sábado, 25 de mayo de 2013

Las cuatro plagas de África. Segunda Parte.


25 de mayo, día de África. Dos plagas más que unir a las plagas del pasado. Estas se refieren al presente y deberían presentar un futuro, pero el futuro de África está aún encadenado al pasado.

Tercera plaga: Neocolonialismo: En realidad, detrás de este término no se esconde un nuevo colonialismo, sino la perpetuación y prolongación de las viejas formas de explotación económica, aunque, a diferencia de la de antaño, esta explotación no viene impuesta por una situación de dominio político efectivo, sino por la dependencia económica heredada. Cuando las colonias africanas alcanzaron su independencia entre los años 60 y 70 ya se encontraban en la periferia del sistema económico mundial. Y sus economías tenían ya asignado un papel de mero complemento de la economía de los países ricos. De manera que, lo que antes denominábamos, Metrópolis y Colonias, hoy llamamos Centro y Periferia, pero, pocas cosas más han cambiado.

Con la independencia llegó la necesidad de acudir a la financiación exterior para impulsar el desarrollo. Es evidente que la herencia colonial, que había impedido el desarrollo industrial propio e impuesto la exportación de productos y materias primas de escaso valor añadido en un mercado desigual controlado por las grandes multinacionales, empujaba a África a los mismos brazos de aquellos de los que se acababa de liberar. El petróleo crudo o el gas natural es el primer producto de exportación de 4 de los 5 países del Magreb, y de 8 países subsaharianos. Para el resto, los principales productos de exportación son: café, cacao, algodón, tabaco, té, aluminio, uranio, oro y diamantes. (Banco Mundial, 2009). La crisis del petróleo de los 70 tuvo para África, y en general para los países subdesarrollados, un doble efecto. Por un lado, al afectar la crisis a los países ricos del Centro disminuyeron sus importaciones de productos provenientes de África; y por otro, al aumentar el precio del petróleo los países no productores debían ampliar sus monocultivos de exportación para compensar las subidas. De modo que, en un proceso que nosotros, los europeos del sur, conocemos ya muy bien, los países en dificultades que debían acudir a la financiación exterior no la obtenían sino a cambio de unos intereses que hacían del pago de la deuda una empresa insostenible. La deuda africana pasó de 11 mil millones de dólares en los años 70 a 111,8 mil millones en los 80. Es entonces cuando, para terminar de cerrar el cerco sobre África, entran en escena el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional. Éstos aceptan financiar la deuda africana a cambio de la imposición de Planes de Ajuste Estructural, cuyas condiciones y resultados estamos también muy familiarizados los europeos del sur. Se exigen recortes en el gasto público, privatizar empresas públicas, liberalizar completamente el comercio, suprimir las ayudas a los agricultores, aumentar las exportaciones de materias primas y dar prioridad absoluta al pago de la deuda. El resultado ha sido un aumento de la pobreza, y de la deuda. En 1990 ya era de 177,1 mil millones de dólares, y en 2005 subió hasta los 215.607 millones, el equivalente a la mitad del PNB de toda la región. En 2008, la deuda africana estaba ya en 250.000 millones de dólares. Los planes de ajuste deprimen aún más sus economías, los intereses suben y necesitan endeudarse para pagar la deuda anterior. Desde los años 80 por cada dólar prestado África debía devolver 4 y aún dejaba a deber otros 4.

Presupuesto destinado a servicios sociales básicos
en algunos países africanos (1992-1997)
Esta deuda impide el desarrollo de África y la encadena para siempre al servicio de las economías occidentales. En 2004 en África se invertía 15 dólares para el pago de la deuda y menos de 5 en servicios básicos como educación o sanidad.

A estas transferencias “legales” de capital africano hacia los países ricos hay que sumar las transferencias ilegales, el fraude fiscal que cometen las multinacionales que operan en África. Según un informe de Global Financial Integrity, África ha perdido entre 1970 y 2008, 854 mil millones de dólares en impuestos impagados. Sólo entre 2000 y 2008, 437 mil millones. Como se ve, cantidad más que suficiente para pagar la deuda de toda África. Los métodos de evasión de impuestos los conocemos también muy bien, porque los favorece el mismo sistema económico que ha puesto el mundo a su servicio a través de la libertad de movimiento de capitales y de la existencia y protección de paraísos fiscales. Por ejemplo, la empresa que extrae el cobre de Zambia, Mopani Cooper Mine, vende el cobre a un precio por debajo del coste de extracción a otra empresa del grupo domiciliada en Suiza. Declara así menos ingresos en Zambia con lo que paga menos impuestos.

La liberalización del comercio impuesta a África está suponiendo una verdadera sentencia de muerte para los pequeños agricultores autóctonos porque sus productos quedan completamente desprotegidos frente a la competencia de los productos que llegan de Estados Unidos o de la Unión Europea, pues sus agricultores y sus productos sí reciben subvenciones para abaratar los costes y mejorar la exportación. En Kenia, la importación de productos europeos ha aumentado un 84%. La industria del tomate envasado de Ghana tampoco puede competir con los tomates subvencionados de Italia y España, e importa cada año unas 10.000 toneladas. La Unión Europea ha establecido desde el año 2000 Acuerdos de Asociación Económica con distintos países de África en los que, a cambio de ayuda económica para infraestructuras y otros sectores, se les exige reducir los aranceles a todos los productos europeos. Evidentemente, esto empuja al pequeño campesino a la ruina y a la emigración. El levantamiento de la protección arancelaria, puede suponer también para algunos países una merma considerable de sus ingresos. En Uganda, por ejemplo, los ingresos provenientes de las tasas aduaneras podían suponerle hasta el 50% de total.

La ruina de los pequeños agricultores autóctonos corre paralela a otro fenómeno: el acaparamiento de tierras por parte de multinacionales, y entidades financieras de los países desarrollados y de los emergentes para destinarlas al cultivo de biocombustibles. Según la FAO, sólo en Etiopía, Ghana, Madagascar, Malí y Sudán se ha cambiado el uso de 2,4 millones de ha. desde el 2004 para dedicarlas al cultivo de los biocombustibles; caña de azúcar, maíz o sorgo para la fabricación de etanol, o palma aceitera para la producción de biodiesel. Un informe del Banco Mundial de 2010 asegura que en ese año unos 42 millones de hectáreas de tierras en el mundo han estado bajo interés de los inversionistas, más del 75% (32 millones de hectáreas) se encontraban en África Subsahariana. Los principales inversionistas internacionales son los Estados del Golfo Pérsico, China y Corea del Sur entre lo emergentes; e Italia, Noruega, Alemania, Dinamarca, el Reino Unido, Francia y España entre lo europeos.

Ejemplos de acaparamiento de tierras
De esta manera, en los últimos 5 años la producción de cereales ha crecido un 8%, pero más del 80% de este aumento se ha destinado a la producción de biocombustibles. Además, desde la crisis financiera de 2008, en los Estados Unidos se permitió especular con las materias primas alimentarias, lo que ha supuesto un incremento espectacular de los precios. En 2011, el Parlamento Europeo responsabilizaba a la especulación del 50% de la subida en el precio de los alimentos. El precio de maíz aumentó un 74%, y el del arroz un 166%. Según el Manco Mundial, este aumento ha empujado a 70 millones de personas en todo el mundo a la extrema pobreza.

Las deudas, la pérdida de tierras, la huida de capitales, el encarecimiento de los alimentos, el intercambio desigual que deja indefensos los productos africanos frente a la competencia exterior, y el hecho de que los precios de los principales productos de exportación estén controlados por las multinacionales hacen de la pobreza de África un mal endémico e irresoluble que tiene su cara más perversa en la explotación infantil. Según el último informe de la OIT de 2010, el África subsahariana es la única región donde el trabajo infantil ha aumentado en los últimos años, pasando de 49,3 millones en 2004 a 58,2 millones en 2008, un incremento cercano al 30%. Seis de los diez países con más índice de trabajo infantil son africanos: Somalia, Sudán, República Democrática del Congo, Zimbabue, Burundi y Etiopia. En el Congo trabajan más de dos millones de menores en las minas de coltán, un  mineral imprescindible para la industria tecnológica de Occidente; en Kenia, en la temporada de la recogida del café hasta el 30% de los cosechadores tienen menos de 15 años; y en Costa de Marfil la mayor parte de la mano de obra que trabaja en las plantaciones de cacao son también niños. De Costa de Marfil es el 40 % del cacao que se consume en el mundo, aunque el mercado está dominado por empresas de Suiza, Alemania y Estados Unidos. En 2010 Miki Mistrati, director de cine danés, recorrió 17 plantaciones de cacao en Costa de Marfil y denunció en un documental titulado El lado oscuro del chocolate el sistemático secuestro de niños para emplearlos como mano de obra en jornadas de hasta 12 horas diarias. El dueño de la empresa SAF-Cacao, que suministra el cacao a Nestlé, Kraft Foods, ADM, Ferrero y Mars, al escuchar las acusaciones que se le hacían dijo: "¿Se imagina la catástrofe global que se produciría si la gente dejara de comprar nuestro cacao al saber del tráfico de niños? No jueguen con esas palabras, porque nos arruinan”. Desde luego, una buena muestra de cómo funciona el círculo vicioso de la pobreza, en donde, ni las víctimas tienen claro ya si la ruina la causan quienes denuncian los abusos o quienes los cometen.

Cuarta plaga: Olvido. En 1972 los países más ricos de la ONU se comprometieron a donar el 0,7% de su PIB como ayuda  al desarrollo. Han pasado más de 40 años y sólo 5 países en el mundo han llegado a ese 0,7%: Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Suecia y Noruega. En 2008 España llegó al 0,5%, pero en 2012 la ayuda ha caído al 0,15%. Estados Unidos y Japón nunca han superado el 0,2% de su PIB, y la ayuda de los 23 países que forman el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), en 2011, llegó de media al 0,31%. En total se destinaron unos 103.000 millones de euros de ayuda al desarrollo. Casi la cifra del rescate bancario español de 2012. Como, al parecer, resolver la pobreza en el mundo le parece a los países ricos una empresa demasiado ambiciosa, en septiembre del 2000 se celebró la Cumbre del Milenio en el que se fijaron metas más modestas que debían alcanzarse en 2015. La ONU publica cada año un informe en el que hace un seguimiento del grado de cumplimiento de estos objetivos, en los que, es verdad, se constatan algunos avances, pero no hay que olvidar que la erradicación de la pobreza no es una prioridad de los países ricos. En un informe publicado en 2006, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España denunciaba, por ejemplo, que en el año 2000, cada vaca de la Unión Europea recibió 760 euros en subsidios mientras cada persona en África subsahariana recibió poco más de 6 euros de la ayuda de la UE. Además, si mejorar la Salud básica y la nutrición en todo el mundo tiene un coste de 13.000 millones de dólares al año, Europa y Estados Unidos gastan 17.000 millones en comida para mascotas. Por último, el informe denunciaba cómo los 819.000.000 de euros anuales de subvención que reciben de la UE 6 refinadoras de azúcar permitían inundar de azúcar los mercados de los países pobres a precios muy bajos. Si las reglas del comercio mundial fueran más equitativas, en Mozambique y Zambia, el sector azucarero podría crear 30.000 nuevos puestos de trabajo.

Índice de Desarrollo Humano, 2011
Dicho de otra manera, la Ayuda al Desarrollo permite a los países ricos presentarse ante el mundo como preocupados por la pobreza y el hambre en el mundo mientras dejan intactas las causas que lo provocan, e incluso siguen aprobando reglas y políticas que refuerzan el control económico global, perpetuando la pobreza y haciendo completamente ineficaz cualquier tipo de ayuda. Incluso podría decirse más. La Ayuda al Desarrollo es un mecanismo más de neocolonialismo, aunque mucho más refinado y sutil. Por ejemplo, una parte importante de la Ayuda al Desarrollo está vinculada a los intereses económicos, estratégicos o políticos del país donante. Según un informe de la OCDE de 2007, casi la mitad de la ayuda se destinaba a países de renta media, y la otra mitad a los países más pobres. España dedica el 50,6% de la ayuda a países de renta media; entre sus beneficiarios, por ejemplo, figuran Turquía y China. Y la ayuda a África está también asociada a sus intereses comerciales. Un informe de Veterinarios Sin Fronteras denunciaba cómo se utilizaban estas ayudas para desarrollar el sector pesquero de algunos países del África Occidental, específicamente el Programa Nauta, por el que se financian proyectos de investigación marina, acuicultura, y pesca en países como Mauritania, Senegal o Mozambique, con los que España mantiene relaciones comerciales y de explotación de recursos pesqueros.

Por otro lado, una buena parte de la ayuda a los países subdesarrollados es ayuda ligada, es decir, condicionada a la compra de bienes y servicios del país donante, por lo que se utiliza como medio para resolver problemas de sobreproducción y para aumentar las propias exportaciones, sin tener en cuenta las necesidades del país receptor. Estos productos, importados a la fuerza, al ser más caros que los de origen local, encarecen la oferta de bienes y servicios en los países en desarrollo, y pueden ser responsables de hasta un 30% en la subida de precios (OCDE, 2001). En 2006, todavía el 42% de la ayuda al desarrollo prestada por los países del CAD era ayuda ligada. Uno de los ejemplos más escandalosos de cómo esta ayuda se utiliza en beneficio propio sin tener en cuenta las necesidades ajenas es la obligación de comprar material militar al país donante. España, por ejemplo, utilizó los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) para vender armamento y material militar a Mozambique, Uganda, Angola y Somalia entre 1980 y 1990 por valor de 61.677 millones de las antiguas pesetas. Todavía en 1992 se cargaron a los créditos FAD la venta de material militar a Angola por valor de 708 millones de pesetas. A partir de ese año España ingresó en el Comité de Ayuda al Desarrollo y renunció a utilizar los créditos FAD para la exportación de material militar, pero eso no ha eliminado la deuda contraída por esos créditos. En el caso de Somalia, la totalidad de la deuda que tenía con España en 2007, 22,63 millones de euros, provenía de dos créditos FAD otorgados al dictador Mohamed Siad Barre. Angola es el 6º país más endeudado con el Estado español, con un total de 333,84 millones de euros; 103,70 millones de euros corresponden a deuda FAD otorgados durante la primera fase (1975-1991) del conflicto armado en Angola entre la MPLA (Movimiento Popular para la Liberalización de Angola) y la UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola), vinculados a la compra de  instalaciones, vehículos y aviones militares, todos ellos exportados y construidos por empresas españolas. Como se ve, no tiene ningún sentido, al menos no si otorgamos sinceridad a la Ayuda al Desarrollo. En 2003 Etiopia, Uganda y Camerún pagaron a España 23,5 millones de euros en concepto de devolución de intereses por los créditos FAD, 6 veces más de lo que recibieron en donaciones, 3,6 millones (Intermón Oxfam, 2003). Pero sí tiene sentido si pensamos en la ayuda al desarrollo y en estos créditos en términos de neocolonialismo y de estricto beneficio económico para el país “donante”. Y aquí es donde los créditos CESCE encajan a la perfección. CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) es una Agencia de Crédito a la Exportación de carácter mixto, compuesta por un 50,25% de propiedad pública y un 49,75% de propiedad privada (con participaciones de bancos como el Banco Santander Central Hispano, o el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) que depende del Ministerio de Economía mediante la Secretaria de Estado de Comercio y Turismo. Esta compañía asegura las exportaciones e inversiones de una empresa española ante posibles impagos. El funcionamiento es sencillo. El empresario convence a un banco para que conceda créditos a empresas de países en vías de desarrollo para que puedan adquirir sus productos. El banco contrata un seguro con CESCE, y así, si el impago se produce, el banco cobrará la deuda a CESCE con lo que ni el empresario ni el banco arriesgan nada.  Y el país subdesarrollado deberá hacerse cargo de la deuda, que deberá pagar a CESCE. Según el Observatorio de la Deuda en la Globalización de Cataluña, junto a los créditos FAD, CESCE constituye el segundo mecanismo de  generación de deuda externa de los países empobrecidos con el Estado español. En 2009, CESCE era responsable de 40% de la Deuda externa que tienen estos países con España. De los 333,84 millones de euros de la deuda antes mencionada de Angola, 230,14 millones de euros es deuda CESCE.

De modo que, para el mundo rico, los beneficiados de la Globalización y de este nuevo colonialismo que pone al resto del mundo a sus pies no es una prioridad erradicar la pobreza. En 1994 James Tobin calculó que con sólo aplicar un impuesto del 0,5% a las transacciones financieras se habría obtenido ese año un billón y medio de dólares. Esa cantidad era más que suficiente para erradicar la pobreza en el mundo, dado que para reducirla a la mitad en 10 años sólo se necesitaban 135.000 millones de dólares anuales (el 0,5% del PIB de los países ricos en el 2005). Pero, hoy, casi a las puertas de 2015, la fotografía que obtenemos de África, el continente del reparto, es desoladora: África subsahariana es la región más pobre del planeta. Su esperanza media de vida es de 46,3 años, el índice de escolaridad del 44%, más de la mitad de sus población sobrevive con menos de 1 dólar al día, 24 países se enfrentan a emergencias alimentarias, según la FAO, el 33% de la población subsahariana está subalimentada y 239 millones de personas pasan hambre, el 58% no tiene acceso al agua potable; 2,3 millones de personas mueren al año de SIDA y unas 2.800 al día de malaria; las dictaduras y las guerras han provocado 20 millones de desplazados dentro de su propio país y 6 millones de refugiados que se hacinan en campamentos ubicados en países vecinos…

Pero no hay prisa. La crisis ha desplomado la Ayuda al Desarrollo hasta el 0,29% de media en los 23 países del CAD. Quizá haya que revisar los plazos que estimaba la ONU en 2005 para acabar completamente con la pobreza en el planeta dados los ritmos y los esfuerzos de entonces, cuando todavía éramos ricos y ninguna crisis nos servía de coartada para hacer menos: “Pasarán más de 130 años hasta que se haya eliminado el hambre en el mundo. Salvo que la situación mejore, el África subsahariana no conseguirá hasta 2129 lograr la educación primaria universal, hasta 2147 reducir la pobreza absoluta a la mitad y hasta 2165 reducir la mortalidad infantil en dos tercios".

Quizá nunca acabemos con la pobreza en el mundo, pero ya sabemos por qué no se acaba con la pobreza en el mundo. Pensar cada 25 de mayo en África puede ser una buena forma de no olvidarlo.

viernes, 3 de mayo de 2013

Las cuatro plagas de África. Primera Parte.


El 25 de mayo es el Día de África. Se conmemora la fundación de la Organización para la Unidad Africana el mismo día de 1963. Es un día para pensar en África, es un día para recordar las cuatros plagas que ha sufrido África en los dos últimos siglos, porque, aunque parezca mentira, muchos europeos las han olvidado ya. Otros muchos no quieren oír hablar de ellas, otros las niegan sin conocerlas, y no faltan quienes se refugian detrás de cierta retahíla infantil que viene a decir algo así como, “yo no fui, yo no estuve allí, yo no tengo por qué sentirme responsable de nada, yo no tengo por qué hacer nada”, como si los procesos históricos, y sus secuelas, pudieran encerrarse en los estrechos límites vitales de un individuo.

Por eso hay que recordar que África sufrió y sufre cuatro plagas, a cuál de ellas más dañina: Colonización, Descolonización, Neocolonialismo y Olvido. Quizá sea ésta última la que más duele, porque arrastra a las tres primeras al mismo vacío, y sirve para dar la espalda al mismo continente que antaño se disputaban los europeos en una carrera, decían, por llevar la civilización y el progreso, pero no fue así. Como escribe el historiador Antonio Fernández, el colonialismo, “en el continente del reparto, África, las consecuencias a largo plazo fueron indudablemente nefastas”.

Primera Plaga. Colonialismo: A pesar de esta pretendida misión civilizadora que se arrogaron los europeos, las causas del colonialismo nada tenían que ver con la filantropía, sino con las necesidades propias de Europa, cuya revolución tecnológica e industrial había propiciado a lo largo del siglo XIX un crecimiento sin precedentes. Así de claro las expuso Jules Ferry, primer ministro francés en 1885: “La política colonial se impone en primer lugar en las naciones que deben recurrir a la emigración, ya por ser pobre su población, ya por ser excesiva. Pero también se impone en las que tienen superabundancia de capitales o bien un excedente de productos; esta es la forma actual, más extendida y más fecunda”. Y África estaba, casi literalmente, a los pies de Europa, ofreciendo en sus vastos territorios todo lo que Europa demandaba: mercados exclusivos cerrados a la competencia, lugares donde asentarse, materias primas…Para evitar conflictos entre las potencias europeas, entre 1884 y 1885 se celebró la famosa Conferencia de Berlín. Los catorce países que asistieron acordaron, entre otras cosas, que las reclamaciones sobre futuros territorios en África debían hacerse sobre la base de una ocupación efectiva. La Conferencia daba así el disparo de salida en la carrera por el reparto de África. Sólo había un pequeño problema: en África había gente que, al parecer, se resistía a ser “civilizada” por los europeos, y ofrecieron una feroz resistencia desde el principio a ser “repartidos”. Los argelinos, por ejemplo, se resistieron durante 40 años a los franceses. Los europeos debieron emplearse con fuerza también en Marruecos, Sudán, Guinea, Senegal, Ghana, Malí, Níger, Chad o Tanganika. Como afirma el historiador Miguel G. Orozco: “La resistencia a la ocupación europea fue la tónica en todos y cada uno de los territorios coloniales. Para someter a los africanos, los europeos hubieron de exterminar a cientos de miles, quizá millones de ellos. El empleo de la fuerza, la presencia de poderosos ejércitos coloniales, de cañones, fusiles, ametralladoras, barcos de guerra, etc., es la gran constante en el periodo del reparto”. Pongamos un solo ejemplo: En 1904 los pueblos Herero y Nama se rebelaron contra las autoridades coloniales alemanas que gobernaban el sudeste de África (hoy Namibia). Entre 1904 y 1907, cerca de 100.000 personas fueron asesinadas (75% de los Herero y 50% de los Nama) por los invasores coloniales alemanes a través de la violencia directa, por hambre y por el envenenamiento deliberado de los pozos de agua. Naciones Unidas considera a esta matanza el primer genocidio del siglo XX.

África en 1914
Hacia 1914 el pastel Africano ya ha sido repartido y ocupado entre siete países de Europa. Sólo han quedado Liberia y Abisinia. De los 54 países del África actual, unos 25 estaban en manos de Inglaterra y Francia, el resto han caído bajo el poder de Alemania (que los perderá tras la Primera Guerra Mundial), Portugal, España, Italia (perdidos tras la Segunda Guerra Mundial) y Bélgica. La explotación económica es la primera preocupación de los colonizadores. Las colonias proporcionaban materias primas a las metrópolis; algodón, caucho, arroz, azúcar, hierro, bauxita, zinc, oro…y luego debían comprar los productos manufacturados, más caros, pues no se les permitía la industrialización. Además, la introducción del monocultivo de exportación redujo las tierras destinadas a producir bienes de primera necesidad. Es verdad que también se construyeron puertos, ferrocarriles, escuelas y hospitales, pero no hay que olvidar que todo ello tenía por objeto facilitar la administración y la explotación de las colonias, y posibilitar la creación de una masa de población indígena occidentalizada y subalterna. Hacia 1936, por ejemplo, en Kenia, los ingleses dedicaban 44 céntimos per cápita para la educación del negro, mientras dedicaban 800 chelines para la del blanco. En otros lugares los niños eran considerados simple mano de obra. En Angola, cuando hacía falta mano de obra para trabajar en las minas o en las plantaciones, el gobierno portugués obligaba a la población indígena que aparentase tener más de 10 años a demostrar que había trabajado en los seis meses anteriores o que estaba trabajando en ese momento, si no era así, eran enviados a hacer trabajos forzosos. El descenso de la mortalidad que conllevó la introducción de la medicina moderna, al tiempo que se mantenía la pobreza generalizada de la población, mantuvo la natalidad en niveles muy elevados y eso ha provocado un rápido crecimiento de la población en África. En 1901, por ejemplo, se contabilizaban 187.600 habitantes negros en Rhodesia del Sur (Zimbabue); en 1970 la población ya era de 5.400.000 habitantes.

Es evidente que los colonizadores no previeron las consecuencias de la introducción en África de las estructuras económicas modernas sobre un sustrato tradicional, agrario y de subsistencia, sin apenas vínculos ni lazos de unión entre ellos. Es más, ni siquiera les importaba si esto traería o no consecuencias. La economía colonial no favoreció el crecimiento de las colonias, sino el crecimiento de los sectores y compañías que habían monopolizado la explotación de determinados productos, controlados por extranjeros y dedicados a la exportación. De manera que las colonias africanas perdieron su independencia y su autonomía para quedar integradas en un circuito de intercambio desigual que se perpetúa hasta nuestros días. Por si esto fuera poco, las fronteras políticas de las colonias que trazaron los europeos no tenían en cuenta la variedad étnica que cada colonia unía o separaba. Así por ejemplo, los hausa quedaron separados entre Nigeria y Níger, o los ewe entre Ghana y Togo. En otros casos se reunieron etnias rivales sembrando con ello la semilla de los conflictos que llegarían con la independencia política de los países africanos, pues debían asumir las mismas fronteras artificiales que se les impusiera en la etapa colonial. Las guerras de Nigeria, Kenia, Zaire (R.D. del Congo) y el genocidio de Ruanda y Burundi son sólo algunos ejemplos de la segunda plaga que asoló África, ya en la segunda mitad del siglo XX.

La Descolonización de África
Segunda Plaga. Descolonización: Después de la Segunda Guerra Mundial llegó esta plaga a África. La debilidad de Europa después de la Guerra, el apoyo decidido de las Naciones Unidas a la “autodeterminación de los pueblos”, y el despertar de los nacionalismos en las colonias son algunos de los factores que convertían su administración y dominio en una carga incómoda para las antiguas metrópolis. Y fueron marchándose poco a poco. Entre 1952 y 1956 lograron su independencia los países islámicos del Magreb. Prácticamente la totalidad del África Subsahariana consiguió su independencia entre 1952 y 1962, y hasta 1975 el resto. Pero los europeos no estaban dispuestos a marcharse así como así. No sin antes asegurarse, o intentarlo al menos, prolongar la explotación económica bajo formas menos visibles que en su etapa de dominio, contando incluso con el beneplácito, forzado o consentido, del nuevo gobierno. La mayoría de los países africanos consiguieron su independencia por esta vía, mediante el entendimiento de la metrópoli con la burguesía autóctona o con las autoridades indígenas locales. Aunque estos gobiernos títeres no duraran mucho y fueran derrocados y sustituidos por dictadores, que aún podían seguir presentándose como “amigos de Occidente” siempre y cuando respetaran sus intereses. El caso de Libia es ejemplar. Los Aliados se hicieron cargo de su administración después de la derrota italiana en la Segunda Guerra Mundial hasta 1951. Conseguida su independencia en este año, se instauró una monarquía apuntalada por los occidentales a cambio de la explotación de su petróleo. Pero en 1969 el coronel Gadafi dio un golpe de estado e instauró una dictadura que ha llegado hasta nuestros días.  La lista de dictadores africanos es, sin embargo, larga y compleja. En los últimos 50 años África ha sufrido 186 golpes de estado y 26 guerras. Como afirma el periodista de Burundi, Alexis Sinduhije, la dictadura “es el monstruo concebido por Occidente para reemplazar la colonización en África” con una misión específica, "impedir la progresión del comunismo en el continente”.

Porque, África, como Asia, fue también escenario de la Guerra Fría, y las luchas de sus pueblos por su independencia sacudiéndose el yugo del capitalismo que los había explotado durante siglos sólo podía ser interpretado por los halcones de las cancillerías occidentales como un acercamiento a la órbita soviética, y se opusieron a ello con todas sus fuerzas. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en Kenia y en Argelia. En esta última Francia reprimió con sangre y fuego las manifestaciones del 8 de mayo de 1945 que se sucedieron por todo el país pidiendo su independencia. Con un saldo de 45.000 muertos en la calle, el gobierno francés dejaba claro que la lucha armada era el único camino posible. Entre 1954 y 1962 se desarrolló la guerra de liberación, en donde Francia desplegó a casi medio millón de soldados que practicaron una guerra de desgaste y de exterminio, dejando como resultado cerca de 1.500.000 de argelinos y unos 300.000 franceses muertos.

Muy a menudo las metrópolis quisieron hacer inviable la independencia creando federaciones de estados, y provocando divergencias entre las fuerzas políticas y étnicas implicadas en el proceso. De esa manera justificaba su presencia como necesaria para pacificar la zona o mediar en el conflicto, aunque la mayoría de las veces se trataba de apoyar a una de las partes en litigio para obtener ventajas económicas una vez conseguida la independencia y consolidado el nuevo estado. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en Nigeria, Somalia y el Congo Belga. En Nigeria tuvo lugar la Guerra de Biafra (1967-1970) por el intento de secesión de la etnia Ibo que vivía en el sudeste del país. Éstos recibieron apoyo de la compañía inglesa Shell British a cambio de concesiones en la explotación de petróleo y de estaño. En el Congo (R.D. del Congo) se proclamó una República en 1960 contraria a los intereses occidentales. Bélgica y Estados Unidos promovieron y apoyaron entonces la secesión de la región minera de Katanga. Entre las compañías que apoyaban la secesión estaban la Sociedad General de Bélgica, que controlaba el 70% de los recursos de la zona, y la Unión Minera del Alto Katanga. En agosto de 1960 la CIA dio el visto bueno al asesinato del nuevo presidente congoleño, Patricio Lumumba, que fue ejecutado el 17 de enero de 1961. La crisis se resuelve, en principio, con la entrada en el gobierno, en 1963, del secesionista Moise Tshombe,  “el amigo de Occidente”, quien pondrá a salvo los 4.000 millones de dólares que había invertido la Unión Minera en Katanga.

El Sahara y el muro construido por Marruecos
para defenderse del Frente Polisario
Hemos dejado para el final la última de las “despedidas vergonzosas”, la protagonizada por España en el Sahara Occidental. En vez de satisfacer las aspiraciones del nacionalismo saharaui de formar un estado propio, aspiraciones respaldadas incluso por la ONU, España cedió a las pretensiones de Marruecos sobre la antigua colonia a cambio de olvidarse para siempre de Ceuta y Melilla. En el Consejo de Ministros del 17 de octubre de 1975, ya con Franco gravemente enfermo, se decide entregar el Sahara y dividirlo entre Marruecos y Mauritania. La entrega se formaliza en el Tratado de Madrid firmado el 14 de noviembre de 1975. La ley de Descolonización del Sahara la firmó el Jefe del Estado en funciones, el príncipe Juan Carlos, el 19 de noviembre y se publicó el día 20. El Frente Polisario, formado en 1973 y brazo armado del nacionalismo saharaui, proclamó de forma unilateral la República Árabe del Sahara en 1976, iniciando la lucha por la liberación. Mauritania abandonó su parte en 1979, pero la estrecha franja que ocupaba en el sur ha sido ocupaba por Marruecos. Como afirma David Solar, historiador, periodista y corresponsal en el Sahara en esos años, “España cometía una infamia histórica, que nadie ha querido aclarar porque hiede, y dejaba abierta una guerra que aún ensangrienta la región”.     


sábado, 6 de abril de 2013

Ilegalidad sobrevenida


Empecemos por las obviedades, porque, a pesar de serlo no están generalmente admitidas, al contrario, todavía hay quien las ignora o que directamente las niega. Pero esta vez no las voy a decir yo. Esta vez le voy a ceder la palabra a las instituciones de la Unión Europea. Como Sancho con sus refranes, iré ensartando una obviedad tras otra respetando más su lógica interna que su cronología, entre paréntesis va la referencia al documento original por si alguien quiere consultarlo directamente. Empezamos: “Las migraciones internacionales son una realidad que perdurará mientras subsistan, en particular, las diferencias de riqueza y desarrollo entre las distintas regiones del mundo” (13189/08 ASIM 68). Por lo que es fácil entender que “una de las causas profundas de la migración económica es la aspiración legítima de los migrantes a cubrir sus necesidades básicas y la huida de una situación de pobreza” (P6_TA(2005)0235). De manera que, “si los migrantes buscan una vida mejor, no dejarán de venir a la UE hasta que la calidad de vida en sus países de origen mejore”. Por eso, “es importante no crear expectativas falsas o desproporcionadas en la opinión pública. Las razones que impulsan a los nacionales de terceros países a inmigrar ilegalmente son tan variadas y complejas que sería poco realista creer que los flujos de inmigración ilegal pueden detenerse completamente” (COM(2006) 402 final, ambas). Es más, “siempre existirá un cierto nivel de migración ilegal cualesquiera que sean las vías legales que se instauren” (COM(2004) 412 final). Así que, como reprochaba el Parlamento Europeo, no se entiende “que hasta el momento las medidas adoptadas por el Consejo y los Estados miembros para controlar los flujos migratorios hayan sido medidas de control represivas, en lugar de medidas positivas y proactivas; recuerda que las estrategias dirigidas a reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y de trabajo, crear empleo y desarrollar la formación en los países de origen contribuyen a normalizar a largo plazo los flujos migratorios” (P6_TA(2005)0235).

A pesar de lo obvio, Europa se ha convertido en una fortaleza. Ha gastado miles de millones de euros en levantar barreras físicas y tecnológicas en sus fronteras exteriores, aunque, como se ha visto, no es una fortaleza inexpugnable. Pero se empeña en enfrentarse a la inmigración ilegal proscribiendo al individuo sin apenas atender a sus razones. Y a todo aquel que llega al margen de los estrechos y escasos cauces legales de inmigración le da una carnet de “ilegal”, convirtiendo en delito su misma existencia como persona por estar donde se supone que no debería, condenándolo a la marginación, a la exclusión social y a la explotación laboral, y alimentando de paso el racismo y la xenofobia, porque la opinión pública tiende a relacionar ciertos problemas sociales con este tipo de inmigración.

Utilizando la terminología de las propias instituciones europeas, las causas de la inmigración ilegal pueden dividirse en factores de empuje y factores de estímulo o incentivo. O, dicho de otra manera, aquello de lo que escapan y aquello que esperan encontrar.

Situación de las fronteras exteriores según Frontex
Como factores de empuje, a la situación de pobreza ya mencionada, hay que añadir el desempleo, unos niveles salariales muy bajos permanentes y desastres naturales, humanos y ecológicos. Así que cualquier intento de detener o paliar de forma eficaz el fenómeno de la inmigración ilegal resultaría vano “si las medidas no se aplican al principio de la cadena, es decir, la promoción de la paz, la estabilidad política, los derechos humanos, los principios democráticos y el desarrollo sostenible económico, social y medioambiental de los países de origen” (COM. 2001, 672 final). De forma más detallada lo expresaba el Comité de las Regiones en 2007: “La actuación que se debe desarrollar primordialmente para evitar el fenómeno migratorio de tipo descontrolado es la cooperación al desarrollo integral mediante proyectos generadores de empleo, la creación de un foro económico y comercial, la creación de redes de universidades, la creación de fondos de microcréditos para inmigrantes, la implementación de medidas que faciliten a los inmigrantes su colaboración al desarrollo de sus propios países, la instalación de infraestructuras, sobre todo aquellas destinadas a proporcionar agua potable (el 42 % de la población de África no tiene acceso al agua potable), electricidad (solo el 20 % dispone de un acceso regular a la red eléctrica), centros de salud y escuelas”. La alusión explícita a África no es casual. No hay más que mirar un mapa para comprobar que de aquí proviene la mayor presión migratoria hacia Europa. No hay que olvidar que el mediterráneo separa a las dos zonas con la mayor diferencia de renta del mundo. Aunque la situación de África merece un monográfico, es necesario añadir algunos datos a los ya dichos para completar un poco esos factores de empuje: La esperanza de vida media al nacer en el África subsahariana es de 52,5 años; 135 niños de cada 1000 mueren antes de cumplir 5 años; un 28% de estos niños sufre desnutrición severa; más de la mitad de la población de la zona, unos 300 millones, sobrevive con 1 dólar al día; el 70% de la población mundial afectada por VIH es africana, donde mueren cada año unos 2,3 millones de personas, y otras 900 mil mueren al año de malaria; …en fin, dejaremos para otro momento el recuento de los conflictos armados, el problema de los niños soldados y otros males que aquejan al continente.

Si seguimos mirando un poco más el mapa, comprobaremos también que la mayor presión migratoria se ejerce sobre aquellas zonas del sur de Europa que casi llegan a tocar el continente africano, que se han convertido, a su pesar, en las puertas de entrada del sueño europeo. Son España (Islas Canarias, Ceuta, Melilla, y últimamente, Alhucemas, Isla de Tierra, Chafarinas, y Vélez de la Gomera), Italia (Malta, Lampedusa) y Grecia (las islas y el río Evros en la frontera con Turquía). Según Frontex, el organismo europeo encargado de la coordinación y vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión, las entradas irregulares por el mediterráneo están descendiendo, pero aún suponen el 43% del total.

Rutas desde el África Subsahariana hacia Europa
De modo que, a pesar de los costes y de los riesgos, que son muy altos, las personas se ven “empujadas” por las condiciones antes mencionadas a emprender un largo viaje hacia Europa. Aunque por su propia naturaleza, la inmigración irregular es muy difícil de cuantificar, según la Comisión Europea 1 de cada 3 inmigrantes muere antes de alcanzar su destino. Pero, supongamos que formamos parte de esa minoría “afortunada” e imaginemos un viaje desde el África subsahariana hacia España, desde Malí, Senegal, Ghana, Gambia, Liberia, Nigeria o Guinea, de donde son la mayoría de las personas interceptadas en la frontera. Lo normal no es hacer el viaje en solitario, sino en grupo y pagando el “pasaje” a una de las redes de tráfico de inmigrantes, o de “pasantes”. Si nuestra decisión es alcanzar las Islas Canarias, lo normal es hacer la ruta más occidental hasta llegar al puerto de El-Aaiún en el Sahara Occidental, un viaje de más de 1500 km., y un precio medio aproximado de 1300 euros según la ONU. Si nuestro punto de partida es Nigeria, Níger, Burkina Faso o la zona interior de Malí, es posible que prefiramos la ruta del interior hacia Marruecos atravesando el desierto de Argelia para llegar hasta Ceuta o Melilla. El coste puede llegar hasta los 2000 euros, pero la ruta es más arriesgada y hay menos posibilidades de éxito porque Marruecos se ha convertido en el gendarme externo más efectivo de Europa. Si la entrada se intenta hacer por Melilla, y fracasa, lo normal es que Marruecos abandone a los apresados a su suerte en el desierto de Argelia, por eso las rutas actuales prefieren Ceuta. En Tánger, si se quiere evitar a las mafias para pasar el estrecho en patera, es posible comprar balsas hinchables por el abusivo precio de 600 euros, y, en último caso, podríamos intentar hacerlo a nado.

Muertes en las fronteras de Europa,
según United for Intercultural Action
En cualquiera de los casos, las posibilidades de éxito no son muchas. A día de hoy, España ha firmado acuerdos de repatriación con 10 países de la zona, ya sean de origen o de tránsito de la inmigración irregular: Senegal, Malí, Ghana, Camerún, Costa de Marfil, Cabo Verde, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Gambia y Nigeria. Además, desde 2001 funciona el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que ya ha sido desplegado en toda la costa española. Está formado por torretas de vigilancia provistas de radares, cámaras infrarrojas y térmicas, que envían las señales a los numerosos centros de control, desde donde parten las órdenes de interceptación a helicópteros y patrulleras. Este sistema de vigilancia permanente se completa con operaciones estacionales coordinadas con Frontex: la operación Hera para los flujos hacia las Canarias, Indalo, con una duración de ocho meses para la vigilancia de la costa sureste, y la operación Minerva, de mes y medio, en el Estrecho de Gibraltar, para que los marroquíes retornados de sus vacaciones no traigan un pasajero de más. Gracias a todas estas medidas, ha bajado considerablemente el número de inmigrantes llegados a las costas españolas y ha aumentado el número de repatriaciones y de devoluciones. Según el Ministerio del Interior, en 2007 de cada 100 inmigrantes ilegales llegados y detectados a cualquier punto de España 92 fueron repatriados. Lo que no facilita el Ministerio son las estadísticas de fallecidos en el intento. Para eso hay que acudir a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Para el periodo comprendido entre 2008 y 2012 la asociación da una cifra de 1.341 muertos y un total de 43.516 personas interceptadas en embarcaciones (para el mismo periodo el Ministerio del Interior da una cifra de 33.585 inmigrantes interceptados). APDHA es una de las 43 asociaciones que forman Migreurop, que junto a las ONGs United for Intercultural Action y Fontress Europe se encargan de recoger las estadísticas de fallecidos intentando cruzar las fronteras de Europa. Según ellos, desde 1988 la cifra de muertos llega a los 14.500.

Número de inmigrantes irregulares en Europa
Proyecto Clandestino, 2009
Supongamos que, a pesar de todo, hemos conseguido burlar todos los sistemas de seguridad y hemos alcanzado la costa. Según APDHA lo consiguen entre un 20 y un 30 % de los que lo intentan. Aún así, los inmigrantes llegados en embarcaciones suponen sólo el 0,96% de la inmigración irregular. Y sin embargo la opinión pública cree que estamos sufriendo una invasión procedente de África. Sin duda a ello contribuyen las noticias alarmistas que cada verano ocupan los diarios nacionales cada vez que se avista una patera en nuestras costas, pero, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes publicada por el INE en 2008, 9 de cada 10 inmigrantes llegaron a España directamente desde su lugar de nacimiento, bien por avión (62,7%), bien por medios terrestres (camión y ferrocarril, 25,2%). Esto es así porque a la situación de ilegalidad se llega de múltiples formas. La mayoría han llegado como turistas, con documentos auténticos o falsificados, que prolongan la estancia y se emplean en actividades para las que no tienen autorización. Lo mismo pasa cuando se agotan los visados o los permisos temporales de residencia. Las personas afectadas están entonces en una situación de “ilegalidad sobrevenida”, es decir, ajena a su voluntad, todo el tiempo que se tarda en tramitar un nuevo permiso. Aunque su cuantificación es muy difícil, no hay ningún país en toda la Unión Europea que no tenga inmigrantes indocumentados residiendo en su territorio. El cálculo del nivel de la migración ilegal sólo puede deducirse de los datos existentes que tienen relación con entradas rechazadas, aprehensiones en la frontera o dentro del país, solicitudes rechazadas de protección internacional, solicitudes de procedimientos nacionales de regularización y repatriaciones forzadas. Para tener una idea más clara del problema la Unión Europea encargó y financió en 2007 un estudio sobre la inmigración ilegal en el continente. Los resultados se publicaron en 2009 en el informe Proyecto Clandestino, cuyos datos siguen utilizándose hoy, aunque establecen márgenes de error demasiado amplios. Según este estudio, en Europa puede haber entre 1,9 y 3,8 millones de inmigrantes irregulares, lo que supondría entre un 0,39 y un 0,77% de la población total de la Unión Europea.

Bien, ¿qué han venido a buscar todas esas personas? Es hora de ocuparse de los factores de estímulo, pero, si recordamos los factores de empuje, no tenemos más que darles la vuelta, pues constituyen la otra cara de la misma moneda. La Comisión los enumeraba en una Comunicación en 2004: “Existencia de un sector informal y un empleo con niveles salariales más elevados, estabilidad política, Estado de Derecho y protección efectiva de los derechos humanos”. Y lo encontraban, puede decirse que hasta la irrupción de la crisis en 2008 encontraban empleo en la economía sumergida, necesaria y tolerada al abrigo del boom inmobiliario en los países mediterráneos, y encontraban comprensión, justicia y derechos. El hecho de que los inmigrantes en situación irregular consigan instalarse y ser absorbidos por el Sistema demuestra tanto las limitaciones como el fracaso de los cauces legales que pretenden gestionar el fenómeno. En primer lugar, porque la inmigración laboral que es política prioritaria en la Unión Europea no da respuesta a las necesidades de las personas que emigran, no siempre económicas; y en segundo lugar, porque es muy difícil adaptar la inmigración a las necesidades del mercado laboral, cuya evolución no siempre es predecible. El Reino Unido, por ejemplo, se jacta de permitir la entrada sólo a trabajadores de media y alta cualificación, pero su 12% de economía sumergida permite el empleo de unos 725.000 inmigrantes irregulares, la mayoría de Jamaica, Nigeria, Pakistán China, Turquía e India en empleos conocidos popularmente como de 3D, es decir, Dirty, Difficult and Dangerous. En España e Italia, cuyos sistemas de cupos y contingentes sí reclaman mano de obra de escasa cualificación, se muestran sin embargo insuficientes para cubrir la demanda real de sus respectivos mercados laborales, por eso somos, junto a Grecia, los tres países con mayores niveles de economía sumergida de toda la OCDE. Diversas fuentes lo sitúan para España por encima del 23% del PIB. De modo que, aunque la economía sumergida engloba a más actividades que el empleo ilegal de inmigrantes indocumentados, sí es para éstos el principal reclamo.

Formación de los inmigrantes en España.
Encuesta Nacional de Inmigrantes (INE, 2008)
El problema es que los países no pueden dejar en la marginalidad permanentemente a un número elevado de inmigrantes irregulares porque a medio y largo plazo perjudicaría al propio sistema y a la sociedad de acogida en su conjunto. Se condena a estas personas a la exclusión social pues no podrán acceder a una vivienda digna y no podrán mejorar su formación más allá de la educación básica reconocida. Al carecer de documentación se les empuja también a la economía informal y a trabajos que, en la mayoría de los casos, está por debajo de su nivel real de cualificación y formación, también en muchos casos en condiciones de verdadera semiesclavitud. En España, por ejemplo, de los 1,2 millones de trabajos no cualificados, el 71% está ocupado por inmigrantes que han completado la Educación Secundaria o tienen estudios superiores (Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2008). Por otra parte, una masa importante de empleo precario e ilegal modifica las condiciones de competencia de todo el mercado laboral tirando de los salarios a la baja, y señala al colectivo inmigrante como su principal responsable provocando brotes de racismo y xenofobia.

De manera que las regularizaciones masivas se presentan como una verdadera necesidad, en donde todos los elementos implicados salen ganando. Pueden hacerse camuflándolas por razones humanitarias y de protección, como hace Alemania y Bélgica; o pueden hacerse reconociendo los hechos consumados, legalizando a los que estaban ilegalmente empleados. Según la Comisión Europea, desde los años 70 se han hecho más de 26 regularizaciones masivas en Europa, y sólo en 5 países se han regularizado a más de 4.450.000 personas, teniendo en cuenta las últimas campañas realizadas en Italia, las de 2006 y 2009 que, con siete procesos de regularización encabeza la lista, seguido de España (6), Portugal (3), Francia y Grecia (2 cada uno). Las regularizaciones permiten a los estados gestionar mejor a la población de su territorio, se lucha contra la economía sumergida y la explotación laboral, y se permite al inmigrante colaborar como ciudadano en el sostenimiento de los Servicios Públicos con el pago de impuestos directos y de cuotas a la seguridad social. Y al sacarlos de la marginalidad, mejoran sus propias perspectivas vitales y la de los suyos, pues al aumentar sus ingresos pueden contribuir con las remesas al desarrollo de sus países de origen. La OCDE aconseja, no obstante, que estos procesos se hagan atendiendo a las necesidades reales de los distintos mercados de trabajo y del propio inmigrante, pues no es infrecuente que las dificultades para la renovación de los papeles de inmigrantes ya regularizados vuelva a provocar su vuelta a la irregularidad, y también “que una vez regularizada su situación, los inmigrantes buscan empleos mejor remunerados, quedando vacantes nuevamente los puestos que desempeñaban durante su etapa «irregular», puestos para los que seguirá existiendo una demanda difícil de cubrir si no es a través de la contratación irregular”.

Centros de Internamiento de Emigrantes,
según Migreurop
Desde 2008 la política sobre inmigración de la Unión Europea en su conjunto y de cada país en particular ha dado un giro dramático. Han aumentado las medidas represivas en la lucha contra la inmigración ilegal, restringiendo incluso los derechos que hasta hace poco se consideraban básicos para el mantenimiento de la dignidad de los inmigrantes como personas, sin que ello vaya acompañado de medidas de regularización y normalización. En el Reino Unido se da marcha atrás en  las promesas de regularización formuladas en 2009, en ese año Italia aprobó una ley antiinmigración que convertía en delincuentes a los 650.000 inmigrantes irregulares del país, pero antes tuvieron que regularizar a cerca de 300.000 empleadas de hogar que cuidaban de los ancianos y enfermos italianos en sus casas, y que ya no podían prescindir de ellos. Desde 2009, obedeciendo el mandato de la Directiva europea sobre sanciones a los empleadores de inmigrantes irregulares, se han endurecido las penas contra dichos empleadores y se han aumentado las cuantías de las multas y las sanciones. Y no sólo a los empleadores, sino a los que directa o indirectamente promuevan o faciliten la inmigración ilegal. En España, en 2010 se impusieron 5.821 sanciones con un importe total de 46 millones de euros. Hay que hacer notar que, si bien esto podría parecer una buena política en la lucha contra la economía sumergida, no viene acompañada de una ampliación de las vías legales de contratación, por lo que en realidad es una medida contra la inmigración irregular. Aún así, la Ley de Extranjería de 2011 sigue contemplando la regularización en base al arraigo laboral si el inmigrante es capaz de demostrar una presencia continuada en España de 2 años, y una relación laboral cuya duración no sea inferior a 6 meses. Es una trampa Kafkiana. Si el empleador forma parte de una red de explotación puede pasar 8 años en la cárcel; si es una persona “normal”, le pueden caer hasta 100.000 euros de multa. Si el inmigrante no tiene papeles no denunciará la explotación por lo que el explotador actuará impunemente, y aunque no esté siendo explotado difícilmente acudirá a las instituciones pues podría ser retenido y deportado. En diciembre de 2008 el Parlamento Europeo aprobó la Directiva del Retorno, que pronto empezó a conocerse como la directiva de la vergüenza, pues establecía como medida prioritaria en la lucha contra la inmigración irregular la expulsión forzosa si se agotaba el plazo estipulado para la salida “voluntaria”. El artículo 15 permite el internamiento del inmigrante hasta 18 meses si es necesario para garantizar su expulsión.

Podemos hacernos una idea de la “efectividad” de estas medidas con los datos parciales que ofrece la Comisión Europea en los tres Informes sobre Inmigración y Asilo publicados hasta ahora: En 2010 se concedió asilo político sólo al 21,36% de las solicitudes, cifra que bajó hasta el 19,6% en 2011. El número de inmigrantes aprehendidos en las fronteras entre 2008 y 2009 fue de 1.179.000. En ese mismo periodo fueron expulsados 861.000 personas. Entre 2010 y 2011 fueron internados 973.500 inmigrantes.

En la Europa medieval un siervo huido del Señorío se libraba completamente de la servidumbre si conseguía mantenerse a salvo en la ciudad durante un año y un día. En Alemania era muy conocido el adagio que decía: “Stadtluft match frei, nach jahr und tag”, es decir, “el aire de la ciudad te hace libre, después de un año y un día”. La Europa de los mercaderes ha alcanzado ya su pleno desarrollo y, hoy día, la libertad, y el aire mismo, se venden a un precio muy alto.


lunes, 11 de marzo de 2013

Velos


Admitámoslo, Europa tiene un problema con el Islam. La presencia de inmigrantes musulmanes supone todo un desafío para el viejo continente. Pero no es ese tipo de desafío que muchos quisieran resucitar, el que se combate a lomos de un caballo blanco y gritando aquello de “¡Santiago y cierra España!”, porque cerrada la quisieran para este tipo de inmigración. No, es otro tipo de desafío, si cabe, más apasionante aún, pues en esta lucha Europa combate consigo misma. El reto al que nos somete la convivencia con los musulmanes podría formularse así: ¿Seremos capaces los europeos, tanto los Estados como los ciudadanos, de poner en práctica los principios y valores que tanto pregonamos? Yo tengo serias dudas de que estemos superando esta prueba con éxito, pero antes de responder es necesario recordarnos a nosotros mismos cuáles son esos valores.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 18, dice que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. El Convenio Europeo de Derechos Humanos inserta este derecho fundamental en el artículo 9.1 y la Constitución Española en el artículo 16.1 dice que “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Este mandato queda desarrollado en la Ley de Libertad Religiosa de 1980 aún en vigor. El gobierno socialista emprendió en su segunda legislatura la reforma de esta ley, en la que habían prometido abordar el polémico asunto de los símbolos religiosos en los espacios públicos, pero el proyecto fue aparcado en el verano de 2010, coincidiendo con una visita del presidente al papa Benedicto XVI y de que éste acusase al gobierno español de practicar un “laicismo agresivo”.

Aunque el concepto “laico” o “laicismo” no aparece en nuestra Constitución, —el artículo 16.3 sólo dice que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”—, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) equipara de hecho ambos conceptos, “laicismo” y “aconfesionalidad”, pues en ambos casos al Estado se le exige la separación de toda confesión religiosa y la neutralidad ante la pluralidad de creencias que puedan darse en su territorio. Además, esta neutralidad debe manifestarse tanto de forma negativa (los poderes públicos no pueden perseguir ninguna creencia) como positiva (protección y colaboración con las distintas confesiones) “introduciendo de este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva que veda cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y estatales” (STC 177/1996; 46/2001).

Fuente: Hadi, para Wikipedia, Alemania
Estos son los principios asumidos por todos los países de Europa, principios de pluralidad ideológica, de libertad de expresión y de respeto a las creencias individuales que son ya inherentes al sistema democrático, un sistema que consideramos, con razón, avanzado y digno de imitación, pues es el único que puede garantizar la tolerancia y, por tanto, la convivencia pacífica en sociedad. Pero, siempre hay un pero, va a ser verdad eso de que “del dicho al hecho va mucho trecho”, porque, habiendo asumido la democracia como un signo de identidad de Europa, la misma Europa se puso a temblar cuando Turquía solicitó el ingreso en la Unión Europea, y entonces se puso a buscar algún ingrediente más que añadir a su identidad para poder cerrarle la puerta a los turcos, más pobres, sí, pero, sobre todo, más musulmanes. Entonces se estaba redactando la malograda Constitución Europea y fueron muchas las voces que exigían que se incluyese el papel que el cristianismo había tenido en la configuración del Continente. Una de esas voces fue la del entonces, y ahora de nuevo, Joseph Ratzinger. En agosto de 2004 opinaba que el ingreso de Turquía en la U.E sería un error, pues siendo el cristianismo una parte importante de la identidad europea, “Turquía estaría en contradicción con la identidad cristiana de Europa”. En el preámbulo de la Constitución, finalmente, sólo se hacía referencia a la “herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho”. A pesar de esta renuncia explícita al pasado cristiano de Europa, caben pocas dudas de que ese mismo pasado sigue velando en la sombra por esa pretendida identidad europea basada en la raza, en la cultura y en la religión, y no en los valores y principios democráticos de los que tanto presume (la Constitución fue aparcada y Turquía aún es candidata). La sala de los Museos Capitolinos, en Roma, donde se firmó la Constitución, es todo un símbolo que no tiene desperdicio. Como tampoco lo tiene la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de marzo de 2011 por la que se permitía la presencia de los crucifijos en las aulas italianas asegurando que, aunque “el crucifijo es un símbolo religioso”, “no hay ninguna prueba de que su visión en los muros de un aula escolar pueda tener influencia sobre los alumnos”. La sentencia revocaba otra anterior de noviembre de 2009 dando la razón al Estado italiano que consideraba el cristianismo y el crucifijo como partes sustanciales e inseparables de la cultura de Italia. El cardenal Gianfranco Ravesi se apresuró a celebrar el fallo del tribunal, afirmando que “el crucifijo es uno de los grandes símbolos de Occidente” y que, siendo el cristianismo “un elemento fundamental y absolutamente relevante de Occidente”, si “Europa pierde la herencia cristiana, pierde también su propio rostro”.

Si se analizan las sentencias del TEDH se descubre una tendencia a dar la razón a los países, a justificar las restricciones que hacen de los derechos fundamentales basándose en la dificultad de establecer criterios fijos en materia de libertad religiosa para todos los integrantes de la U.E, dada la distinta y, según el tribunal, legítima relación que cada país haya establecido sobre la materia. Es como si se lavara las manos, diciendo, “puesto que estamos en democracia, haced lo que creáis para salvaguardar cada uno el concepto de democracia que crea más conveniente”. Claro que el Tribunal lo dice de otra manera: “Cuando están en juego cuestiones relativas a la relación entre el Estado y las confesiones religiosas, respecto de las cuales las opiniones en una sociedad democrática pueden diferir ampliamente, debe concederse una importancia especial al papel del órgano nacional (...). Consecuentemente, las normas en esta esfera variarán de un país a otro según las tradiciones nacionales (…). Por tanto, la elección de la extensión y la forma de tales regulaciones debe dejarse inevitablemente hasta cierto punto al Estado interesado, puesto que dependerá del contexto doméstico” (Leyla Sahin contra Turquía).

Campaña contra los minaretes en Suiza
Y cada país ha establecido así sus propias normas. En Alemania, el Tribunal Constitucional dictaminó en septiembre de 2003 a raíz del caso Ludin la posibilidad de que cada Länder pudiera legislar y prohibir el velo islámico. Pero la prohibición debía partir de los parlamentos democráticamente elegidos y no de los tribunales. Y esto, a pesar de haber dado la razón a Fereshta Ludin, una profesora de origen afgano y nacionalidad alemana, de que se había violado su derecho a la libertad religiosa cuando el Tribunal de Stuttgart le prohibió dar clase con el velo puesto. Durante 2004, en los estados alemanes de Baden-Württemberg, Baja Sajonia, Berlín, Hesse y Baviera se aprobaron leyes contra el velo. En Francia, se prohibió en marzo de 2004 el uso del velo y de cualquier otro símbolo religioso que pudiera considerarse “ostentoso”, a pesar de que el Consejo de Estado había dictaminado en dos ocasiones, en 1984 y en 1992, que el uso del velo no era incompatible con el principio de laicidad del Estado. La norma es aplicable en la enseñanza Primaria y Secundaria, pero no en la Universitaria. Y en septiembre de 2010 se prohibió el uso del velo integral, niqab o burka, en los espacios públicos. La ministra de Justicia argumentaba que “el velo integral disuelve la identidad de una persona en la de una comunidad…vivir juntos supone la aceptación de la mirada del otro, no es simplemente una cuestión de seguridad o de religión”. En Bélgica también está prohibido el uso del velo integral desde junio de 2011, aunque sin citarlo explícitamente. Sólo se dice que se prohíbe a las personas “presentarse en espacios públicos con la cara disimulada o tapada enteramente, de tal forma que no se pueda identificar”. Un año antes, en noviembre de 2009, Suiza prohibió en referéndum la construcción de minaretes en las mezquitas. En el resto de países de la Unión Europea aún no hay leyes estatales que zanjen de una manera o de otra el debate sobre los símbolos religiosos del Islam. En el Reino Unido un Dictamen de la Cámara de los Lores publicado en marzo de 2006 sentenciaba que no podía considerarse violado el libre ejercicio de las creencias religiosas si una persona acepta un empleo o cualquier otra función si previamente conoce las condiciones del lugar en el que va a trabajar o estudiar, pues, “el derecho a la libre expresión de las creencias religiosas no se prolonga sobre cualquier tiempo y lugar”. De esa manera, da vía libre a las escuelas para decidir qué tipo de indumentaria permitían o no a sus alumnos.

Y en España… ¿qué pasa en España? Parece que la historia vuelve a pesar sobre nosotros, y que esa fiesta  de “moros y cristianos” que nos la recuerda cada año, muchos están empezando a tomársela muy en serio. Muchos españoles tienen la sensación de que estamos sufriendo una nueva “invasión” y se visten el hábito de cruzado para combatirla. Sin embargo, los datos parecen no avalar la existencia de una "nueva invasión", que requiera de una "nueva reconquista". Según datos del INE de enero de 2012, de un total de 5.711.040 extranjeros, de Marruecos procedían 783.137 personas, lo que supone un 13,7% sobre el total de la población inmigrante, y puesto en relación a la población total de España en ese año (47.212.990) resulta que suponen un 1,65%. Según el Estudio Demográfico de la Población Musulmana en España, realizado por el Observatorio Andalusí, si a esa cantidad le sumamos los musulmanes de otras nacionalidades tenemos un resultado de 1.157.687. Y si, por último, sumamos los 513.942 musulmanes españoles, tenemos un total de 1.671.629 millones de musulmanes, casi un 3% de la población. En un país donde todavía, según la última encuesta del CIS, un 72,6% de la población se declara católica, no parece que el islam sea una amenaza. También es verdad que las sensaciones están más justificadas en aquellos lugares donde hay mayor concentración de musulmanes. Cataluña está a la cabeza, con casi 450 mil, le siguen ya a bastante distancia Andalucía (266.421), Madrid (249.643) y Valencia (176.053). No es de extrañar, por tanto, que sea en estos lugares donde el debate sobre las manifestaciones de la religiosidad musulmana en el marco de nuestra democracia hayan sido más enconados que en otros sitios. En los últimos años ha aumentado considerablemente la oposición vecinal a la construcción de mezquitas, y el ayuntamiento de Lleida aprobó en mayo de 2010 una ordenanza municipal por la que se prohibía el uso del velo integral en lugares públicos argumentando que atentaba contra la dignidad de las mujeres, era discriminatorio, impedía su integración y vulneraba el principio de igualdad entre sexos. Como es sabido, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado este febrero pasado la ordenanza de Lleida. El Tribunal no se pronunciaba sobre la posibilidad de que en el futuro el Parlamento español pudiera aprobar una ley prohibiendo el velo, se limitaba a recordar que sólo mediante una ley estatal podían restringirse las libertades consagradas en la Constitución, pero en ningún caso mediante una ordenanza municipal.

Fuente: Público, 11 de octubre de 2009
El debate, por tanto, sigue abierto y, como decíamos al principio, lo apasionante del tema estriba en encontrar argumentos para restringir las libertades individuales, en este caso, para limitar las expresiones de la religiosidad musulmana. Porque, a pesar de todo lo dicho anteriormente, la búsqueda no es tarea fácil, y no tanto porque tengamos que respetar sus creencias, como para no violar nuestros propios principios, pues la aceptación de la democracia como marco de convivencia nos impone las condiciones y las normas de esa búsqueda. Dicho de otra manera, nuestro punto de partida, y el de llegada, debería ser la democracia, defender los valores inherentes a la democracia sin salirnos de ella.

Las condiciones, establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y recogidas en las leyes españolas, nos recuerdan que “el ejercicio de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública” y “siempre que el recorte que experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto y proporcionado para alcanzarlo”. Partiendo de estas condiciones la búsqueda de esos argumentos se presenta ardua, tanto, que todos los alegados hasta ahora han sido desmontados por los tribunales. Aunque todos tienen relación entre sí, podrían reducirse a cuatro, y sus objeciones podrían aplicarse tanto a la restricción del velo como a la construcción de mezquitas, aunque en distinto grado.

Uno: La libre expresión de las formas exteriores de la religión musulmana provocan un choque cultural evidente con las costumbres occidentales. Es el argumento más débil de todos. Porque en democracia hemos asumido la pluralidad y la diversidad de valores y creencias, incluyendo, claro está, la dimensión externa de estas creencias, que deben poder manifestarse con plena inmunidad de coacción por parte del estado o de cualquier grupo social. Es aquí donde cobra sentido el concepto de tolerancia, que no es otra cosa que la aceptación de las diferencias de unos ciudadanos con respecto de otros, por muy distintos que sean ideológica, religiosa o culturalmente. De modo que, aunque el “choque”, la diferencia, es real, las leyes no están para resolver las diferencias evitando la confrontación ocultando o eliminando la “visibilidad” de la que le es menos propia.

Dos: La prohibición se hace para salvaguardar el orden público y los derechos fundamentales de los demás. La defensa que hacía el ayuntamiento de Lleida para prohibir el burka decía lo siguiente: “En nuestra cultura el ocultamiento del rostro en la realización de actividades cotidianas produce perturbación en la tranquilidad, por la falta de visión para el resto de personas de un elemento esencialmente identificativo cual es la cara de la persona que lo oculta”. Aquí lo difícil es demostrar objetivamente que se protege el orden público prohibiendo el velo o la erección de una mezquita porque, de lo contrario, se perturba la tranquilidad de terceras personas. Como la salvaguarda del orden público se ha convertido en un comodín por el uso y abuso de algo que debería ser absolutamente excepcional, el Tribunal Constitucional ya advirtió que “el orden público no puede ser interpretado en el sentido de una cláusula preventiva frente a eventuales riesgos, porque en tal caso ella misma se convierte en el mayor peligro cierto para el ejercicio de ese derecho de libertad”, y que “sólo cuando se ha acreditado en sede judicial la existencia de un peligro cierto para «la seguridad, la salud y la moralidad pública», tal como han de ser entendidos en una sociedad democrática, es pertinente invocar el orden público como límite al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto” (STC 46/2001). De manera que, por muy poco que nos guste ver mujeres vestidas con el burka por la calle, es muy difícil probar que eso mismo “provoque consecuencias físicamente evaluables que puedan perturbar la tranquilidad de los demás, como ruido, emanaciones de gases o fluidos, emisión de ondas magnéticas…”. Por lo que se refiere a la “intranquilidad” que produce no ver el rostro de otra persona, el fiscal que defendía ante el Tribunal Superior la anulación de la ordenanza de Lleida, aseguraba, no sin sorna, que esto sólo podría entenderse si construimos “un derecho a ver el rostro de otro, que supone la negación del derecho de cada cual a exhibirlo”. Por supuesto esto no afecta a la obligación de toda persona a identificarse cuando es titular personalizado de un derecho o de un servicio público.

Tres: El velo es un símbolo de discriminación y de opresión de la mujer. Todos los tribunales, y no sólo los españoles, nos alertan contra una interpretación generalizada y unilateral de los símbolos. Dada su naturaleza subjetiva y ambigua, su significado sólo debería establecerse en relación a la persona que lo usa. Si no, corremos el riesgo de asumir una posición de superioridad cultural e imponer una interpretación “occidentalizada” en objetos de culturas ajenas, sin tener en cuenta, o simplemente despreciando la voluntariedad y la libre elección de quien lo porta. Podríamos de esa manera sustituir una supuesta imposición, la de llevarlo; por otra, la de quitárselo. En este sentido, dado que la prohibición afectaría a mujeres adultas, el TS pone en cuestión la coacción externa, ya sea explícita o implícita, pues como vivimos en un estado democrático y de derecho, “la mujer en él tiene a su disposición medidas adecuadas para optar en los términos que quiera por la vestimenta que considere adecuada a su propia cultura, religión y visión de la vida, y para reaccionar contra imposiciones de las que, en su caso, pretenda hacérsele víctima, obteniendo la protección del poder público”.

Cuatro: La prohibición facilitaría la integración en nuestra sociedad. En primer lugar habría que aclarar qué entendemos por “integración”, pues no son pocos los que interpretan este concepto más bien como “desintegración” y “disolución” de la cultura ajena en la propia de manera que desaparezcan las diferencias. Pero integración es equivalente a “no marginación” del inmigrante, a permitirle llegar en condiciones de igualdad con la sociedad de acogida tanto para asumir sus deberes como para disfrutar de sus derechos. Por eso, insisten todas las sentencias, hay que pensar en los efectos no deseados pero reales de las prohibiciones. Recuérdese que las limitaciones de los derechos fundamentales deben ser “necesarias” y acordes con el “fin legítimo previsto”. La prohibición del velo, del hiyab, en las escuelas, puede provocar el absentismo escolar entre las niñas musulmanas, por eso prevalece su derecho a la educación, una herramienta más poderosa, pero sí, también más lenta, para lograr en un futuro su integración, entendida incluso como una relajación, cambio o abandono de sus creencias y convicciones que, en cualquier caso, debería ser individual y voluntaria. Con el velo integral habría que razonar de la misma manera, por más que nos pese ver a mujeres por la calle con una cárcel puesta que anula su sociabilidad. Sobre estos efectos contraproducentes de las prohibiciones advertía la Comisión Europea en una Recomendación sobre Islam, Islamismo e Islamofobia publicada en 2010. El comisario europeo de derechos humanos criticaba así las prohibiciones aprobadas en Francia y en Bélgica: “Estamos indignados con razón con los regímenes que imponen el velo integral a la mujer. Pero atacando a la mujer y sancionándola no se resuelve el problema. Lejos de lograr la integración de las mujeres que se cubren con él se fomenta su exclusión social”. El TS razonaba de la misma manera: “En los estudios doctrinales sobre la justificación de una prohibición de tal tipo no es infrecuente resaltar el riesgo del efecto perverso que pueda derivarse de la misma: el enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato, si decide anteponer a otras consideraciones sus convicciones religiosas; lo que a la postre resultaría contrario al objetivo de integración en los diferentes espacios sociales, y en suma, en vez de servir a la eliminación de discriminaciones, pudiera contribuir a incrementarlas”.

Así pues, el reto sigue vivo. Habrá que seguir buscando argumentos que justifiquen sin ningún género de duda las limitaciones o prohibiciones que en un futuro se establezcan al libre ejercicio de las creencias religiosas de culturas tan alejadas de la nuestra como la musulmana. Pero hay que hilar muy fino, porque, como hemos visto, la democracia nos impone unas estrictas reglas para poder hacerlo. A no ser, que nos liemos la manta a la cabeza, o que seamos nosotros los europeos los que nos pongamos el velo para ocultar nuestras convicciones, y admitamos, sin pudor, que la única forma de defender nuestros valores es renunciando a ellos.