¿Dónde está nuestro dinero?

Es verdad que el artículo 31 de la Constitución establece que todos los ciudadanos “contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, pero, ¿quién le hace caso a la Constitución? Salvo para enzarzarse en peleas identitarias, no parece que sirva para gran cosa. ¿No establece también el artículo 43 el derecho a la protección de la salud?, ¿que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios?” En estos tiempos en que se privatiza la Sanidad Pública y otros servicios básicos, y en el que el Estado hace dejación del mandato constitucional alegando que no hay dinero para mantenerlos, parece oportuno preguntarse, ¿dónde está el dinero?, ¿dónde, los servicios que, se supone, pagamos con nuestros impuestos?

Porque, echando un vistazo a los datos oficiales (Informe anual de recaudación tributaria, 2011), y sólo contando los impuestos directos, el esfuerzo fiscal de los trabajadores es muy superior al de las empresas. A pesar de la crisis, el ingreso por IRPF con respecto al total recaudado ha estado siempre entre el 40 y el 45%. Lo que se recauda por el impuesto de sociedades a las empresas, sin embargo, ha ido descendiendo, desde el 22% en 2007, hasta el 10,1% de 2011. Si a esto le sumamos el IVA, el esfuerzo fiscal de los hogares españoles se dispara, y la comparación con el esfuerzo fiscal de las empresas resulta poco menos que insultante. Según un estudio elaborado por el Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) en mayo de 2012, la presión fiscal de una persona soltera y sin hijos con unos ingresos medios de 41.310 euros anuales se sitúa por encima del 27,9%; en cambio, ninguna empresa soporta una carga del impuesto de sociedades por encima del 25,2%. Otro ejemplo: una persona con dos hijos a su cargo e ingresos medios de 16.524 euros presenta una carga fiscal que ronda el 15,6% de su renta, carga cercana a la de las multinacionales que facturan más de 1.000 millones. El sindicato se opuso a la subida del IVA aprobada en julio por injusta, puesto que aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas, y por regresiva pues afecta más a los ciudadanos con bajos ingresos, como pensionistas, mileuristas (la mayor parte de sus escasos ingresos van destinados al consumo) y a ciudadanos con ingresos inferiores a 30.000 euros, es decir el 75% de familias españolas. Esta situación de penuria contrasta con las personas que disfrutan de ingresos superiores a 150.000 euros, que, además de consumir, tienen posibilidad de ahorrar e invertir en operaciones financieras exentas del IVA.

Pero, ¿qué pasa con las empresas? Es cierto que estamos en “crisis”, pero una reducción de sus aportaciones a las arcas del Estado del 64% desde 2007 no se explica por la reducción de sus beneficios: “Los beneficios no han caído en la medida en que han caído los impuestos”, asegura Carlos Cruzado, presidente de Gestha. En 2011 el Estado recaudó por el impuesto de sociedades 16.611 millones de euros. En ese año, el beneficio declarado de sólo cinco empresas del Ibex (Banco Santander, BBVA, Telefónica, Inditex y Repsol) fue de 17.800 millones de euros. Ocurre que, aunque pymes y grandes empresas tienen un tipo impositivo nominal sobre los beneficios del 25 y del 30% respectivamente, se acogen a argucias contables legales para dejarlo en el 10%. Compensación de pérdidas de un año para otro, consolidación de resultados entre dos filiales o la deducción de gastos financieros eran algunas de las alfombras rojas que la ley ponía a las empresas para reducir los impuestos que al final tenían que pagar al fisco. Es cierto que la nueva ley aprobada en octubre de 2012 limita y reduce algunas de estas prácticas, pero deja sin resolver otras que formaban parte de las propuestas de los inspectores de Hacienda. Por ejemplo, cambiar la deducción que se aplica a los gastos, por otra que permita la tributación reducida sobre los ingresos, y gravar las ganancias de las empresas en función de la actividad económica real allí donde se venden sus productos o servicios. Al no hacerlo así, España atrae a empresas con pérdidas porque las deducciones y bonificaciones se aplican a los gastos, mientras que las filiales con beneficios deslocalizan su domicilio fiscal a países con menor carga tributaria que la española, como Luxemburgo, Suiza e Irlanda. Por supuesto, con esta argucia, no sólo los gigantes de la informática apenas tributan en España, sino que ni las propias empresas españolas lo hacen. En 2010, al menos 30 de las 35 empresas del Ibex tenían filiales en territorios considerados como paraísos fiscales.

Así, en una nota publicada el 2 de noviembre de 2012 la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) valoraba, en general, de forma positiva las medidas que introducía la ley, si bien, aseguraba, “siguen quedando infinidad de agujeros por donde el fraude campa a sus anchas”. Pues, si se trataba de intensificar las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, como reza el título de la propia ley, ésta nace ya prácticamente muerta. Y no sólo porque en vez de luchar contra el fraude lo fomente con la amnistía fiscal, a la que se oponen también los inspectores, sino porque se le siguen recortando a la Agencia Tributaria unos medios que ya eran bastante precarios. Según el informe de IHE publicado en octubre de 2012, La Crisis fiscal en España, nuestro país es el que menos gasta en administración fiscal en relación al PIB (0,13%) en comparación con los países más grandes de la Unión Europea: hasta 2009, un tercio del gasto en Francia (0,39%), menos de la mitad del alemán (0,29%) y un poco más de la mitad del italiano (0,24%). Si se comparan otros valores, salimos aún peor parados. En 2009 había en España 1.928 ciudadanos por cada empleado de la Agencia Tributaria, cuando la media de la OCDE es de 900. En Alemania hay 729, en Francia 860 y en el Reino Unido 862. En el número de trabajadores por cada empleado de Hacienda dedicado a impuestos y gastos generales también estamos a la cola, o a la cabeza, según se mire. 967 trabajadores por empleado en España, mientras en Alemania hay 371, en Francia 392 y en el Reino Unido 441. Bien, sobre estas cifras se aplican nuevos recortes en los presupuestos de 2013: un 7,7%, menos de gasto y la pérdida de más de 800 empleados. La situación se agrava si pensamos que sólo el 20% de la plantilla de la A.T se dedica a la investigación contra el fraude fiscal. Según Carlos Cruzado, secretario de GESTHA, el 80% se dedica al cruce de datos y a la comprobación de discrepancias entre las declaraciones. Tampoco ayuda mucho a luchar contra el fraude el hecho de que sólo dispongan de un año para cerrar cualquier investigación.

Así no es de extrañar que cada año el fisco deje de ingresar entre 60 y 70 mil millones de euros, según datos del sindicato de inspectores, y que la mayor parte del fraude, un 72%, se localice en las grandes empresas y los grandes patrimonios, cuatro veces más que el fraude de las pymes, y muy por encima del de los autónomos. Por eso, según José María Molledo, Secretario General de GESTHA, “el fisco debería esforzarse más en perseguir el engaño de las multinacionales y las grandes compañías en vez de concentrar el 80% de los recursos en investigar microempresas, pymes, autónomos y asalariados”.

De modo que, según parece, seguiremos pagando más los trabajadores y las familias por unos servicios que no recibimos, y las empresas seguirán ganando dinero y llevándoselo mientras la Agencia Tributaria forzada por el gobierno mira para otro lado. Y, como siempre, las reformas del gobierno quedan para el capítulo de las apariencias y el escaparate. Su sinceridad y su empeño en la lucha contra el fraude quedan seriamente dañados por la aprobación de una amnistía fiscal que es claramente injusta y contraria a la Constitución porque premia el fraude y la evasión de capitales. Tampoco ayuda mucho el nombramiento de Pilar Valiente como Jefa Adjunta de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), precisamente una persona que tuvo que dimitir en 2001 del cargo que ocupaba en la CNMV por su implicación en un caso de fraude. ¿Qué ha hecho la señora nada más ascender? Destituir a los seis inspectores que estaban investigando el caso Gürtel. Ni ayudan mucho los escándalos de los papeles de Bárcenas, sus cuentas en Suiza…ni ayuda mucho tampoco que, en una Comunidad tan castigada por los recortes como Madrid, se rebaje el impuesto al juego del 45 al 10% para que el señor Adelson construya su Eurovegas (que aportará sólo el 35% del capital), además de perdonarle el 95% del impuesto de transmisiones y de permitir que el Ayuntamiento donde se ubique le perdone hasta el 95% del IBI. Además de esto, que ya ha conseguido, Adelson pedía flexibilizar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería; dos años de exenciones en el pago de las cuotas a la Seguridad Social y de todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado garantizara un préstamo de 25 millones de euros que se pediría a la Unión Europea; la construcción de nuevas infraestructuras; y cambios en la norma de prevención de blanqueo de capitales. ¿Lo conseguirá?

Mientras, al mismo tiempo, nuestros políticos nos dicen que “no hay dinero” para sostener nuestros derechos y los servicios que pagamos con los impuestos… ¿dónde está entonces nuestro dinero? Es muy posible que ellos lo sepan. Hablando del blanqueo de capitales, en 2008 el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) desgranó en un informe hasta 12 tipologías de blanqueo. La mayoría de ellas ligadas, como ya sabíamos, al sector inmobiliario, empresarial y financiero, pero hay una sorprendente: La que llama Personas Expuestas Políticamente (PEP): “Se trata de una clasificación específica en tanto que lo característico no es el tipo de operación que se realiza, ni siquiera el sector de actividad o de negocio en el que se integran los fondos, sino la condición política que tiene el propietario de estos. Cada vez con más fuerza surge la necesidad de reforzar los controles de las operaciones en las que se implican estas personas, sus familiares directos y las personas relacionadas, al ser especialmente sensibles al blanqueo de capitales procedentes de delitos relacionados con la corrupción”. ¿Hace falta decir algo más?