Estos últimos días nos hemos
indignado por el nombramiento de Rodrigo
Rato, todavía imputado por el caso Bankia, como asesor de Telefónica, y
porque la empresa para la que trabajaba Juan
José Güemes, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, es desde
noviembre de 2012 propietaria de los laboratorios que realizan los análisis
clínicos de seis hospitales de Madrid, servicio privatizado precisamente
durante su etapa como Consejero de la Comunidad. Nuestra indignación es comprensible, pero delata también nuestra
ingenuidad. Aún no hemos entendido, o no queremos entender cómo funciona el
“Sistema”,
que está, simplemente, agradeciendo los
servicios prestados en la defensa de sus intereses, así, sin más. Otros
antes que ellos fueron igualmente recompensados: Aznar y Miguel Roca
trabajan para Endesa, Elena Salgado
para su filial chilena, Ángel Acebes
para Iberdrola, Miguel Boyer para
Red Eléctrica, Isabel Tocino y Abel Matutes para el Banco Santander, Felipe González para Gas Natural, Pedro Solbes para Enel, propietaria de
Endesa, Marcelino Oreja para
Enagás…y así hasta más de 40 ex-altos cargos del PP y del PSOE. Sólo de vez en
cuando, la indignación y la presión mediática consiguen que alguna de estas
personas renuncien a sus nuevos y lucrativos puestos de asesoría, como ha
ocurrido con Güemes, o como ocurrió con el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, que tuvo que
dejar su puesto como consejero de Red Eléctrica Española, una empresa que aún
es pública, sólo para recalar en Iberdrola.
Parece que todavía en Europa
queremos mantener una cierta hipocresía, y le damos mucha importancia a las
apariencias, de modo que para guardarlas el
Sistema nos brinda algunas leyes que legalizan lo inmoral, con tal de que se
respeten ciertas condiciones. En nuestro caso contamos con la Ley de
incompatibilidades de 2006, cuyo artículo 8.1 dice que los altos cargos “no podrán desempeñar sus servicios en
empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias
del cargo desempeñado” durante los dos años siguientes a la fecha de su
cese. Dos años, no parece mucha espera. Así que, Güemes, efectivamente, no
había hecho nada ilegal. En Estados Unidos no se andan con tonterías. Allí
puede haber hasta 5 lobbistas por cada parlamentario cuya única misión es
asegurarse de que las leyes que emanan del Congreso se ajustan a los intereses
de las empresas que representan. Y es que, la
democracia es la gran apariencia.
Ya dijo Marx aquello de que “el
Estado es una institución al servicio de la clase dominante”. Pero Marx es
una antisistema (quizá, un perroflauta), tan denostado que mucha gente necesita
o quiere oír lo mismo pero de alguien menos sospechoso. Joseph Stiglitz, Nobel de Economía en 2001 y profesor de la
Universidad de Columbia, sostiene en su último libro, El precio de la desigualdad, que quienes tienen el poder, “utilizan ese poder para reforzar sus
posiciones económicas, o, como mínimo, para mantenerlas”. Stiglitz habla del
fenómeno de “búsqueda de rentas” para referirse al proceso de transferencia
de riqueza de la parte baja de la sociedad hacia la parte alta, en donde el
gobierno, tanto por lo que hace (liberalizar, privatizar, desregular…) como por
lo que no (fiscalidad progresiva, control financiero…) se convierte en el
intermediario necesario, inexcusable, que en realidad defiende los intereses de
las rentas altas.
Y así llegamos a las privatizaciones. Porque todos los
ex-altos cargos acaban trabajando para las empresas públicas que fueron
privatizadas. No hay duda de que “la
privatización es un instrumento más que se utiliza en beneficio de las clases
económicas dominantes de las que, en última instancia, depende dicho gobierno”.
Aunque evidentemente, el Sistema quiere convencernos de que se privatiza por
otras razones. Unas, de orden práctico, como ahora, para reducir el déficit
público y obtener un dinero ”extra”. Aprovechando
la crisis se está vendiendo todo el patrimonio público de Portugal y de Grecia
por órdenes directas de la troika. Pero esto es pan para hoy y hambre para
mañana. Sin embargo, el argumento más utilizado, aunque sin prueba empírica
alguna que lo corrobore, es que la empresa privada es más eficiente que la
pública. De ser así, sólo se privatizarían aquellas empresas públicas que
tuviesen pérdidas, dando por hecho que las pérdidas se producen por
una gestión ineficiente de la misma. También habría que admitir que todas las empresas privadas son, por definición, eficientes, y que ninguna debería incurrir en pérdidas ni quebrar. Pero es que, además, los hechos, desmienten las razones.
Fijémonos, por ejemplo, en el proceso privatizador llevado a cabo en
España desde el ingreso en la Unión Europea. Normalmente suele dividirse
este proceso en 3 periodos. El primero, desde 1986 hasta 1992, año en el que
entra en vigor el tratado de Maastricht, tiene lugar bajo los gobiernos
socialistas la reestructuración y fusión de gran parte de las empresas públicas
que eran rentables. Así, se crearon Repsol, Inespal, Indra, Tabacalera, Endesa,
Aceralia y Argentaria, que quedaron englobadas en el grupo Téneo. Otras
empresas con pérdidas fueron vendidas a empresas privadas extranjeras, por
ejemplo Seat fue vendida en 1986 a Volkswagen, y Enasa-Pegaso al grupo
Fiat-Iveco en 1991. Un segundo periodo
iría de 1992 hasta 1996, año de la llegada del PP de José María Aznar al
gobierno. En esta fase empiezan a venderse paquetes de acciones de las empresas
públicas rentables que en el periodo anterior habían sido objeto de
reestructuración, y se hace por imperativo legal, pues Maastricht prohibía las
subvenciones a empresas públicas, y quería garantizar el acceso de cualquier
inversor a cualquier tipo de empresa. Aún así, el gobierno quería mantener el
control de las empresas reteniendo un 10% de las acciones, con lo que se
aseguraba un puesto en la gestión y una nada desdeñable participación en los
beneficios. La tercera etapa se inicia en 1996 y llegaría hasta nuestros días.
A los tres meses de la llegada de Aznar al gobierno se disolvió el grupo Téneo
con objeto de liquidar el resto de las acciones que el Estado aún retenía de
sus empresas. Entonces se aceleró la
privatización completa de las empresas públicas más rentables, las que entonces
se conocían como las “joyas de la Corona”,
no sólo por su rentabilidad, sino porque pertenecían a sectores estratégicos,
fundamentales para cualquier Estado; Energía (Repsol, Endesa) Comunicaciones
(Telefónica) y Banca (Argentaria). De nuevo, y con la excusa de equilibrar las
cuentas, en el plan del PP de Rajoy
se pretende privatizar RENFE, AENA, Red Eléctrica Española, IAG (fusión de
Iberia y British Airways), vender las acciones de la SEPI (Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales), y los servicios que prestan las comunidades como
el Canal de Isabel II en Madrid y la Sanidad allí donde gobiernan.
Si a la transferencia directa de
rentas a las clases altas por la vía de la privatización de empresas y servicios
públicos le añadimos otras cuestiones, como la amnistía fiscal, las
desgravaciones a las grandes empresas, la tributación regresiva (paga más el
que menos tiene) que grava las rentas del trabajo y no las del capital, la
negativa a regular el sector financiero ni a imponerle cualquier tipo de tasa,
una legislación laboral hecha al dictado de los empresarios, y si, en fin, a
todo esto le añadimos los escándalos de financiación irregular y de corrupción
en todos los partidos políticos, ¿qué nos queda? La constatación de que la
democracia es otra apariencia, quizá la más importante, porque es la que
contiene a todas las demás, pero es apariencia al fin y al cabo, una
entelequia, una farsa. Aunque nos cuesta verlo y aceptarlo pues llevamos mucho
tiempo sumidos en el engaño. Lenin
(¿otro perroflauta?) lo dijo ya en 1917: “El
Capital, al dominar esta envoltura (la democracia), que es la mejor de todas,
cimenta su poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de
personas, ni de instituciones, ni de partidos dentro de la república
democrática burguesa, hace vacilar ese poder”.
¿Aún pensamos que la democracia es
el poder del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo? Nos ayudaría a comprender
el mundo en el que vivimos si aplicáramos como método de análisis de la
realidad ese proverbio que afirma que “obras son amores y no buenas razones”,
es decir, si en vez de fijarnos en las apariencias, en las formas, nos
fijáramos más en lo que los gobiernos hacen y no en lo que dicen que hacen, o
en la mayoría de los casos, en lo que prometen hacer. Como ejemplo, hechos
comprobados, y muy sensibles en las circunstancias actuales: La deuda de los
cuatro grandes partidos, PSOE, PP, CiU y PNV, con los bancos asciende a unos
200 millones de euros, pero éstos devuelven muy poco porque es normal perdonar
la deuda a los partidos que están en el gobierno o renegociarla en condiciones
muy ventajosas para ellos. En 1996 Caixa Galicia perdonó al PP casi 300
millones de las antiguas pesetas. En 2004 Caixa Cataluña perdonó al PSC unos 6,5
millones de euros y 2,7 a ERC. En 2006 el Banco Santander y el BBK perdonaron
al PSOE una deuda de unos 30 millones de euros. En junio de 2011 el Congreso
rechazó que la deuda hipotecaria con un banco pudiera saldarse con la entrega
de la vivienda. Votaron en contra PSOE, PP, CiU y PNV.
Sí, es cierto, cada cuatro años el
pueblo elige a los diputados que se sientan en el Congreso, ¿y luego? Nos vamos
a casa, tranquilos, seguros, porque sabemos, o deberíamos saber, que la democracia está guardada hasta la
convocatoria siguiente, a buen recaudo, en la caja fuerte de los bancos.
