Naciones establo (I): El mercado nacional

Decía Milton Friedman que, “sobre inmigración, cuanto menos se diga, mejor”. No sé si es un buen o mal consejo, pero sí revela mucho temor, temor a poner de manifiesto las contradicciones y las paradojas del sistema capitalista, que muchos fundamentalistas del libre mercado defienden a capa y espada salvo cuando se trata de aplicar los mismos principios a la mano de obra.  Y es que, el recelo hacia el inmigrante vuelve a resurgir con fuerza en Europa a causa de la crisis, incluso hacia los propios “ciudadanos” europeos que, como tales, deberían moverse libremente por la Unión Europea. A menudo el recelo hacia el inmigrante se esconde detrás de un economicismo aparentemente incontestable y neutral que podría formularse así: “La inmigración es un instrumento del Capital para empeorar las condiciones laborales de los trabajadores en los países desarrollados. Es la ley de la oferta y la demanda. Cuantos más trabajadores de bajos salarios haya en la economía nacional, más acusada será la competencia, y peores condiciones laborales habrá que aceptar para ser competitivos”. Quienes así se expresan parecen querer olvidar los efectos de la economía global sobre el mercado de trabajo porque, como veremos, la inmigración en absoluto es una condición necesaria ni suficiente para socavar los derechos laborales de los trabajadores de los países desarrollados. Lo que sí parece claro es que la inmigración es un medio, uno más en la estrategia del Sistema para dividir a los trabajadores y enfrentarlos entre sí, debilitarlos, y así desactivar cualquier intento de lucha colectiva para mejorar sus condiciones y sus derechos laborales. Si estuviéramos en la época de Marx diríamos simplemente que con ello se pretende erradicar la conciencia de clase y sustituirla por una conciencia nacionalista que, como ha demostrado suficientemente la historia, la pasada y la reciente, por su carácter pasional e irracional es mucho más manejable. Los que han asumido el discurso economicista de antes quizá no sepan que han caído en la trampa que pretendían sortear. Porque su animadversión no se dirige contra el sistema capitalista, sino contra “otros” trabajadores.

En toda nación hay dos establos. En ellos se guarda lo que Marx llamaría “ejército industrial de reserva”, mano de obra siempre disponible y que “pertenece al capital de un modo tan absoluto como si se criase y se mantuviese a sus expensas”. Puede decirse que el primer establo es propio, “nacional”, y está formado por aquellos obreros aparcados momentánea o estructuralmente para la producción directa, pero que el sistema ha encontrado otra función igual de útil. El otro establo pasa más desapercibido porque sus límites son los de la propia nación. Es el resultado lógico de una economía globalizada que ha borrado las fronteras para el capital pero que las mantiene o las eleva para las personas con el fin de mantener las reservas de mano de obra.

En este primer artículo nos ocuparemos solo del “mercado nacional”. Habría que empezar recordando que el “mercado laboral” no es un mercado al uso, en el que puedan concurrir libremente oferta y demanda. De ser así, aún tendríamos horarios de 16 horas diarias, trabajo infantil desde los 4 años de edad, y ningún sistema de protección social. Al menos en Occidente, hace ya tiempo que los gobiernos se dieron cuenta de que debían intervenir y establecer leyes contra la explotación laboral: jornadas razonables, salarios mínimos, sindicación y negociación colectiva y sectorial, cláusulas de revisión salarial para ajustar el sueldo al IPC, trabas a los despidos colectivos, protección al desempleo…. Que todos estos derechos laborales se hayan conseguido gracias a la presión ejercida a los gobiernos por los obreros desde abajo, no significa que el gobierno no pueda volver a desmantelarlos si sufre suficiente presión por el capital desde arriba, o si, simplemente asume sus intereses y se siente identificado con ellos. Sólo le hace falta debilitar la presión que puedan ejercer los trabajadores y encontrar un motivo para hacerlo, y los momentos de crisis son los más adecuados.

Para debilitar a los trabajadores y desactivar la presión que puedan ejercer para defender sus derechos, el sistema se ha valido siempre de diferentes instrumentos. El paro es sin duda el más poderoso (fig.1). Los altos niveles de desempleo han funcionado como la coartada perfecta para acometer reformas laborales que, en realidad, no han servido para otra cosa que para trasladar el coste de la crisis a los trabajadores e ir minando progresivamente los derechos alcanzados en el Estatuto firmado en 1980.

Fig.1: Tasa de paro en España, 1992-2010

La primera reforma importante tuvo lugar en 1984. Entonces, España tenía un nivel de desempleo del 21,08%. La reforma tenía por objeto la “lucha” contra el paro fomentando la contratación temporal, incluso para empleos reconocidos como de naturaleza permanente. El resultado fue un aumento de la tasa de temporalidad del 15% al 40% en los años siguientes, aunque se ha estabilizado en la actualidad en torno al 30%. Durante el período 1985-1993 la contratación temporal creció un 73% y dentro de ellos, el contrato de fomento al empleo, creció en sólo cuatro años más de un 150% (Las reformas laborales en España y su impacto real en el mercado de trabajo en el período 1985-2008, Cátedra SEAT de Relaciones Laborales – IESE). Entonces, como ahora, la resistencia a la reforma laboral se desactivaba apelando a la solidaridad exigida al empleado para con el desempleado, de manera que los sindicatos debían aceptarla o eran acusados de defender a los primeros “en contra” de los segundos. Hoy ocurre lo mismo y se esgrimen las mismas consignas. "Preferimos tener un trabajador temporal antes que a un parado", dijo en 2011 el entonces ministro de trabajo socialista Valeriano Gómez para justificar la reforma laboral de ese año.

La reforma de 1984 no sirvió para bajar las cifras del paro, (bajó hasta el 16% en 1990 para volver a subir desde entonces, en 1994 ya era del 24%), pero sí para introducir una dualidad en el mercado laboral al crear un “mercado” de contratos indefinidos y otro de contratos temporales. División perfecta para provocar nuevos enfrentamientos entre los trabajadores, ya que todas las reformas laborales emprendidas desde 1984 tenían como finalidad esencial eliminar las barreras a los despidos en los empleos indefinidos e igualar las condiciones de éstos con los temporales. Y todavía hoy, como entonces, se pretende “combatir” el paro y “salir” de la crisis precarizando el empleo y exigiendo sacrificios sólo a los trabajadores; ahora, a los que disfrutan del inestimable “privilegio” de ocupar un empleo indefinido. Así, tal cual, lo dijo Joan Rosell en agosto de 2013. El presidente de la CEOE abogaba por retirar a los contratos indefinidos algunos de sus "privilegios" e incrementar las ventajas para los contratos temporales que, según confesaba, suponían el 90% de la contratación. Pero aseguraba que su propuesta tenía pocas posibilidades de salir adelante pues los trabajadores indefinidos no lo aceptarían. En enero de 2014 volvía Joan Rosell a insistir en el mismo mensaje: "Ojalá convenciéramos a los que tienen contrato indefinido de que se bajaran ciertos de sus derechos para que los pudiéramos incrementar a los temporales". Pero el jefe de la patronal incrementaba la presión sobre los trabajadores con nuevos avisos, pues, a pesar de que la reforma aprobada por el gobierno popular en 2012 es la más dura de las aprobadas hasta el momento, Rosell, aseguraba que no será la última: "Ni mucho menos. Vamos a tener muchas, todas las que sean necesarias, porque tenemos que adaptar la legalidad a la realidad…"

El objetivo de las futuras reformas ya está fijado. Acabar con todas las modalidades de contrato y sustituirlo por uno solo. Según el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Ándor, se conseguiría así dar oportunidades a la juventud que, si no encuentra trabajo, se debe a las dificultades que existen en los mercados laborales donde hay un empleo excesivamente protegido, el de los contratos indefinidos, frente al de los temporales (El Mundo, 13/5/2013). Se trataría de un contrato uniforme con una indemnización por despido inicialmente baja pero que iría incrementándose gradualmente, "de manera que se reduzca la brecha existente en materia de protección laboral entre contratos temporales e indefinidos, que contribuiría a integrar a los trabajadores jóvenes e inmigrantes en el mercado de trabajo”. En esta recomendación de la OCDE (El País, 21/2/2014) aparecen ya otros colectivos de trabajadores a los que se pretende enfrentar cerrando el circuito de todos los enfrentamientos posibles; empleados contra parados, indefinidos contra temporales, nacionales contra extranjeros.

El año pasado, un informe del Consejo Empresarial para la Competitividad aseguraba que el alto índice de desempleo en nuestro país se debía al aumento de la población activa en la última década, y señalaba a los inmigrantes como los culpables de ese incremento, de tal manera que, sin los inmigrantes, la tasa de paro “teórica” sería del 11,6%. Todos los medios conservadores se apresuraron a difundir la noticia conduciendo al lector hacia la única conclusión posible. En “España sobran extranjeros”, es más, en España “siempre” sobraron los extranjeros. Evidentemente, en ninguna de estas noticias se hacía referencia a la contribución de los extranjeros a la economía española durante los años previos a la crisis.

Fig.2: Creación de empleo por sectores entre 2001 y 2005

Es evidente que ahora, con la crisis, la tasa de paro de los extranjeros supera a la de los españoles, 36,5% frente al 24,2% porque, entre otras cosas, los sectores en los que ellos eran mayoría han sido los más castigados por la crisis. Pero si cogemos el número total de parados los extranjeros suponen solo el 20,4% frente al 79,6% de españoles (enero 2013). Parece, pues, demasiado simple, o sólo simplemente malintencionado, culpar a los inmigrantes del elevado índice de paro actual. Si la relación fuera tan directa como se pretende, ¿cómo explicar los índices de desempleo de 1985 (21,48%) cuando en España apenas había 240.000 inmigrantes? ¿O el desempleo de 1994 (24%,), cuando había 461.400 inmigrantes? Por otro lado, parece que hemos olvidado que la “inmigración laboral” no es un fenómeno que se comporte irracionalmente, sino que, como es lógico, acude allí donde se demanda empleo y se le “reclama”, y la España de la última década, la España de la burbuja inmobiliaria reclamaba mucha mano de obra. En 2010 los extranjeros residentes en España eran algo más de 5,7 millones de personas. El 85% de esa inmigración llegó a España entre los años 2000 y 2009. En esos años el paro bajó hasta el 8,3% en 2007, cuando el número de extranjeros superaba ya los 4,5 millones. Entre los años 2000 y 2007 se crearon 4,85 millones de empleos, de los que 2,3 millones fueron ocupados por españoles. La construcción fue sin duda el sector de “reclamo”. En 2007, 1 de cada 5 inmigrantes estaba ocupado en esta actividad. Los demás, en comercio, hostelería, industria, servicio doméstico, agricultura y pesca (fig.2). En estas seis actividades estaba ocupado el 73% de los inmigrantes (Trayectorias laborales de los inmigrantes en España, Obra Social ”la Caixa”, 2011). Son estos también los años de mayor crecimiento de la economía española, un modelo de crecimiento que, sin duda, hoy sabemos que era equivocado, pero un crecimiento del que todo el mundo se vanagloriaba. Según un informe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno publicado en 2006, el crecimiento económico en términos de PIB estaba entre el 3% y el 4% desde 1996, es más, “el 30% del crecimiento del PIB de la última década cabe ser asignado al proceso de inmigración, y este  porcentaje se eleva hasta el 50% si el análisis se limita a los últimos cinco años”. Un informe de la Caixa confirmaba que “el crecimiento diferencial de España se explica de forma significativa por el rápido crecimiento de su población activa, gracias, sobre todo, a dos factores: la inmigración y el ingreso masivo de la mujer al mercado de trabajo». («Economía española y contexto internacional» Informe semestral I, Julio 2006). Este último fenómeno ilustra cómo, no sólo la inmigración es compatible con el descenso de la tasa de desempleo, sino que la inmigración misma puede crear puestos de trabajo para los nativos al sustituirles en actividades no remuneradas (como las “amas de casa”) o de aquellos empleos peor pagados. Así, entre el año 2005 y el 2008, la tasa de actividad de los varones españoles había crecido ligeramente (66,79% en 2005, frente a 67,54% en 2008), mientras que la de las mujeres españolas había subido casi cuatro puntos, desde el 44,07% en 2005 al 47,80% de 2008 (EPA, 2008).

La explicación a esta compatibilidad entre un cierto nivel de paro estructural nativo (en España entre el 7 y el 8%) y la demanda de mano de obra extranjera se encuentra en la propia economía de los países industrializados, en donde se ha desarrollado un mercado laboral dual o segmentado; uno, de empleos que reclaman los nativos, bien remunerados, de media y alta cualificación; y otro de empleos reservados a los extranjeros porque son empleos mal pagados, inestables, no cualificados, peligrosos, degradantes y de poco prestigio. En la jerga anglófona se les conoce como trabajos 3D (Dirty, Difficult and Dangerous), y en la nuestra trabajos 3P (Peligroso, Penoso y Precario). La teoría del mercado dual consigue explicar a la perfección por qué estos trabajos son rechazados por los trabajadores locales y por qué ya no pueden ocuparse, como lo fueron antaño, por las mujeres y los jóvenes. En resumen, la explicación sería la siguiente: “En las economías avanzadas existen trabajos inestables, originados por la división de la economía en un sector primario de uso intensivo de capital y en un sector secundario de uso intensivo de mano de obra y baja productividad. Los trabajadores locales rechazan esos trabajos porque denotan una posición social baja y tiene poco prestigio, ofrecen pocas posibilidades de ascenso y no motivan. La reticencia de los trabajadores locales a ocupar trabajos poco atractivos no puede solucionarse a través de mecanismos de mercado normales, tales como aumentar los salarios correspondientes, pues aumentarlos en el extremo inferior de la escala laboral exigiría aumentarlos proporcionalmente en los siguientes escalones para respetar la jerarquía, lo que produciría una inflación estructural. Los trabajadores extranjeros de países de bajos ingresos están dispuestos a aceptar esos trabajos porque el bajo salario suele resultar alto si se lo compara con lo que es la norma en sus países, y porque la posición social y el prestigio que cuentan para ellos son los de su país. Por último, tal demanda estructural de mano de obra para los trabajos de los niveles más bajos ya no puede atenderse recurriendo a mujeres y adolescentes, ya que el trabajo femenino ha perdido su condición secundaria y dependiente en favor de una condición autónoma y orientada a la carrera profesional. Además, el menor índice de fecundidad y la prolongación de la educación han reducido la disponibilidad de los jóvenes”.

Fig.3: Distribución de la población ocupada según 

el Catálogo Nacional de Ocupaciones, 2007

Los datos disponibles confirman la existencia de este mercado dual. Según revelaba la Encuesta Nacional de Inmigrantes (INE, 2008), con independencia de su nivel de cualificación, dos de cada cinco inmigrantes estaban empleados en trabajos de carácter manual en los que se requiere baja o ninguna cualificación, precisamente porque era el tipo de empleo que ofertaba nuestra economía durante los años de la burbuja. En 2007, el 87% de los inmigrantes eran asalariados, y de éstos, el 70% se encontraba en los tres niveles más bajo de cotización; peones y menores, oficiales de 1.ª y 2.ª, y oficiales de 3.ª y especialistas. En estos tres grupos la inmigración está muy por encima de la media, y de modo muy acusado en el grupo de peones y menores, donde se ubica el 15% de los autóctonos frente al 30% de los inmigrantes (fig.3). La diferencia salarial con los autóctonos está entre el 21% (Encuestas Anuales de Estructura Salarial de 2004 y 2005, INE, 2006 y 2007) y el 30% más bajos (Oficina Económica del Presidente, 2006) y su tasa de temporalidad puede alcanzar el 61%. Aún así, persiste en el imaginario colectivo, como una de tantas sentencias que sobrevive a pesar de la dificultad para demostrar su veracidad, que un elevado número de inmigrantes empuja hacia abajo los salarios de los autóctonos, especialmente, de los trabajadores más precarios y menos cualificados. Sin embargo los estudios que se han hecho al respecto arrojan resultados ridículos. En el caso de EE.UU, en donde su mercado laboral está menos protegido y más expuesto a las leyes del mercado, se ha calculado que un aumento del 10% de los inmigrantes tiene el efecto de disminuir un 1% los salarios de los trabajadores nativos. Pero en Europa eso no ocurre. En Italia un aumento del 1% en la proporción de inmigrantes provoca un aumento de los salarios nativos del 0,01%; (Efectos macroeconómicos de la inmigración. Impacto sobre el empleo y los salarios de los nativos, Papers 66, 2002) Para España, “los resultados apuntan a la ausencia de efecto alguno de la inmigración sobre los salarios de los trabajadores españoles. Esto podría explicarse por la existencia de un salario mínimo fijado por acuerdos colectivos en cada sector que impiden que los salarios desciendan por debajo del umbral del salario mínimo ante la presencia de inmigración en los sectores formales”. (Los efectos de la inmigración sobre las condiciones de los trabajadores nativos. Evidencias para España,  La inmigración en la encrucijada. Anuario de la inmigración en España, 2008).

Antes de terminar es necesario reconocer que en la economía española existe un problema que puede afectar a los trabajadores independientemente de su origen. Y es la existencia de una economía informal, sumergida, de las más altas de Europa, cercana al 25% del PIB. Una economía sumergida tan consolidada como la española promueve la inmigración irregular, que es atraída a través de los circuitos de información de las redes sociales por lo que tiende a concentrarse en los grandes focos industriales y demográficos. La economía sumergida no sólo supone sustraer importantes recursos al Estado, sino que lo hace por la vía de la explotación directa sobre las personas al sortear los mecanismos de protección de un mercado laboral formal y regulado por el derecho. En este sentido, no sólo es injusto, sino fatal para la unidad de los trabajadores confundir a las víctimas con los verdugos. Afortunadamente los sindicatos obreros no se han dejado arrastrar por el populismo xenófobo que barre estos días Europa de un extremo al otro y aún guardan y protegen la “conciencia de clase” como si fuera el último bastión, la última plaza que el capitalismo quiere conquistar y derribar. Así por ejemplo, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) aprobó en 2013 un Plan de Acción sobre la Migración, en el que, entre otras cosas, podía leerse: “La CES rechaza la idea de que las políticas de migración futuras sólo podrían guiarse por objetivos utilitarios. La CES apoya el enfoque de mostrar la contribución positiva y concreta que los migrantes ya están haciendo a la economía europea. Además, la CES hace hincapié en que se debe, por supuesto, considerar a los migrantes como trabajadores, pero sobre todo y ante todo como seres humanos”. Entre sus propuestas está la de incentivar una inmigración estable y duradera, pues “cuanto más corto sea el permiso de residencia y de trabajo menores son las oportunidades para que los migrantes vean sus derechos reconocidos y respetados y para evitar el dumping social. La CES abogará por la eliminación de los factores de vulnerabilidad de los migrantes en el mercado laboral”. En este mismo sentido se expresaba CC.OO en un documento de 2007 titulado Inmigración y mercado de trabajo. Propuestas para la ordenación de flujos migratorios. Asegura el sindicato que en la economía formal y regulada no hay competencia entre inmigrantes y nativos al encontrarse unos y otros en igualdad de derechos laborales al acceder a un empleo. Y aunque reconoce “el problema de la inmigración ilegal”, no pierde de vista a quién perjudica de verdad: “A los trabajadores y trabajadoras que la padecen, porque los hace extremadamente vulnerables y los expone a todo tipo de abusos y explotación de aquellos empresarios desaprensivos que se aprovechan de tal situación con el único objetivo de obtener beneficios ilícitos e ilegítimos… A la economía del país, al moverse en la economía sumergida sin contribuir a los gastos que el Estado debe soportar, así como para nuestro modelo social y sistema de protección social (…). Para el mercado de trabajo, para la contratación, para las condiciones de trabajo, para las condiciones salariales y para los derechos y relaciones laborales, al ejercer una presión a la baja que sólo puede producir retrocesos y encierra grandes riesgos de confrontación entre los trabajadores, con el consiguiente peligro de deterioro en la convivencia social y democrática”.

No nos imaginábamos aún en 2007 hasta qué punto la convivencia social y democrática corría peligro, pero no por la crisis, sino porque una buena parte de los trabajadores ha olvidado o perdido su conciencia, y, cegado por la ira, el miedo y el desconocimiento, yerra el tiro apuntado al adversario equivocado.