran parte de esa inmigración que las autoridades se negaban a reconocer. De manera que hoy, en 2012, hay 5.711.040 extranjeros según los registros del padrón, de los cuales, 3.270.198, el 57,3% del total, son extracomunitarios.

En cuanto a la concesión de derechos a los inmigrantes, las leyes han sido bastantes restrictivas, reacias a concederlos, y han hecho falta al menos tres sentencias del Tribunal Constitucional (en 1984, 1987 y 2007) para adaptarlas a la Constitución Española, a las directrices de la Unión Europea, y sobre todo a los convenios internacionales sobre Derechos Humanos. Aquí el problema es delimitar aquellos derechos que son esenciales para el mantenimiento de la dignidad humana de aquellos que no lo son. Así el TC hizo una partición tripartita de los derechos constitucionales distinguiendo los derechos de cualquier persona con independencia de su situación administrativa, de aquellos que requieren la plena regularización, y de aquéllos que sólo pueden disfrutar los españoles o nacionalizados. Las modificaciones se han introducido en la ley actualmente en vigor, aprobada en diciembre de 2009 y modificada a su vez por el decreto de abril de 2011. La sola enumeración de los derechos reconocidos a las personas sólo por serlo debería bastar para espantar muchos fantasmas, y disipar dudas y recelos. Porque no corresponde a ningún gobierno en particular decidir qué es o no es persona. Porque la condición de “ser humano” no depende de que tenga o deje de tener un papel. Y no corresponde a los Estados otorgar derechos, pues es un acto tan arrogante como quitarlos. A los gobiernos sólo les corresponde reconocerlos y protegerlos, y mucho más en aquellos Estados que viven en democracia y se muestran orgullosos de su Estado de Derecho. Así, según la ley actual, los derechos esenciales para salvaguardar la dignidad de las personas son la vida, la integridad física y moral, la intimidad personal y familiar, la libertad de conciencia, culto y religión, la asistencia sanitaria básica para todas las personas y plena para los inscritos en el padrón, la educación en todos los niveles (hasta los 16, un deber, desde los 16, un derecho), la libertad de circulación, de reunión, manifestación, huelga y asociación.

Así ha sido hasta ahora. Desde el 1 de septiembre entrará en vigor la reforma de la sanidad aprobada en abril de este año en el que se anula el artículo 12 de la Ley de Extranjería referido a la asistencia sanitaria a los extranjeros, dejando fuera del sistema a los inmigrantes irregulares. Su número varía según las fuentes. El País lo estima en 150 mil personas cruzando los datos del padrón y los de la Seguridad Social; El Mundo, los cruza con el balance oficial de permisos de residencia y da una cifra muy superior, de más de medio millón de personas. Pero, ante las protestas, el gobierno ha rectificado y ahora dice que recibirán asistencia sanitaria si pagan por ella: 710 euros al año los menores de 65 años, y 1.864 euros a partir de esa edad. Es incongruente e inmoral. Resulta que para el gobierno los inmigrantes irregulares no existen como personas, no tanto como para reconocerles sus derechos, pero sí para vendérselos. Me faltan los calificativos.

En cualquier caso, aprovechando el contexto de la crisis, como ya ha ocurrido en otras materias, el nuevo reglamento supone una vuelta atrás en materia de derechos y libertades, y vuelve a destapar la caja de Pandora de la inmigración que tan “buenos resultados” ha dado siempre desde posiciones políticas conservadoras. Lo que está pasando es, como suele decirse, de libro, y sorprende que una buena parte de la sociedad española haya caído en la trampa. Nos quieren convencer de que no hay dinero, de que los servicios públicos son insostenibles, por lo que tienen que quitárnoslos poco a poco y hacernos pagar por lo que ya pagamos con los impuestos, y ahora, para distraer nuestra atención y orientar nuestra posible rabia y frustración nos señalan un objetivo, el inmigrante, antes, en los años de bonanza un colaborador, y ahora, en los años de crisis, un potencial competidor. El gobierno ha lanzado al pueblo un solo hueso para alimentar el enfrentamiento mientras oculta la carne. Y el pueblo se ha lanzado a defenderlo rugiendo y mordiendo. Porque también a los españoles la reforma de la sanidad nos ha arrebatado la condición de ciudadanos y nos la han cambiado por la de asegurados y clientes. Pobres contra pobres. Unos pobres acusando a otros de su propia desgracia, porque la crisis nos ha afectado a todos por igual. Y así el inmigrante, que siempre ha trabajado en aquello que el español desechaba, ahora sobra,  y “no sabemos qué hacer con él”. Quizá por eso el nuevo reglamento de extranjería aprobado por el gobierno apuesta por “fomentar y garantizar la movilidad y el retorno voluntario de los inmigrantes”. Pero hay quien no quiere esperar al retorno voluntario y defiende la expulsión directa para los inmigrantes en paro. Este indicador de xenofobia ha crecido hasta situarse en el 43% en 2010 frente al 30% de 2009, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración

Parece que la crisis sí se nos está llevando algo más que dinero y derechos. Se está llevando los propios, y la capacidad de reconocer los ajenos. Además debe haberse llevado la capacidad de razonar y de mirar la realidad con sentido crítico. Pero incluso aunque así fuera, ¿qué pasa con nuestra memoria, no sólo de lo pasado, sino del futuro, porque España vuelve a ser un país de emigrantes? ¿Qué ha pasado con los sentimientos de compasión y solidaridad? Lo normal, cuando se ha sufrido o se teme sufrir, es compadecerse de los que sufren. “Porque no ignoro las desgracias, sé socorrer a los miserables”, escribía Virgilio en la Eneida. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. El Hombre es el mismo en todas partes, y, como afirmaba Rousseau, el pueblo es el que compone el género humano, y lo que no es pueblo es tan poca cosa que apenas merece la pena tenerlo en cuenta. Por eso hay que defender siempre los Derechos Humanos, incluso en épocas de crisis con más fuerza que en las épocas de bonanza. Porque la declaración de derechos es por reciprocidad una declaración de deberes, “pues cualquiera que sea mi derecho como hombre es también el derecho de otro, y yo paso a tener el deber de garantizar además del de poseer” (Thomas Paine). Por eso estoy firmemente convencido de que defendiendo la dignidad de los inmigrantes estoy defendiendo al mismo tiempo la mía.

Atraco a ley armada

Supongamos que un atracador nos sale al paso y nos encañona con su pistola. “La bolsa o la vida”. El atracador está un poco nervioso, sólo le vemos los ojos porque lleva un pañuelo puesto, a la antigua usanza, pero se le ve que quiere acabar pronto. Como somos unos imprudentes, en vez de obedecer, nos ponemos a pensar. “¿Por qué tengo que obedecerle? Porque lleva una pistola, y la pistola es poder, vale; pero ¿tiene derecho a robarme?, ¿estoy yo en la obligación de darle mi dinero? Claramente no, pues, “si hay que obedecer por fuerza, no hay que obedecer por deber”, de modo que en cuanto desaparezca la fuerza, desaparece la obligación de obedecer. De esa manera tan  ilustrativa pretendía Rousseau explicar a sus lectores que la fuerza no implica derecho, y que sólo se está obligado a obedecer a los poderes legítimos, esto es, delegados y consentidos. Así, por más que nos amenacen con una pistola, no estamos obligados a obedecer, pero, si un policía nacional uniformado nos pide amablemente el carnet de identidad sí lo estamos, porque reconocemos en él a la fuerza pública, legítima, porque forma parte del gobierno que ha sido elegido por todos los ciudadanos.

Bien, ahora, sigamos imaginando, quitémosle el pañuelo al ladrón, vistámosle con un traje elegante, y, por último, le quitamos también la pistola pero en su lugar ponemos una ley. Sigue siendo un ladrón, sigue siendo un atraco, pero el problema es que ahora la fuerza está camuflada por el poder coactivo de una ley que, en principio, nos obliga a vaciarnos los bolsillos. No es difícil imaginar a estas alturas por dónde va la argumentación, pero es necesario probar que esto es justo lo que está pasando desde septiembre de 2011. El gobierno, el anterior, este, los que vengan, han dejado de ser legítimos porque han usurpado la Soberanía Nacional, han traicionando el Pacto Social con la reforma del artículo 135 de la Constitución y, armados con la ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en abril de 2012, están perpetrando el mayor y más impune atraco al pueblo español de toda nuestra democracia. Aunque sus efectos los estamos viendo ahora. Cataluña no puede afrontar el pago de más de 400 millones de euros a escuelas, hospitales y centros asistenciales concertados porque el dinero disponible ha ido a pagar la deuda de los bancos, que es prioritaria; y Andalucía advierte que de seguir reduciendo el gasto público como se le exige por ley tendrá que cerrar 19 hospitales, o 2.000 colegios, o despedir a 60 mil empleados públicos. Pero, vayamos por partes.

Una Constitución no es otra cosa que la formulación explícita del Pacto Social. Porque ningún gobierno existe antes de ese pacto. Como afirma Thomas Paine, “la Constitución de un país no es el acto de su gobierno, sino del pueblo que constituye un gobierno”. Los gobiernos surgen siempre a partir del pueblo, al menos en democracia, en las dictaduras el gobierno se impone sobre el pueblo. Por eso tenemos que distinguir siempre entre poder constituyente y poder constituido. El pueblo encomienda la elaboración de una Constitución a una asamblea constituyente. Una vez formalizada, el pueblo la ratifica, o no, en referéndum, porque sólo bajo las condiciones por él aprobadas consiente en delegar su soberanía a un gobierno. La Constitución es así la expresión de la voluntad del pueblo. A continuación, la asamblea constituyente se disuelve para elegir ya al gobierno, o al partido que ha de formarlo; este es de desde ahora el poder constituido. Este es el procedimiento por el que se aprobó la Constitución del 78 y se eligió el primer gobierno de la democracia. En principio, el poder constituido, el gobierno, no tiene derecho a modificar unilateralmente las condiciones del contrato por las que fue elegido, a no ser, que la propia Constitución establezca los criterios para su modificación, como es nuestro caso. Amparándose en el Título X de la Constitución el PSOE emprendió la reforma del artículo 135 que fue aprobada en septiembre de 2011 sólo con sus votos y con los del PP, al margen del resto de partidos y despreciando al pueblo español. El apartado 1 del artículo reformado consagra el principio de “estabilidad presupuestaria” (déficit 0 a partir de 2020) para todas las administraciones públicas, y el apartado 3 dice que “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Está claro. Se antepone el pago de la deuda a los bancos antes que invertir o mejorar los servicios públicos. El gobierno cogió lápiz y papel, y la Banca dictó el texto. No obstante, el artículo 167.3 establece la posibilidad de someter cualquier reforma de la Constitución a referéndum siempre que lo proponga una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras. No pudo hacerse. La mayoría aplastante de PP-PSOE lo impedía. Y el artículo 168 obliga a la consulta popular siempre que se reforme total o parcialmente los artículos que afectan a los derechos fundamentales y a las libertades políticas. Aquí se encuentran, por ejemplo, el derecho a la igualdad de oportunidades (art. 23.2), y el derecho a la educación (art. 27). ¿Los recortes buscando el despiadado déficit 0 no están afectando a los derechos constitucionales de los españoles? Es cierto que no se ha modificado ni una sola letra de estos artículos. Pero también es cierto que la práctica los ha dejado en papel mojado. En cualquier caso, ¿hubiera aceptado el pueblo español introducir en la Constitución la prevalencia de los bancos sobre las personas?, ¿habría alguien tan estúpido como para encomendar a los futuros gobiernos el deber de desmantelar el Estado del Bienestar para entregar el dinero así ahorrado a los bancos? Si la respuesta, como es previsible, es no, está claro que desde esta reforma se ha usurpado la soberanía nacional, se ha roto el pacto social y se ha traicionado la voluntad popular para instaurar un gobierno sobre el pueblo y contra el pueblo.

Ya tenemos al ladrón. Ahora sólo hay que armarlo. La Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en el Congreso en abril de 2012 es el instrumento por el que se institucionaliza el expolio al pueblo español. La ley desarrolla y amplia el artículo 135 de la Constitución. Bástenos, entonces, un breve repaso por los puntos más importantes. El art.3.2 especifica que “se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural”. Es decir, el Estado entendido como negocio que sólo debe obtener beneficio, y las personas, debemos contribuir a este beneficio recortando nuestros derechos y las prestaciones que recibimos. El art.7.2 dice que “la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público”, dicho claramente, recortes, ajustes y privatizaciones para ahorrar, que es lo que importa. Y el Estado se entiende como intermediario para que los bancos hagan negocio porque, como establece el art.12.5, “los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto [vía impuestos] se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública”. El art.14, como ya establecía la Constitución, deja claro que “el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto". En los artículos, 11, 13, y en la Disposición Transitoria Primera, se establece como meta del déficit estructural el 0,4% del PIB nacional a conseguir en 2020, para lo cual hay que reducirlo a un ritmo aproximado del 0,8 al año, con revisiones parciales para ajustar objetivos en 2015 y 2018.

Es un auténtico atraco. Pero, además, la ley es un atentado a nuestra inteligencia, porque es de una hipocresía insultante. En el preámbulo que pretende justificar la ley se dice: “La estabilidad presupuestaria, consagrada constitucionalmente, es base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española, para garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria. La salvaguardia de la estabilidad presupuestaria es un instrumento indispensable para lograr este objetivo, tanto para garantizar la financiación adecuada del sector público y los servicios públicos de calidad sobre los que descansa el sistema de bienestar, como para ofrecer seguridad a los inversores respecto a la capacidad de la economía española para crecer y atender nuestros compromisos”. Pero, si hay que seguir recortando de aquí al 2020, y luego no hay que gastar un euro más de lo que se ingresa, y si todo lo que se ingresa de más es para los bancos, y si cuando hay ingresos hay que pagar primero las deudas, ¿cuándo se va a recuperar el Estado del Bienestar?, ¿cuándo vamos a tener, de nuevo, servicios públicos de calidad? ¿Cuándo vamos a tener con esta ley un futuro más próspero, justo y solidario? Nunca, mientras exista. Porque más bien consigue lo contrario. Robarnos el futuro, y hacer una sociedad más injusta e insolidaria. Los últimos desplantes de algunas comunidades al contable Montoro en el último Consejo de Política Fiscal, y los problemas de Cataluña y las advertencias de Andalucía son sólo una muestra de esa toma de conciencia del horizonte que nos espera. Los verdaderos objetivos de la ley son crear oportunidades a los emprendedores, al sector privado reduciendo el sector público; y ofrecer seguridad a los inversores, diciéndoles que, por ley, este gobierno, cualquiera, se va a ocupar antes de sus ganancias que sus ciudadanos.

En las manifestaciones suele gritarse una consigna: “Manos arriba. Esto es un atraco”. No sé si los manifestantes saben hasta qué punto están en lo cierto. Pero, eso es lo que diría el atracador. No debemos adoptar su punto de vista, sino el verdadero, el nuestro, el de los atracados, y pensar, como en el caso planteado por Rousseau: ¿Tenemos que obedecer, tiene derecho el gobierno a perpetrar este atraco? ¿Es legítimo el gobierno que ha roto el pacto social y se ha apropiado de la voluntad del pueblo alterando a su gusto nuestra Constitución y aprobado un ley a la medida del negocio bancario? ¿Tenemos la obligación de obedecer a un gobierno que actúa en realidad de intermediario del negocio de la especulación financiera? Así, quizá, cuando tengamos clara la respuesta, sepamos qué hacer. La fuerza, dice el divino Rousseau, hizo los primeros esclavos, su cobardía los ha perpetuado.