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sábado, 25 de mayo de 2013

Las cuatro plagas de África. Segunda Parte.


25 de mayo, día de África. Dos plagas más que unir a las plagas del pasado. Estas se refieren al presente y deberían presentar un futuro, pero el futuro de África está aún encadenado al pasado.

Tercera plaga: Neocolonialismo: En realidad, detrás de este término no se esconde un nuevo colonialismo, sino la perpetuación y prolongación de las viejas formas de explotación económica, aunque, a diferencia de la de antaño, esta explotación no viene impuesta por una situación de dominio político efectivo, sino por la dependencia económica heredada. Cuando las colonias africanas alcanzaron su independencia entre los años 60 y 70 ya se encontraban en la periferia del sistema económico mundial. Y sus economías tenían ya asignado un papel de mero complemento de la economía de los países ricos. De manera que, lo que antes denominábamos, Metrópolis y Colonias, hoy llamamos Centro y Periferia, pero, pocas cosas más han cambiado.

Con la independencia llegó la necesidad de acudir a la financiación exterior para impulsar el desarrollo. Es evidente que la herencia colonial, que había impedido el desarrollo industrial propio e impuesto la exportación de productos y materias primas de escaso valor añadido en un mercado desigual controlado por las grandes multinacionales, empujaba a África a los mismos brazos de aquellos de los que se acababa de liberar. El petróleo crudo o el gas natural es el primer producto de exportación de 4 de los 5 países del Magreb, y de 8 países subsaharianos. Para el resto, los principales productos de exportación son: café, cacao, algodón, tabaco, té, aluminio, uranio, oro y diamantes. (Banco Mundial, 2009). La crisis del petróleo de los 70 tuvo para África, y en general para los países subdesarrollados, un doble efecto. Por un lado, al afectar la crisis a los países ricos del Centro disminuyeron sus importaciones de productos provenientes de África; y por otro, al aumentar el precio del petróleo los países no productores debían ampliar sus monocultivos de exportación para compensar las subidas. De modo que, en un proceso que nosotros, los europeos del sur, conocemos ya muy bien, los países en dificultades que debían acudir a la financiación exterior no la obtenían sino a cambio de unos intereses que hacían del pago de la deuda una empresa insostenible. La deuda africana pasó de 11 mil millones de dólares en los años 70 a 111,8 mil millones en los 80. Es entonces cuando, para terminar de cerrar el cerco sobre África, entran en escena el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional. Éstos aceptan financiar la deuda africana a cambio de la imposición de Planes de Ajuste Estructural, cuyas condiciones y resultados estamos también muy familiarizados los europeos del sur. Se exigen recortes en el gasto público, privatizar empresas públicas, liberalizar completamente el comercio, suprimir las ayudas a los agricultores, aumentar las exportaciones de materias primas y dar prioridad absoluta al pago de la deuda. El resultado ha sido un aumento de la pobreza, y de la deuda. En 1990 ya era de 177,1 mil millones de dólares, y en 2005 subió hasta los 215.607 millones, el equivalente a la mitad del PNB de toda la región. En 2008, la deuda africana estaba ya en 250.000 millones de dólares. Los planes de ajuste deprimen aún más sus economías, los intereses suben y necesitan endeudarse para pagar la deuda anterior. Desde los años 80 por cada dólar prestado África debía devolver 4 y aún dejaba a deber otros 4.

Presupuesto destinado a servicios sociales básicos
en algunos países africanos (1992-1997)
Esta deuda impide el desarrollo de África y la encadena para siempre al servicio de las economías occidentales. En 2004 en África se invertía 15 dólares para el pago de la deuda y menos de 5 en servicios básicos como educación o sanidad.

A estas transferencias “legales” de capital africano hacia los países ricos hay que sumar las transferencias ilegales, el fraude fiscal que cometen las multinacionales que operan en África. Según un informe de Global Financial Integrity, África ha perdido entre 1970 y 2008, 854 mil millones de dólares en impuestos impagados. Sólo entre 2000 y 2008, 437 mil millones. Como se ve, cantidad más que suficiente para pagar la deuda de toda África. Los métodos de evasión de impuestos los conocemos también muy bien, porque los favorece el mismo sistema económico que ha puesto el mundo a su servicio a través de la libertad de movimiento de capitales y de la existencia y protección de paraísos fiscales. Por ejemplo, la empresa que extrae el cobre de Zambia, Mopani Cooper Mine, vende el cobre a un precio por debajo del coste de extracción a otra empresa del grupo domiciliada en Suiza. Declara así menos ingresos en Zambia con lo que paga menos impuestos.

La liberalización del comercio impuesta a África está suponiendo una verdadera sentencia de muerte para los pequeños agricultores autóctonos porque sus productos quedan completamente desprotegidos frente a la competencia de los productos que llegan de Estados Unidos o de la Unión Europea, pues sus agricultores y sus productos sí reciben subvenciones para abaratar los costes y mejorar la exportación. En Kenia, la importación de productos europeos ha aumentado un 84%. La industria del tomate envasado de Ghana tampoco puede competir con los tomates subvencionados de Italia y España, e importa cada año unas 10.000 toneladas. La Unión Europea ha establecido desde el año 2000 Acuerdos de Asociación Económica con distintos países de África en los que, a cambio de ayuda económica para infraestructuras y otros sectores, se les exige reducir los aranceles a todos los productos europeos. Evidentemente, esto empuja al pequeño campesino a la ruina y a la emigración. El levantamiento de la protección arancelaria, puede suponer también para algunos países una merma considerable de sus ingresos. En Uganda, por ejemplo, los ingresos provenientes de las tasas aduaneras podían suponerle hasta el 50% de total.

La ruina de los pequeños agricultores autóctonos corre paralela a otro fenómeno: el acaparamiento de tierras por parte de multinacionales, y entidades financieras de los países desarrollados y de los emergentes para destinarlas al cultivo de biocombustibles. Según la FAO, sólo en Etiopía, Ghana, Madagascar, Malí y Sudán se ha cambiado el uso de 2,4 millones de ha. desde el 2004 para dedicarlas al cultivo de los biocombustibles; caña de azúcar, maíz o sorgo para la fabricación de etanol, o palma aceitera para la producción de biodiesel. Un informe del Banco Mundial de 2010 asegura que en ese año unos 42 millones de hectáreas de tierras en el mundo han estado bajo interés de los inversionistas, más del 75% (32 millones de hectáreas) se encontraban en África Subsahariana. Los principales inversionistas internacionales son los Estados del Golfo Pérsico, China y Corea del Sur entre lo emergentes; e Italia, Noruega, Alemania, Dinamarca, el Reino Unido, Francia y España entre lo europeos.

Ejemplos de acaparamiento de tierras
De esta manera, en los últimos 5 años la producción de cereales ha crecido un 8%, pero más del 80% de este aumento se ha destinado a la producción de biocombustibles. Además, desde la crisis financiera de 2008, en los Estados Unidos se permitió especular con las materias primas alimentarias, lo que ha supuesto un incremento espectacular de los precios. En 2011, el Parlamento Europeo responsabilizaba a la especulación del 50% de la subida en el precio de los alimentos. El precio de maíz aumentó un 74%, y el del arroz un 166%. Según el Manco Mundial, este aumento ha empujado a 70 millones de personas en todo el mundo a la extrema pobreza.

Las deudas, la pérdida de tierras, la huida de capitales, el encarecimiento de los alimentos, el intercambio desigual que deja indefensos los productos africanos frente a la competencia exterior, y el hecho de que los precios de los principales productos de exportación estén controlados por las multinacionales hacen de la pobreza de África un mal endémico e irresoluble que tiene su cara más perversa en la explotación infantil. Según el último informe de la OIT de 2010, el África subsahariana es la única región donde el trabajo infantil ha aumentado en los últimos años, pasando de 49,3 millones en 2004 a 58,2 millones en 2008, un incremento cercano al 30%. Seis de los diez países con más índice de trabajo infantil son africanos: Somalia, Sudán, República Democrática del Congo, Zimbabue, Burundi y Etiopia. En el Congo trabajan más de dos millones de menores en las minas de coltán, un  mineral imprescindible para la industria tecnológica de Occidente; en Kenia, en la temporada de la recogida del café hasta el 30% de los cosechadores tienen menos de 15 años; y en Costa de Marfil la mayor parte de la mano de obra que trabaja en las plantaciones de cacao son también niños. De Costa de Marfil es el 40 % del cacao que se consume en el mundo, aunque el mercado está dominado por empresas de Suiza, Alemania y Estados Unidos. En 2010 Miki Mistrati, director de cine danés, recorrió 17 plantaciones de cacao en Costa de Marfil y denunció en un documental titulado El lado oscuro del chocolate el sistemático secuestro de niños para emplearlos como mano de obra en jornadas de hasta 12 horas diarias. El dueño de la empresa SAF-Cacao, que suministra el cacao a Nestlé, Kraft Foods, ADM, Ferrero y Mars, al escuchar las acusaciones que se le hacían dijo: "¿Se imagina la catástrofe global que se produciría si la gente dejara de comprar nuestro cacao al saber del tráfico de niños? No jueguen con esas palabras, porque nos arruinan”. Desde luego, una buena muestra de cómo funciona el círculo vicioso de la pobreza, en donde, ni las víctimas tienen claro ya si la ruina la causan quienes denuncian los abusos o quienes los cometen.

Cuarta plaga: Olvido. En 1972 los países más ricos de la ONU se comprometieron a donar el 0,7% de su PIB como ayuda  al desarrollo. Han pasado más de 40 años y sólo 5 países en el mundo han llegado a ese 0,7%: Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Suecia y Noruega. En 2008 España llegó al 0,5%, pero en 2012 la ayuda ha caído al 0,15%. Estados Unidos y Japón nunca han superado el 0,2% de su PIB, y la ayuda de los 23 países que forman el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), en 2011, llegó de media al 0,31%. En total se destinaron unos 103.000 millones de euros de ayuda al desarrollo. Casi la cifra del rescate bancario español de 2012. Como, al parecer, resolver la pobreza en el mundo le parece a los países ricos una empresa demasiado ambiciosa, en septiembre del 2000 se celebró la Cumbre del Milenio en el que se fijaron metas más modestas que debían alcanzarse en 2015. La ONU publica cada año un informe en el que hace un seguimiento del grado de cumplimiento de estos objetivos, en los que, es verdad, se constatan algunos avances, pero no hay que olvidar que la erradicación de la pobreza no es una prioridad de los países ricos. En un informe publicado en 2006, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España denunciaba, por ejemplo, que en el año 2000, cada vaca de la Unión Europea recibió 760 euros en subsidios mientras cada persona en África subsahariana recibió poco más de 6 euros de la ayuda de la UE. Además, si mejorar la Salud básica y la nutrición en todo el mundo tiene un coste de 13.000 millones de dólares al año, Europa y Estados Unidos gastan 17.000 millones en comida para mascotas. Por último, el informe denunciaba cómo los 819.000.000 de euros anuales de subvención que reciben de la UE 6 refinadoras de azúcar permitían inundar de azúcar los mercados de los países pobres a precios muy bajos. Si las reglas del comercio mundial fueran más equitativas, en Mozambique y Zambia, el sector azucarero podría crear 30.000 nuevos puestos de trabajo.

Índice de Desarrollo Humano, 2011
Dicho de otra manera, la Ayuda al Desarrollo permite a los países ricos presentarse ante el mundo como preocupados por la pobreza y el hambre en el mundo mientras dejan intactas las causas que lo provocan, e incluso siguen aprobando reglas y políticas que refuerzan el control económico global, perpetuando la pobreza y haciendo completamente ineficaz cualquier tipo de ayuda. Incluso podría decirse más. La Ayuda al Desarrollo es un mecanismo más de neocolonialismo, aunque mucho más refinado y sutil. Por ejemplo, una parte importante de la Ayuda al Desarrollo está vinculada a los intereses económicos, estratégicos o políticos del país donante. Según un informe de la OCDE de 2007, casi la mitad de la ayuda se destinaba a países de renta media, y la otra mitad a los países más pobres. España dedica el 50,6% de la ayuda a países de renta media; entre sus beneficiarios, por ejemplo, figuran Turquía y China. Y la ayuda a África está también asociada a sus intereses comerciales. Un informe de Veterinarios Sin Fronteras denunciaba cómo se utilizaban estas ayudas para desarrollar el sector pesquero de algunos países del África Occidental, específicamente el Programa Nauta, por el que se financian proyectos de investigación marina, acuicultura, y pesca en países como Mauritania, Senegal o Mozambique, con los que España mantiene relaciones comerciales y de explotación de recursos pesqueros.

Por otro lado, una buena parte de la ayuda a los países subdesarrollados es ayuda ligada, es decir, condicionada a la compra de bienes y servicios del país donante, por lo que se utiliza como medio para resolver problemas de sobreproducción y para aumentar las propias exportaciones, sin tener en cuenta las necesidades del país receptor. Estos productos, importados a la fuerza, al ser más caros que los de origen local, encarecen la oferta de bienes y servicios en los países en desarrollo, y pueden ser responsables de hasta un 30% en la subida de precios (OCDE, 2001). En 2006, todavía el 42% de la ayuda al desarrollo prestada por los países del CAD era ayuda ligada. Uno de los ejemplos más escandalosos de cómo esta ayuda se utiliza en beneficio propio sin tener en cuenta las necesidades ajenas es la obligación de comprar material militar al país donante. España, por ejemplo, utilizó los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) para vender armamento y material militar a Mozambique, Uganda, Angola y Somalia entre 1980 y 1990 por valor de 61.677 millones de las antiguas pesetas. Todavía en 1992 se cargaron a los créditos FAD la venta de material militar a Angola por valor de 708 millones de pesetas. A partir de ese año España ingresó en el Comité de Ayuda al Desarrollo y renunció a utilizar los créditos FAD para la exportación de material militar, pero eso no ha eliminado la deuda contraída por esos créditos. En el caso de Somalia, la totalidad de la deuda que tenía con España en 2007, 22,63 millones de euros, provenía de dos créditos FAD otorgados al dictador Mohamed Siad Barre. Angola es el 6º país más endeudado con el Estado español, con un total de 333,84 millones de euros; 103,70 millones de euros corresponden a deuda FAD otorgados durante la primera fase (1975-1991) del conflicto armado en Angola entre la MPLA (Movimiento Popular para la Liberalización de Angola) y la UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola), vinculados a la compra de  instalaciones, vehículos y aviones militares, todos ellos exportados y construidos por empresas españolas. Como se ve, no tiene ningún sentido, al menos no si otorgamos sinceridad a la Ayuda al Desarrollo. En 2003 Etiopia, Uganda y Camerún pagaron a España 23,5 millones de euros en concepto de devolución de intereses por los créditos FAD, 6 veces más de lo que recibieron en donaciones, 3,6 millones (Intermón Oxfam, 2003). Pero sí tiene sentido si pensamos en la ayuda al desarrollo y en estos créditos en términos de neocolonialismo y de estricto beneficio económico para el país “donante”. Y aquí es donde los créditos CESCE encajan a la perfección. CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) es una Agencia de Crédito a la Exportación de carácter mixto, compuesta por un 50,25% de propiedad pública y un 49,75% de propiedad privada (con participaciones de bancos como el Banco Santander Central Hispano, o el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) que depende del Ministerio de Economía mediante la Secretaria de Estado de Comercio y Turismo. Esta compañía asegura las exportaciones e inversiones de una empresa española ante posibles impagos. El funcionamiento es sencillo. El empresario convence a un banco para que conceda créditos a empresas de países en vías de desarrollo para que puedan adquirir sus productos. El banco contrata un seguro con CESCE, y así, si el impago se produce, el banco cobrará la deuda a CESCE con lo que ni el empresario ni el banco arriesgan nada.  Y el país subdesarrollado deberá hacerse cargo de la deuda, que deberá pagar a CESCE. Según el Observatorio de la Deuda en la Globalización de Cataluña, junto a los créditos FAD, CESCE constituye el segundo mecanismo de  generación de deuda externa de los países empobrecidos con el Estado español. En 2009, CESCE era responsable de 40% de la Deuda externa que tienen estos países con España. De los 333,84 millones de euros de la deuda antes mencionada de Angola, 230,14 millones de euros es deuda CESCE.

De modo que, para el mundo rico, los beneficiados de la Globalización y de este nuevo colonialismo que pone al resto del mundo a sus pies no es una prioridad erradicar la pobreza. En 1994 James Tobin calculó que con sólo aplicar un impuesto del 0,5% a las transacciones financieras se habría obtenido ese año un billón y medio de dólares. Esa cantidad era más que suficiente para erradicar la pobreza en el mundo, dado que para reducirla a la mitad en 10 años sólo se necesitaban 135.000 millones de dólares anuales (el 0,5% del PIB de los países ricos en el 2005). Pero, hoy, casi a las puertas de 2015, la fotografía que obtenemos de África, el continente del reparto, es desoladora: África subsahariana es la región más pobre del planeta. Su esperanza media de vida es de 46,3 años, el índice de escolaridad del 44%, más de la mitad de sus población sobrevive con menos de 1 dólar al día, 24 países se enfrentan a emergencias alimentarias, según la FAO, el 33% de la población subsahariana está subalimentada y 239 millones de personas pasan hambre, el 58% no tiene acceso al agua potable; 2,3 millones de personas mueren al año de SIDA y unas 2.800 al día de malaria; las dictaduras y las guerras han provocado 20 millones de desplazados dentro de su propio país y 6 millones de refugiados que se hacinan en campamentos ubicados en países vecinos…

Pero no hay prisa. La crisis ha desplomado la Ayuda al Desarrollo hasta el 0,29% de media en los 23 países del CAD. Quizá haya que revisar los plazos que estimaba la ONU en 2005 para acabar completamente con la pobreza en el planeta dados los ritmos y los esfuerzos de entonces, cuando todavía éramos ricos y ninguna crisis nos servía de coartada para hacer menos: “Pasarán más de 130 años hasta que se haya eliminado el hambre en el mundo. Salvo que la situación mejore, el África subsahariana no conseguirá hasta 2129 lograr la educación primaria universal, hasta 2147 reducir la pobreza absoluta a la mitad y hasta 2165 reducir la mortalidad infantil en dos tercios".

Quizá nunca acabemos con la pobreza en el mundo, pero ya sabemos por qué no se acaba con la pobreza en el mundo. Pensar cada 25 de mayo en África puede ser una buena forma de no olvidarlo.

lunes, 20 de agosto de 2012

Muros de tela


Sí, estamos en crisis. Y la crisis se ha llevado por delante nuestro dinero y nuestros derechos. Y quizá algo más. Tendremos que valorar qué más se ha llevado, en qué proporción, y cuánto estamos dispuestos a pelear para detener esa sangría, de la misma manera que lo estamos para detener el robo de nuestros ahorros y de nuestros derechos. Porque las crisis como esta son capaces de sacar de nosotros lo mejor y lo peor, y en estos últimos meses se ha resucitado una polémica que parecía resuelta y olvidada. La INMIGRACIÓN, así, con mayúsculas, asunto polémico donde los haya por la utilización partidaria e interesada del fenómeno, usado con frecuencia para despertar fantasmas de todo tipo (económicos, culturales, identitarios, etc.), al mismo tiempo que se señala a un potencial adversario con el que supuestamente hemos de luchar para salvaguardar nuestro propio bienestar. Sin embargo para tener una opinión ecuánime y justa sobre este asunto hay que imaginarse un escenario económico favorable, olvidar la crisis actual y retroceder unos cuantos años, exactamente hasta el año 2000. El futuro era, en aquellos años, tan incierto como ahora, pero se sabía que los problemas a los que el mundo se enfrentaba no tenían nada que ver con guerras, ni con armas de destrucción masiva ni nada relacionado con la política. Tampoco la economía parecía en aquellos años que fuera a traer los problemas que ahora padecemos. En el año 2000 los problemas del futuro eran demográficos. El mundo que conocíamos se iría al garete por los grandes desequilibrios demográficos inherentes a los distintos grados de desarrollo económico del planeta. En realidad, como veremos, esa bomba de relojería sigue activa, pero con un tic-tac tan lento que no le interesa a los políticos abordarlo con decisión. Lo que sigue, son las cifras del horror, de ese tic-tac lento, pero seguro hacia el desastre.

En marzo de 2000, Joseph Chamie, director de la División de Población de la ONU, presentó un informe titulado Migraciones de sustitución: una solución para países con población en declive. Basándose en los datos demográficos de esos años, el informe hacía una extrapolación de los mismos para el 2050, y concluía que el Viejo Continente sería para entonces mucho más viejo. A mitad de camino, en 2025, Europa perdería 35 millones de habitantes, y España, al final del periodo, en 2050, habría perdido más de 9 millones. Todo ello como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y del descenso del índice de fertilidad. España sería el país más viejo del mundo, sustituyendo a Japón, con una media de edad de 54,3 años, 16 más que la media mundial. El número de hijos por mujer fértil en el año 2000 en España era el más bajo del mundo, sólo un 1,07, cuando la tasa de renovación generacional está en 2,1. Con estas perspectivas, el modelo económico y social de Europa en general y de España en particular resultaba insostenible. Así, si la proporción activo/inactivo (jubilado) en el año 2000 era de 4 a 1, en el 2050 sería de 2 a 1, y en España aún más baja, de 1,4 activos por 1 inactivo.

Joseph Grinblat, jefe de estudios de Mortandad e Inmigración de la División de Población, y uno de los redactores del informe, aseguraba que los gobiernos debían tomarse en serio estos datos y adoptar medidas impopulares si querían conservar la fuerza de trabajo, como retrasar la edad de jubilación, disminuir las pensiones y aumentar las cotizaciones sociales. Claro que, cabía otra posibilidad, importar mano de obra de otros países. Para España el informe recomendaba 12 millones de inmigrantes, unos 240 mil al año. Pero, “asimilar tal cantidad de inmigrantes es políticamente arriesgado y socialmente inaceptable”, según Grinblat, por eso, cuestiones como el racismo o la identidad nacional debían abordarse con estas nuevas perspectivas. Interesante. La inmigración se presentaba entonces como la solución a nuestro problema, y el racismo como el verdadero problema, surgido como reacción y oposición a la llegada de extranjeros.

Han pasado doce años desde la publicación de aquel informe. ¿Ha cambiado algo? Básicamente, no. A pesar de los márgenes de error que toda previsión comporta, el informe de la ONU tampoco había tenido en cuenta los efectos de los flujos migratorios, sujetos a variables coyunturales difíciles de concretar en magnitudes estables y constantes. Y esto es precisamente lo que ha pretendido hacer el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Proyección de la Población de España a Largo Plazo, 2009-2049, publicado en enero de 2010. Es interesante señalar que la simulación habla de “población residente” en España, no de población “española” y que se ha elaborado en base a un flujo inmigratorio anual constante de 400.000 personas desde 2019. Mucho tienen que cambiar las cosas para que la sociedad española acepte a casi medio millón de inmigrantes al año, aún así, los resultados son tan alarmantes como el informe de la ONU del 2000. El grupo de edad de los 64 años se duplica y pasa a representar el 32% del total. La esperanza de vida aumenta en 6,5 años para los hombres y 5,8 para las mujeres, quedando en 84,3 y 89,9 respectivamente. La tasa de dependencia (menor de 16 y mayores de 64) subiría del 47,8 actual al 89,6%, de manera que por cada 10 personas que “residen” en España en edad de trabajar habría 9 personas inactivas. El crecimiento natural de la población se haría negativo desde 2020, de manera que hasta el final de la previsión la población sólo habría aumentado en 2,1 millones. Todo esto a pesar de que el informe prevé un incremento progresivo de la tasa de fecundidad, hasta 1,71, gracias a la inmigración, puesto que aporta mujeres en edad reproductiva que tienen los hijos a una edad más temprana que las españolas.

Para el conjunto de Europa las tendencias también se mantienen. En la actualidad la tasa de fecundidad de los 27 países se mantiene por debajo de la tasa de renovación generacional, y 14 la tienen por debajo de 1,5 hijos por mujer. Uno de cada cinco nacimientos de la Unión es de madre extranjera. Y el número de personas mayores de 60 años crece a un ritmo de 2 millones al año. La tasa de dependencia aumenta progresivamente, siendo en la actualidad del 26%. Así, en 2008, por cada ciudadano europeo mayor de 65 años había 4 en edad de trabajar, pero según las previsiones de la Comisión Europea, en 2060 la proporción será de 2 trabajadores por 1 jubilado. Márgenes de error aparte, estas son las cifras del tic-tac de nuestra bomba demográfica.

Ahora hay que echar un vistazo a eso que hemos llamado “fenómeno” de la inmigración. Los movimientos migratorios han existido siempre, y seguirán existiendo siempre que haya desequilibrios y desigualdades entre unas regiones y otras. Cuando se toma conciencia de esta desigualdad, y siempre que haya esperanza de encontrar mejores condiciones de vida, las personas viajarán en su busca, esperando también retrasar su propio tic-tac, pues la suerte o la mala suerte de nacer en unas zonas y no en otras puede suponer una esperanza de vida de hasta 20 y 30 años menos. Los países desarrollados no pueden detener la inmigración, no pueden evitarla ni resolverla. Sería tanto como decir que van a acabar con el hambre y la miseria en el mundo, o que se acabarán las guerras. No, los países desarrollados sólo pueden intentar encauzar la inmigración, controlarla y aprovecharla. Y eso pretenden, con poco éxito, las leyes de extranjería de Europa y de España. Estas leyes intentan resolver al menos tres problemas. Qué barreras, físicas y administrativas, imponer en sus fronteras para controlar y cuantificar la llegada de inmigrantes, qué derechos conceder a los extranjeros mientras se les sigue considerando como tales, y de qué manera promover la integración de los inmigrantes y la convivencia con los nativos evitando el rechazo y la xenofobia, porque, no debemos olvidarlo, este es el verdadero problema, el que de verdad habría que resolver. Hay que decir también que la imposibilidad real para hallar una solución al primer problema complica enormemente el segundo. Porque es la propia ley quien decide a quien admite y a quien no, es decir, a quien da papeles y a quien no se los da, aunque el inmigrante esté ya residiendo dentro de sus fronteras. La fábrica que produce “inmigrantes regularizados” es la misma que produce “inmigrantes irregulares”.

En España está en vigor la Ley de Extranjería aprobada en el año 2000 y modificada en el 2003 y en el 2009. La ley, para controlar el flujo de inmigrantes, estableció el sistema de cupos o contingentes, que fijaría el gobierno cada año después de oír las demandas de empleo de los empresarios, hasta una máximo de 30 mil al año, entre contratos para empleos temporales y empleos estables. La cantidad está muy por debajo de las recomendaciones de la ONU, y mucho más lejos aún de las proyecciones de INE para compensar el envejecimiento y la pérdida de población en España. El sistema de contingentes no sólo se mostró incapaz de controlar la llegada de inmigrantes sino que agravaba enormemente el problema de la “irregularidad”, primero, porque no se ajustaba a las demandas reales de la economía española de esos años de burbuja y fiebre constructora, y, segundo, porque los empresarios no utilizaban el sistema de los contingentes que les obligaba a contratar en los países de origen, y siempre para aquellas actividades para las que no existiera demanda en el mercado laboral español, es decir, que hubiera españoles en paro para las ocupaciones demandadas por los empresarios. Pero la realidad, como siempre, ha hecho añicos las formalidades de la ley. Si vamos al inicio del periodo, en el año 2000 España tenía un 9,56% de paro, pero ese mismo año quedaron vacantes 100 mil puestos de trabajo en los sectores en los que había más de 200 mil personas en paro (construcción, servicios y agricultura). Es evidente que los españoles rechazaban esos puestos de trabajo porque tenían, teníamos, quizá hay que seguir hablando en pasado, expectativas de empleo más altas que los inmigrantes. Pero es que la tendencia ha continuado desde entonces. Entre 2002 y 2008 sólo se formalizaron por la vía del contingente 96.604 contratos de trabajo estable a extranjeros. Y ha servido para cubrir lo que se llama “nichos laborales”, sectores de actividad que, pese a la tasa de desempleo existente, no son cubiertos en su totalidad por trabajadores españoles: construcción, hostelería, servicios domésticos y trabajos de temporada. Es evidente que la diferencia hasta cubrir la demanda real se ha realizado con contratos “irregulares” a inmigrantes “irregulares” que ya estaban en suelo español. Esta evidencia ha obligado a los distintos gobiernos, desde 1986 hasta 2005, a promover campañas de regularización basadas en el arraigo y la residencia, aflorando así gran parte de esa inmigración que las autoridades se negaban a reconocer. De manera que hoy, en 2012, hay 5.711.040 extranjeros según los registros del padrón, de los cuales, 3.270.198, el 57,3% del total, son extracomunitarios.

En cuanto a la concesión de derechos a los inmigrantes, las leyes han sido bastantes restrictivas, reacias a concederlos, y han hecho falta al menos tres sentencias del Tribunal Constitucional (en 1984, 1987 y 2007) para adaptarlas a la Constitución Española, a las directrices de la Unión Europea, y sobre todo a los convenios internacionales sobre Derechos Humanos. Aquí el problema es delimitar aquellos derechos que son esenciales para el mantenimiento de la dignidad humana de aquellos que no lo son. Así el TC hizo una partición tripartita de los derechos constitucionales distinguiendo los derechos de cualquier persona con independencia de su situación administrativa, de aquellos que requieren la plena regularización, y de aquéllos que sólo pueden disfrutar los españoles o nacionalizados. Las modificaciones se han introducido en la ley actualmente en vigor, aprobada en diciembre de 2009 y modificada a su vez por el decreto de abril de 2011. La sola enumeración de los derechos reconocidos a las personas sólo por serlo debería bastar para espantar muchos fantasmas, y disipar dudas y recelos. Porque no corresponde a ningún gobierno en particular decidir qué es o no es persona. Porque la condición de “ser humano” no depende de que tenga o deje de tener un papel. Y no corresponde a los Estados otorgar derechos, pues es un acto tan arrogante como quitarlos. A los gobiernos sólo les corresponde reconocerlos y protegerlos, y mucho más en aquellos Estados que viven en democracia y se muestran orgullosos de su Estado de Derecho. Así, según la ley actual, los derechos esenciales para salvaguardar la dignidad de las personas son la vida, la integridad física y moral, la intimidad personal y familiar, la libertad de conciencia, culto y religión, la asistencia sanitaria básica para todas las personas y plena para los inscritos en el padrón, la educación en todos los niveles (hasta los 16, un deber, desde los 16, un derecho), la libertad de circulación, de reunión, manifestación, huelga y asociación.

Así ha sido hasta ahora. Desde el 1 de septiembre entrará en vigor la reforma de la sanidad aprobada en abril de este año en el que se anula el artículo 12 de la Ley de Extranjería referido a la asistencia sanitaria a los extranjeros, dejando fuera del sistema a los inmigrantes irregulares. Su número varía según las fuentes. El País lo estima en 150 mil personas cruzando los datos del padrón y los de la Seguridad Social; El Mundo, los cruza con el balance oficial de permisos de residencia y da una cifra muy superior, de más de medio millón de personas. Pero, ante las protestas, el gobierno ha rectificado y ahora dice que recibirán asistencia sanitaria si pagan por ella: 710 euros al año los menores de 65 años, y 1.864 euros a partir de esa edad. Es incongruente e inmoral. Resulta que para el gobierno los inmigrantes irregulares no existen como personas, no tanto como para reconocerles sus derechos, pero sí para vendérselos. Me faltan los calificativos.

En cualquier caso, aprovechando el contexto de la crisis, como ya ha ocurrido en otras materias, el nuevo reglamento supone una vuelta atrás en materia de derechos y libertades, y vuelve a destapar la caja de Pandora de la inmigración que tan “buenos resultados” ha dado siempre desde posiciones políticas conservadoras. Lo que está pasando es, como suele decirse, de libro, y sorprende que una buena parte de la sociedad española haya caído en la trampa. Nos quieren convencer de que no hay dinero, de que los servicios públicos son insostenibles, por lo que tienen que quitárnoslos poco a poco y hacernos pagar por lo que ya pagamos con los impuestos, y ahora, para distraer nuestra atención y orientar nuestra posible rabia y frustración nos señalan un objetivo, el inmigrante, antes, en los años de bonanza un colaborador, y ahora, en los años de crisis, un potencial competidor. El gobierno ha lanzado al pueblo un solo hueso para alimentar el enfrentamiento mientras oculta la carne. Y el pueblo se ha lanzado a defenderlo rugiendo y mordiendo. Porque también a los españoles la reforma de la sanidad nos ha arrebatado la condición de ciudadanos y nos la han cambiado por la de asegurados y clientes. Pobres contra pobres. Unos pobres acusando a otros de su propia desgracia, porque la crisis nos ha afectado a todos por igual. Y así el inmigrante, que siempre ha trabajado en aquello que el español desechaba, ahora sobra,  y “no sabemos qué hacer con él”. Quizá por eso el nuevo reglamento de extranjería aprobado por el gobierno apuesta por “fomentar y garantizar la movilidad y el retorno voluntario de los inmigrantes”. Pero hay quien no quiere esperar al retorno voluntario y defiende la expulsión directa para los inmigrantes en paro. Este indicador de xenofobia ha crecido hasta situarse en el 43% en 2010 frente al 30% de 2009, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración

Parece que la crisis sí se nos está llevando algo más que dinero y derechos. Se está llevando los propios, y la capacidad de reconocer los ajenos. Además debe haberse llevado la capacidad de razonar y de mirar la realidad con sentido crítico. Pero incluso aunque así fuera, ¿qué pasa con nuestra memoria, no sólo de lo pasado, sino del futuro, porque España vuelve a ser un país de emigrantes? ¿Qué ha pasado con los sentimientos de compasión y solidaridad? Lo normal, cuando se ha sufrido o se teme sufrir, es compadecerse de los que sufren. “Porque no ignoro las desgracias, sé socorrer a los miserables”, escribía Virgilio en la Eneida. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. El Hombre es el mismo en todas partes, y, como afirmaba Rousseau, el pueblo es el que compone el género humano, y lo que no es pueblo es tan poca cosa que apenas merece la pena tenerlo en cuenta. Por eso hay que defender siempre los Derechos Humanos, incluso en épocas de crisis con más fuerza que en las épocas de bonanza. Porque la declaración de derechos es por reciprocidad una declaración de deberes, “pues cualquiera que sea mi derecho como hombre es también el derecho de otro, y yo paso a tener el deber de garantizar además del de poseer” (Thomas Paine). Por eso estoy firmemente convencido de que defendiendo la dignidad de los inmigrantes estoy defendiendo al mismo tiempo la mía.